LA
SOSPECHOSA “TORPEZA”DEL MAGISTRADO JAIME REQUENA, PONENTE DE LA SENTENCIA DEL
‘CASO LAS TERESITAS’
Comisión Ciudadana de Apoyo
a Justicia y
Sociedad
En julio del año pasado, a escasos dos meses de
que se iniciara el juicio oral por el llamado “Caso Las Teresitas”, el presidente del tribunal, que también lo es de la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el magistrado Joaquín Astor Landete,
impuso una injusta, desproporcionada y, a nuestro juicio, innecesaria fianza de
28.000€ al abogado que en nombre de Justicia y Sociedad, asociación de juristas
canarios sin ánimo de lucro, lleva ejerciendo la acusación popular desde hace
años en dicho proceso.
Nunca descartamos que la imposición de este aval guardara relación
con la recusación planteada por la acusación popular al citado presidente del
tribunal –rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias–, que
estaba sustentada en las declaraciones de un testigo protegido que afirmó que
“Landete es el hombre en los tribunales de dos de los acusados, el empresario
Ignacio González y su hijo Pedro”. A pesar del brevísimo espacio de tiempo concedido
–apenas diez días- para hacer efectiva la fianza, una comisión ciudadana creada
al efecto fue capaz de recaudar la
cantidad exigida para que Justicia y
Sociedad siguiera en
el proceso garantizando la defensa de los intereses de las clases populares en
su lucha contra la corrupción y la injusticia.
Ayer se publicó en el periódico eldigitaldecanarias.net una noticia más sorprendente y escandalosa
aún. Según dicha noticia, el ponente de la sentencia del “Caso Las Teresitas”
tiene desde hace años relaciones de trabajo con el que ha sido abogado de uno
de los acusados.
En efecto, el magistrado Jaime Requena Juliani, uno de los tres
jueces integrantes del tribunal que
juzga los presuntos delitos, es desde el curso académico 2015-2016 profesor
asociado del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de La Laguna, cuyo
jefe es el catedrático de Derecho Penal Esteban Sola Reche, abogado defensor de Pedro González Santiago,
hijo de Ignacio González Martín, uno de los principales acusados en este
proceso. No sabemos si esa circunstancia puede ser motivo legal suficiente para
que el magistrado Requena Juliani se
hubiera abstenido motu proprio de
integrar el tribunal, pero lo que sí consideramos de sentido común es que, por
una cuestión de elemental ética profesional, D. Jaime Requena debió haber
informado públicamente de tal particularidad, por si alguna de las partes
implicadas en el juicio tenía reparos que oponer.
Y no sólo por eso, también
por un evidente principio de transparencia debió dar cuenta el señor Requena de los lazos de
subordinación laboral que le unen al catedrático señor Sola, a su vez asesor
jurídico de Inversiones Las Teresitas, propiedad de dos de los principales reos
a los que iba a juzgar, Antonio Plasencia e Ignacio González.
Hubiera sido la mejor manera de quedar exento
de las inevitables suspicacias que este descubrimiento de última hora puede generar
en la opinión pública, ya de por sí escaldada
ante los muchos ejemplos de venalidad judicial que se están dado en el ámbito
del Estado.
Para más inri el juez
Requena es nada menos que el ponente de la sentencia que se hará pública en fecha próxima. Si ésta es
absolutoria de Ignacio González y Antonio Plasencia, ¿cuál creen ustedes que
será la sensación más generalizada entre la gente sobre el papel de la Justicia
y de sus representantes y gestores en nuestro país?
Aun sin descartar la posibilidad de que D. Jaime Requena actúe rectamente y de acuerdo con sus
principios profesionales en este controvertido asunto, nada podrá aventar las
sombras de desconfianza que su ocultación de un dato tan importante ha podido
generar entre la población.
Dos ejemplos, dos casos que ponen en cuestión la imparcialidad
de la justicia al aludir a las distintas varas con que algunos juzgadores –no
afirmamos rotundamente que este sea el caso, pero nos queda la duda razonable–
suelen medir la conducta delictiva, según la influencia social y económica de
los presuntos delincuentes. Ejemplos en los que basar el escepticismo no nos
faltan.
Comisión Ciudadana de Apoyo
a Justicia y
Sociedad
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