PRESENTACIÓN DE GENERACIÓN 21 DE ÁNGHEL MORALES

PRESENTACIÓN DE GENERACIÓN 21 DE ÁNGHEL MORALES

Es para mí un verdadero orgullo como editor el hecho de poder publicar este libro, Generación 21, nuevos novelistas canarios, un volumen que planeé como pura y dura reivindicación de una generación de novelistas canarios que, a pesar de su ingente trabajo, no habían sido suficientemente celebrados, reconocidos, atendidos.

Cuando repasamos la historia de la literatura canaria, la historia de nuestra narrativa parece detenerse en la llamada Generación del 70 o Generación del boom, una generación que ha arrojado notables obras pero que, en modo alguno, es comparable a la Generación que ahora presentamos, Generación 21, llamada así simplemente porque se trata de un grupo de novelistas que empiezan a consolidar su trayectoria en esta nueva centuria, y no porque ellos en sí mismos constituyan un grupo. Cuando analizamos la trayectoria de escritores como Víctor Álamo de la Rosa, David Galloway, José Luis Correa, Alexis Ravelo, Santiago Gil, Alvaro Marcos Arvelo, Javier Hernández, Cristo Hernández, Anelio Rodríguez Concepción, Nicolás Melini, Pablo Martín Carbajal y Víctor Conde, nos damos cuenta de que sólo con su producción estamos hablando de más de una cincuentena de novelas, y nos damos cuenta de que estamos hablando de numerosas traducciones a diversas lenguas y en diferentes países, y nos damos cuenta también de que hablamos de unos escritores que han publicado sus obras en varias de las mejores editoriales nacionales y que, incluso, han obtenido premios de gran valía y de ámbito nacional. Como editor, desde luego, no podía dejar pasar la ocasión de llamar la atención sobre unos escritores que han llevado la narrativa canaria a su madurez, como prueba el hecho de que hayan sido capaces de desarrollar todas las vertientes de la novela de género, ya sea histórica, policiaca, de ciencia ficción, de terror o erótica, así como el gran desarrollo que ha experimentado ese tipo de novela que crea territorios de ficción en localizaciones más o menos reconocibles de nuestra propia geografía canaria.

Entre todos estos escritores, un lector avezado, podrá encontrar auténticas joyas literarias y muchas de las novelas más emblemáticas, me atrevo a decir, de nuestras letras contemporáneas. También, y quiero decirlo claro, estamos a la espera de ver cómo van progresando otros escritores que, si bien no están recogidos en este libro, no es porque les falten méritos, sino porque este libro se presenta como una reivindicación de nuestros novelistas mayores contemporáneos y no como una simple compilación de narradores, esto es, autores solamente de relatos, o de escritores todavía con una obra narrativa muy poco desarrollada. Pienso en buenos escritores como Bruno Mesa o José Ramallo o aún más jóvenes, como Carlos Cruz o Iván Morales, por citar solamente un par de ejemplos. Se trata de unos escritores que están empezando a dar muestras de su quehacer narrativo, pero que aún no han consolidado una obra novelística o de carácter explícitamente narrativo.

Con “Generación 21: nuevos novelistas canarios” me he propuesto, en suma, llamar la atención de los lectores y de los críticos sobre la que sin duda es la Generación narrativa más potente de toda la historia de la literatura canaria.

Fotos realizadas por el profesional Jaime Cassanova Sanjuan por ello nuestro agradecimiendo y le comunicamos a los autores que aquellos que deseen fotos o el video del acto se pongan en contacto con Anghel

El teatro del Puerto de Granadilla y sus actores (III)

Agapito de Cruz Franco

-La parodia-

Hablando de los partidos y a propósito del Puerto de Granadilla, se han escenificado en variadas actuaciones. En un lado ha estado el PP, que –fiel a su política depredadora con la naturaleza- siempre ha dicho sí a la barbaridad del macropuerto; por el otro PSOE y CC, que aunque apuestan por él, se han vuelto esquizofrénicos, contradiciéndose en los diferentes ámbitos de actuación: municipal, nacional-autonómico, nacional-estatal y comunitario europeo. CC ha llegado a apoyar y a rechazar radicalmente el Puerto a nivel municipal de Granadilla según fueran unos u otros los mandatos y los líderes de los comités municipales, mientras en el plano insular y autonómico la apuesta por el mismo ha sido total por parte de este partido. El PSOE ha ido desde el apoyo incondicional al mismo a niveles municipal o estatal hasta rizar el rizo con proyectos alternativos de menor calado en sus ejecutivas insulares tratando en el fondo de nadar y guardar la ropa. Los partidos minoritarios, en general, han hecho causa común con las reivindicaciones ecologistas y/o ciudadanas. Todos, eso sí, han entrado a pescar en estas aguas presuntamente portuarias. La estrategia de “todo en uno” llevada a cabo por los movimientos ciudadanos favoreció esta tendencia: por un lado, convirtiendo el Puerto en buque insignia y marginando “en tiempo real”, a base de asumirlos nominalmente, los demás problemas de temática verde; por otro, incidiendo en la renuncia de sí mismos a los diferentes colectivos, en aras de una teórica lucha común contra la denominada por algunos movimientos ciudadanos “mafia empresarial” y los “tres mellizos” –PSOE, CC y PP-.

-La comedia-

De hecho se han llegado a producir situaciones disparatadas, como la aparición como portavoz “ecologista” contra el Puerto de Granadilla, de quien fuera Presidente de la Autoridad Portuaria hasta no hace mucho tiempo y bajo cuya presidencia parte de las costas de La Palma y La Gomera –y proyectos fallidos en la de Tenerife- recibieran diferentes actuaciones denunciadas por el grupo ecologista ATAN; quien increíble y contradictoriamente, anunciara a bombo y platillo nada menos que el propio proyecto del Puerto Industrial y Comercial de Granadilla en 1996, tildándolo como vital para Canarias y el Estado; quien haya seguido reivindicando posteriormente dicho Puerto de Granadilla como el puerto industrial en que se apoye el polígono; quien, junto a otros, haya liderado lo que es otro atentado al medio ambiente, como es la ampliación del Puerto de Santa Cruz. Otra cosa hubiese sido que la situación se hubiera dado en el marco del movimiento ciudadano y no en el del movimiento ecologista. En ese escenario, sí tendrían coherencia la irrupción de tales voceros, en cuanto protagonistas de posturas menos dañinas hacia el medio que las oficiales y como una rectificación respecto a otras anteriores. Algo quizás imposible en esta etapa donde ambos elementos (movimiento ecologista y movimiento ciudadano), han caminado juntos y revueltos y en donde ha habido una inmersión en el marco del activismo ecologista, de agentes no ecologistas.

Pienso que no han surgido diferentes y variadas formas de expresión ecologista, como apuntan algunos y cuya opinión respeto pero no comparto. Creo que lo que ha ocurrido es que diferentes contenidos del ecologismo, han sido asumidos por gran parte de la ciudadanía que ha ido adquiriendo una conciencia ambiental cada vez mayor, lo cual es rico y positivo. Esta asunción también ha tenido lugar en diferentes sectores sociales, políticos y electorales organizados que, sin perder su personalidad, los han interiorizado, algunos de forma rica y positiva. Otros no. Sectores estos últimos, que han pretendido y pretenden, protagonizar ahora lo que con sus proyectos políticos anteriores no consiguieron. Actitud ésta, a la que no es ajeno el “síndrome de Colón”, es decir, el creer que la historia –en este caso, la del ecologismo-, empieza con quienes acaban de descubrirlo.

Sin embargo, es hora ya de separar el grano de la paja. Situar a los diferentes actores en el lugar correspondiente del escenario. Entender que no existe el movimiento ciudadano con mayúsculas y con nombre propio, sino los movimientos ciudadanos. Con planteamientos y proyectos estos últimos diversos e incluso opuestos. A veces ecológicos, a ratos ecologistas y en otras ocasiones todo lo contrario. Y que, aunque algunos de ellos sean compañeros perfectamente compatibles con el movimiento ecologista, éste, aunque una sus esfuerzos junto a quien estime oportuno, debe ser él mismo y, como las cabras guanilas, continuar abriendo caminos y explorando nuevas fronteras. Un movimiento ecologista realmente autónomo. Sin pagar peaje a nadie (ni a partidos, ni a técnicos, ni a la Administración, ni a otros movimientos sociales…) ni dejarse engañar por los cantos de sirena de las estrategias unitarias. Resaltando, eso sí, el valor de los movimientos ciudadanos que han asumido valores ecologistas. Pero siempre autónomos a ellos e independientes de ellos. Tarea difícil en las actuales circunstancias pero no imposible.

ABISMO

ABISMO L. Soriano.

Al parecer ya estamos todos de acuerdo en que la parte de nuestros problemas actuales, reside en la imposibilidad manifiesta del Modelo o Sistema que se nos ha impuesto, económico, fiscal, administrativo, sanitario y educativo,que no tiene la mas mínima posibilidad de funcionar ni de sostenerse. Olvídense.

Si esto es así, y así es, resulta que las alegrías de colocar nuestra deuda se tornaran quebrantos cuando tengamos que pagar los monstruosos intereses, sin mencionar que devolver el capital, es algo ilusorio tendente a la deuda perpetua.

Si a esto le sumamos que andamos ciertos de que a los cotizantes de la SS, sin disminuirles las cuotas sino al contrario, se les pretende pedir que acepten de grado menores prestaciones, copagos y interminables listas de espera y merma de atenciones y servicios, el cuadro esta completado. No nos compensa pagar la seguridad social. Nos compensa mas vivir del Estado. Si a esto le unimos la esperpéntica duda de que a todos estos de incapacidades falsas, despidos falsos y pensiones falsas y falsificadas, no les van a hacer devolver el dinero y a renunciar a pensiones, el balance es horroroso.

¿Que ocurre cuando los autónomos dejan de pagarlo por imposibilidad manifiesta de hacerlo, y además porque nadie le va a garantizar que lo que pague se computara para una digna prestación y pensión en función de la cotización?

Pues ocurre que gran parte del sector autónomo se sumergirá o abandonara y se pasara al socorrido “cáncamo”, para ir tirando y poder comprar comida. Esta insumisión en regla, pero legitima, ya que el destino del dinero que se recauda va a paliar muchísimas veces, las más, frugalidades y gastos corrientes, es lo que hará que dejemos de pagar los autónomos y los empresarios unas cuotas mensuales que igual daba que tirarla a la basura. Esto hará que cuando se supere el listón del 40% que no contribuyan al momio de la SS, el Estado quebrara sin remedio, y ni gasolinas por las nubes, ni Ivas Suecos, todos impagables, nos podrán salvar.

Al final ya podan embargar lo que quieran, dejaremos de pagar la obligatoria y confiscatoria SS y ya ampliaran almacenes para los cachivaches que recolecten o ampliaran las cárceles para que salgan los asesinos y entremos los que no les mantenemos.

A reflexionar.

Re: Transnacio​nales, gringos, gobierno y "conservac​ionistas" lanzan ofeniva contra EZLN y sus comunidade​s en Chiapas...​.

REDD, la brecha lacandona y nuevas formas de despojo

Silvia Ribeiro

Investigadora del Grupo ETC

Basados en un acuerdo entre los gobiernos de Chiapas y de California, con la colaboración de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y trasnacionales conservacionistas, avanzan en Chiapas los proyectos llamados REDD, que significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades que los habitan de su derecho al territorio.

Para definir lo que se puede vender en indulgencias de carbono al gobierno de California y a las empresas contaminantes que lo sostienen, la administración chiapaneca intenta, como otras anteriores desde hace décadas, abrir una brecha en la Selva Lacandona que delimite la zona a comercializar, renovando agresiones y despojos a las comunidades indígenas. En marzo de 2011, funcionarios del gobierno estatal dijeron a la organización Justicia Ecológica Global (www.globaljusticeecology.org) que sólo les falta unir la brecha en la zona de las cañadas, donde hay comunidades zapatistas.

Justamente, el intento de demarcación en la zona lacandona hace cuatro décadas, a favor de uno de los siete pueblos indígenas que la habitan fue lo que motivó la creación de una unión de todos los otros pueblos de la región contra la brecha lacandona, resistencia entretejida con el origen del EZLN.

En 1971, el gobierno concedió 614 mil 321 hectáreas de selva a 66 comuneros lacandones (que no es su nombre original, ni son pobladores originarios de esa región), exacerbando el caos de sobreposición de títulos de tierra que ya existía en la región. Nunca se marcaron los linderos (la resistencia a la brecha lo impidió), pero desde entonces los lacandones son quienes firman el consentimiento a proyectos y contratos que les presenta el gobierno, sean madereros, turísticos o como ahora, REDD. Las otras comunidades fueron desplazadas o viven bajo amenaza permanente.

REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada de bosques) es supuestamente un programa para evitar la emisión de gases con efecto invernadero provocados por la deforestación, pagando con bonos de carbono a las compañías para que deforesten un poco menos. O a las comunidades, para que técnicos foráneos certificados les hagan un plan de manejo, que en la práctica significa que no pueden usar el bosque y pierden autonomía sobre el territorio.

Para las empresas es un tremendo negocio, porque pueden seguir contaminando y además revender parte de los bonos a un precio mayor a otras empresas. O sea, no les cuesta nada y burlan las leyes ambientales. El 7 de abril 2011, Greenpeace Internacional publicó el informe Bad influence denunciando cómo la consultora internacional McKinsey –que tiene larga historia de asesorar privatizaciones y ahora asesora a países que quieren conseguir dinero de REDD–, había hecho una base de cálculos falseados para los gobiernos de Guyana y Congo, para mostrar una perspectiva de deforestación futura mucho mayor que la real. De ese modo, podrían incluso aumentar la deforestación y además cobrar REDD, alegando que con ello deforestan menos de lo proyectado.

En el caso del pago a comunidades, en México hay ejemplos concretos del despojo que pueden producir estos esquemas, ya que los pagos por servicios ambientales forestales se basan en mecanismos parecidos. Con la excusa de pagarle una modesta suma a las comunidades para cuidar el bosque, en realidad se les despoja del manejo del territorio. En Oaxaca, hay casos donde al término del contrato de pago por servicios ambientales (cinco años), el gobierno decretó sus territorios áreas naturales protegidas o áreas prioritarias para servicios ambientales, extendiendo por 30 años los contratos, contra la voluntad de la comunidad. No pudiendo usar su bosque, que es el sustento de sus medios tradicionales de vida, tienen que irse para sobrevivir, aunque siguen teniendo los títulos de propiedad.

Es parte de lo que se pretende hacer en las selvas y bosques de Chiapas: vender a trasnacionales el carbono que absorben los bosques y para dar garantías a este negocio, desalojar a las comunidades del bosque, idealmente desplazándolas para engrosar otro negocio del gobierno: las llamadas ciudades rurales sustentables. Ya desplazados y desarraigados, sin servicios ni medios de vida, la generosa oferta del gobierno de Chiapas es que sean peones en las plantaciones para biocombustibles.

Los proyectos REDD en México no están formalmente definidos como tales, pero el gobernador Juan Sabines ya comenzó a pagar a selectos comuneros para mostrar su voluntad de crear una buena base para los negocios de las trasnacionales californianas, con recursos públicos. Necesita además cumplir con requisitos técnicos, como crear una línea base de cobertura vegetal y una proyección de cambios futuros en el uso de suelo y la biomasa, para luego poder decir que hubo menos deforestación, o por la razón que sea, que se absorbe carbono. En esas maniobras le asisten instituciones como Ecosur y el Colegio de Posgraduados, además de un comité REDD+ nacional, donde está Conafor, Conabio, Semarnat y otros entes del gobierno federal, con comerciantes de carbono y organizaciones conservacionistas que promueven negocios con la biodiversidad.

Para definir la capacidad de retención de carbono, se están usando tecnologías satelitales combinadas con fotografías hiperespectrales y monitoreo directo de algunas zonas (para lo cual ya están entrenando comuneros). Se obtienen así resultados muy definidos, no sólo de fauna y flora sino también de los humanos que están allí, lo cual es toda una base para vigilar a comunidades y además, para la biopiratería de última generación.

Apuesta Calderón a que El Chapo someta a sus rivales, esa es la política antinarcóticos oficial mexicana: Stratfor

Encubre Calderón a El Chapo para mermar otros cárteles

Al parecer, busca imponer reducción forzada de la violencia: consultoría Stratfor

El grupo delictivo de Sinaloa, inmune a los operativos y en todos los casos gana plazas

El cártel de Sinaloa mostró ser inmune a la crisis y está creciendo

Algunas organizaciones ya están subordinadas a Guzmán Loera, señala

Para la firma estadunidense, el gobierno federal optó por una "guerra de desgaste"

Gustavo Castillo García

La prioridad del presidente Felipe Calderón es “disminuir la violencia, no la eliminación de los cárteles”, señala la consultoría en seguridad global de origen estadunidense Stratfor en su reporte Mexican drug war 2011.

Sostiene: al parecer, el gobierno mexicano ha decidido que el mejor curso de acción en este entorno (de inseguridad) es librar una guerra de desgaste en la cual el cártel de Sinaloa asuma la posición dominante en el país, lo que permitiría imponer una reducción forzada de la violencia de los grupos criminales y que la organización dirigida por Joaquín El Chapo Guzmán Loera sea utilizada para someter a las bandas más débiles.

Según el reporte, “en tanto que las luchas internas y presiones externas que realizan las autoridades con sus operativos han debilitado a todos los cárteles, el de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”.

Para la consultoría estadunidense, en el primer trimestre de este año la “violencia generalizada sigue en aumento en México y “los cárteles de la droga luchan por el control de los puertos de entrada a Estados Unidos, así como por los lugares que se consideran estratégicos en el interior de México –como son cruces carreteros en zonas como Ciudad Victoria, San Luis Potosí, ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Durango, Torreón, Saltillo y Chihuahua, ya que algunos de estos puntos tienen rutas vitales que conectan al país de norte a sur a lo largo de las costas.

Otros tienen un valor estratégico porque se localizan en las principales carreteras que sirven de rutas directas al interior de la nación desde diversos puntos de la costa del Pacífico hasta los puertos de entrada en la frontera de Texas, y las rutas están muy reñidas en zonas fronterizas como Ciudad Juárez y Matamoros.

Respecto de los grupos criminales, Stratfor considera que el cártel del Golfo, “con la ayuda del de Sinaloa, ha rechazado ofensivas de Los Zetas en las ciudades de Matamoros y Reynosa, pero no ha mostrado la fuerza necesaria para sacar a sus ex aliados de Monterrey, capital de Nuevo León, a pesar de que Los Zetas han sufrido la pérdida de 11 de sus líderes de niveles medio y superior en esa plaza”.

Por lo que se refiere al cártel de Juárez, indica que ese grupo que dirige Vicente Carrillo Fuentes está logrando mantener a raya a las fuerzas de Sinaloa en Juárez, pero ha perdido sus territorios periféricos en el estado de Chihuahua, así como su línea principal de suministro de medicamentos (precursores químicos) de la capital de la entidad.

Además el bloqueo efectivo de Sinaloa a Juárez ha comenzado a estrangular el flujo de ingresos, y “otra banda criminal en descenso –una sombra de sí misma– es la de los hermanos Arellano Félix (también conocida como cártel de Tijuana)”, y estima que esta organización ahora está subordinada a la de Sinaloa y paga por el derecho a acceder a los puertos de entrada de California.

El reporte también alude a los grupos surgidos de la banda de los Beltrán Leyva, hoy conocidos como cárteles del Pacífico Sur (CPS) e Independiente de Acapulco (Cida), de los cuales refiere que están luchando entre sí por el control del puerto guerrerense. Pero el CPS es el más exitoso de los dos, ya que su control territorial se extiende del estado de Guerrero hacia el norte del país por el océano Pacífico hasta el estado de Sonora, aunque esos corredores de contrabando con regularidad son disputados con Sinaloa.

Para Stratfor, el cártel de La Familia Michoacana, o Los Caballeros Templarios –como ahora se le conoce–, depende de Guzmán Loera para restablecer su infraestructura antigua y sus rutas de contrabando.

En cambio, el cártel de Sinaloa es visto por la consultoría estadunidense como el poder hegemónico regional en la mitad occidental de México, y como el grupo que está ampliando activamente su territorio.

El informe refiere que el cártel de Sinaloa está apoyando al del Golfo en su lucha contra Los Zetas, y también está estrangulando lentamente al de Juárez, llevando la batuta en Tijuana y lucha por la supremacía en Acapulco (...) en todos los casos, el de Sinaloa está ganando territorio.

“En los próximos tres a seis meses, Stratfor espera que la banda de Sinaloa se convierta en la que controle Acapulco y Durango.

“Stratfor anticipa un nivel aún mayor de la violencia en Juárez como parte del estrangulamiento del cártel de Sinaloa a la organización de Vicente Carrillo, y esperamos ver un gran impulso de Los Zetas para recuperar el control de Reynosa, donde el cártel del Golfo perderá su dominio si el grupo de El Chapo envía combatientes de allí a luchar en otros lugares.

“Es muy probable que Los Zetas mantengan Monterrey en el corto plazo, ante la carencia de una ofensiva importante del gobierno o de un esfuerzo masivo por parte de los cárteles del Golfo y de Sinaloa”.

Ante la violencia que ejercen Los Zetas y la disputa de zonas con el cártel del Golfo, la consultoría considera que es probable que veamos más operaciones no autorizadas, tales como la realizada por el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y tiroteos en la zona de Falcon Lake.

En tanto, “el de Sinaloa sigue siendo el mayor y más coherente de los cárteles mexicanos. Bajo la dirección de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, no ha dejado de hacer incursiones en territorios de otros grupos criminales, amigos y enemigos por igual. Esta expansión se ha visto en Durango, Guerrero (especialmente Acapulco, su puerto marítimo vital) y Michoacán, así como la ciudad de México. Debido a que se ha mantenido como una organización cohesionada y mantiene los ingresos muy diversificados –desde estupefacientes hasta aguacates–, éste es el grupo delictivo que se beneficiará más del caos en todo México”.

El Teide, infierno y paraíso

El Teide, infierno y paraíso

Agapito de Cruz Franco

El Cabildo Insular de Tenerife se prepara para tomar las riendas de la gestión del Parque Nacional del Teide. El Echeyde –topónimo amazigh del que procede la palabra- era el Infierno para los primitivos pobladores, conocidos, de Tenerife. En él habitaba Guayota, el Demonio de los guanches, mucho después incluso del maremoto que asoló Teno al crearse por sucesivas erupciones explosivas la caldera de Las Cañadas hace 150.000 años, según ha hecho público el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España tras estudios llevados a cabo por científicos portugueses y españoles.

Para nosotros, sin embargo, es el paraíso. Y aunque pueda estallar en cualquier momento no nos preocupa en absoluto, pues ni Plan de Protección, ni Planes de Emergencias ante una catástrofe vulcanológica, ni prisa alguna por constituir el Instituto Vulcanológico de Canarias a pesar de estar aprobado por todas las Instituciones y haberse cumplido en 2009 cien años de la erupción del Chinyero, en su lado suroeste.

Fue propuesto ya en 1917 como espacio a proteger, por el concejal del Ayuntamiento de La Orotava Juan Acosta Rodríguez, constituido como Parque Nacional el 4 de febrero de 1954, Diploma Europeo en 1989 y declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad el 2 de julio de 2007 en Nueva Zelanda. Con 18.990 hectáreas, pertenece prácticamente todo él a la Villa de la Orotava (77,6%) (hay un pequeño porcentaje de otros municipios producto de recientes ampliaciones del preparque), siendo la mayor parte de propiedad pública (92,78% municipal y 7,20% estatal) y con un 0,02% de propiedad privada. Tiene su propia ley de protección y se rige por un Patronato formado por representantes del Gobierno, Cabildo, ayuntamientos, grupos ecologistas, etc. y presidido en la actualidad por Manuel Durbán. La gestión de esta maravilla geológica, botánica, faunística y social –pues desde la antigüedad lo atraviesa el legendario Camino Chasna que unía el Norte con el Sur de la isla-, ha tenido varios responsables. Primero fue el ICONA, luego el Ministerio de Medio Ambiente, para pasar posteriormente al ámbito de la Comunidad Autónoma y en la actualidad en abril de 2011 preparándose el Gobierno de Canarias para delegar esta responsabilidad –como se ha dicho- en el Cabildo Insular de Tenerife tras acuerdo de la Comisión de Parques Nacionales

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La lucha ecologista por su conservación arranca de la década de 1980 cuando se crea la Ley para su protección, aunque no se ha podido evitar el principal peligro del Parque, la masificación turística y la presión humana que ello supone (lo visitan más de 3 millones de turistas al año, de los cuales suben al cono más de 400.000 personas y generan más de 20.000 millones de las antiguas pesetas de ganancia). Parte de los antiguos usos como el pastoreo han tenido que ser erradicados, así como la extracción de minerales (unas 200 toneladas anuales) que cesó tras una acción directa del MEVO-AT (Movimiento Ecologista del Valle de la Orotava-Amigos de la Tierra) en 1981. Otras reivindicaciones ecologistas tienen que ver con la retirada del teleférico inaugurado el 24 de abril de 1971 así como de los muflones que en su momento se trajeron de la isla de Córcega y que han esquilmado diferentes especies botánicas endémicas del Parque. De hecho, el cardo de plata o la jarilla de Las Cañadas están en peligro de extinción junto a otras siete especies botánicas. Grupos ecologistas como el citado MEVO-AT, ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza), Naturaleza y Sociedad, TEA (Tagoror Ecologista Alternativo), Tabona y la Coordinadora El Rincón han sido muy activos al respecto.

El 14 de mayo de 1992, ATAN organizó un encuentro: “El teleférico a debate”, donde prácticamente todas las Instituciones y grupos ecologistas estuvieron de acuerdo en que el citado teleférico debía desaparecer. En palabras del biólogo Wolfredo Wilpret, en esa década de los setenta, cuando se instaló, legalmente y sin apenas oposición, hierro y metal hicieron su aparición en el escenario de lava y piedras del Teide, siendo el basurero más elevado de España. Las razones que se argumentaban en contra del mismo: la alteración grave de la fisonomía del Teide y la imposibilidad de La Rambleta para acoger a tal número de visitantes, apuntando ya entonces limitar su número.

El 19 de marzo de 1993, el TEA denunciaba nada menos que al propio ICONA por estar presuntamente implicado en malversación a gran escala de fondos públicos destinados a la conservación del Parque. Argumentaban los ecologistas que una red de empresas creadas por los propios funcionarios se adjudicaba presuntamente los fondos sin control, con facturas incluso de trabajos de pala mecánica que nunca se llegaban a realizar, hasta el punto de enterrar los escombros del derribo del antiguo sanatorio en el propio parque, lo que estaba prohibido por ley. La denuncia, entre amenazas mutuas de querellas llegó a estar en el despacho del entonces Presidente del Estado Felipe González en Madrid y había sido precedida de conflictos corporativos y presuntos parcheos en ese sentido para tapar el escándalo.

En la actualidad, el debate, además de tener como elemento clave el excesivo número de visitantes, se centra especialmente en el denominado Plan de Acceso al Teide, a raíz de haber sido declarado Patrimonio Mundial, como manifiesta el alcalde de La Orotava Isaac Valencia, para evitar así su deterioro, facilitar ordenadamente las visitas al mismo, crear una red de aparcamientos etc. y en donde se plantea el cobro por determinados servicios. El ecologista Juan Pedro Hernández critica por su parte estos aparcamientos y habla también de los residuos como problema, denunciando lo que denomina: “Complejo del macizo central de la Isla de Tenerife”, un proyecto del Cabildo que ocuparía más de 25.000 metros cuadrados en la zona de El Portillo donde al parecer existe, según su información, interés por construir hoteles de máxima categoría en la zona de pre-parque.

HABLEMOS DE... POLITICA?

El Largo y Duro Invierno…. Económico. L. Soriano

Esta penuria que padecemos, parecería ilógico e injusto achacársela a un hombre solo. Cierto que es una conjunción de factores, como la Tormenta Perfecta, pero el origen de nuestra desgracia, que es propia y especial, seguramente involuntario, tiene un ojo, o epicentro. Nuestro Presidente del Consejo de Ministros. Nadie le acusara aunque algunos pudiesen y posiblemente tendrían razón, de la comisión estricta de delitos, pero en cuanto a la omisión, los cargos serian infinitos. Lo peor sin embargo son sus cómplices necesarios, tantos que no cabrían en media España, y no por afinidad ya que la inmensa mayoría lo desprecia, sino por interés y egoísmo. Así pues, de alguna manera, todos somos culpables por mantenerlo ahí, sin criterio logíco. Veamos. Lo que ha faltado y ha fallado aquí, es precisamente lo que abanderaba su discurso sorprendente. El Dialogo. Cuando tras unas borrascosas primarias, sale elegido este Parlamentario de quien nadie jamás en público había oído declaración alguna de relevancia que pudiera aportar nada a un aviso de lo que nos esperaba, a pesar de sus muchos años- todos- en el aparato. Se nos aparece con un discurso enlatado, con un sueño forjado desde su niñez primera, encorsetado, sectario, iluminado, desnortado, revanchista y sesgado, pero lo peor .. que no admite dialogo. Puede parecer que el dialogo no conduce a nada, pero es un error pensar así. Por muy numantinas que sean nuestras convicciones y posiciones respecto a cualquier tema, y por muy bajo o elevado que sea el nivel de nuestro interlocutor, siempre, repito siempre, se saca algo de un dialogo en el respeto. Aunque no lo reconozcamos públicamente y nuestra meta sea “ganar”, mas tarde, en la intimidad y en nuestra reflexión o repaso, los argumentos contrarios nos llegan y o bien los comprobamos, o bien los sopesamos, o, aunque no los aceptemos tenemos que convenir que alguien por razones que se nos escapan o no, puede pensar u opinar así. El propagandista mayor del talante y de la tolerancia, ha reventado sin límite y seguramente sin retorno la convivencia en España. Ha impedido, con su empeño en la negación de lo evidente, que se pusieran en marcha los mecanismos imprescindibles que hay que adecuar cuando se acerca una tormenta de imprevisibles condiciones. Ha ocultado nuestra verdadera situación respecto a los países de nuestro entorno, con ilusiones y falsos positivismos, algunos rayanos en lo ridículo. Nos ha aislado como País en la misma medida que ha elegido a lo peor del planeta para relacionarse, y nos ha apartado del centro de ebullición de las decisiones europeas. Esto con la inefable ayuda de su Canciller endémico. Está empeñado en ceder soberanía y caminos a la independencia, sin retorno muchos, a instituciones y partidos que nunca lo habían solicitado, en serio, sino como arma para la succión salvaje de los recursos comunes. Está obsesionado en que puede conseguir una paz, deshilachada, disminuida, sin garantía, y sin futuro, a cambio de aceptar hacerlo con la pistola del enemigo sobre la mesa de negociación. Se ha obstinado en promover leyes “tinta de calamar” para atender ninguna demanda social, pero de mucha algarabía, y que si la oposición se le opone, les da fama de carcajos. En fin, podría seguir “ad aeternum”, pero lo dejo aquí. Ese discurso de que podíamos gastar lo que quisiéramos, que el ahorro de las hormigas era estúpido, y que él, como un buen padre de familia, nos socorrería en nuestra imposible necesidad de ocurrir improbablemente, le ha explotado en las manos. Es que no hay nada en lo que haya acertado, que pueda ver de positivo en este provocador, que cree estar en un circo y elige a lo más patético o peligroso de lo que existe como reparto y elenco. Ahora, el país se desangra y el continua con sus malabares, trapecistas y payasos. Sabemos que si esto cambiase, el nuevo, el que sea, lo tendrá terriblemente crudo, y si es de otro signo las hienas ahora calladas comiendo despojos, saldrán a morder y a chillar, lo que lo hará todo más difícil. Nadie puede vaticinar nuestro futuro, el largo, frio y duro invierno económico que nos aguarda pero solo cabe hacerlo, en medida de dramático o trágico. Esperamos con ansia el fin de la pesadilla o como en una película de terror el ansiado THE END. A Reflexionar.

PRI y PAN presentan plan para que el Ejecutivo maneje a su libre albedrío a fuerzas armadas

· De aprobarse proyecto legislativo, podrá enviar tropas a conflictos en el extranjero

· Proponen que la intervención castrense no requiera autorización del Congreso de la Unión si el conflicto está focalizado

· Lo faculta para enfrentar cualquier quebranto al orden social, como el narco, sin tener que declarar el estado de excepción

· Se promueve una interpretación discrecional sobre los tiempos de paz

Enrique Méndez

Al definir que la paz no es absoluta, sino en todo lugar y momento es relativa, y no está exenta de conflictos o alteraciones, las comisiones de Defensa Nacional, Derechos Humanos y Gobernación de la Cámara de Diputados pretenden facultar al Ejecutivo a disponer del Ejército y la Marina para enfrentar cualquier quebranto a la tranquilidad y el orden sociales, como el narcotráfico.

El proyecto de dictamen, relativo a la minuta del Senado sobre la ley de seguridad nacional, que las comisiones pretenden votar el próximo lunes, afirma que si bien la Constitución menciona los límites a la actuación de las fuerzas armadas en tiempos de guerra y de paz, queda claro cuándo se está en tiempos de guerra, (pero) es difícil afirmar cuándo se está en tiempo de paz, ya que ésta no es absoluta.
En la exposición de motivos del proyecto, los diputados plantean: “la paz debe interpretarse como estado contrario a la guerra, pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro. La Constitución no señala expresamente que existen diversos ‘niveles o grados’ de paz, por lo que no se debe interpretar este concepto en ‘blanco y negro’. Existen las más variadas gamas de grises; la paz en todo lugar y momento es relativa”.
Con ese contexto, el documento –del cual tiene copia La Jornada– de las comisiones señala que dentro de sus atribuciones para preservar la tranquilidad nacional, y en la colaboración que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada pueden intervenir sin que sea necesaria la declaratoria de estado de excepción establecida en el artículo 29 de la Constitución.
En su definición para tratar de justificar esa intervención, el proyecto indica: “El tiempo de paz es un estado contrario a la guerra, en donde no existen hostilidades por parte de estados extranjeros, pero puede haberse quebrantado la tranquilidad y el orden sociales.
Es decir, una afectación a la seguridad interior puede ser coexistente con un estado contrario a la guerra; esta afectación debe ser atendida sin que medie declaración de guerra porque no se trata de una problema bélico de origen externo, sino de una situación interna que altera la armonía social.
Asimismo, refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que la fuerza armada permanente puede intervenir como auxiliar en materia de seguridad pública, pero en materia de seguridad nacional, dependiendo de la gravedad de la situación, debe participar, ya sea en apoyo de la autoridad civil con el Plan DNII, o como coordinadora de acciones para enfrentar un desafío o una amenaza que, sin llegar al extremo de la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, requiere atención inmediata y eficaz que los cuerpos policiacos preventivos y las autoridades civiles no están capacitados para proporcionar.
En ese sentido, indica que la intervención militar contra el narcotráfico no requiere de la autorización del Congreso “cuando esa situación está geográficamente localizada y no afecta de manera directa a todo un estado o región; (y) cuando se pueden escalar opciones de atención, antes de recurrir al expediente de la suspensión o restricción de derechos humanos y sus garantías.
Existen, pues, posibilidades de atender situaciones graves sin llegar a la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, como existirían posibilidades, aun en caso de un peligro de guerra, de enfrentar la situación sin acudir a la restricción o suspensión.

Las comisiones plantean que se considerarán obstáculos a la preservación de la seguridad nacional delitos que si bien no están clasificados con ese carácter ni tienen el propósito de atentar contra ella, surten efectos de tal severidad que verdaderamente la ponen en peligro.
El caso más frecuente, justifica, es el narcotráfico, “considerado como delito contra la salud, pero que en realidad produce secuelas de alto impacto social y gravedad para la gobernabilidad de municipios y estados. Un llamado ‘narcobloqueo’ tiene entre otros propósitos evitar la movilidad de las autoridades y facilitar el escape de delincuentes peligrosos. Si la conducta es reiterada, generalizada, violenta y limita u obstaculiza la acción de las autoridades encargadas de su persecución, estamos desde luego frente a un desafío o amenaza” a la seguridad nacional.
Asimismo, el proyecto le concedería al Ejecutivo la atribución de adoptar medidas urgentes y utilizar todos los recursos de que dispone para enfrentar amenazas provenientes del exterior, en una política que fue interpretada por legisladores como la puerta para la militarización con el pretexto de un riesgo para la integridad del país.
Esas facultades forman parte de la propuesta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó a la Comisión de Defensa Nacional –cuando la presidía Ardelio Vargas Fosado (PRI), actual secretario de Seguridad Púbica de Puebla– y no estaban incluidas en la iniciativa de Felipe Calderón ni en la minuta del Senado, que consta sólo de siete títulos y 85 artículos.
El proyecto de dictamen añade un título octavo, del procedimiento para la defensa exterior, que incluye cinco nuevos artículos para definir una estrategia de defensa exterior que se regirá por una política que oriente su función, con la finalidad de preservar la integridad, la independencia y la soberanía nacional, como lo describe el documento de la Sedena.
Así, la propuesta de artículo 88 en el documento señala que en caso de amenazas provenientes del exterior que requieran la adopción de medidas urgentes para enfrentar la situación, el titular del Ejecutivo federal podrá ordenar las acciones necesarias, utilizando todos los recursos de que dispone.
El proyecto de dictamen señala que en caso de amenazas a la seguridad nacional, será necesaria la colaboración de todas las instituciones públicas para la defensa exterior y su adecuada implementación, la movilización de los recursos del país, la defensa civil de la población y la política de no intervención que debe aplicar el Presidente, de acuerdo con las facultades que le concede el artículo 89 constitucional.
Al evaluar dichos artículos, el diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), integrante de la Comisión de Defensa, aseguró que con ello el Presidente podrá decretar la militarización del país, aun sin consultar al Consejo de Seguridad Nacional, porque el artículo 89 no lo obliga. Y también, agregó, podrá movilizar tropas en conflictos bélicos a los que otros países soliciten la intervención de México.

Jueves 21 de abril de 2011

La propuesta de ley sobre seguridad nacional abriría la vía de la represión
militar contra movimientos sociales, opinan

· Reforma legal, riesgo para protestas sociales y políticas: se irían sobre la oposición

· El Ejecutivo ordenaría intervención de las fuerzas armadas si considera que un conflicto es una amenaza para el país

· El desafío podría ser de carácter político, electoral o laboral, detalla

· Se otorgan más atribuciones a fuerzas armadas y Cisen para tareas de espionaje, como laintervención de comunicaciones

· Circulación restringida de vehículos y mercancias, otro punto a discusión

Enrique Méndez

El proyecto de dictamen de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional abre la posibilidad de que el Presidente de la República solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra demovimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando considere que constituyan un desafío o amenaza a la seguridad interior.

El proyecto de dictamen a la minuta del Senado que modifica la citada ley, también incluye la atribución a militares, marinos y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para intervenir comunicaciones telefónicas previa orden judicial, realizar tareas de espionaje y seguimiento a presuntos miembros de la delincuencia organizada e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político.
Asimismo, como lo solicitó el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, a la comisión del ramo, concede a las fuerzas armadas restringir la circulación de mercancías y vehículos, revisar las pertenencias de particulares en las calles y a requerirles información concualquier herramienta que resulte necesaria, pero señala que el mando de esas acciones recae en el Ministerio Público.
Además, prevé que tanto el Cisen como militares y marinos puedan contar con informantes anónimos y que, para sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, puedan hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los derechos humanos y las garantías para su protección.
También, las comisiones que revisan la minuta del Senado añadieron un artículo quinto transitorio para definir que, si en un periodo de 90 días a partir de la entrada en vigor de las reformas, los gobiernos de las entidades con presencia del Ejército no solicitan al Ejecutivo la declaratoria de riesgo a la seguridad interior, los operativos cesarán y los militares deberán regresar a sus cuarteles.
El proyecto de dictamen –a revisión por un grupo de trabajo de cinco comisiones de la Cámara– incluyó cuatro definiciones sobre los riesgos a la seguridad interior.
Entre éstas destaca el concepto de desafío, como el obstáculo que afecta parcial o totalmente la integridad o estabilidad del Estado mexicano, y el de amenaza, como el obstáculo que atenta contra la permanencia o la existencia del Estado mexicano.
Con ese contexto, se pretende añadir a la minuta dos excepciones sobre la actuación de las fuerzas armadas en el libre tránsito de personas, mercancías y movimientos sociales o políticos, e incluso conflictos laborales.
Así, el artículo 74, fracción VII, en su párrafo segundo, establece:
No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.
El mismo caso se aplica en un nuevo párrafo al artículo 82, que señala:
La circulación de efectos, bienes o mercancías no podrá ser objeto de restricciones o prohibiciones, salvo cuando exista una declaratoria de afectación a la seguridad interior y sean necesarias para enfrentar desafíos o amenazas.

Los legisladores que presentaron el proyecto definen la seguridad interior como “el estatus de tranquilidad y paz social en el que las personas, sus derechos y bienes jurídicos tutelados por la Constitución y las leyes se encuentran protegidos debido a las acciones que despliega el poder público… lo que permite brindar a la población certeza en que el desarrollo de su vida gregaria habrá de darse en condiciones de tranquilidad, porque las instancias civiles y militares se encuentran alertas para detectar, identificar, desactivar o combatir los peligros que pudieran afectarla”.
Aun así, advierte que la seguridad nacional debe ser asumida como responsabilidad de todos y en ese sentido se establece la obligación de los habitantes del país de colaborar en su preservación y prevención, por lo que introduce el concepto de prevención social para que la sociedad se vea obligada a colaborar en las investigaciones judiciales y militares, y respetar los valores y las instituciones.

Nuevos poderes al Cisen

El citado proyecto incluye un capítulo para fortalecer las facultades del Cisen que –se plantea en la exposición de motivos– actúa en un marco legal que fue superado rápidamente o, dicho de otra manera, la ley privilegió la regulación del centro y no la integralidad de la función de seguridad nacional.

Los legisladores plantean que debe erradicarse la idea de que en México los servicios de inteligencia constituyen una labor de espionaje e intromisión a la vida privada de las personas, pero que, si ello llega a ocurrir, es un delito que debe sancionarse.

Ejemplos comunes

Por el contrario, añade, la inteligencia es una tarea especializada que consiste en obtener información por medios lícitos cuya sistematización, análisis y valoración puede alertar sobre posibles peligros a la sociedad, desde la existencia de un fenómeno meteorológico, un incendio interno o transfronterizo fuera de control, una enfermedad que afecta organismos vegetales, animales o a las personas; un desastre nuclear como el que se está viviendo (en Japón), hasta la agresión de grupos terroristas, una emergencia alimentaria o una crisis económica de graves consecuencias, por señalar ejemplos comunes.

En ese sentido, se incluye un artículo, el 19 –que tampoco formaba parte de la minuta del Senado–, para ampliar la influencia del Cisen.
Entre las nuevas facultades que se le otorgarían están el preparar estudios de carácter político, económico, social y demás que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre obstáculos a la seguridad interior.
También, proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de obstáculos que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el estado de derecho.
Además, brindar asesoría y prestar servicios en materia de control de confiabilidad a las instancias y a otras instituciones y autoridades del Estado mexicano, y asimismo hacer uso de información anónima y de colaboración de terceros para la operación de tareas de inteligencia.
La modificación considera que la información recabada por el Cisen, el Ejército Mexicano y la Marina en tareas de espionaje deberán clasificarse como reservadas.

Rechazan senadores más militarización en el país

· La propuesta de reforma de ley no pasará: senadores del PRI y del PRD

· De aprobarse la reforma, sería un Golpe de Estado legal, dicen

Andrea Becerril

Legisladores de PRI y PRD advirtieron que en el Senado no pasará una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permita al presidente Felipe Calderón avanzar hacia la militarización del país, como se plantea en el proyecto de dictamen de la Cámara de Diputados.

El priísta Francisco Labastida recordó que en el Senado les llevó más de un año aprobar la minuta que ahora se discute en San Lázaro, y resaltó que no debe darse por aprobado un proyecto que aún no se discute siquiera en comisiones.
Recalcó que en el eventual caso de que el dictamen se aprobara en esos términos, es muy difícil que lo avale el Senado. Destacó que en la mayoría de los países la utilización del Ejército requiere del refrendo del Poder Legislativo.
Si se aprobara, sería como dar un golpe de Estado con la ley en la mano, advirtió el perredista Tomás Torres. Indicó que la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional que se aprobó en Xicoténcatl –el 27 de abril de 2010– eliminó las facultades excesivas tanto al Ejército como al Ejecutivo federal, y aquellos aspectos que configuraban el paso hacia un Estado militarizado.
El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, el panista Felipe González González, expuso que no está de acuerdo en que se modifique la minuta para permitir al Ejecutivo enviar tropas al extranjero para colaborar en la solución de conflictos en otras naciones, y dijo que se trata sólo de un proyecto de dictamen que no se ha votado en San Lázaro.
Reveló que ya habló con diputados de su partido, quienes le dijeron que el anteproyecto aún no se discute y algunos legisladores del PAN no están de acuerdo. Agregó que la discusión no debe convertirse en pugna entre cámaras.
Por separado, Labastida Ochoa rehusó referirse a una posible pugna con los diputados del PRI.Soy muy cuidadoso con mis compañeros, pero no puedo dejar de mencionar las declaraciones que ayer formuló David Penchyna, acerca de que no pueden autorizar al Presidente de la República el uso irrestricto del Ejército.
A su vez, Torres sostuvo que en forma alguna podrían aceptar modificaciones a la minuta sobre el planteamiento inicial de Calderón o que incluso vayan más allá, como se prevé en el anteproyecto de dictamen. Definir la seguridad nacional a partir del concepto de seguridad pública es poner en manos del Ejecutivo la decisión, cualquiera que sea, para decretar en los hechos y en la ley la supresión de garantías.

El perredista agregó que el crecimiento de la violencia y la inseguridad no pueden ser pretexto para allanar el camino a la militarización del país, porque el Congreso le ha aprobado a Calderón todos los instrumentos legales necesarios para el combate al crimen organizado.
De la iniciativa para crear la Ley de Seguridad Nacional, así como de otras propuestas de Calderón, le hemos quitado aspectos que significaban violación de derechos humanos y normas estalinistas. Recordó cómo el gobierno federal ha malempleado, incluso con fines de persecución política, las figuras de arraigo y testigos protegidos.
No podemos consentir que se den manos libres al Ejecutivo para que utilice al Ejército sin declarar el estado de excepción y sin autorización del Congreso. Sería un retroceso en la conquista de las libertades ciudadanas, que han sido motivo de luchas históricas en este país desde el movimiento de Independencia de 1810, la Reforma, la restauración de la República y el movimiento armado de 1910.
Destacó que cuando dictaminaron la Ley de Seguridad Nacional tuvieron muy en cuenta en el Senado esas libertades, la reivindicación de garantías sociales, que no son posibles si no se respeta la institución pública y los derechos individuales. En más de un año que la minuta ha estado en San Lázaro debieron hacer esa misma valoración, recalcó.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, dijo que no hará ningún comentario hasta que el proyecto de dictamen se haya aprobado en San Lázaro. Sin embargo, reivindicó la seriedad del trabajo realizado en el Senado.

PRI y PAN presentan plan para que el Ejecutivo maneje a su libre albedrío a fuerzas armadas