MARLASKA, MELILLA Y LA VIOLENCIA EN LA FRONTERA SUR

 

MARLASKA, MELILLA Y LA VIOLENCIA

 EN LA FRONTERA SUR

 SARAH BABIKER

El principio de que hay que evitar la entrada en el país de las personas migrantes a toda costa, rige las políticas migratorias

“Episodio violento, violencia, agredidos de forma violenta”. Todas estas expresiones utilizaba el pasado martes 21 de septiembre el ministro de Interior Fernado Grande-Marlaska en unos pocos segundos, durante su intervención en la tribuna del congreso cuando respondía sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio, en el que murieron al menos 27 personas. Cuando Marlaska hablaba de violencia, sin embargo, no se refería a la sufrida por las personas que acabaron asfixiadas y aplastadas después de intentar atravesar la frontera. No, el ministro de Interior se refería a la violencia de los muertos, o al menos de las personas que como ellos intentaron colectivamente llegar a Melilla y a los que se respondió, según viene defendiendo el ministro, “con un uso proporcional de la fuerza”. En todo caso, quiso dejar claro, ya la Fiscalía General está investigando los hechos.

 

Marlaska ha acumulado desde su toma de posesión un curriculum incómodo para la izquierda y, sin embargo, parece tener su puesto bien afianzado en el gobierno. “Si lo que pasó el pasado 24 de junio hubiese sucedido con el PP, ¿qué hubiera pasado?”, se pregunta Miguel Urbán

 

Marlaska justificaba una vez más acciones que han recibido la condena de las organizaciones sociales las cuales han pedido su dimisión. No era la primera vez, en el verano de 2021 fueron 36 los colectivos que demandaron la dimisión de Marlaska, después de que el ministro intentara organizar la devolución ilegal de cientos de menores a Marruecos. En otoño del año 2020, fue la situación en el muelle de Arguineguín la que provocó la demanda de su salida del gobierno. El ministro ha acumulado desde su toma de posesión un curriculum incómodo para la izquierda y, sin embargo, parece tener su puesto bien afianzado en el gobierno.

 

“Si lo que pasó el pasado 24 de junio hubiese sucedido con el PP en el gobierno, ¿qué hubiera pasado?”. Quien se hace esa pregunta es Miguel Urbán y lo hace desde un lugar relevante: Melilla, allí estaba este eurodiputado el pasado martes con una delegación de parlamentarios europeos y periodistas. El anticapitalista es uno de los que más han reclamado que Marlaska deje la cartera, y lamenta sentirse un poco solo, al menos institucionalmente hablando.

 

Frontera sur

 

La delegación de europarlamentarios que viajó la semana pasada a Melilla lo hizo con la intención de hablar con las organizaciones de la sociedad civil y testigos del salto. También esperaban encontrarse con la delegada del gobierno en la ciudad, así como atravesar la frontera y reunirse en Nador con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

 

Solo consiguieron la primera parte, en sus conversaciones con organizaciones y migrantes, explica el eurodiputado, la delegación escuchó testimonios que cuestionaban el rol de las fuerzas de seguridad españolas aquel 24 de junio. “La gente con la que hablamos explica que no solo España es corresponsable de los asesinatos, sino que la policía española ha participado con material antidisturbios, gas, pelotas. Lo que contaban era que en la puerta del barrio chino, en la frontera, ya en suelo español, hubo un aplastamiento que posiblemente generó la asfixia. Según el informe marroquí, ahí se produjeron la mayoría de las muertes”. Aún siendo un informe de parte, reflexiona Urbán, apunta a que, según las personas con las que se entrevistaron, 500 personas se aplastaron en un lugar muy reducido mientras la policía les lanzaba gas. Por lo tanto, presumen que ese gas contribuyó a la asfixia. Si hubieran abierto la puerta desde el lado español, se puede deducir, se habrían salvado vidas.

 

Algunos activistas han comentado a la delegación que, preguntados por periodistas sobre por qué no habían abierto la puerta, agentes de la guardia civil que se hallaban custodiando la frontera en ese momento respondieron llanamente que si hubiesen abierto la puerta, las personas migrantes habrían entrado. “Siguiendo su lógica podrían haberles dejado entrar y devolverles después como hicieron con otros”, apuntaba irónicamente Urbán por teléfono.

 

Marruecos no quiere saber nada

 

Si la delegada del gobierno no se dio por enterada, el gobierno marroquí estaba al tanto de la llegada de la delegación, en la que, además de Miguel Urbán, viajaban la diputada alemana Cornalia Ernst, el ex eurodiputado de Bildu Pernando Barrena, un equipo internacional de abogados que estarían trabajando en una querella para investigar la masacre, junto a integrantes de organizaciones internacionales y periodistas procedentes de Alemania. Los 16 nombres de quienes intentaron cruzar la frontera figuraban en una lista del lado marroquí. Cuando quisieron atraversarla, el martes 20, según se aproximaban caminando —actualmente solo se puede cruzar el paso a pie— los gendarmes marroquís cerraron los torniquetes, narra Urbán.

