TC: ¿QUÉ MIRÁS, BOBO?
El
Constitucional admitió a trámite la valoración de una ley no legislada, lo que
es una novedad. Y lo que puede haber precisado de colaboración: el PP no es tan
listo
GUILLEM MARTÍNEZ
Imagen
del hemiciclo durante la sesión plenaria
del 15 de diciembre de 2022.
1- Lo deseable es explicar las cosas de principio a fin. Cuando no conoces el principio, ni el fin, es que estás ante un lío. Por lo general, esos líos sin planeamiento ni desenlace, y en los que todo es nudo, suelen ser la época, en ese momento inquietante en el que las épocas empiezan o acaban y, como los cangrejos cuando cambian de caparazón, no tienen nada que les proteja de, lo dicho, la época. Les propongo, por tanto, un inicio diferente a las explicaciones sobre el pifostio sin inicio que es lo del TC. Diversos “todo empezó cuando” que, entre todos, igual explican más y mejor lo que está pasando. Todo empezó, así, en París, donde tiene la sede la Agence Internationale de l'Énergie. Allí, recientemente, y desde su cuartelillo presidido por un Tout pour l'Énergie, la Agence emitió un informe importante.
2- En él daba por
concluida la posibilidad del fin del mundo mundial en este invierno. Lo
prorrogaba al siguiente. Yupi. O al siguiente. Yupi, indeed. A un invierno, en
todo caso, posterior a un verano en el que las reservas de gas no se rellenen,
o se rellenen costosamente –esto es, no para todo el mundo–. Ese verano, si
llega a darse, sería un De repente el último verano, esa película en la que,
recuerden, se comen vivo a su protagonista. Quizás lo de la Agence es la
noticia más importante de estas semanas. O siglos. Habla –de forma nítida, ese
exotismo en la política, el periodismo, la vida marital– del fin de algo.
Incluso del fin de la amabilidad. Pero, y esto es más importante, no hoy, no
este invierno.
3- En un mundo
cortoplacista –el neoliberalismo es cortoplacista y rápido, pues si fuera lento
le veríamos la cara, y nos asustaría–, el hecho de que la Agence prorrogue el
marrón –esto es, aplace el negro– hasta septiembre es como una promesa de vida
eterna, esa cosa que no existe, salvo en sus promesas periódicas. Como es el
caso.
Moncloa está
emitiendo política como una posesa. No es la política propia de un inicio de
época. Son políticas que tienden a la estabilidad
4- Aprovechando la
inmortalidad hasta mediados de 2023, Moncloa está emitiendo política como una
posesa. Algo que no podrá emitir cuando la Agence se ponga en modo San Juan. No
es la política, por cierto, propia de un inicio de época. Son políticas que más
bien tienden a la estabilidad. Interna, de un Gobierno de coalición compuesto
por tres partidos –dos socialdemócratas y uno peronista–. Y a la estabilidad
interna, también, de una mayoría parlamentaria gubernamental. Vamos, cosas para
que, cuando llegue un marrón, les pille en formación. Lo que explica la
política en el Occidente post-post-post-45 como búsqueda de la estabilidad y la
perduración. Eso crea una pugna entre los a) intentos gubernamentales de
estabilidad y permanencia, y los b) intentos de la oposición de desestabilidad
y no permanencia. La cosa a) y la cosa b) no tienen por qué suponer nada bueno,
útil, reconfortante, liberador, ni en contacto con la sociedad o, tal siguiera,
la realidad. Se trata, tan solo, de política. Algo cada vez más autónomo y no
necesariamente relacionado con la realidad. Al punto de que, en la ofensiva del
tipo a) del Gobierno en estos días, no está previsto modificar hechos políticos
que determinan la realidad material –la más feroz de las realidades–, como la
ley mordaza o como fijar el límite al precio de unos alquileres.
5- Los combates
entre la voluntad de estabilidad y permanencia gubernamental, y su contrario,
están codificados, y ritualizados, en todas las culturas democráticas. Son
combates estruendosos, si bien con pistolas de agua. Cuando dejan de serlo,
pasan a ser otra cosa. Como delitos, o como situaciones previas al delito,
conflictos éticos que se penalizan con dimisiones y rechazo social. Pero eso
está cambiando. En ese sentido, todo empezó cuando cayó el muro. Y en el Este
europeo empezaron a formularse nuevas concepciones de la extrema derecha, que
fueron calando en las nuevas democracias del Este y, posteriormente, en
Occidente. Incluso en los USA. Y en Oriente. La codificación, la ritualización
del enfrentamiento político, se volvió más grosera y violenta. Y aún más
autónoma y alejada de la realidad. La política quedó separada del delito por
aún más kilómetros. En España, cuya derecha tiene, desde finales del XX, un
contacto íntimo con la derecha USA, el proceso fue muy intenso. Y vistoso.
