La regulación de la marihuana
Alberto Couriel, Senador E 609, Frente Amplio
El
martes 20 de noviembre de 2013 el Parlamento uruguayo culminó una larga jornada
aprobando la Ley de Regulación y Control de la Producción, Distribución y
Consumo de la Marihuana.
Me
sentí feliz de ver festejar a los jóvenes en las barras del Parlamento y miles
de ellos en los alrededores del Palacio Legislativo. No es fácil encontrar
propuestas que atiendan las demandas e inquietudes de los jóvenes. Con la
aprobación de esta ley Uruguay se pone a la cabeza en el plano internacional en
la búsqueda de nuevos mecanismos para enfrentar los daños perniciosos de las
drogas y de la fuerza y poder del narcotráfico.
Fue
un evento histórico que ubica al Uruguay a la vanguardia internacional, como en
otras etapas históricas. Los suecos nos recuerdan que ellos crearon el Estado
de Bienestar en 1933, pero durante la década del 20 del siglo pasado múltiples
cientistas sociales suecos vinieron a conocer y estudiar las creativas propuestas
sobre protección social del viejo batllismo, verdadero antecedente del estado
de bienestar europeo. Las cooperativas de vivienda, creadas por la Ley de
Vivienda por Ayuda Mutua que impulsó Juan Pablo Terra, no se la copiamos a
nadie. Fueron creaciones uruguayas, como también el plan Ceibal, que se
experimentaron e impulsaron en el país.
Para
conocer en detalle la discusión de la ley llegaron al país una gran cantidad de
medios de comunicación internacionales. La atracción era también la
consecuencia lógica de una serie de leyes aprobadas por los gobiernos
frentistas vinculadas a los derechos ciudadanos, como la despenalización del
aborto, el matrimonio igualitario, las licencias por paternidad y las que
enfrentan todo tipo de discriminación. Esta ley se inscribe en un contexto
internacional donde se ha constatado el fracaso de la guerra a las drogas, de
la represión a su producción y comercialización. Estas medidas han terminado
fortaleciendo al flagelo del narcotráfico, que tanto daño causa en el mundo entero.
En
algunos países europeos se han intentado nuevas propuestas basadas en la
legalización y control de la demanda, como son los conocidos casos de Holanda,
España y Portugal. En la ley uruguaya se plantea una solución integral, ya que
abarca regulación y control de la oferta y la demanda. Por esta propuesta
innovadora, en un contexto de gran popularidad del presidente Mujica en el
plano internacional, surge una gran atracción en el plano regional y
especialmente en el internacional.
El
miércoles 11 de este mes atendí innumerables llamadas de varios países,
especialmente de Argentina. En general fueron extremadamente amables y muy
interesadas en las características de la ley, salvo el caso excepcional de un
periodista Feinmann de C5N que buscaba agredir e insultar al Uruguay al que
consideraba país narco. Fue una entrevista insólita muy comentada en las redes
sociales y quiero agradecer las muestras de apoyo y de cariño que recibí por
mis respuestas, inclusive de argentinos.
La
ley aprobada parte del fracaso de la represión a las drogas, de que el consumo
de la marihuana es legal, pero que todo consumo de drogas es extremadamente
dañino para la salud humana. Es dañino el tabaco, el alcohol, la marihuana y
todas las otras drogas más pesadas. Por lo tanto, la ley no promueve, ni apoya,
ni fomenta ni estimula el consumo de ninguna droga, incluida la marihuana.
El
país ha realizado esfuerzos por regular y controlar el tabaco con un éxito
superior al esperado, sin prohibirlo. En el futuro se buscarán nuevos
mecanismos para regular y controlar el alcohol. Este es un nuevo experimento
facilitado por el tamaño del país, por su escasa población, por sus avances
hacia la igualdad y una mayor integración social que le da mayores
posibilidades de regular y controlar. Es una nueva política pública con el
objetivo de reducir, minimizar el daño que acarrea el consumo de drogas y para
enfrentar el flagelo del narcotráfico.
No
se trata de experimentar con la población uruguaya, como si antes de la
aprobación de la ley no existiera el consumo y el daño correspondiente. Los
instrumentos de política que se utilizarán esperan reducir los daños y
enfrentar al narcotráfico de enorme poder. Pero es un problema complejo, de
difícil solución. Por ello, es una especie de experimento que la sociedad
internacional va a seguir paso a paso y que los organismos nacionales
encargados de su regulación y control, lo estarán monitoreando y evaluando para
efectivizar las correcciones que se vuelvan necesarias.
Los
discursos de los legisladores de la oposición querían mostrar los elementos y
consecuencias negativas del consumo de drogas, como si derivaran de la
aprobación de la ley, como si la dependencia y los daños no existieran en la
realidad actual. Sentía cuando los oía que me reforzaban permanentemente la
necesidad de la nueva ley.
Para
regular y controlar la demanda, la ley establece la necesidad del registro de
los mayores de 18 años residentes en el país que son los habilitados para
consumir. La ley establece la necesaria participación del sistema educativo
para informar a los niños y adolescentes de los negativos efectos del consumo
de todas las drogas. También la participación del sistema de salud para
proteger, ayudar y realizar esfuerzos de rehabilitación de los adictos. Hay que
diferenciar a consumidores de cannabis de los adictos. La ley prevé el consumo
de 40 gramos mensuales. Es evidente que los que no tienen la documentación
correspondiente de residencia en el país no están habilitados para registrarse
como consumidores. El control de donde obtienen la droga los turistas no va a
ser una tarea sencilla.
La
oferta de marihuana provendrá del autocultivo, de los clubes de membresía y de
las farmacias que podrán ser abastecidas de proveedores que la producen con las
licencias correspondientes. La trazabilidad, los avances de la informática y
todas las nuevas tecnologías que surjan ayudarán a la regulación y control de
la oferta y demanda.
Estamos
en presencia de una excelente ley, que no tiene improvisaciones, que ha sido estudiada
con todo detalle por casi tres años en la Cámara de Diputados, en la que
tuvieron participación todos los interesados y expertos en la materia, que se
consultaron los avances internacionales sobre el tema, que se ha actuado con
una alta responsabilidad. Hay sectores de la oposición que plantean la
necesidad de un referéndum contra la ley. No nos oponemos al mismo.
En
temas de esta naturaleza la democracia directa es un buen instrumento. En una
sociedad como la uruguaya con alto nivel de información, con cierto grado de
madurez, donde se comprenda la integralidad de la propuesta, el objetivo de
reducir y minimizar el daño en la salud de la población, los esfuerzos
educativos y sanitarios para que los niños y adolescentes no consuman ninguna
droga, la experiencia uruguaya puede llegar a tener un gran valor. Las
encuestas muestran que los residentes creen mejor comprar en farmacias que en
el mercado ilegal.
No
aceptan la legalización porque creen que estamos legalizando al adicto, al que
comete delito, al que tendría que estar internado o preso. Por el contrario, se
trata de reducir daños a la salud, de no estigmatizar, de otorgar la máxima
información para combatir el flagelo de las drogas. Bienvenido el referéndum si
logran alcanzar las firmas y votos suficientes.
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