 

Al día siguiente, cuando se presentaron con las abogadas, sí que consiguieron al menos llegar al control de pasaporte, donde descubrieron la existencia de esa lista que vetaba su presencia en territorio marroquí. Si bien el europarlamentario de Anticapitalistas no contaba con ingresar en el país, el hecho de rechazar la entrada de una delegación del Parlamento Europeo “aunque no fuera oficial”, apunta Urbán, le parece paradigmático de la situación en Marruecos, con un punto de inflexión en la impunidad de la que hace gala en los últimos tiempos.

 

En Nador los integrantes de la delegación debían encontrarse con la AMDH: el objetivo, visitar los montes en los que acampaban las personas migrantes —y donde habían sido duramente perseguidos durante semanas— , ir a las fosas comunes en los cementerios donde están enterrados, y acudir a la vista pública del miércoles en la que se juzga a parte de los supervivientes: “se les acusa de ser mafia. Lo que están haciendo es coger a cabezas de turco”, apunta el eurodiputado.

 

Lejos del corazón de Europa

 

Llegar a la frontera Sur de Europa, descubrir la opacidad y falta de transparencia con las que se aplican las políticas migratorias en las fronteras europeas dentro de África, ha supuesto un cierto shock para los eurodiputados. “Los europeos tienen una visión distorsionada”, la realidad de esta frontera está poco presente en la agenda de la Unión Europea, apunta Urbán. Sin embargo: “La frontera sur cumple todo lo que sería el control de la Europa fortaleza. Pero los mínimos controles de rigor de los parámetros europeos no se cumplen ni se van a cumplir.

 

Y es que cuanto más al sur están las fronteras, más impunidad para las prácticas que vulneran los derechos de las personas migrantes, especialmente cuando la relación con los países de tránsito se basa en impedir la movilidad. A cualquier costo. El pasado 12 de septiembre, la gendarmería marroquí disparaba contra un grupo de personas migrantes que intentaban tomar una patera en la playa de Akhfennir rumbo a Canarias. Organizaciones civiles se han manifestado desde entonces, como sucedió el pasado martes 20, ante la embajada de Marruecos en Madrid. “No podemos seguir asumiendo, tras los luctuosos sucesos mortales de la Valla de Melilla, que los Derechos Humanos estén condicionados a las colaboraciones económicas entre países”, denunciaban nueve colectivos en un comunicado, el 13 de septiembre.

 

Marruecos no solo impide que pase gente a cualquier precio si no que es un eslabón necesario en la expulsión de quienes ya están aquí. El pasado 8 de septiembre el Gobierno deportó a un joven de Costa de Marfil a Marruecos a pesar de que la rápida respuesta de la sociedad civil había logrado la suspensión cautelar de la devolución. La deportación de personas migrantes a países terceros de tránsito —como empezó a denunciarse a principios de 2020, con la devolución de ciudadanos malienses a Mauritania— supone otra forma de “cooperar” en el control de fronteras que obtiene España en sus negocioaciones con sus vecinos del sur.

 

“No podemos seguir asumiendo, tras los luctuosos sucesos mortales de la Valla de Melilla, que los Derechos Humanos estén condicionados a las colaboraciones económicas entre países”, denunciaban colectivos tras la muerte por disparos marroquíes de una mujer migrante en la playa de Akhfennir

 

Mientras, las iniciativas para confrontar estas políticas migratorias no descansan, desde la petición continua de investigaciones por parte de las organizaciones a las propias protestas de las personas migrantes, que denuncian las condiciones en las que son “acogidos”. Es el caso del CIE de Zapadores, en Valencia, donde los internos tuvieron que hacer una huelga de hambre para mejorar la alimentación, tras haber recibido comida con gusanos. Meses antes, otra movilización protagonizada por migrantes en el CETI de Melilla consiguió un cambio en el trato por parte de los agentes de seguridad del centro, tras haber denunciado agresiones.

 

La organización de las personas migrantes también se ha concretado en la ILP por la regularización que apura sus dos últimos meses para conseguir la documentación de la población migrante en situación administrativa irregular, residente en el país, una demanda que vienen reclamando desde 2020. También se ha manifestado con la llamada a la participación del Movimiento Fuerza Migrante, en València, una iniciativa que pretende movilizar el voto migrante para defender su propia agenda en las instituciones, ante el nuevo ciclo electoral que se abre.

 

Sin embargo, en cuanto a la sociedad en general, la impresión, lamenta Urbán, es que la impunidad recibe legitimación a través de la indiferencia de la gente: “hay como una disociación en torno a esto. Por un lado está el, ya sabes, como tenemos muchos, muchos problemas esto no es cosa nuestra. Por otro lado, impera una lógica muy xenófoba: que no venga más gente ya”. Es decir, que no es una cuestión de falta de conocimiento sino de no sentirse concernidos.

 

Por ello, algo como la dimisión de Marlaska podría suponer un revulsivo. “Si matan y asesinan a 45 personas al menos, porque se habla de 70 desaparecidos, y no cae nadie, el elemento impunidad es tan brutal que luego todo, absolutamente todo vale. Nos tenemos que cobrar una pieza al menos, aunque eso no va a restablecer las vidas de esas personas”, explica el eurodiputado. “Pero al menos, que pase algo”.