Todo empezó cuando
el PP adoptó, como forma final, su forma de 1996, en continuo choque con una
idea solvente de democracia
6- Y duradero. De
hecho, todo empezó en 1996, cuando Aznar accede a la pomada. Lo hace utilizando
recursos y lenguaje ensayado por el Republican Party de Bush jr. Es un lenguaje
deslegitimador de otras opciones. Se apropia de los conceptos Democracia,
Constitución, Libertad y Pueblo, y ubica fuera de la democracia, de la CE78,
del pueblo, de la sociedad, incluso de la inteligencia y de unos mínimos
morales a quien así se desee. Es la formulación del constitucionalismo –que no
tiene nada que ver con lo constitucional, sino que puede ser su contrario–, la
formulación de la extrema derecha española. Tan solo siete añitos tras la caída
del muro, y con tecnología USA. Pas mal. Aunque, de hecho, todo empezó más
tarde, en 2003, cuando el PP pasó a la oposición y utilizó ese mismo esquema
deslegitimador contra ZP. O todo empezó en 2019, cuando ese esquema fue
utilizado también al pasar a ser oposición ante Sánchez. Esto es, todo empezó
cuando el PP adoptó, como forma final, su forma de 1996, inquietante y en
continuo choque con una idea solvente de democracia y de tolerancia. Una forma
cercana a la extrema derecha, ultranacionalista y que no asumía otra
posibilidad para la política, para el Gobierno, para la CE78, que la suya. Las
otras posibilidades son ilegítimas.
7- Aunque, si uno
lo piensa, puede llegar a creer que todo empezó en 2013, con la reforma del
CGPJ de Alberto Ruiz Gallardón, cuando el Gobierno Rajoy. Se trataba de una
reforma de tipo presidencialista, lo que facilitaba la politización de la
institución, y con ella la de las altas capas de la justicia, en modo gota
malaya. Lo que equivalía a reconocer la existencia del Deep State, una forma de
control ademocrático, una forma reaccionaria de participación política de la
justicia. El constitucionalismo, así, no solo era la inquietante lógica del
Ejecutivo cuando el PP ganaba elecciones, sino que, independientemente de ello,
lo era del Poder Judicial y de las altas instancias de la justicia. Y una parte
importante de la cultura, en tanto que el constitucionalismo era la cultura más
influyente, por activa o por pasiva, en los medios, consagrados –hasta el 15M,
y después a partir de 2015– a aludir a
la agenda constitucionalista. Si bien, claro, todo empezó antes, y de forma más
espontánea. Cultural también.
El CGPJ ha vivido
siete renovaciones. Nunca fueron sencillas, al punto que solo una –1985– se
realizó acorde con los tempos legales
8- El CGPJ se
renueva cada cinco años. Lo que ha supuesto siete renovaciones desde que se
creó. Esas renovaciones –y esto habla de un pecado original en la política
española– nunca fueron sencillas, al punto que solo una –1985– se realizó
acorde con los tempos legales. El resto –1996, con ocho meses de retraso; 2001,
con cuatro meses de retraso; 2008, con casi dos años de retraso; 2013, con dos
meses de retraso; la situación actual, con cuatro años de retraso– explican una
dinámica. Y una decadencia. En 1996, la primera renovación de la época Aznar,
fue provocada por la dimisión de seis vocales, indignados por un retraso del
Ejecutivo al respecto. Esa indignación ya no existía en 2008 con casi dos años
de retraso en la renovación–. Ni, mucho menos, existe esta mañana a primera
hora, cuando el CGPJ al parecer se sabe emisor de política, valores y agenda
constitucionalistas –esto es, no necesariamente constitucionales–, y no quiere
ser renovado. Tal vez, por tanto, todo empezó en 2001, cuando nadie
–progresista o conservador– dimitió por un retraso en la renovación de tan solo
cuatro meses. O todo empezó en 2008, cuando el PP parece que decidió retrasar
la renovación del CGPJ, en caso de pérdida de elecciones generales, hasta haber
perdido, o no, las elecciones una segunda vez. Y no hubo ninguna reacción ética
en las alturas judiciales. Que es lo que está pasando ahora, exactamente.
