¿PUEDE UNA EX CONVICTA
SER CANDIDATA?
JUAN CARLOS ESCUDIER
Se dice que el
pasado siempre vuelve y en el caso de Pilar Baeza, la candidata de Podemos a la
alcaldía de Ávila, lo que ha vuelto es la condena a 30 años de cárcel que le
fue impuesta por haber participado en 1985 en el homicidio premeditado del
hombre que, presuntamente la había violado. Baeza, que entonces tenía 23
años, pasó siete en prisión e inició
después una nueva vida que le llevó a dejar Madrid, abrir un gimnasio en Ávila
y convertirse primero en portavoz de una plataforma de afectados por las
preferentes en la provincia y a vincularse luego a la política desde el
movimiento Trato Ciudadano. Ahora le siguen pidiendo las cuentas de una factura
que legalmente ya ha pagado.
A quienes han comenzado
la campaña de lapidación contra Baeza y exigen a Podemos que aparte a la
candidata habría que preguntarles exactamente qué terrenos tiene vedados esta
persona y cuáles son los ámbitos a los que tendría que circunscribirse. ¿Puede
hablar con sus vecinos o ha de mantener las distancias? ¿Está capacitada para
trabajar o debería vivir de la caridad pública? ¿Hay profesiones a las que no
tendría que dedicarse? ¿Hasta cuándo ha de extenderse su ‘libertad vigilada’?
El debate que
subyace es si existe el derecho de cualquiera a rehacer su vida sin tener que
cargar a perpetuidad con el estigma de ex presidiario o si, por el contrario,
ha de resignarse a exhibir sus antecedentes penales caducados en cada currículo
de Linkedin. La otra gran controversia es si los medios o los partidos están
capacitados para ejercer de justicieros de una supuesta moralidad pública que
sustituye al reproche penal cuando éste ya se ha extinguido.
Aunque los casos
pueden no ser comparables, la historia reciente ha dado algún ejemplo de
condenado por homicidio –imprudente en su caso- al que su partido ha
rehabilitado con una confianza ciega en su plena reinserción, tal es el caso de
Ángel Carromero, integrado plenamente en la estructura de los populares como
asesor de su grupo municipal en Madrid con más de 70.000 euros al año de
remuneración y volcado de lleno en la campaña interna que desembocó en la
victoria de Pablo Casado como presidente de la formación.
Haría mal Podemos
en sustraerse a las presiones para impedir que Baeza, que se impuso en las
primarias y que no ha ocultado su pasado a las estructuras del partido,
concurra como cabeza de lista al Ayuntamiento, porque eso sería tanto como
conculcar sus derechos civiles e impugnar de paso la filosofía del partido.
Peor que no ganar en Ávila, una misión imposible para Podemos aun cuando su
candidata fuera Santa Teresa, sería dejar que lo hicieran Torquemada y sus
muchachos.
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