TODO ES SUCIO
JAVIER PÉREZ ROYO
Con la experiencia de los tribunales de
justicia españoles en general y del Tribunal Supremo en particular acerca de
los “pactos de conformidad” –mediante los cuales diversos protagonistas de un
delito fiscal intentan alcanzar un acuerdo con la finalidad, por lo general, de
evitar una pena privativa de libertad–, resulta ininteligible la actuación de
la que es objeto Fiscal General del Estado.
En el ordenamiento jurídico español, como acabo de decir, no cabe un pacto de conformidad tal como lo transmitió Miguel Ángel Rodríguez a diversos medios de comunicación. En el origen del pacto no puede estar nunca el Ministerio Fiscal. Tiene que estar siempre el autor del delito fiscal, que tiene que reconocerlo expresamente. Esto es lo que recordó en su nota aclaratoria la fiscal jefe de Madrid con el aval del fiscal general del Estado. Ninguno de los dos puede haber cometido delito alguno con ese desmentido de una información falsa.
Esto es imposible que el Tribunal
Supremo lo desconozca. En consecuencia, no se entiende que, ante una querella
contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal general del Estado por esa nota
aclaratoria, en lugar de rechazarla de plano y archivar el asunto, reconozca
que no se ha producido el delito de revelación de secreto con la nota
aclaratoria, pero empiece a especular con que se pueda haber producido el
conocimiento público del pacto de conformidad por un incumplimiento por parte
del Ministerio Fiscal del deber de respetar el secreto de las comunicaciones
entre el abogado de González Amador y el fiscal encargado del caso.
Con base en dicha especulación, el juez instructor ha puesto en
marcha una investigación inédita, que ha conducido a lo que se podría calificar
de “invasión” de la sede de la Fiscalía General del Estado, como si realmente
se estuviera persiguiendo al jefe de una organización terrorista o al capo de
un cartel de la droga.
La imagen que se transmite es de una falta de imparcialidad de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Da la impresión de que el Supremo
considera destruida la presunción de inocencia del fiscal general del Estado,
pero que, al no encontrar pruebas de ello, está montando una operación que
resulte insoportable para el fiscal y lo obligue a dimitir o que tenga un costo
político tan alto para el Gobierno que acabe en su destitución.
En los próximos días veremos en qué acaba este caso, en el que
todo es sucio, como escribió Miguel Ángel Rodríguez al transmitir a diversos
medios de comunicación su versión del pacto de
conformidad.
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