MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ CONTRA
EL PERIODISM0
DIARIO
RED
Tanto la
posibilidad de denunciar la corrupción como la protección de la honestidad
frente a las amenazas mejoran la calidad de nuestro sistema democrático. Por
eso, todo el apoyo desde Canal Red y desde Diario Red a los compañeros de
eldiario.es frente a las amenazas
Hace 10 años, cuando nació Podemos y las fuerzas políticas y mediáticas del régimen del 78 se empezaron a poner nerviosas, ocurrió algo que es de vital importancia para la salud del sistema democrático (o la ausencia de ella).
Para intentar
frenar el avance de los morados, la gran mayoría de los medios de comunicación
empezaron a desplegar dos tipos de operativas. Por un lado, una operativa
quizás más legítima —pero no por ello menos evidente— de enorme agresividad
hacia la nueva fuerza política que venía a alterar el statu quo; una operativa
que incluía la elección de los verbos, los adjetivos y los marcos más violentos
en los titulares, la selección de las peores fotos (con el gesto más torvo, más
desencajado), la práctica de dar voz sistemáticamente a cualquiera dispuesto a
insultarlos o la mezcla en la misma pieza de un 10% de información con un 90%
de opinión negativa. Blanco y con asas, pero a lo mejor se puede argumentar que
esas tácticas caben dentro del margen de la línea editorial. Sin embargo, la
mayoría de medios de comunicación también desplegaron otra operativa mucho más
turbia y contraria al juego limpio democrático: la publicación de difamaciones
no ya basadas en la opinión o en la pura agresividad verbal, sino en hechos
falsos e inventados. Con la ayuda de personajes directamente mafiosos, como
Villarejo o Eduardo Inda, pero también gracias al prolífico suministro de
acusaciones falsas por parte de jueces corruptos, hubo pocos medios en España
que escapasen, en esos años, de la práctica del bulo y las fake news.
Lo segundo que
ocurrió y que hoy vemos con una perspectiva un poco diferente es que, cuando
los portavoces de Podemos señalaban la evidente violencia mediática o directamente
la corrupción periodística, entonces eran acusados de atacar la libertad de
prensa, de denigrar el noble oficio del periodismo y hasta de querer
implementar un régimen dictatorial en España. Cualquiera que tenga dos dedos de
frente sabe perfectamente que aquel que señala la corrupción en un determinado
gremio, lejos de causar un perjuicio al conjunto de las personas que en él
trabajan, está llevando a cabo una labor indispensable para que dicho gremio
pueda abordar la depuración de sus prácticas y elementos corruptos, y así
establecer un mejor y más ético funcionamiento. Son los periodistas corruptos
los que denigran la profesión, no aquellos que los señalan. Esto es evidente,
pero, cuando la mayoría de los cañones mediáticos cierran filas de forma
corporativa para proteger a los corruptos y desplegar una doble dosis de
violencia sobre las víctimas de su corrupción, se hace difícil defender lo
evidente en público.
Todavía hay una
fuerte omertá en el gremio periodístico, pero, con el pasar de los años,
aquella pequeña brecha que abrió Podemos se ha hecho un poco más grande y a
veces cabe por ella algo de luz. Por citar algunos ejemplos recientes,
recordemos que el propio Pedro Sánchez denunció los ataques de la «derecha
mediática» durante la campaña electoral del pasado 23 de julio; algo
enormemente significativo si pensamos que el PSOE, hace no muchos años,
defendía la absoluta honestidad del 100% de los operadores mediáticos cuando
los morados alzaban la voz. En la misma línea, podemos mencionar la reciente
trifulca entre el ministro Oscar Puente y Risto Mejide en las redes sociales.
Más allá de lo que podamos pensar de estos dos cipotudos personajes, hace
apenas algunos meses era impensable la mera posibilidad de que un dirigente del
PSOE —¡un ministro!— se enfrentase públicamente a un presentador de televisión.
Y no solamente los dirigentes del PSOE. En estos días, hemos visto a una
importante parte de la profesión periodística criticar a aquellos que, como
Pedro J Ramírez o Federico Jiménez Losantos, defendieron los bulos de la teoría
de la conspiración sobre el 11M. También hemos podido seguir las críticas que
ha lanzado públicamente la periodista de Televisión Española Silvia
Intxaurrondo al periódico El Mundo —señalando, de hecho, a su director Joaquín
Manso— por mentir acerca de los detalles de su salario en la cadena pública.
Todo ello, cuando lo hacía Podemos hace no mucho tiempo, era tachado de
bolivariano y empujado, por aberrante, fuera de la ventana de Overton de lo
aceptable. Aunque todavía queda mucho por hacer, es una buena noticia para la
democracia que, poco a poco, se empiece a normalizar el señalamiento de la
corrupción periodística sin que ello conlleve la destrucción política y
mediática del denunciante.
Aunque todavía
queda mucho por hacer, es una buena noticia para la democracia que, poco a
poco, se empiece a normalizar el señalamiento de la corrupción periodística sin
que ello conlleve la destrucción política y mediática del denunciante
Y lo mismo cabe
decir de la situación opuesta. Cuando un dirigente político, como Miguel Ángel
Rodríguez amenaza a un medio de comunicación —como ha hecho con eldiario.es—
por publicar informaciones rigurosas y de interés público sin que ningún
dirigente del PP pueda mantener que uno sólo de los datos publicados son
falsos, lo que tiene que hacer cualquier demócrata es defender a los
periodistas que están siendo atacados y trabajar para la expulsión de la
política de cualquier personaje que opere como lo hace el número 2 de Isabel
Díaz Ayuso. Lo que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez sí es atacar la libertad de
prensa para intentar amordazar a aquellos que la ejercen. Lo que hacían —y
siguen haciendo— los dirigentes de Podemos, como ya ha dejado claro el
secretario general del PSOE, varios de sus ministros, la periodista Silvia
Intxaurrondo y todos los que han publicado artículos criticando la teoría de la
conspiración del 11M, no solamente es una cosa muy distinta. Es, de hecho, todo
lo contrario.
En democracia,
nadie que tenga la capacidad de ejercer poder político puede estar blindado
contra la crítica. Ni los representantes públicos, ni los jueces, ni los
grandes empresarios, ni los periodistas. De hecho, para que la democracia pueda
existir, tiene que ser posible señalar la corrupción en cualquiera de esos
ámbitos. Al mismo tiempo, cualquier representante público, cualquier juez,
cualquier empresario y cualquier periodista que lleve a cabo su trabajo de
forma honesta y sea violentamente atacado por cualquiera que detente poder,
debe ser defendido. Ambas cosas, la posibilidad de denunciar la corrupción y la
protección de la honestidad frente a las amenazas, mejoran la calidad de
nuestro sistema democrático. De hecho, sin ellas, una verdadera democracia no
es ni siquiera posible.
Por eso, todo el apoyo
desde Canal Red y desde Diario Red a los compañeros de eldiario.es frente a las
amenazas y enhorabuena por las investigaciones publicadas.
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