UNA CASTA POLÍTICA ENVILECIDA
Movimiento por la Unidad
del Pueblo Canario
(Movimiento UPC)
Patético resulta ver a Don Rivero (era una
costumbre medieval poner el Don al apellido) tratando de amordazar a la prensa
de la colonia con lo tribunales del reino colonialista de España en la figura
de Don José Rodríguez, director del rotativo “El Día”, lo que viene aconfirmar
una vez más que cuanto más débil es un gobierno más autoritario se vuelve.
El 24 de Septiembre de 2008 Coalición
Canaria, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, componentes del parlamento títere de Madrid y nada de Canarias, se
ponían de acuerdo unánimemente (sólo lo habían hecho hasta ese momento para
subirse los sueldos) para condenar a un medio de comunicación cuyo “delito”
consistió en afearles la conducta a sus señorías, que entran en la citada
institución mediante una ley electoral diseñada a medida por ellos mismos o sus
predecesores, que exige obtener un 30 por ciento de los votos (aunque sólo
voten 3 electores) en cada isla o un insignificante 6 por ciento (al ser
determinante el pocentaje insular) en toda la colonia para obtener
representación parlamentaria.
El ensañamiento, tanto del colonialismo
(corrió el rumor de que hasta el mismísimo jefe del reino medieval español le
dijo a una representante de la “Colisión”: “tenemos que acabar con esos
editoriales”) como de los lacayos (recuerden: empleados de librea) a su
servicio, el ensañamiento, reiteramos, con un medio de comunicación, por cierto
el más leído de Canarias, y, por extensión, a un derecho fundamental, como es
la libertad de expresión, reconocido por todos los regímenes democráticos y por
las instituciones internacionales, no tiene parangón en un estado de derecho,
lo que en definitva viene a demostrar que el tal estado no existe en el reino
de España.
A día de hoy (y hace cinco años de los
hechos) aún no se ha producido una rectificación de tan deleznable acuerdo.
Según ha trascendido, pues sus señorías lo
ocultaron mientras pudieron, los emolumentos percibidos por cada uno de ellos
en concepto de dietas superan los veinte mil euros anuales, que además no
tienen que declarar, según la ley
elaborada por ellos mismos que los ampara, superando sólo con las dietas
el salario de un funcionario de tipo A.
No son, lamentablemente, las únicas pruebas
del envilecimiento de la casta. Tenemos otro ejemplo reciente en el trágico
accidente que tuvo lugar en el muelle de Tedote (antes Santa Cruz de La Palma)
la víspera de la fiesta carnavalera de los Indianos y que le costó la vida a
cinco tripulantes del crucero Thomson Majesty que
visitaba la Isla. No sólo no se declaró ni un solo día de luto, ni se les
rindió un pequeño homenaje, sino que tanto el Cabildo Insular como el
Ayuntamiento no aplazaron ni suspendieron la fiesta y sacaron a la calle a
miles y miles de personas en un ambiente festivo para vergüenza y oprobio de
todos nosotros, y esto hay que tener el coraje de denunciarlo siquiera sea ante
la opinión pública.
Lo
mismo ocurrió con el último temporal que segó la vida de una jovencísima turista
alemana que visitaba la Gomera. El consejero de presidencia, responsable de
seguridad, se limitó a decir que habían distribuido las normas a tener en
cuenta en estos casos, sin ni siquiera tener la consideración de que nuestros
visitantes, afortunadamente para ellos, no tienen obligación, como nosotros, de
hablar español.
No
menos viles fueron las declaraciones del consejero de educación ufanándose de
haber conseguido disminuir en tres puntos el abandono escolar temprano. Y esto
es cierto, pues es la casta la única responsable de la agudización de la crisis
crónica que padece Canarias desde la colonización española, lo que ha
ocasionado el regreso a las aulas de algunos parados, aulas que habían
abandonado por un penoso trabajo en la construcción, pero no parece razón suficiente
para ufanarse de ello ¿O sí?
El
Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (Movimiento UPC) hace un
llamamiento a todas las canarias y canarios para acabar con este insostenible
envilecimiento y advierte recordando que son ilegítimas todas las
administraciones coloniales, pues son consecuencia del vil (de ahí viene
envilecimiento) e injusto sometimiento armado de nuestra Nación, viles
imprescindibles para mantener el dominio colonial. El Movimiento UPC tampoco
reconoce legitimidad a esas instituciones coloniales.
El
Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (Movimiento UPC)
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