LO DE MUFACE Y LA PRIVATIZACIÓN
(CORRUPCIÓN) SANITARIA.
ELOY CUADRA,
escritor y activista social.
Lo de MUFACE es esa mutua sanitaria que agrupa a un millón y medio de funcionarios en España, que hace unos días supimos que tiene problemas y pudiera estar en vías de desaparecer, por las pérdidas acumuladas y la negativa de las aseguradoras médicas privadas a aceptar la oferta que presentaba el Ministerio de Sanidad. Casi a la par, este 22 de noviembre el Tribunal de Contratación Pública paralizaba las licitaciones de ISFAS y MUGEJU, mutuas de militares y de jueces respectivamente, ante la denuncia de una asociación de médicos privados. ¿Estamos ante el fin de las mutuas sanitarias públicas?, ¿qué está pasando?, ¿cómo afectará esto a la sanidad en general? Es hora de que nos detengamos un momento a ver qué hay porque el asunto es grave, como se desprende del título del artículo, cuando privatización sanitaria y corrupción van de la mano.
Lo primero será preguntarnos cómo es
posible que las mutuas sanitarias de jueces, de militares y de funcionarios que
datan de principios de la "democracia" puedan estar teniendo
problemas precisamente ahora. Al margen de lecturas y argumentos oficiales
y de que estemos ante un posible privilegio, una cosa está clara: la sanidad
pública en España pierde calidad a pasos agigantados, y los españoles cada vez
tienen más claro que interesa suscribir un seguro médico privado, dejando a la
sanidad pública para cuestiones más graves, si se quiere tener una mínima
calidad en asistencia sanitaria. Esta realidad ha disparado la
contratación de seguros médicos privados en los últimos años, generando
importantes beneficios a las principales aseguradoras. Tras un breve mapeo
vemos que el beneficio neto de Adeslas en 2023 alcanzó los 414,58 millones de
euros; DKV creció hasta los 951 millones de facturación con un beneficio neto
de 46 millones; el Grupo ASISA facturó 1.761 millones de euros tras crecer un
4,9%; la aseguradora Caser obtuvo beneficios por valor de 74 millones de euros
en 2023, lo que constituye un 2% más que en 2022; y los ingresos de Sanitas han
crecido un 12% en 2023 hasta 2.637 millones de euros, con un beneficio
operativo de 210 millones. En este contexto de bonanza, sabedoras las
aseguradoras de que el panorama va a continuar igual o incluso más favorable en
años venideros, ya no tienen la necesidad de recurrir desesperadamente a las
licitaciones públicas de las mutuas y se han plantado, y no aceptan, y piden
más, porque en último caso, si no hay concierto para MUFACE, saben que de ese
millón y medio de funcionarios, muchos, muchísimos contratarán seguros privados
con ellos. De modo que el beneficio les vendrá sí o sí, directamente del
Estado por un aumento considerable de la oferta económica si finalmente hay
acuerdo, o bien por nuevas contrataciones privadas si no
lo hay.
El caso del ISFAS y MUGEJU es diferente,
sí parece que había aseguradoras médicas concurriendo a la licitación, pero una
denuncia de la asociación de médicos privados Unipromel ha paralizado el
asunto. Aducen los médicos que estas mutualidades imponen la atención de
militares y jueces a muy bajísimo coste, obligando a los facultativos privados
a atender a muchísimas personas al día para poder cubrir los beneficios, con la
subsiguiente pérdida de calidad asistencial. La casuística en el caso de
militares y jueces puede parecer distinta, pero el detonante es el mismo: los
médicos privados, como las aseguradoras médicas privadas, saben que están en
una posición dominante, saben que en el futuro no les va a faltar trabajo y han
encontrado el momento propicio para presionar y sacar tajada. Y presionan por
una razón muy sencilla: saben que el Estado español y la sanidad pública están
entregados ambos al sector privado, cuestión en la que llevan años trabajando arduamente
los gobiernos de PP y PSOE alternativamente, en el desmonte y deterioro de la
sanidad pública a golpe de corrupción con la cantinela de la colaboración
público-privada y una supuesta eficiencia y reducción de costes.
