MARLASKA DIMISIÓN
MIGUEL URBÁN
El ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una sesión de control al Gobierno, en el
Senado, a 15 de noviembre de 2022, en Madrid (España).- EUROPA PRESS
Finalmente hoy, 17 de noviembre, después de más de cuatro meses de lo sucedido en la valla fronteriza entre Nador y Melilla, la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo ha celebrado una audiencia para debatir lo sucedido aquel 24 de junio. Un terrible suceso en el que la acción coordinada entre la gendarmería marroquí y la Policía española dio como resultado una auténtica matanza: al menos, que sepamos, murieron unas cuarenta personas, otras tantas fueron gravemente heridas, setenta siguen desaparecidas y otros 15 se encuentran en Marruecos en un proceso judicial, acusados de desobediencia y pertenencia a banda criminal.
La celebración de
esta audiencia ha tenido que esperar cuatro meses debido a que Grande Marlaska,
ministro del Interior, al que se había enviado oficialmente invitación para
comparecer, ha rechazado en el último minuto su participación en la misma.
Aduce para negarse a comparecer que "ya existe una investigación en
curso" y que quien quiera puede visualizar la intervención que ya hizo
sobre el tema en septiembre, ante el pleno del Parlamento español. Una
respuesta impropia e inaceptable ante la gravedad de lo acontecido en la valla
de Melilla, y que además es insólita, siendo la primera vez que un ministro del
interior rechaza una invitación a comparecer en el Comité LIBE, en esta
legislatura. De hecho, la mayoría de mis colegas de otros países se negaban a
barajar la posibilidad de que Marlaska rechazara la invitación, porque si bien
no estaba obligado a comparecer, no hacerlo suponía una ruptura del decoro
parlamentario inconcebible para muchos diputados y diputadas.
Sin embargo, los que conocemos las maneras de Marlaska ya
sabíamos que no se atrevería a venir a dar explicaciones al Parlamento Europeo,
porque lo cierto es que, cada día que pasa, con todas las evidencias que van
apareciendo, es más y más difícil mantener la versión inicial, que exculpa de
toda responsabilidad a las autoridades y fuerzas de seguridad españolas.
Y aun así, Marlaska
sigue manteniendo que la intervención, tanto de la guardia civil como de la
gendarmería Marroquí, fue coordinada, proporcional y adecuada, y que las
muertes fueron responsabilidad de unas
mafias "imaginarias". Todo ello a pesar de que como ya mostró
Público en su momento, y como ya ha corroborado el Defensor del Pueblo y la
investigación realizada por la BBC, no solo el uso de la fuerza fue totalmente
desproporcionado, sino que el principal embotellamiento y aplastamiento mortal
se produjo en territorio español, mientras la Policía repelía a las personas
migrantes con material antidisturbios y mantenía cerrada la puerta fronteriza,
en un claro caso de omisión de socorro. El simple hecho de haber abierto la
puerta del paso fronterizo del "barrio chino" podría haber impedido
la asfixia y por tanto la muerte de muchas personas.
Tanto el uso de la
fuerza como el desprecio que mostraron la Policía española y marroquí hacia las
personas heridas, es la clara expresión de la mortífera política de
externalización de fronteras que mantienen España y la Unión Europea, con la
satrapía de Marruecos. Aunque el gobierno de Marruecos sea el culpable de
permitir que sus agentes y cuerpos policiales violenten a las personas
migrantes, la posición del Gobierno de España hacia estas personas asume, alimenta
y legitima dicha violencia. No podemos olvidar que la externalización de
fronteras por parte de la UE es un elemento clave de la necropolítica
migratoria de la Europa Fortaleza que se salda cada año con cientos de muertes.
Por ello, no
podemos sino condenar la doble moral y la hipocresía que las instituciones
españolas y europeas mantienen en su trato a, por un lado, las personas
refugiadas de Ucrania, a las que se ha intentado brindar una acogida más o
menos digna, y por el otro, el trato inhumano y criminal que se reserva a la
población africana que huye de conflictos armados, de hambrunas, de las
consecuencias del cambio climático o de la miseria. Esta situación cuestiona el
derecho a tener derechos de una parte de la población según su procedencia o el
color de su piel, unas políticas migratorias que solo se sustentan desde el
racismo institucional.
Tampoco podemos
olvidar que la matanza del 24 de junio ha inaugurado una "nueva
etapa" en las relaciones entre España y Marruecos, asentada después de que
el Gobierno español respaldara públicamente la propuesta de la autocracia
Marroquí sobre el establecimiento de un régimen de autonomía para el Sáhara.
España abalaba así la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y
modificaba la tradicional postura de equidistancia española sobre el conflicto,
que defendía "una solución política, justa, duradera y mutuamente acordada
en el marco de Naciones Unidas" . Todo ello a cambio de que Marruecos siga
haciendo de matón de las fronteras europeas.
En conclusión, con
todas las evidencias que ahora tenemos encima de la mesa, con más de cuarenta
personas muertas y al menos setenta desaparecidas, cada día que pasa sin que
Marlaska dimita o sea cesado es un día más donde se afianza la impunidad de las
políticas migratorias de muerte de la Europa Fortaleza. Si Sánchez no cesa a
Marlaska, sus socios de gobierno se deben de plantar ante esta situación y
exigir su cese del Consejo de Ministros. Mas allá de que no venga Marlaska al
parlamento europeo, nuestro compromiso es seguir presionando para esclarecer lo
ocurrido y depurar las responsabilidades políticas y judiciales de estos
crímenes. No podemos olvidar que los derechos humanos, gobierne quien gobierne,
no son negociables.
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