LEGALIDAD Y
JUSTICIA EN TIEMPOS DE CRISIS CAPITALISTA
COSTAS
PANAYOTAKIS
En España se
apela a la legalidad capitalista como una coartada que justifique la
cooperación con un orden social opresivo.
La
habilidad de las sociedades capitalistas de posar como democracias depende,
entre otras cosas, de una cierta interpretación del papel de las leyes dentro
de un orden social más amplio. La ley principal se supone que debe ser un
garante de la democracia e igualdad, ya que está basada en el trato igualitario
a todos los ciudadanos.
La
Ley, además, se supone que es el sine qua non de la vida social civilizada, ya
que, sin ella, el caos y la guerra de todos contra todos seria el
resultado. La Ley, en definitiva, es
funcional para la vida social, ayudando a asegurar que la sociedad y sus
instituciones sirven al bien común.
Es
más fácil defender este punto de vista 'funcionalista' de la ley y la vida
social en tiempos de auge capitalista, tanto porque los empleos son más fáciles
de encontrar y porque es más fácil el financiar concesiones a las clases
subalternas cuando las ganancias capitalistas y los ingresos fiscales del
Gobierno están en aumento. Esto, por otro lado, se hace más difícil en tiempos
de crisis económica, que amenazan la coincidencia de la legalidad y la legitimidad
que según Max Weber, caracteriza la vida política moderna. Permítanme
ilustrarlo haciendo referencia a una noticia reciente de España.
Roberto
Rivas, un bombero en la ciudad gallega de La Coruña está siendo acusado de
"alterar el orden público" porque se negó a participar en el desalojo
de Aurelia Rey, "una persona de 85 años de edad, mujer de su casa” (1)
España
es uno de los países de la periferia europea que se tambalea bajo las brutales
medidas de austeridad prescritas por las autoridades europeas
Contextualicemos
algo: España es uno de los países de la periferia europea que se tambalea bajo
las brutales medidas de austeridad prescritas por las autoridades europeas y la
canciller alemana, Ángela Merkel. El detonante de la crisis en España ha sido el
estallido de la burbuja inmobiliaria, que amenazaba la existencia de los bancos
españoles y europeos. Como sucedió en otros países de Europa y de otros
lugares, el gobierno español tuvo que intervenir para proteger al sector
financiero, mientras que obliga a los ciudadanos comunes a valerse por sí
mismos y a pagar por una crisis de la que
no son responsables. De ahí surge la epidemia de desahucios que llevo a
Rivas a tomar su decisión.
Pero
Rivas no es un héroe solitario que decidió luchar contra el sistema por sí
mismo. De hecho, su acción se dio por un movimiento anti- desalojo, en toda
España, que surgió de los Indignados, un movimiento de masas de jóvenes
españoles que protestan la falta de una real democracia, que se hizo más
evidente con la respuesta de las elites políticas españolas a la crisis
económica. Fue cuando los miembros de este movimiento se encadenaron a las
puertas de la casa de la sra Rey, como la policía no pudo proceder con el
desalojo, recurrieron a los bomberos con sus herramientas especiales para
cortar metal.
El
apoyo que Rivas ha recibido del público español desenmascara el verdadero
significado de los cargos a los que se enfrenta. Cuando los políticos
conservadores locales le acusaron de "alterar el orden público",
también revelaron inadvertidamente el significado de 'orden público' dentro de
una sociedad capitalista. Para respetar el orden público hay que estar
incondicionalmente junto a la dictadura del capital, aún cuando esto requiera
pisotear las vidas de los miembros más
vulnerables de la sociedad. Es la injusticia evidente de la legalidad
representada por la decisión de procesar a Rivas que socava la legitimidad del
orden social capitalista. Valiente acto del Sr. Rivas, así como de los que
participan en los movimientos anti- desahucio en España y en otros lugares,
sirven como recordatorio de la necesidad de fundar la legitimidad en la
justicia social y no en la legalidad capitalista. Por el contrario, apelar a la
legalidad capitalista como una coartada que justifique la cooperación de la
gente con un orden social opresivo no es un requisito de la "vida social
civilizada", sino un vehículo a través del cual "la ley de la selva”
del capital, sigue pisoteando las vidas y los sueños de la gente común.
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