Canarias presentó un superávit de 637 millones de euros a la Seguridad Social en 2010
Movimiento UPC. Canarias, 19 de julio de 2011. A España no le cuadran las cuentas, pero aún sigue difundiendo el bulo de que España mantiene a los canarios ¿oíste pariente? ¡Que España nos mantiene! como si alguna vez en su negra historia hubiera sometido militar y colonialmente a algún territorio, de los muchos que ha expoliado económicamente y esterilizado culturalmente para mantenernos y no tuviéramos que levantarnos a las seis de la mañana para empezar pronto en el tajo, con los salarios más bajos de todo el estado español y las jornadas laborales más largas, sin tener en cuenta que el 30 por ciento de la población activa se encuentra actualmente desempleada.
Las cuentas de la Seguridad Social (SS) correspondientes a 2010 muestran números rojos Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, País Vasco y Cataluña.
Cataluña presenta un déficit en sus cuentas a la SS de 260 millones de euros, pese a que aporta cerca del 20% de la actividad y el empleo en España.
Las más deficitarias son Asturias, con un saldo negativo de 1.825 millones; Castilla y León, con una aportación al déficit de 1.850 millones, y Galicia, que casi roza ya los 2.000 millones, siendo de hecho la comunidad con mayor déficit.
Gracias al sistema colonial el estado y el gobierno de España compensan el déficit en estos territorios con los superávit de otros, siendo Canarias (637 millones), Madrid (3.667 millones), Baleares (455 millones), Murcia (110 millones) y Navarra (31 millones) las que aportan excedentes.
Gracias a este curioso sistema “de mantenernos” la denominada hucha de las pensiones amasa la nada despreciable cifra de 65.000 millones de euros.
Canarias insta a los organismos internacionales, específicamente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para comenzar de inmediato las negociaciones con España que conduzcan a la descolonización del Archipiélago canario, en las que se tengan en cuenta los derechos que nos corresponden, con las respectivas indemnizaciones por extracción humana y material de nuestro territorio durante el prolongado periodo de explotación colonial.
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