LEY MORDAZA EN CINCO HISTORIAS REALES
Carmen baja del cercanías que la lleva
de Leganés a Madrid escuchando música por los auriculares al tiempo que, de
forma minuciosa, desplaza su dedo por el teléfono móvil. Carmen parece leer y
escribir algo interesante en la pantalla mientras espera la conexión de metro.
Carmen viene de una ciudad dormitorio y va hasta una plaza de la capital desde
la que Pablo tuitea que unas cuarenta personas debaten sobre si acampar o no
esa noche a dormir. Podríamos coger unos sacos, unas esterillas y quedarnos,
dice alguno de los cuarenta, casi todos jóvenes, que se observan las caras,
todas nuevas, en círculo. A Alba, Pablo y los demás no los une su amor por el
camping, sino una situación vital similar, unas expectativas parecidas de
futuro y una lectura política de lo que está ocurriendo en su país. “Lo llaman
democracia y no lo es”, corean algunos de los cuarenta tras decidir que van a
quedarse.Celebración de manifestación sin autorización, multa de hasta 600
euros para los participantes y convocantes.
Ángel vive en el barrio de La Viña.
Esperanza, una vecina de dos calles más abajo, con dos hijos menores de edad,
lleva tres años en paro y no puede hacer frente al pago de la hipoteca que le
concedió el Banco Santander. Es amiga de la familia de Ángel de toda la vida y
esta misma mañana van a desahuciarla. La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Cádiz se organiza para evitar el desahucio. Ángel y otras 20
personas se han citado en el portal de la casa de Esperanza para sentarse y, de
forma pacífica, impedir el paso de la policía. Obstruir
a cualquier autoridad el ejercicio de sus funciones, multa de hasta 30.000
euros.
Abdoulaye ha llegado a la frontera de
Ceuta. Después de varios meses de viaje desde Senegal, consigue tocar
territorio español. La legislación internacional de Derechos Humanos impide las
devoluciones en caliente, pero la Guardia Civil, tras golpearlo, como recogen
las cámaras, lo expulsa al otro lado de la frontera con Marruecos. La Ley de Seguridad Ciudadana regula las devoluciones
‘en caliente’ de los inmigrantes que sean detectados cuando intenten
entrar en Ceuta y Melilla irregularmente. A pesar de la legislación sobre DDHH,
ningún Guardia Civil podrá ser imputado, como pasaba hasta ahora.
Virginia, Hernán, Sonia y Nacho son
miembros de Greenpeace y participan en una protesta pacífica en defensa del
medio ambiente. Se descuelgan de la pared de la central nuclear de Cofrentes,
situada desde 1984 junto al río Júcar, en la provincia de Valencia. Realizan
una pintada: “Peligro Nuclear”. Al bajar, los espera la Guardia Civil, que,
como en otras acciones parecidas, procede a su detención. Esta vez, cuando su caso
llegue a juicio no pasará como en acciones anteriores en las que, tras
demostrarse que no se produjeron daños ni hubo violencia, quedan libres de
delito. Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares
que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales
nucleares, multa de hasta 600.000 euros.
En una manifestación
en Madrid, policías sin la identificación visible ordenan a un foto periodista
identificarse mediante su DNI. El periodista, grabando la escena, le pide al
mando policial conocer su número de placa antes de enseñar su documento de
identidad. En ese momento, uno de los policías que lo rodean le golpea la
cámara que cae al suelo y posteriormente el brazo, antes de llevárselo
detenido. La escena es, a su vez, grabada por un manifestante con teléfono
móvil, que rápidamente difunde lo que ha pasado por redes sociales. Negativa a identificarse, multa de hasta 30.000 euros. Falta de
respeto a la autoridad, multa de hasta 600 euros. Uso no autorizado de imágenes
de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, multas de hasta
30.000 euros.
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