MINISTERIO DE IGUALDAD Y PROSTITUCIÓN
CARMEN DOMINGO
Parecía que las
cosas iban a ser sencillas, o si no sencillas, al menos parecía que al estar la
izquierda en el gobierno iban a estar claras para las feministas, desde el
feminismo y para la sociedad en general y supuse, claro, que todas las
organizaciones coaligadas en el gobierno compartirían todos sus presupuestos,
no en vano el feminismo es una de los términos más utilizados en todas sus
campañas. Con esa actitud me lancé a la lectura del reciente acuerdo
progresista de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.
No tardé en dar con
el punto 7, donde leí el siguiente texto: “Erradicar la trata de mujeres con
fines de explotación sexual, favorecer la dignidad de las mujeres, garantizar
alternativas y terminar con las redes y las mafias que se lucran con la
esclavitud. La trata con fines de explotación sexual es una violación de los
derechos humanos y supone una de las formas más crueles en las que se
manifiesta la violencia contra las mujeres. Nuestro país es uno de los países
de tránsito y destino de muchas de estas mujeres y niñas que son obligadas a
ejercer la prostitución. Se aprobará una Ley Integral contra la Trata de
mujeres con fines de explotación sexual, basada en los derechos de las
víctimas, que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes
criminales, además de medidas de protección y de recuperación integral de estas
mujeres y niñas”.
Las feministas
abolicionistas, conocedoras de la firme trayectoria del PSOE y de IU en ese terreno,
esperábamos que se dejara clara la abolición de la prostitución, así como de la
multa a clientes y proxenetas, incluido en los últimos programas electorales
del PSOE y de IU. Porque la prostitución, y claro está la trata, son dos caras
de la misma moneda: la explotación de la mujer y la violencia machista. Así
pues, parecía que las “legalizadoras” de Podemos y Comuns se la habían metido
por la escuadra a IU y al PSOE.
No fui solo yo la
decepcionada, en esta misma línea se quejaba hace unos días la socialista
Ángeles Álvarez en un texto y no le
faltaba razón al decir que “con más de 96.000 locales identificados como
establecimientos donde se explota sexualmente a las mujeres resulta
sorprendente que estos días solo se hable de poner límites a las salas de
juego”. Quizás también la prioridad debiera ser eliminar los prostíbulos que,
amparados por una ley engañosa, funcionan en nuestro país. No olvidemos que
somos el primero en consumo de sexo pagado de Europa.
De nuevo las
prioridades volvían a ser otras
Llegados aquí no
está de más señalar que la prostitución es un fenómeno con un claro componente
de género ⎯afecta más a mujeres y niñas⎯ y que se extiende a todo el mundo,
a todo el globo terráqueo, digo. Lo que, a efectos numéricos, quiere decir que involucra a
unos cuarenta millones de mujeres en total. Así lo reconoce el Parlamento
Europeo, que ya en el 2014 redactó una resolución al respecto tratando de
prohibir la práctica. Hasta desde la derechizada institución política se hace
hincapié en que la explotación sexual y la prostitución tienen un enorme
impacto sobre la sociedad y, claro, sobre la igualdad de género y que los
gobiernos deben empezar a comprometerse a erradicarla. Dicho de forma más
clara, seguimos siendo las mujeres a las que nos compran para utilizarnos y no
debemos permitir que se mantenga esta situación.
¿Cómo no contemplar
la abolición desde el nuevo gobierno? Parecía que de nuevo alguien ⎯álguienes tal
vez⎯ se resistía a definir la prostitución como una forma de explotación. ¿Cómo es
posible? ¿Quién estaba detrás? Sin ser mal pensada, y sin echarle demasiada
imaginación, está claro que los únicos que salen beneficiados de la no
abolición son los puteros y los dueños de locales de alterne. Entonces… ¿No se va a hacer nada precisamente
ahora que hay un Ministerio de Igualdad? ¿No se va a tratar de resolver todos
los problemas relacionados con la prostitución?
Recordé que ya en
Barcelona uno de los miembros de Unidas Podemos, comuns, ya se opuso la
propuesta del PSC de prohibir la prostitución y la explotación sexual en Barcelona. De hecho, la secretaria general
de Podem Barcelona, Laura Pérez, afirmó que "la prostitución es un empleo
tan digno como otro cualquiera". Obviamente, las víctimas de la
prostitución son tan dignas como cualquiera, pero no lo es la forma en que se
ven obligadas a sobrevivir.
Y se me vino a la
cabeza la imagen en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona de la flamante
alcaldesa de la ciudad con miembros del "sindicato OTRAS", que ni es
un sindicato, ni es de mujeres, sino que trabaja a favor de proxenetas,
empresarios y puteros y a pesar de eso se empeñaba en defenderlo como legítimo.
¿Cómo podía hablarse de un sindicato cuando los afiliados eran los
“empresarios” y no las “trabajadoras”?
Y pensé lo difícil
de las políticas de igualdad en ese contexto. De nuevo volvíamos a no saber
dónde estábamos. Por más que Pedro Sánchez, en su discurso de investidura,
señalara su compromiso con el abolicionismo, coincidente con IU, siguiendo
aquel Proyecto No de Ley presentado en la anterior legislatura, que
reivindicaba la aplicación de un modelo abolicionista muy cercano al sueco que
se sabe ha funcionado.
La realidad es que
no basta con hablar de ello, necesitamos políticas abolicionistas, necesitamos
respuestas contundentes contra la prostitución, la trata, políticas que
penalicen a los puteros y que ayuden a reincorporarse en sociedad a las mujeres
que han caído en sus redes. Necesitamos leyes que no castiguen a las
prostitutas, sino que penalicen a quienes se lucran de ellas, y a quienes
pactan matrimonios forzados, o a quienes coaccionan a las trabajadoras del
servicio doméstico con servicios sexuales.
Pero leyes que se
cumplan, no como aquella que el Gobierno español elaboró en 2009. Un Plan
Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual en el
que, además de definir a las prostitutas como víctimas, instaba a los diarios a
que, mediante la autorregulación, eliminasen cualquier relación empresarial con
la prostitución. Nunca se cumplió y a día de hoy siguen ingresando millones por
ofrecer servicios de chicas.
Por eso, luchar
contra la trata sin combatir la demanda y a quienes la provocan limitaría los
daños, pero no solucionaría el problema y en un país ⎯tercero en el mundo en consumo de sexo pagado⎯ no podemos permitirnos ni un minuto más de
tardanza en tomar decisiones.
No es fácil,
recordemos que también están involucrados en él los medios de comunicación que
se llenan la boca denunciando las tramas de trata, mientras que con la otra
mano hacen caja. Lo dicho, un negocio que mueve casi diez millones de euros al
día es un gran opositor, pero no podemos ⎯o no debe el gobierno olvidarse⎯ de que esas 50.000 mujeres y niñas que se calculan que están atrapadas
en la prostitución están esperando su ayuda.
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