LA SALVAJADA DE BARCELONA
FERNANDO
LÓPEZ AGUDÍN
Las
imágenes de las cargas policiales en Barcelona dan la vuelta al mundo. De la
marca España no quedan ni las raspas. Las de la ciudad condal no son más que un
fragmento de la brutal represión policial que ayer mismo se abatió sobre
cientos de miles de pacíficos catalanes en toda Cataluña. Si se dice que una
imagen vale diez mil palabras, la colección de salvajadas de este 1 de octubre
constituyen todo un amplio diccionario sobre la baja catadura moral de la mafia
corrupta instalada en la Moncloa. Una cadena de políticos bajo sospecha de toda
clase de delitos, una fiscalía reprobada, un Tribunal Constitucional
desacreditado tras la última reforma del 2015 impuesta por el PP, han ordenado
a las Fuerzas de Seguridad del Estado protagonizar lo que será conocido como la
salvajada de Barcelona. En tan solo un único día, se han visto obligadas a
recuperar los malos hábitos que la desaparición de la dictadura del general
Francisco Franco había enviado al baúl de las viejas prácticas de Interior.
En
un día se han cargado el famoso modelo de la transición que había asombrado al
mundo al final de la dictadura. En veinticuatro horas han barrido al régimen de
1978. Ya mortalmente herido por la reforma del artículo 135 de la Constitución,
que nos condena a pagar la deuda antes que atender los gastos sociales de la
inmensa mayoría de los españoles, recibió el tiro de gracia de la mano de Rajoy
que firmó la carga policial contra una masiva concentración social. Adiós a
todo diálogo, a la transacción política; bienvenida a las porras, balas de
goma, gases lacrimógenos, salvas. Desde aquel gobierno de Arias Navarro, el de
los asesinatos de Vitoria, no se había vuelto a vivir en las calles las escenas
de violencia contra pacíficos manifestantes. Ilegales, es cierto, pero tanto como
lo eran los que se manifestaban entonces contra la legalidad preconstitucional.
Aquella consigna de Aznar, recortar todos los derechos democráticos de 1978
dada la actual debilidad de la oposición demócrata, ha dado ayer un gran paso
hacia delante.
Se
empieza demoliendo el Estatut de Cataluña del año 2006, votado por los
parlamentos españoles y catalán, se continúa negando el derecho a votar y se
termina con las competencias de las autonomías. Estamos a minuto y medio de un
paquete de propuestas de la derecha tendentes a cambiar la ley electoral, la
enseñanza, financiación y seguridad de algunas de las nacionalidades
históricas. Va en la misma dirección de poner punto final al pacto de la
transición por el que la derecha aceptó a regañadientes el Estado de las
Autonomías y el pacto social a cambio de que la izquierda tragara con la
bandera de los vencedores de la Guerra Civil y la II Restauración de los
Borbones. La ilegalización de John Maynard Keynes, como consecuencia de la
reforma del 135, ya se ha cargado todo aquel pacto social; la ofensiva
preconstitucional contra el derecho a votar se llevará por delante el sistema
autonómico. Detrás de los muñecos de Rajoy y Soraya, altos funcionarios del
estado de derecha, hay toda una estrategia invisible de corte involucionista.
Si
Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, levantara la cabeza, correría a gorrazos
a Sánchez y sus plañideras. No digamos de todos los líderes socialistas de la
II República. Que el socialismo avale la salvajada neofranquista de Barcelona
carece de explicación, comprensión o justificación. ¿Para qué compitieron con
Susana Díaz antes del verano? Para hacer la política de Susana Díaz nada más
empezar el otoño. Taparse las vergüenzas con la razón de Estado o el Estado de
Derecho es impresentable por cuanto cuentan con expertos y juristas más que
sobrados para saber que Rajoy es el asalto permanente a la razón de Estado y el
Estado de Derecho, que describía Giorgy Luckas como los pasos previos al
autoritarismo. Condenar las cargas policiales sin rechazar a quien como Rajoy
las ordena es puro cinismo que se esconde, además, en la defensa de las
instituciones, cuando es la Moncloa el más grave riesgo para las instituciones.
Los
letratenientes, habituales firmantes de manifiestos gubernamentales, son
igualmente cómplices de la salvajada de
Barcelona. Cabe, si es necesario, criticar la política de la Generalitat,
cuestionar la ilegalidad de su actuación, pedir que no se vote, siempre y
cuando vaya acompañado al menos de una mínima denuncia sobre la
irresponsabilidad del PPSOE en el tema catalán. Felipe González impidió el
procesamiento de Jordi Pujol en 1985; Zapatero traicionó el Estatut catalán que
promovió él mismo; Aznar movilizó al PP contra el gobierno catalán del
socialista Maravall y Rajoy acaba de abrir la caja de Pandora tras negarse al
más mínimo dialogo sobre una clara demanda de voto compartida por el 80% de los
catalanes. Este nuevo compromiso político de los intelectuales, al contrario
del sartriano, es el penúltimo reflejo de la degradación de la cultura llevada
a cabo por ese “poder cultural” que la ha manipulado a lo largo de varias
décadas desde el lobby de Prisa.
La
salvajada de Barcelona exige una moción de censura. Lo de menos es que cuente o
no con los votos necesarios. Si se presentó por la corrupción, mucho más lo es
por la involución autoritaria que se desprende del día dramático de ayer en
Barcelona. La extraordinaria amenaza de ruptura del Estado español, como
consecuencia de la política de Rajoy, que muera España para que viva el PP,
demanda a gritos un diálogo entre la Generalitat y un nuevo gobierno central
encabezado por un líder progresista que recoja todo el voto de centro
izquierda. Ese debate parlamentario permitiría visualizar a todos los
partidarios, directos e indirectos, de una política de enfrentamiento de todos
los pueblos que aún componen España, mediante la represión con la porra, las
bolas de gomas y los gases lacrimógenos. Urge poner pie en pared y frenar a
Rajoy tanto como emplazar a los que ponen dos velas al Dios de la Moncloa y una
al diablo.