Que la sanidad en España está altamente
privatizada nos lo muestran una vez más los datos y lo bien que les va a los
hospitales privados. Así leemos en un artículo del diario El
Mundo de mediados de este año que en España hay 438 hospitales
privados, el 57% del total, consolidando al país en el tercer lugar de Europa
en hospitales privados, solo por detrás de Alemania e Italia. Y si nos vamos a
los ingresos de los tres grupos hospitalarios más importantes, el
grupo Quirón Salud cerró el ejercicio de 2023 con un crecimiento del 8% en
facturación y 580 millones en beneficios antes de impuestos, el Grupo HM
Hospitales ha cerrado el ejercicio contable 2023 con 663 millones en ingresos y
un crecimiento de 46,4 millones, y el Grupo Vithas ha superado los 700 millones
en ingresos en 2023, también una cifra récord. Y ello por no seguir desgranando
la larga lista de hospitales privados del país con sus fabulosas cuentas. Esto
en lo relativo a los beneficios de los hospitales, si nos vamos a lo que nos
cuesta a los españoles la sanidad privada y concertada los datos de nuevo
hablan por sí solos, como leemos en una publicación del diario El Salto de
mayo de 2024: El dinero derivado a conciertos ya alcanza los
9.274 millones de euros, 251 millones más que en 2021 y 1.359 millones más que
en 2017.
¿Se justifica un aumento tan grande de
las partidas públicas que se derivan a los hospitales privados, cuando la
natalidad está estancada y cada vez más gente suscribe pólizas de seguros
médicos privados para pasar de la sanidad pública? Aquí es donde tenemos
que empezar a pensar que privatizaciones sanitarias en España, en muchas
ocasiones es sinónimo de corrupción. Corrupción por la entente diabólica
que forman tantas veces políticos y empresarios, por las puertas giratorias,
por los sobrecostes que no se controlan, o por el dinero que va del político al
empresario y vuelve luego del empresario al político en generosas aportaciones.
Y esto es así, no solo porque lo diga yo, lo afirman también con estudios
y más datos en la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP), cuando leemos en el mismo artículo de El
Salto que: la experiencia en las concesiones administrativas y
los centros semiprivados en España recoge unos sobrecostes de entre 5 y 11
veces respecto a la alternativa de gestión pública directa, “que en parte se
explican por la necesidad de estos centros de gestión privada de obtener
beneficios y rentabilidad para sus propietarios”.
Que los hospitales privados concertados
buscan el beneficio para sus accionistas a costa de todo lo vemos nuevamente en
los datos, y en las experiencias que todos alguna vez hemos tenido en estos
centros, donde, casualidad, casi seguro nos atendió un facultativo extranjero,
pero no uno alemán, francés, italiano o noruego, un médico de Latinoamérica.
Así al menos nos lo confirma el digital Newtral verificador de
noticias de mediados de este año, cuando afirma que: el 93% de los
médicos extranjeros en España son latinos. Médicos a los que
lógicamente se les va a pagar menos que a un médico español o centroeuropeo,
por el diferencial de renta de entrada que hay entre Latinoamérica y España
y la necesidad que tienen aquellos de trabajar en
nuestro país. Y el problema no es que los hospitales privados
concertados busquen el beneficio por estas formas legales aunque éticamente
cuestionables, es que lo buscan también a través de fórmulas corruptas con las
que se hace la vista gorda habitualmente, con la colaboración necesaria de
nuestras administraciones públicas. Titular de El Plural de
septiembre de este año: Denuncian al Gobierno de Moreno Bonilla por el
"mayor caso de corrupción de contratación sanitaria en
España". El PSOE-A ha denunciado que existen once informes
“demoledores” que detectan irregularidades en los contratos de emergencia realizados
por el SAS entre 2020 y 2021. También son conocidos los conciertos
millonarios del PP madrileño con el grupo Quirón, dineros que en parte han ido
de vuelta al PP a través de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, como leemos en
Eldiario.es: Los pagos de Quirón a la pareja de Ayuso se multiplicaron
por cuatro tras iniciarse su relación con la presidenta madrileña.
