DERECHOS DE AUTOR (ENTRE COMILLAS) por Nicolas Melini

DERECHOS DE AUTOR (ENTRE COMILLAS)

Por Nicolas Melini

Hace tiempo que vivo con escepticismo los discursos en defensa de los derechos de autor. Y la comprobación de que algunos gobiernos están dispuestos a una defensa activa de esos derechos no sofoca, en absoluto, ese escepticismo, más aún cuando compruebo cómo piensan defenderlos, hasta qué punto y con qué armas. Una de las razones de mi escepticismo es que, cuando referimos una y otra vez que hace falta defender los derechos de los autores, en realidad, solemos omitir que gran parte de los ingresos que se recaudan por esa vía pertenecen, no a los autores (escritores, directores de cine, guionistas, compositores musicales, etc.), sino a los editores y productores, algo que siempre me ha producido cierta extrañeza. Ponemos a los autores por delante y omitimos, obviamos o dejamos implícita la presencia de los intereses económicos de los productores culturales. Pensamos, da igual, es lo mismo. Pero no, ¿no? ¿No sería bueno que lo cuantificáramos, saber quién se juega qué según qué casos?, ¿no corremos el riesgo de actuar en nombre de unos pero en favor, sobre todo, de los otros, incluso de quienes ni siquiera hemos contemplado en esa ecuación como posibles beneficiarios de esa supuesta lucha por los “derechos de autor”? Pasan los años y seguimos poniendo a los autores por delante en toda clase de diatribas, ¿no deberíamos sospechar que pudiera haber ahí un engaño deliberado?

Hace mucho tiempo que vengo observando cómo, continuamente, nos referimos a la Sociedad General de Autores… omitiendo que es “de Autores y Editores”, y, aunque parezca una nimiedad, no he podido evitar preguntarme por qué si los editores –en esa sociedad—, reciben cada uno de ellos mucho más que cada uno de la inmensa mayoría de los autores, no se ha puesto primero a los editores: ¿por qué no se llama Sociedad General de Editores y Autores, SGEA en vez de SGAE?: ¿acaso porque los autores son más, aunque pesen menos a la hora de la verdad? En la SGAE, cuánto para los autores y cuánto para los editores. En la entidad de derechos reprográficos, CEDRO, cuánto para los autores y cuánto para los editores. ¿De verdad es correcto que dispongamos bajo el mismo paraguas nominativo (“derechos de autor”), emolumentos que perciben tanto autores como editores? ¿De verdad no se trata de una trampa? ¿De verdad, con la insistencia de poner por bandera a los autores, no se les instrumentaliza, a ellos y a sus derechos?

En los últimos tiempos, todo esto ha cobrado un significado mayor con la consolidación de Internet y la batalla que se está librando entre interesados diversos, en medio de una suerte de vacío legal propicio para cambiar las reglas del juego, hacer negocios al margen o subvertir las normas establecidas con anterioridad a la irrupción de Internet. Todo ello pone en cuestión la vigencia y posibilidad de defender los derechos de autor tal como los conocemos –su propia pertinencia en algunos casos—, y no sólo eso, también queda en cuestión (en ascuas) la libertad de circulación de los usuarios por este nuevo medio por el que nos comunicamos. Hemos tenido que observar con cierto estupor cómo, mientras unos esgrimen los derechos de los autores como bandera, otros tantos han estimado oportuno, en defensa de su libertad (algo cuando menos discutible), ridiculizar e insultar a los autores, en una batalla maniquea, absurda, demencial, hilarante. ¿Es este, de verdad, el meollo del conflicto? ¿Es eso –libertad de expresión versus propiedad intelectual, autores versus libertad en la red— lo que está realmente en juego?

Desde la oficialidad, por un lado se pone a los autores como bandera, y por otro se esgrimen unas pérdidas que son industriales; que no son de los autores. En qué quedamos. No hay más que leer el artículo recientemente publicado por el nuevo Ministro Wert. En este se refiere al asunto, reiteradamente, bien en términos de defensa de los derechos de los “autores”, bien, si no, para defender la “propiedad intelectual de los creadores culturales”. ¿Por qué no esgrime por bandera los derechos de la “industria cultural”, que sería lo más correcto? ¿Por qué es necesario poner por delante a los más débiles del sector, o inventar complicados eufemismos (“propiedad intelectual de los creadores culturales”) que sugieren que es a los autores a quienes se refiere, pero sin dejar de englobar vagamente a toda la industria?: ¿Se hace o no se hace por los autores?

Yo no dudo que el fortalecimiento de la industria cultural pueda redundar en la mejoría de las condiciones de los autores, algo absolutamente deseable. Tampoco dudo que la industria cultural pueda conseguir ganar esta batalla (aunque haya no pocos agoreros que aseguran que es imposible). Pero, si efectivamente consiguen recaudar de la red, como quieren, con las reglas de antes –que es el objetivo final una vez se ponga coto a quienes se lucran liberalizando contenidos que no son suyos—, ya veremos el reparto de todo eso. No dudo que ello pueda comportar ingresos para algunos autores, pero seguro que no van a ser en absoluto los grandes beneficiados. ¿No será que los están utilizando? ¿A cuántos autores conocemos que antes de Internet pudieran vivir de sus derechos de autor y ahora, por culpa de internet, no puedan? ¿De verdad el compromiso de la industria cultural con los autores es tal? Esa industria cultural ¿no tiene a su alcance la posibilidad de potenciar otros mecanismos para solidarizarse con los autores? Sí, ¿no? ¿Y por qué no los pone en marcha?