9- O, tal vez, todo
empezó con la dinámica experimentada en el CGPJ y en la cúpula judicial
–politización, mediocrización– aplicada al TC. La mediocrización y, con ella,
la politización, se consiguió paulatinamente, pero con un gran acelerón: el
nombramiento como presidente del TC de Francisco Pérez de los Cobos. Todo
empezó así en 2013, con el hijo de un militante de Fuerza Nueva que compaginó
sus funciones de presi del TC con las de militante del PP –algo del todo
ilegal; no dimitió cuando ello trascendió en 2016; ¿todo empezó en 2016?–. Su
última aportación al mundo jurídico fue la de ser apartado de un cargo en la
justicia europea, al que aspiraba, por falsificar su CV. Es posible, no
obstante, que todo empezara antes, en 2010, con la sentencia del TC al Estatut,
en la que se sesgaba y se privaba de sentido una ley votada en referéndum, pero
también aprobada por tres cámaras –Parlament, Congreso y Senado–, lo que era,
entre otras cosas, una intromisión del Judicial –esto es, del
constitucionalismo– ante el Legislativo, y un serio aviso del carácter pobre y
peligroso del TC. Esa intromisión, ese peligroso precedente, fue aceptada con
alivio, por cierto, por el PSOE, y por el Gobierno ZP. Aunque, por eso mismo,
todo empezó, quizás, en 2017, con la reforma de Rajoy del TC que, recordemos,
reconvirtió un antaño prestigioso Tribunal, uno de los pocos objetos heredados
de la CE32, en un tribunalejo político. Lo que puede hacer creer que todo
empezó en 2017, en y por Catalunya.
10- El TC moduló en
buena parte el recorrido del procés. Para el caso que nos ocupa, llegó a
suspender una sesión del Parlament. Y, lo que es llamativo, diversos partidos
que se autodeclaraban indepes obedecieron al TC como un solo hombre/a, y no
llevaron a cabo esa sesión, en la que estaba previsto, según el guion, que se
declarara algo parecido, si bien lo suficientemente alejado, a la indepe. Lo
que a) tiene guasa, pero también habla de b) la escasa medida democrática del
procesismo, un cacharro que aspira/ba a la polarización social para ganar
elecciones, y de c), la escasa medida también democrática del TC, un tribunal
meramente político, que emitía desde la épica del constitucionalismo y no desde
la normalidad democrática. ¿Todo empezó con el procés?
La censura es lo
suficientemente lista como para no acometer una obra maestra. Como los leones,
solo ataca a presas fáciles
11- El procés era
un producto defectuoso. Pero, ojo, la censura moderna solo existe contra
libros, esculturas, pinturas, novelas, películas… de calidad escasa. La censura
es lo suficientemente lista como para no acometer una obra maestra. Como los
leones, solo ataca a presas fáciles, cachorros o seniles. Por lo que, sin duda,
la censura antidemocrática y judicial tuvo que haberse ensayado a tope en 2017,
con el procés, aquel objeto cutre. Y lo hizo –desde el TC hasta el TS– con una
idea autónoma de legalidad, alejada de la cultura democrática. Como en la
aplicación de un 155 que no existía, que se extrajo de una propuesta de Fraga,
rechazada en la Comisión Constitucional, en 1978, y que fue declarada
constitucional, con un par, por el TC. Se dice rápido. ¿Todo empezó en 1978?
12- Es importante
el punto 11. “La censura es lo suficientemente lista para no acometer una obra
maestra”. Esta semana las izquierdas y la mayoría gubernamental no han emitido
obras maestras. En lo que ha sido una vorágine de emisión de enmiendas, se ha
emitido productos democráticos de escasa elaboración. Una reforma de la
sedición que establece, a pesar de los intentos para corregirlo, la semilla de
futuros conflictos judiciales profundos con los movimientos sociales, más aún
con los relacionados con la demanda de vivienda. Una reforma de la
malversación, que reduce penas por malversación, así como suena. Lo acaecido es
ya un divorcio formal entre el 15M y la política, que empezó a producirse en
2015, por todo lo alto, con, zas, varios millones de abstencionistas a la
izquierda del PSOE. Que siguen –y, todo apunta a ello, seguirán– en la
abstención. También han sucedido cosas asombrosas –casi procesistas, por su
calidad chunga–, como la incorporación de una enmienda –que venía a establecer
la no revisión de penas en la ley del solo sí es sí– en la exposición de
motivos de la ley, el único punto de una norma carente de efecto normativo.
