LOS DERECHOS “INHUMANOS” DE LOS MIGRANTES

 

LOS DERECHOS “INHUMANOS” DE LOS MIGRANTES

JAYRO SÁNCHEZ 

 

Restos de ropa en la valla de Melilla tras la masacre. / Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos

 “Soy Basir, el refugiado sudanés que sobrevivió a la masacre de Melilla del 24 de junio del año pasado. Yo no elegí ser refugiado. No fue por elección que dejé mi país y mi familia, a la que amo, sino porque soy víctima desde que era solo un niño de una guerra de tribus y de la discriminación religiosa que puso en peligro mi vida en Sudán”. 

Con estas palabras comienza la carta que el joven de 24 años conocido como Basir envió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hace algo más de un mes. En ella, intentaba relatarle la desesperada situación que muchos peticionarios de asilo sufren por los numerosos problemas asociados a la gestión de sus demandas de protección internacional. 

El refugiado tenía 15 años cuando se vio obligado a huir de su aldea, situada en el estado sudanés de Kordofán del Sur. La población fue atacada por un grupo armado que asesinó a su padre y a su hermano. Él mismo fue herido de gravedad y dado por muerto, pero pudo ser trasladado a un centro hospitalario cercano y, con el tiempo, se recuperó de sus lesiones. 

Su madre consiguió avisarle de que la situación seguía siendo peligrosa y le pidió que no regresara, así que se desplazó a otra región de Sudán en la que vivían unos parientes que podían acogerle. Sin embargo, sus familiares intentaron hacer que renegara de sus creencias religiosas cristianas y forzarle a convertirse al islam, por lo que también tuvo que dejar aquel lugar. 

Un viaje sin fin

Abandonó su país en 2018 y comenzó un penoso viaje que le llevaría a Egipto, Libia, Argelia y Marruecos. En este último país, formó parte del grupo de 1.500 migrantes que intentaron saltar la valla fronteriza de la ciudad de Melilla el 24 de junio del pasado año, aunque él fue interceptado por agentes de la Guardia Civil y devuelto a territorio marroquí junto con otras 469 personas. 

“Aquel día, sufrí una violencia inmerecida, tanto por parte de la guardia fronteriza marroquí como de la española. Fui golpeado brutalmente, maniatado como si fuera un criminal y amenazado”, explica en la carta. 

Su historia es corroborada por los expertos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien afirmó que ese día “se registró una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos” y que el lanzamiento de piedras y botes de gas lacrimógeno a ambos lados de la valla “pudo intensificar la sensación de peligro”. 

“La situación de Basir es desesperada. Como él mismo subraya en su misiva, vive con miedo y angustiado. En la actualidad, se encuentra en Marruecos, a la espera de ser trasladado a España para poder solicitar asilo”, declara su abogado, Arsenio G. Cores, miembro del despacho jurídico DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos. 

Basir, superviviente de la masacre de Melilla, vive en la calle en Marruecos. Las autoridades podrían devolverle a Sudán, país en guerra

Vive en la calle, “cambiándose de ciudad cada poco tiempo para evitar ser localizado por las autoridades marroquíes”, que podrían expulsarle de su territorio de nuevo. “El riesgo que corre su vida aumenta de forma exponencial con cada día de espera, porque él ha sido el único de los supervivientes de la masacre de Melilla que se ha atrevido a levantar la voz contra los Gobiernos de España y Marruecos”. 

Asilo, no refugio

El 13 de diciembre de 2022, el joven sudanés solicitó la aplicación del artículo 38 de la Ley de Asilo en la embajada española en Rabat. Este procedimiento permite a los refugiados que permanecen en otros países pedir su traslado a territorio español, desde donde pueden demandar protección internacional cuando su integridad física corre peligro. 

“Casi tres meses después, fue entrevistado por el personal de la embajada. No tenemos ninguna noticia del estado de su expediente desde entonces. Ni el Ministerio de Exteriores ni la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), adscrita al Ministerio del Interior, nos han contactado. La petición de Basir ni siquiera ha sido comunicada con formalidad al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)”, asegura Cores. 

La disposición jurídica empleada por el sudanés ha sido utilizada de manera regular en los últimos años para trasladar a la península ibérica a los refugiados provenientes de Afganistán, y la mayoría de esas peticiones han sido resueltas de forma satisfactoria en cuestión de días. 

De igual manera, los ucranianos que se han visto forzados a abandonar su país por los horrores de la guerra cuentan con una herramienta legal especial, la Directiva 2001/55/CE de Protección Temporal, que les permite tramitar con rapidez su salida hacia España u otros países de la Unión Europea (UE) para formalizar sus peticiones de asilo. 

No todos son iguales

Durante los últimos ocho años, ACNUR ha contabilizado la llegada de 2.328.974 personas a Europa a través del Mediterráneo. Según sus estimaciones, otras 25.216 han muerto o desaparecido en sus aguas. Muchas de ellas provenían de países africanos como Egipto, Kenia, Marruecos, Senegal, Guinea, Sudán, República Centroafricana, Somalia, Eritrea, Chad, Malí, Níger o Costa de Marfil. 