Ahora se cierne sobre la red una nueva legislación estadounidense que puede afectar más allá de sus fronteras, y no hay más que ver qué compañías están detrás de SOPA para hacernos una idea de quién se está jugando esos “derechos de autor” (porque, insisto, en la prensa se sigue hablando de “derechos de autor”, exclusivamente). Sería interminable enumerarlas aquí, haciendo loby podemos encontrar a más de 100 grandes corporaciones de la más variada composición (por un lado las previsibles de músicos, editores de libros y revistas, productores de cine, discográficas, exhibidores teatrales y empresas de televisión: American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), Gospel Music Association, Moving Picture Technicians MPA, National Cable & Telecommunications Association (NCTA), Time Warner, The National Association of Theatre Owners (NATO) y un largo etcetera). Pero, inmiscuidas entre estas, también podemos encontrar otras tantas de ámbitos muy distintos y mucho menos previsibles: Association of State Criminal Investigative Agencies, National Association of Manufacturers (NAM), Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), National Center for Victims of Crime, National Football League, National Governors Association, Economic Development and Commerce Committee, Major League Baseball, International Union of Police Associations, MasterCard Worldwide, Tiffany & Co., United States Chamber of Commerce, Economic Development and Commerce Committee, National Narcotics Offers’ Associations’ Coalition…

Mi perplejidad y mi escepticismo han aumentado, como comprenderán, ligeramente. Desde luego, esto parece un poco más complejo que lo que nos están vendiendo (ese ya clásico: “los escritores, músicos, pintores, fotógrafos y cineastas observan que les saquean su obra en la red”). Y podríamos argüir que, bueno, suerte para los autores, porque si sus derechos de autor no estuviesen imbricados con los de otros tantos actores, tal vez no tendrían fuerza suficiente para plantar batalla. Y sin embargo, convendrán conmigo en que se observa algún indicio de que pudiéramos estar hablando de algo más que “derechos de autor”, y que tal vez esto no sea más que la coartada para otra cosa. Dice el ministro Wert: “A mí me da igual que detrás de esta norma estén las presiones de los americanos, los lobbies de las majors, la SGAE, o los Amigos de la Capa Española. (…) Lo importante es si el bien que se protege tiene que ser protegido”. En efecto, esa es la cuestión, y lo que debemos cuestionar: ¿son los derechos de autor el bien que, realmente, se pretende proteger?

Ahora observamos cómo las autoridades de EE.UU., en un alarde de eficacia policial, cierran el mayor portal de descargas de contenidos, Megauplaud, detienen a sus “cabecillas” y nos lo cuentan: ¿De verdad los derechos de los autores son tan importantes?, ¿de verdad pensamos que todo esto es, sólo, por los derechos de autor?

Por supuesto, ojalá esta acción, y cualquier otra que venga, tenga efectos beneficiosos para la industria cultural. Ojalá sirva para defender los derechos de algunos autores, y ojalá también que no acarree consecuencias negativas para nuestra libertad en la red. Aún así, no consigo quitarme de encima la sensación de que, al menos en España, nos han estado manipulando cuando se ha omitido sistemáticamente que hay más intereses en este asunto que los que concierne a los autores. Y, sintiéndolo mucho, no veo por ningún lado el beneficio para los autores que pudiera derivarse de que se manipule a la opinión pública poniendo sus derechos como coartada. En cierto modo vengo a sentir que se trata de algo similar a los “beneficios para la democracia y la libertad” que ha tenido la guerra de Irak, hecha en nombre de la democracia y la libertad. ¿Qué va a pasar cuando los autores que se han estado batiendo en debates en defensa de los “derechos de autor” se den cuenta de que de esto, en realidad, no dependían sus garbanzos?

Y sin embargo, tampoco me puedo quitar de encima la sensación de que los autores, de pronto, tienen un poder que no están utilizando, que desaprovechan, que no toman porque ni están organizados (o lo están sólo a través de los intereses de otros) ni se dan cuenta. Si los gobiernos están haciendo esto, oficialmente, con los “derechos de autor” como coartada, más les valdrá a esos gobiernos que, en el transcurso, la situación de los autores mejore sustancialmente. No puede ser que perpetren esta persecución en la red en nombre de los autores y que estos se queden igual o peor que antes.

Pero esa oportunidad, de parte de los autores, no se aprovecha en alineación total y perfecta con las acciones de esa supuesta lucha “contra la piratería”. Habrá que cuestionar esa lucha y señalar todo aquello que, en realidad, no esté beneficiando a los autores, sino otros intereses. Habrá que esperar que, efectivamente, esos beneficios se produzcan. Y habrá que reclamarlos, si no, a quienes lideran esa lucha desde la política y las instituciones.