IGUALA, LA CIUDAD DEL INFIERNO.

IGUALA, LA CIUDAD DEL INFIERNO.

POR LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

 En los alrededores de Iguala, los sicarios que habían privado de su libertad y tenían en su poder al ingeniero Arturo Hernández Cardona y a otros tres compañeros suyos, le dieron una nueva tanda de tablazos, latigazos y golpes con el canto de los machetes. Era cerca de la medianoche del 31 de mayo de 2013 y amenazaba con llover.

Allí llegó el alcalde del municipio, José Luis Abarca, en compañía de su jefe policial, Felipe Flores Velázquez. No iba a salvar al ingeniero sino a ejecutarlo. Vestía pantalones ajustados negros, jersey oscuro y ceñido, y gorra. Colérico, ordenó a los matones que volvieran a torturar a Hernández Cardona.

Fuera de sí, el presidente municipal sentenció: ¿Qué tanto estás chingando con el abono? ¡Y te dabas gusto pintando mi ayuntamiento! ¡Ahora yo me voy a dar el gusto de matarte!

El jefe de la policía municipal levantó del piso a Hernández Cardona y lo condujo al borde de una fosa recién excavada, junto a unos árboles. José Luis Abarca le puso el cañón de una escopeta junto a la mejilla del lado izquierdo, y jaló el gatillo. El ingeniero se derrumbó. Uno de los pistoleros lo arrastró y aventó a la tumba.

Felipe Flores le aconsejó a Abarca: Métele otro putazo para que se lo lleve la chingada, porque ya va a llover. Obediente, el edil le disparó en el pecho. Sin taparlo, el cuerpo quedó tirado en la fosa. Muy pronto cayeron las primeras gotas del aguacero que inundó el hoyo.

Más tarde, cuando intentó huir, los matones del cártel de Guerreros Unidos asesinaron a Félix Rafael Balderas Román y lo echaron a la misma fosa. No por mucho tiempo. Después de recibir una llamada, los pistoleros desenterraron los cuerpos, los metieron en una camioneta y los llevaron a Mezcala. Y, para no dejar testigos, ultimaron allí a otro de sus prisioneros: Ángel Román Ramírez.

En medio de la confusión, uno de los secuestrados, Nicolás Mendoza Villa, chofer del ingeniero, logró escapar. Con valor, denunció los asesinatos ante el notario público número 47 del Distrito Federal y con Miguel Ángel Cuevas Aparicio, agente del Ministerio Público del fuero común. La Procuraduría General de la República (PGR) ignoró la acusación.

Detenido el pasado 16 de octubre, Sidronio Casarrubias Salgado, conocido como El Chino, uno de los líderes de Guerreros Unidos, de 44 años y originario de Teloapan, confesó su responsabilidad en estos homicidios como parte de los servicios prestados a José Luis Abarca.

“Otro de los casos que le hemos quitado de encima al presidente municipal –di­jo a las autoridades– es el de un líder que le andaba dando mucha lata, integrante de una agrupación. Éste le solicitaba un puesto para regidor y un camión de fertilizante. El presidente se lo iba a entregar, pero como el líder se portó muy ‘exigentito’, el presidente mejor decidió matarlo.”

El ingeniero Arturo Hernández Cardona era dirigente del Frente de Unidad Popular (FUP) de Iguala. Participó en 1988 en el Frente Democrático Nacional y en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Luchaba por mejores condiciones de vida para los campesinos y gestionaba proyectos productivos. En los comicios de 2012 apoyó la candidatura de José Luis Abarca, parte del grupo Nueva Izquierda, a la presidencia municipal de Iguala. A cambio, éste ofreció entregarle fertilizante para las comunidades que asesoraba y la regiduría de desarrollo a su esposa.

Ya en el poder, el edil no cumplió ninguna de sus promesas. Y se despachó con la cuchara grande. Puso en la nómina a sus familiares y amigos, y a los de su esposa, María de los Ángeles Pineda, conocida como Lady Iguala. El narcotráfico floreció en el municipio al lado de la industria de la extorsión y el secuestro. Estableció relaciones estrechas con los mandos del 27 batallón de infantería. Y, metido de lleno en el uso de recursos públicos para fines personales, mandó a ejecutar a Justino Carbajal Salgado, síndico de administración del ayuntamiento, porque se negaba a firmarle los cheques sin conocer los conceptos para los cuales sería empleado el dinero solicitado.

El malestar contra la administración de Abarca y Pineda cundió rápidamente. El 2 de abril de 2013, durante una reunión para acordar la realización de obras públicas, Hernández Cardona le reclamó al alcalde su nepotismo, la asignación facciosa de obras, la lentitud en las investigaciones del crimen de Justino Carbajal, así como su responsabilidad en el homicidio. Indignada, Lady Iguala trató de golpear al ingeniero y le advirtió: El delincuente eres tú, hijo de la chingada. No sabes con quién te metes. Te vas a morir, te vas a morir.

Para protestar con la situación imperante, el 21 de mayo, más de 500 integrantes del FUP acompañados de normalistas de Ayotzinapa, se movilizaron en Iguala. El presidente municipal se negó a recibirlos. La multitud tomó el palacio y pintarrajeó las paredes. Abarca montó en ira.

Una semana después, en las oficinas del ayuntamiento, el alcalde quiso intimidar a Hernández Cardona. “¡Ya me tienes hasta la chingada, pendejo! –le gritó–; tengo gente que me hace mis trabajos.” Uno de sus pistoleros le aconsejó a su jefe: mándalo a la chingada. De todas maneras se lo va a cargar la chingada. Al día siguiente, las amenazas se hicieron realidad.

El 3 de junio, centenares de simpatizantes del FUP y estudiantes de Ayotzinapa marcharon en Iguala para condenar los crímenes. Enardecidos, apedrearon la alcaldía. Uno de los secuestrados que logró escapar de sus captores, Héctor Arroyo Delgado, llamó por teléfono a la manifestación para contar a micrófono abierto, durante cuatro minutos y 26 segundos, lo sucedido.

La denuncia fue presentada también en el Congreso del estado, pero el diputado Bernardo Ortega, del PRD, no permitió que pasara. La dirección nacional del sol azteca fingió demencia.

Nicolás Mendoza Villa, quien presenció los asesinatos, señaló a los responsables, llevó el caso ante la CIDH junto el obispo Raúl Vera y Sofía Mendoza, viuda del asesinado líder, y vivió para contarlo, asegura: Jamás regresaría a Iguala, es el infierno.

Las autoridades civiles, policiales y militares del país sabían de ese infierno, en el que, casi 15 meses después, fueron asesinados y desaparecidos los normalistas de Ayotzinapa. Nada de eso habría sucedido si hubieran actuado