Pero este tipo de migrantes no poseen las facilidades que sí tienen los refugiados afganos o ucranianos para conseguir protección en territorio europeo. “Estas vías están cerradas para las personas africanas en general y negras en particular”, afirma el abogado de Basir. De hecho, el joven sudanés pudo realizar su petición porque contó con la presencia física del equipo de DEMOS en Rabat. “Si no, su solicitud ni siquiera habría sido registrada”.

El principal problema relacionado con las peticiones de asilo es la dificultad de conseguir una primera cita con las administraciones 

La abogada y politóloga Julia Morales Jiménez, experta en derecho de extranjería, asegura que el principal problema relacionado con las peticiones de asilo reside en el hecho de que el migrante consiga una primera cita con las administraciones correspondientes para regularizar su situación. 

“Existe toda una mafia que las consigue con programas informáticos y que luego las vende a precios astronómicos. La cantidad más alta que he escuchado es la de 500 euros por persona”, cuenta. “En teoría, la comparecencia del solicitante de protección internacional debe realizarse en el plazo máximo de un mes desde su entrada en territorio español”. 

A pesar de ello, en algunos casos transcurren varios años hasta que la persona demandante consigue tener su primera entrevista de asilo. Mientras tanto, no le proporcionan un carné con un número de identidad de extranjero (NIE) ni un permiso de trabajo. “Lo único que puede hacer es permanecer en España esperando a que se le garantice un acceso real al sistema de asilo”, concluye Elda. 

La voluntad de ignorar el problema

Según la jurista, los trabajadores de la OAR se quejan de la “falta de personal” y de que “hay tal cantidad de solicitudes” que es imposible cumplir los plazos. Los datos del último informe anual de CEAR sobre las personas refugiadas en España confirman su hipótesis: al final del año 2022, 122.035 peticiones de protección internacional quedaban pendientes de formalizar en las oficinas del Ministerio del Interior. 

Marta Salvador, una de las letradas que conforman el departamento de Inmigración y Movilidad Internacional del bufete AGM Abogados, piensa que el Estado debería esforzarse más por hacer cumplir las medidas dispuestas en la Ley de Asilo. 

Pero también es consciente de que, en los países que forman parte de la UE, las políticas migratorias están marcadas por “la decisión de impedir que el acceso al sistema de protección internacional esté abierto a todas las personas que lo necesiten”. 

De hecho, España tiene una de las más bajas tasas de reconocimiento de solicitudes de la comunidad política europea. La suya alcanza el 16,5% cuando la media en Europa es del 35,8%, y solo adelanta a las de Malta y Chipre. 

Los números crecen

Los hechos acaecidos en Melilla a finales del mes de junio del pasado año demuestran que la situación es insostenible. Basir solo es uno de los muchos millones de seres humanos que se ven forzados a huir de su país de nacimiento. 

Así lo afirman los expertos de la CEAR, que explican que, en 2022, “las personas desplazadas por conflictos armados, violencias, persecuciones, violaciones de derechos humanos y el impacto del cambio climático aumentaron hasta superar, por primera vez en la historia, la barrera de los 100 millones”. 

Y, mientras tanto, los países que pueden brindarles un mayor grado de protección y seguridad siguen sin querer afrontar la situación en conjunto y de una manera responsable. Esto lo demuestran, por ejemplo, el aumento de la cifra de fallecimientos en las aguas del Mediterráneo y la reducción del número de llegadas de migrantes a Europa. 

El periodista Nicolás Castellano lleva 24 años cubriendo la evolución de la migración al continente europeo, y solo puede concluir que, en la actualidad, “emigrar se ha vuelto mucho más peligroso. Los que lo hacen son perseguidos con verdadero ahínco”. 

La mayoría de los gobiernos del mundo no son capaces de garantizar vías alternativas seguras para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que expresa que toda persona tiene derecho a “circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado” y a “salir de cualquier país”, así como de regresar al propio. 

Preguntas 

En realidad, muchos Estados incumplen numerosas disposiciones reflejadas en varios tratados internacionales con respecto al asunto de la inmigración. No solo no auxilian a las personas que quieren vivir en sus territorios, sino que tratan de impedir su entrada pagando a terceros países para que las expulsen de forma violenta de las fronteras, o empleando elementos lesivos como las concertinas para fortificar los límites de las regiones bajo su soberanía. 

Aun así, sus gobernantes se autocalifican de “demócratas” y como “defensores” de los “derechos humanos”. Y, mientras, critican las políticas promovidas por los “tiranos” autocráticos y dictatoriales que controlan el resto del mundo. 

Pero ¿qué principios democráticos defienden que miles de personas mueran ahogadas al año para sostener la elevada comodidad material de un pequeño número de individuos bien posicionados? ¿Cuáles son los derechos humanos que permiten la instalación de alambres de púas para frenar a un ser humano desesperado que huye de una guerra o que solo busca una oportunidad laboral de la que carece en su país?