Con todo, lo grave no es que tengamos
corrupción en la sanidad privada concertada a través de los grandes contratos,
es que la tenemos también en lo que se factura cada día a los pacientes en mil
conceptos. Algo que muchos hemos podido comprobar alguna vez en Canarias,
cuando un paciente del sur o del norte de Tenerife o de cualquier otra isla con
una dolencia acude al hospital privado concertado que le toca por cercanía. Lo
que sucede cuando el paciente entra por allí es que le hacen todo tipo de
pruebas (analíticas, placas, escáner, mediciones), que facturan
convenientemente a la sanidad pública, para a continuación remitir al paciente
al hospital público de referencia en la mayoría de casos, donde de nuevo
le volverán a hacer las mismas pruebas que le han hecho un rato antes, con la
subsiguiente duplicidad del gasto sanitario. Trampas legales como estas, en mil
asuntos más. Y un último detalle que nos apunta la importancia de la corrupción
sanitaria en España y lo mucho que afecta a la calidad de la sanidad y a las
arcas públicas, la reciente creación de un organismo público cuyo nombre no
deja lugar a dudas: el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria.
Así vamos llegando ya al final de este
artículo y toca concluir. Como solución posible, sectores que defienden a la
sanidad pública frente a la corrupción y los sobrecostes de la concertada y la
privada, abogan por ir deshaciendo los conciertos y recuperando poco a poco la
sanidad pública como era antes, solución ésta por la que también yo apuesto,
aunque con mucho cuidado y muy progresivamente, dada la implantación del modelo
privado concertado. No será tarea fácil en ningún caso, pues soplan vientos
privatizantes muy fuertes, y además tenemos gobiernos de derechas en la
mayoría de Comunidades Autónomas con la Sanidad derivada a las Autonomías, y
hay otro gobierno de derechas acechando a la vuelta de la esquina para
entrar en Moncloa. En el asunto de las mutuas sanitarias de los
funcionarios, los militares y los jueces, si finalmente se mantienen será a
costa de pagar mucho más, y seguiremos manteniendo un extraño privilegio para
ciertas clases sociales. Si por el contrario desaparecen, la sanidad pública se
verá aún más colapsada y deteriorada. Y en este caso tanto como en el otro, los
grupos privados vinculados a la sanidad seguirán rindiendo beneficios
millonarios, y la sanidad en España seguirá teniendo tres clases sociales bien
diferenciadas. En el escalafón más bajo una buena parte de la población más
pobre, que no puede acceder a un seguro privado y ha de contentarse con la
sanidad pública, con listas de espera eternas, especialidades en las que no te
atienden y otras tantas complicaciones. En la parte media otro buen nutrido
grupo de la población que hace el esfuerzo de pagar una seguro médico
privado, donde también soportarán listas de espera largas y una atención
eso sí más rápida para especialidades, aunque con bastante menos calidad y
garantías que en la sanidad pública en la mayoría de casos. Por último, en la
parte más alta del escalafón social, otro grupo no tan numeroso de personas que
pueden tener sanidad pública, sanidad privada o las dos a la vez, y no les
preocupa mucho cómo de bien o de mal vayan ambas, pues tienen dinero suficiente
para pagar todos los médicos, ingresos, operaciones y tratamientos que les
hagan falta. Creo que no es necesario que les diga qué grupo social tiene una
menor esperanza de vida, y morirán antes, imagino que ya lo saben. Y bueno,
hasta aquí el artículo de hoy. Sí, la Sanidad Pública en España es de las
mejores del mundo, o igual ya no tanto. Sea cómo fuere, tenemos lo que nos
merecemos, es lo que hemos votado.
Eloy Cuadra, escritor y activista social.
ENLACES DE
REFERENCIA:
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=6411
https://www.newtral.es/medicos-extranjeros-espana/20240425/
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2024/04/25/662a6253e4d4d8726e8b45ec.html
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