TODA LA VERDAD SOBRE LOS SALARIOS EN ESPAÑA
JUAN
CARLOS ESCUDIER
La ministra de
Trabajo ha logrado demostrar que la media verdad ya no es la forma más elegante
de mentir sino sólo un estadio intermedio. La verdad puede ser también una gran
mentira. La revelación tuvo lugar hace unos días en el Congreso, cuando se discutía
la proposición de ley de Unidos Podemos, finalmente aprobada, para aumentar el
Salario Mínimo Interprofesional y situarlo en 2020 en 950 euros. Fátima Báñez
dijo entonces que no había nadie en España que trabajando a jornada completa
cobrase menos de 655,20 euros, umbral del SMI, por la sencilla razón de que
sería ilegal. La afirmación era indiscutible. Con las mismas, podía haber
asegurado que nadie en España trabajaba más de 24 horas al día o que no hay
empleo nocturno que se realice a plena luz del día.
Casi al mismo
tiempo de que Báñez dijera la verdad, una estadística de la Agencia Tributaria
proporcionaba la suya: más de una tercera parte de los asalariados, casi seis
millones de personas, percibió en 2015 salarios iguales o inferiores al SMI,
760.000 más que en 2007 pero con el agravante de que en aquel año había dos
millones más de ocupados. De ellos, en torno a 3,7 millones ganaron menos de
1.835 euros al año, poco más de una limosna.
Existe claro
una tercera verdad, y es que gracias a Báñez y a su reforma laboral es un
milagro que alguien trabaje a jornada completa, ya que lo habitual es hacerlo
en breves períodos del año y con contratos tan legales como precarios. La
reforma de la ministra, cuyo proclamado objetivo era acabar con la precariedad,
ha conseguido lo que parecía imposible: que los contratos temporales crecieran
más de un 66% y que los suscritos a tiempo parcial lo hicieran aún más, a un
ritmo del 70%. Por resumir, más del 40% de los contratos indefinidos y casi un
tercio de los temporales lo son a tiempo parcial.
La mejora del
empleo es una filfa porque en los últimos cinco años la tasa de actividad se ha
hundido por debajo del 60%, ya sea porque ha habido españoles que han tenido
que buscarse la vida en el extranjero, porque muchos emigrantes han regresado a
sus países o porque los parados de más edad y los jóvenes sin estudios ya ni
siquiera buscan trabajo.
Se crea empleo,
sí, pero a costa de una devaluación salarial que las estadísticas oficiales han
maquillado al estilo de la encuesta del pollo (si una persona se come un pollo
entero y otra no chupa ni los huesos la sociología dirá que las dos lo han
compartido), de manera que la propia destrucción de empleo ha propiciado que el
salario medio creciera aparentemente. El ejemplo lo facilitaba recientemente
Manuel V. Gómez en El País. Tómese un grupo de 10 trabajadores en el que siete
de ellos cobran 1.000 euros y tres 500, lo que da un sueldo medio de 850 euros.
Si los tres que menos ganan son despedidos y los siete restantes ven rebajado
su salario en 100 euros, la remuneración media habrá crecido un 6% hasta los
900 euros cuando en realidad todos se han visto damnificados.
Por este
camino, no es descartable que Báñez y su reforma reduzcan el paro pero a costa
de destruir el país al entrar en acción otra verdad incuestionable: a salarios
más bajos, menos renta y capacidad de consumo, lo que reduce el crecimiento y
aboca al sistema de pensiones a la quiebra. Es lo que tiene el efecto
sustitución de los trabajadores mejor pagados por empleo nuevo a precio de
saldo.
Aún así, se han
tenido que escuchar desde algunos foros empresariales ultras peticiones como
las del Círculo de Empresarios, que exigían dar otra vuelta de tuerca a la
reforma laboral y acabar con el SMI para los trabajadores no cualificados lo
que, en vista de la fuerte presencia de los licenciados universitarios en el
sector de la hostelería o en el telemarketing, significaba para todos. “Todos
compramos cuando lo que se nos ofrece es a precio razonable”, decía la entonces
presidente Mónica Oriol, la que prefería contratar a mujeres mayores de 45 años
para que no se quedaran embarazadas y supusieran un problema.
Con verdades
como la de Báñez la desigualdad en España sigue aumentando a un ritmo salvaje.
Lo certificaba este mismo mes Oxfam Intermon: desde 2008 los salarios más bajos
han caído el 28% y más de 13 millones de personas están en riesgo de pobreza y
exclusión. La culpa no es del Gobierno porque, como ha explicado la ministra
que ha dado el tiro de gracia a la negociación colectiva, los salarios no los
fija el Ejecutivo por Real Decreto –otra verdad irrefutable- sino que se pactan
entre empresas y trabajadores. O esta mujer empieza a mentirnos descaradamente
o estamos perdidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario