LAS FAMILIAS QUE DENUNCIAN LA
VENTA DE SUS VPO EN ALQUILER SE CONCENTRAN ANTE EL JUZGADO DE GRANADILLA PARA
RECLAMAR JUSTICIA Y ANUNCIAN NUEVAS MOVILIZACIONES
SE TRATA DE 66 FAMILIAS ADJUDICATARIAS DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESDE 2013 Y HAN VISTO CON IMPOTENCIA CÓMO LA PROMOTORA INMOBILIARIA QUEBRÓ, APARECIERON NUEVOS SUPUESTOS DUEÑOS Y FINALMENTE SE VENDIERON CUANDO LA EMPRESA ESTABA CON UN ADMINISTRADOR CONCURSAL
ESTE MIÉRCOLES
ACUDIERON AL JUZGADO EN APOYO DE UNO DE LOS AFECTADOS POR UNA DEMANDA DE UNO DE
LOS SUPUESTOS NUEVOS PROPIETARIOS DE LA VIVIENDA PROTEGIDA
LAS FAMILIAS AFECTADAS TIENEN PRESENTADA DESDE 2019 UNA
DENUNCIA EN EL JUZGADO DE GRANADILLA Y ANTE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA DEL
GOBIERNO CANARIO
Un grupo de personas en representación de las 66 familias
afectadas por la supuesta venta ilegal de sus viviendas de protección oficial
(VPO) que desde 2013 habitan en régimen de alquiler con opción a compra se han
concentrado este jueves ante el Juzgado de Granadilla de Abona para reclamar
justicia y apoyar a uno de los afectados que ha debido afrontar un juicio por
una reclamación de los supuestos nuevos propietarios.
La Asociación Residencial Arguayod-Las Acacias, que
aglutina a las 66 familias afectadas, y
la Plataforma Montaña Clara anuncian además nuevas movilizaciones ante el
Instituto Canario de la Vivienda, donde ya denunciaron estos hechos, al igual
que ante el Juzgado de Granadilla, que aún no ha adoptado una resolución.
Como ya indicó en un comunicado anterior, estas 66
familias alquilaron sus casas en una promoción de viviendas de protección
oficial, que construyó Promociones Amojo SL (de la familia del
ex presidente del Gobierno canario Manuel Hermoso) y que han acabado
viviendo una situación tan increíble como surrealista porque sus hogares
acabaron en manos de otras personas que dicen ser las nuevas propietarias. Los
pisos han sido revendidos hasta 3 y 4 veces, aseguran estos residentes en el
núcleo de San Isidro.
El Instituto Canario de Vivienda, del Gobierno canario,
les confirmó el pasado año que no existe solicitud alguna presentada por la
promotora original para transmitir la promoción de viviendas a otro titular y
que las VPO hasta 2043 no pueden dejar de estar arrendadas.
Por si esto fuera poco, ahora deben pasar un calvario
judicial porque los autoproclamados nuevos propietarios de estas viviendas han
denunciado a su vez a estas familias en los Juzgados, reclamando la propiedad
y/o el pago de las rentas.
Lo sorprendente de esta historia para los afectados es
que cuando la empresa entró en concurso de acreedores y quedó en manos de un
administrador concursal, mediante el correspondiente proceso judicial, las viviendas
acabaron siendo vendidas, dejando a las 66 familias en una total indefensión.
Así lo explica Joana María Rodríguez Trujillo, presidenta
de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias y representante
también de la Plataforma Montaña Clara, que agrupa a las personas afectadas por
estas presuntas irregularidades.
"Vinimos vivir aquí en 2013, son viviendas de
VPO de alquiler con opción a compra, para la cual dimos 6.373 euros por la
entrada, con muchos sacrificios; todo nos pareció de un principio muy bonito,
entramos con la ilusión de que sería nuestro hogar, pero a los cinco meses,
cuando íbamos a ingresar en la cuenta de la promotora nos decía que estaban
bloqueadas y así estuvimos 4 o 5 meses, sin poder pagar la renta", relata
la presidenta vecinal.
"Entonces", prosigue Joana María Rodríguez,
"vino un representante de la empresa que nos empezó a cobrar en mano y es
cuando nos enteramos de que antes de nosotros había gente que compró, a la cual
supuestamente estafaron, y a partir de ahí ya todo empezó a ir mal: venía cada
vez personas distintas a cobrar, diciendo que eran dueños o representantes o
hermanos, de modo que les llegamos a pagar la mensualidad a 4 personas
distintas, siempre en mano, aunque les exigíamos recibos".
"Y al final le pagábamos a un administrador concursal, en cuya gestión no entendemos por qué no se aclaró y regularizó esta situación", se lamenta la presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias, "cuando además nosotros teníamos la primera opción a compra".
La conclusión que saca es que "hemos sido engañados
y presuntamente estafados, maltratados verbal y psicológicamente, porque la
realidad es que las casas que alquilamos con opción a compra han sido vendidas
hasta 3 y 4 veces y nosotros siempre dentro".
"Queremos que no paguemos justos por pecadores,
exigimos que se haga justicia y al Gobierno canario que investigue esta
situación, que no está ocasionando un estrés tremendo, porque la vivienda es un
derecho constitucional y nosotros hemos cumplido nuestra parte, no somos ni
ocupas ni morosos, sino ciudadanos víctimas de unas irregularidades
tremendas", concluye la representante de las 66 familias afectadas.
TELÉFONO
DE CONTACTO DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS, PARA MÁS INFORMACIÓN: 698450290
SE
ADJUNTAN IMÁGENES DE ACTOS DE PROTESTA ORGANIZADOS POR EL COLECTIVO DE
AFECTADOS ANTE EL JUZGADO DE GRANADILA ESTE MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO
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