Plas-plas-plas. Y todo ello parece haber provocado una respuesta furibunda del Judicial –ese león con tics
antidemocráticos, al punto que le ponen los cachorros y los viejos, los objetos
que no están en forma, vamos– a través de otra reforma. La que establece el
nombramiento de los magistrados del TC por el tercio del Gobierno y del CGPJ.
¿Todo empezó con esa reforma?
Lo acaecido es un
divorcio entre el 15M y la política, que empezó a producirse en 2015, con
varios millones de abstencionistas a la izquierda del PSOE
13- La reforma,
anunciada la semana pasada, consiste en no tocar lo apuntado en la CE78. La
elección de magistrados del TC sigue siendo por tercios. Un tercio lo vota el
Congreso, otro el Senado, y otro se lo reparten el CGPJ y el Gobierno, con dos
magistrados cada uno. Como hasta ahora y como siempre. La novedad es que ahora,
si algún tercio se encasquilla, otro puede seguir adelante con la renovación.
Se establece un nuevo sistema de votación para que el CGPJ elija a sus dos
magistrados en el TC. Sí o sí, y sin capacidad para dilatar la cosa. Por último
–y esto lo “encabrona todo”, como me dice un señor que sabe y que me lo
explica– se le retira al TC la capacidad –jamás utilizada para denegar un
nombramiento en el pasado– de aprobar los nombramientos que han hecho los tres
tercios. Esto es, se le retira una capacidad a una institución, que es lo
último que se puede hacer con una institución que, como es el caso, es una
institución gagá. Esto es, con problemas de capacidad. ¿Todo empezó con la
eliminación de una capacidad, ese conflicto democrático, que es más conflictivo
con instituciones escasamente democráticas?
14- En todo caso,
a) el PP recurrió al TC por el hecho de que la reforma del sistema de votación
de candidatos al TC estaba incluida en otro proyecto legislativo. Algo usual
hasta el aburrimiento. A su vez, b) el TC admitió a trámite su valoración a una
ley aún no legislada. Lo que es una novedad absoluta. Y lo que puede haber
precisado de colaboración: el PP no es tan listo, por lo que ese itinerario
para abortar un pleno parlamentario puede no haber sido idea suya, me dicen,
sino de alguien con estudios. En su pleno del viernes 16D, el TC estuvo lo
suficientemente dividido como para aplazarse a sí mismo hasta el lunes 19D. El
martes, el CGPJ tiene también pleno, para mirar sus dos candidatos al TC
–conservadores–. Y el jueves 22D hay pleno del Senado, en el que se votaría la
reforma gubernamental si PP y el TC no lo impiden, lo que parece ser su
decisión común. ¿Todo empezó cuando el PP y el Judicial empezaron a emitir
cierta coordinación, a finales del XX?
15- El ambiente se
ha caldeado. Sánchez ha emitido declaraciones –el grado 0 de la política; el
más alto grado de la política y el periodismo local– en las que dibuja lo
sucedido como algo inconstitucional, una intervención próxima al golpismo, con
otros palabros. Eso es importante. En 2019 la presi del Congreso rechazó luchar
contra las intervenciones del Judicial sobre parlamentarios presos procesistas.
En 2021, lo mismo para con el diputado canario Alberto Rodríguez, desprovisto
de su escaño por el Judicial, alegremente y sin combate legal alguno. ¿Todo
empezó cuando el PSOE decidió ver el constitucionalismo como un animal de
compañía, varias décadas antes?
16- El País ha
filtrado un informe de un letrado del TC, con más de 30 años de permanencia en
el cargo. El informe es desfavorable a la intervención cautelar que reclama el
PP y parte del TC. No es así la opinión del ponente de TC para el caso, Enrique
Arnaldo, magistrado cercano al PP y con 13 meses en el cargo. El conflicto está
creado. Se creó cuando el TC admitió a trámite algo que no podía admitir a
trámite. Cuando decidió mirar ese papel más tiempo de lo que requería. ¿Qué
miró? ¿Qué vio, que ve durante tanto rato, en una petición que no se ajusta a
la legalidad? Su conclusión será importante, pero no categórica. Será una
casilla más en una partida que se juega en Norteamérica, en Sudamérica, en
Asia, en el Este de Europa y, ahora,
gracias a PP y Vox, en Europa Occidental. Una partida que terminará con un
tribunal no reconociendo unos resultados electorales, una convocatoria de
elecciones, o un programa electoral. Cuando suceda, nos preguntaremos cómo
empezó todo.
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