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lunes, 19 de diciembre de 2022

TC: ¿QUÉ MIRÁS, BOBO?

 

TC: ¿QUÉ MIRÁS, BOBO?

El Constitucional admitió a trámite la valoración de una ley no legislada, lo que es una novedad. Y lo que puede haber precisado de colaboración: el PP no es tan listo

GUILLEM MARTÍNEZ

Imagen del hemiciclo durante la sesión plenaria

del 15 de diciembre de 2022.

1- Lo deseable es explicar las cosas de principio a fin. Cuando no conoces el principio, ni el fin, es que estás ante un lío. Por lo general, esos líos sin planeamiento ni desenlace, y en los que todo es nudo, suelen ser la época, en ese momento inquietante en el que las épocas empiezan o acaban y, como los cangrejos cuando cambian de caparazón, no tienen nada que les proteja de, lo dicho, la época. Les propongo, por tanto, un inicio diferente a las explicaciones sobre el pifostio sin inicio que es lo del TC. Diversos “todo empezó cuando” que, entre todos, igual explican más y mejor lo que está pasando. Todo empezó, así, en París, donde tiene la sede la Agence Internationale de l'Énergie. Allí, recientemente, y desde su cuartelillo presidido por un Tout pour l'Énergie, la Agence emitió un informe importante.

 

2- En él daba por concluida la posibilidad del fin del mundo mundial en este invierno. Lo prorrogaba al siguiente. Yupi. O al siguiente. Yupi, indeed. A un invierno, en todo caso, posterior a un verano en el que las reservas de gas no se rellenen, o se rellenen costosamente –esto es, no para todo el mundo–. Ese verano, si llega a darse, sería un De repente el último verano, esa película en la que, recuerden, se comen vivo a su protagonista. Quizás lo de la Agence es la noticia más importante de estas semanas. O siglos. Habla –de forma nítida, ese exotismo en la política, el periodismo, la vida marital– del fin de algo. Incluso del fin de la amabilidad. Pero, y esto es más importante, no hoy, no este invierno.

 

3- En un mundo cortoplacista –el neoliberalismo es cortoplacista y rápido, pues si fuera lento le veríamos la cara, y nos asustaría–, el hecho de que la Agence prorrogue el marrón –esto es, aplace el negro– hasta septiembre es como una promesa de vida eterna, esa cosa que no existe, salvo en sus promesas periódicas. Como es el caso.

 

Moncloa está emitiendo política como una posesa. No es la política propia de un inicio de época. Son políticas que tienden a la estabilidad

 

4- Aprovechando la inmortalidad hasta mediados de 2023, Moncloa está emitiendo política como una posesa. Algo que no podrá emitir cuando la Agence se ponga en modo San Juan. No es la política, por cierto, propia de un inicio de época. Son políticas que más bien tienden a la estabilidad. Interna, de un Gobierno de coalición compuesto por tres partidos –dos socialdemócratas y uno peronista–. Y a la estabilidad interna, también, de una mayoría parlamentaria gubernamental. Vamos, cosas para que, cuando llegue un marrón, les pille en formación. Lo que explica la política en el Occidente post-post-post-45 como búsqueda de la estabilidad y la perduración. Eso crea una pugna entre los a) intentos gubernamentales de estabilidad y permanencia, y los b) intentos de la oposición de desestabilidad y no permanencia. La cosa a) y la cosa b) no tienen por qué suponer nada bueno, útil, reconfortante, liberador, ni en contacto con la sociedad o, tal siguiera, la realidad. Se trata, tan solo, de política. Algo cada vez más autónomo y no necesariamente relacionado con la realidad. Al punto de que, en la ofensiva del tipo a) del Gobierno en estos días, no está previsto modificar hechos políticos que determinan la realidad material –la más feroz de las realidades–, como la ley mordaza o como fijar el límite al precio de unos alquileres.

