EL DERECHO A LA VERDAD
CAROLINA
VÁSQUEZ ARAYA
El imperio de la
justicia y el acceso a la información son de los temas más sensibles para la
supervivencia de una democracia saludable en cualquier país. En ambos casos,
mucho depende de la capacidad de la ciudadanía para detectar las fisuras,
combatir las injusticias desde una posición analítica e informada y participar
activamente en los asuntos de la comunidad. A pesar de las dificultades para
emerger con mente despierta de la maraña de falsedades en la cual se debaten
las sociedades, existen mecanismos para abrir los accesos a las fuentes y los
archivos en donde se guarda la actividad de los centros de poder.
Sin embargo, muchas
veces esos registros han sido capturados, borrados o negados al acceso público.
Esto sucede en países carentes de regulaciones estrictas para salvaguardar sus
registros históricos, porque quienes los controlan suelen escatimar esa
información para evitar consecuencias legales por la comisión de delitos dentro
de las instituciones. En este enorme bagaje de documentación no solo reside el
hilo histórico sino también los detalles de crímenes cometidos por quienes
administran la política, la economía y la justicia de una nación.
Ayer 24 de marzo se
celebró el Día Internacional del Derecho a la Verdad proclamado en 2010 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la memoria de las
víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, así como
resaltar la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. La relevancia
de esta decisión de la ONU pone de manifiesto de manera muy puntual el derecho
de las víctimas de abusos a conocer los detalles de las acciones cometidas en
su contra y exigir la aplicación de la justicia para castigar a los culpables.
Por ello, resulta una acción especialmente emblemática cuando tanto en Chile
como en Guatemala se pretende liberar a los responsables de algunos de los
peores crímenes de lesa humanidad cometidos en América Latina.
Las desapariciones
forzadas, los asesinatos masivos por motivos políticos, las persecuciones
contra líderes comunitarios y activistas ecológicos y las políticas de tierra
arrasada -con el propósito de apoderarse de territorios ricos en recursos- son
crímenes imprescriptibles en el escenario mundial. Sin embargo, los círculos de
poder bajo cuya protección de encuentran los perpetradores –dentro de las
estructuras del Estado y fuera de ellas- poseen un enorme poder ante sociedades
acostumbradas a tolerar sus excesos y a vivir intimidadas por sus políticas
represivas.
América Latina ha
sufrido estos embates una y otra vez. Los países han perdido ya la cuenta de
los golpes recibidos en sus intentos por establecer democracias transparentes y
orientadas a proteger los derechos ciudadanos. Algunos presumen de libertades y
desarrollo, pero solo benefician a un porcentaje mínimo de la población y dejan
a las mayorías privada de derechos esenciales como la educación, salud y
alimentación. En esas naciones, el acceso de la ciudadanía a la información
veraz, verificable y completa sobre los actos de sus gobernantes suele ser casi
imposible.
El derecho a la
verdad proclamado por la ONU, por lo tanto, también debe incluir a las grandes
mayorías. Junto con las víctimas de crímenes de lesa humanidad están enormes conglomerados
humanos condenados a la miseria y al hambre por gobiernos corruptos y
estructuras criminales apoderadas de sus instituciones. El acceso a la
información pública y, especialmente, a los registros de los organismos
represivos, debe ser un paso ineludible hacia la restauración del estado de
Derecho.
www.carolinavasquezaraya.com
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