MI MAYOR DESPRECIO. ¡ALIMAÑAS!

MI MAYOR DESPRECIO. ¡ALIMAÑAS!

PEPE MEJÍA

Miembros de la Policía peruana en una foto de archivo en Lima, Perú. Lucas Aguayo Araos / Europa Press

Secuestran el cadáver y se apropian de las cenizas. Responsable: la dictadura en Perú.

El pasado 11 de diciembre, a los 73 años, Miguel Rincón Rincón murió en prisión debido a una enfermedad terminal y sin recibir la atención médica necesaria.

Miguel Rincón, ex-militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), llevaba preso 29 años en la Base Naval del Callao, una prisión militar sin condiciones adecuadas para presos civiles.

Desde hace varios meses, Miguel Rincón presentó problemas de salud graves que necesitaban atención hospitalaria oportuna y continua. Sin embargo, las instituciones del Estado fueron negligentes y limitaron sistemáticamente su derecho a la atención en salud, incumpliendo además su deber de cuidado con una persona interna.

Desde que se notificó su deceso, la familia solicitó respeto al derecho a despedirse de su familiar y poder darle una sepultura digna. Sin embargo, la familia pasó tres días en la puerta de la morgue del Callao, sin recibir respuesta.

Al tercer día, la Fiscalía de la Nación de Perú se pronunció para negarles todo: no se les permitirá darle sepultura, tampoco presenciar la cremación ni guardar las cenizas de su familiar fallecido. La dictadura alega el cumplimiento de la Ley 31352 que otorga al Estado la potestad de disponer del cuerpo, cremarlo, y que las cenizas “sean dispersas en tiempo y lugar reservados”. Es decir, el Estado peruano ha legalizado la desaparición forzada y procederá de esta forma con el cuerpo de Miguel Rincón, violando así sus derechos fundamentales.

La Ley 31352 –promulgada y firmada por el presidente Pedro Castillo actualmente en prisión- atenta contra los derechos fundamentales de las familias de las personas condenadas, dándoles un trato discriminatorio y humillante que no se justifica en sus fundamentos.

Alberto Fujimori, responsable de graves violaciones a los derechos humanos y acusado de ejecuciones extrajudiciales durante el asalto a la embajada de Japón tomada por el MRTA, falleció rodeado de sus familiares y recibió sepultura casi con honores de Estado.

Rincón, independientemente que estemos de acuerdo o no con sus métodos, combatió las desigualdades.

Fujimori a través de sus políticas económicas defendió las desigualdades privatizando empresas públicas en complicidad con José María Aznar, quien nos llevó a la guerra con Irak.

Ambos, Fujimori y Aznar, han manifestado su desprecio por la vida y la condición humana.

La actual dictadura -que tiene a más de 70 personas asesinadas por ejercer su libertad de expresión en las calles- ha demostrado fehacientemente su inhumanidad. Dina Boluarte desprecia a las víctimas de la represión. La comunidad internacional, y el gobierno de Pedro Sánchez, calla o mira a otro lado.

El pasado 11 de diciembre, el ministro de Educación de Perú, Morgan Niccolo Quero Gaime, dijo lo siguiente: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”.

El desprecio de la condición humana no tiene precio ni horizonte con Dina Boluarte como cabeza visible de una dictadura que ha demostrado su menosprecio por la vida.

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