JOSÉ
MUJICA, EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO «MÁS POBRE» DEL MUNDO
Es el jefe de Estado de Uruguay. Vive con 1.000 euros porque los otros 9.000 de su sueldo los destina a proyectos de ayuda
José
«Pepe» Mujica, un ex guerrillero, presidente de Uruguay
Dicen
de José Mujica -Pepe para los amigos- que es el «hombre más honrado del mundo».
Se trata de un señor de 76 años, de aspecto campechano, amante del buen comer y
de la naturaleza, que viste vaqueros, chaleco y gorra. Hasta aquí todo bien si
no se tratara de un presidente del Gobierno, en este caso el de Uruguay.
Mujica
-exguerrillero y fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros- juró
su cargo como presidente del Gobierno el 1 de marzo de 2010, pero antes
compaginaba la política con el cultivo de flores en su humilde granja en la
periferia de Montevideo. Allí suele refugiarse junto a su mujer, Lucía
Topolansky, y su perra Manuela, lejos del ajetreo del palacete presidencial,
conocido como «La casona de Suárez y Reyes».
Estuvo
en la cárcel 13 años y nunca creyó en la posibilidad de convertirse en el
presidente de Uruguay. Incluso antes de ganar las elecciones llegó a asegurar a
un periodista: «Que yo sea presidente es tan dífícil como el silbido de un
cerdo». Sin embargo, en tan solo dos años ha logrado conseguir la simpatía del
pueblo con el que él llama «el modelo Lula», haciendo referencia a la política
del expresidente brasileño.
La
prensa uruguaya lo ha calificado como el «presidente más pobre del mundo». Su
patrimonio asciende a los 165.480 euros (4,2 millones de pesos) e incluye tres
terrenos, tres tractores y dos coches de 1987, según los datos presentados por
la Junta de Transparencia y Ética de Uruguay, el pasado mes de abril.
Su
salario como jefe de Estado es de 10.237 euros al mes (260.259 pesos). No
obstante -y según ha dejado constancia el propio líder uruguayo- no disfruta
del total de su sueldo, ya que cerca del 90% lo destina a proyectos de ayuda.
«Con ese dinero me alcanza, y me tiene que alcanzar porque hay otros uruguayos
que viven con mucho menos», sentencia el presidente.
Iniciativas
populistas
Para
sorpresa de todos, hace tan solo una semana el presidente Mujica ofreció a
través del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) el palacete presidencial
como refugio para indigentes, en vista de la llegada del invierno en Uruguay,
el próximo 21 de junio.
Además,
el pasado mes de diciembre donó 125.000 euros (unos 2,5 millones de pesos
uruguayos) al Plan Juntos, un programa oficial de vivienda para personas sin
recursos, según informaba la publicación gubernamental «Políticas», en su
edición de diciembre.
Para
esta iniciativa, el presidente uruguayo exigió que los principales obreros
fueran los presos de las cárceles locales. «Nos faltan 100.000 viviendas. No
quiero una sola carpintería en una sola cárcel, quiero que todos los presos
hagan algo para solucionar el problema de la vivienda y el hacinamiento»,
aseveró.
Fiel a
sus ideales, José Mujica ha declarado que cuando se retire donará parte de la
jubilación al Fondo Raúl Sendic, que administra su partido (Frente Amplio), y
al Movimiento de Participación Popular (MPP), que financia proyectos sociales.
Momentos
tensos
No
obstante, en la actualidad el presidente uruguayo no está vivienda un buen
momento político.
Por un
lado, el pasado martes 6 de junio la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, se
convirtió en el segundo miembro del Gobierno en renunciar en la última semana,
después de la salida del titular de Turismo, Héctor Lescano. Muslera, quien ya
había mostrado públicamente sus diferencias con Mujica, dimitió «como manera de
allanar el proceso de renovación de equipos que promueve».
Por
otro lado, el pasado lunes 5 de junio el Partido Nacional o «Blanco», principal
partido de la oposición en Uruguay, presentó una moción de censura en el
Parlamento contra el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en medio de un
huracán de críticas a la política carcelaria del país, tras la actuación del
gobierno en un reciente motín en una prisión del país.
Además,
la oposición acusa al actual gobierno y el anterior, también de la coalición de
izquierda Frente Amplio (FA), de haberse gastado 50 millones de dólares para
realizar mejoras en las cárceles del país.
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