 

5- Los combates entre la voluntad de estabilidad y permanencia gubernamental, y su contrario, están codificados, y ritualizados, en todas las culturas democráticas. Son combates estruendosos, si bien con pistolas de agua. Cuando dejan de serlo, pasan a ser otra cosa. Como delitos, o como situaciones previas al delito, conflictos éticos que se penalizan con dimisiones y rechazo social. Pero eso está cambiando. En ese sentido, todo empezó cuando cayó el muro. Y en el Este europeo empezaron a formularse nuevas concepciones de la extrema derecha, que fueron calando en las nuevas democracias del Este y, posteriormente, en Occidente. Incluso en los USA. Y en Oriente. La codificación, la ritualización del enfrentamiento político, se volvió más grosera y violenta. Y aún más autónoma y alejada de la realidad. La política quedó separada del delito por aún más kilómetros. En España, cuya derecha tiene, desde finales del XX, un contacto íntimo con la derecha USA, el proceso fue muy intenso. Y vistoso.

 

Todo empezó cuando el PP adoptó, como forma final, su forma de 1996, en continuo choque con una idea solvente de democracia

 

6- Y duradero. De hecho, todo empezó en 1996, cuando Aznar accede a la pomada. Lo hace utilizando recursos y lenguaje ensayado por el Republican Party de Bush jr. Es un lenguaje deslegitimador de otras opciones. Se apropia de los conceptos Democracia, Constitución, Libertad y Pueblo, y ubica fuera de la democracia, de la CE78, del pueblo, de la sociedad, incluso de la inteligencia y de unos mínimos morales a quien así se desee. Es la formulación del constitucionalismo –que no tiene nada que ver con lo constitucional, sino que puede ser su contrario–, la formulación de la extrema derecha española. Tan solo siete añitos tras la caída del muro, y con tecnología USA. Pas mal. Aunque, de hecho, todo empezó más tarde, en 2003, cuando el PP pasó a la oposición y utilizó ese mismo esquema deslegitimador contra ZP. O todo empezó en 2019, cuando ese esquema fue utilizado también al pasar a ser oposición ante Sánchez. Esto es, todo empezó cuando el PP adoptó, como forma final, su forma de 1996, inquietante y en continuo choque con una idea solvente de democracia y de tolerancia. Una forma cercana a la extrema derecha, ultranacionalista y que no asumía otra posibilidad para la política, para el Gobierno, para la CE78, que la suya. Las otras posibilidades son ilegítimas.

 

 

7- Aunque, si uno lo piensa, puede llegar a creer que todo empezó en 2013, con la reforma del CGPJ de Alberto Ruiz Gallardón, cuando el Gobierno Rajoy. Se trataba de una reforma de tipo presidencialista, lo que facilitaba la politización de la institución, y con ella la de las altas capas de la justicia, en modo gota malaya. Lo que equivalía a reconocer la existencia del Deep State, una forma de control ademocrático, una forma reaccionaria de participación política de la justicia. El constitucionalismo, así, no solo era la inquietante lógica del Ejecutivo cuando el PP ganaba elecciones, sino que, independientemente de ello, lo era del Poder Judicial y de las altas instancias de la justicia. Y una parte importante de la cultura, en tanto que el constitucionalismo era la cultura más influyente, por activa o por pasiva, en los medios, consagrados –hasta el 15M, y después a partir de 2015–  a aludir a la agenda constitucionalista. Si bien, claro, todo empezó antes, y de forma más espontánea. Cultural también.

 

El CGPJ ha vivido siete renovaciones. Nunca fueron sencillas, al punto que solo una –1985– se realizó acorde con los tempos legales

 

8- El CGPJ se renueva cada cinco años. Lo que ha supuesto siete renovaciones desde que se creó. Esas renovaciones –y esto habla de un pecado original en la política española– nunca fueron sencillas, al punto que solo una –1985– se realizó acorde con los tempos legales. El resto –1996, con ocho meses de retraso; 2001, con cuatro meses de retraso; 2008, con casi dos años de retraso; 2013, con dos meses de retraso; la situación actual, con cuatro años de retraso– explican una dinámica. Y una decadencia. En 1996, la primera renovación de la época Aznar, fue provocada por la dimisión de seis vocales, indignados por un retraso del Ejecutivo al respecto. Esa indignación ya no existía en 2008 con casi dos años de retraso en la renovación–. Ni, mucho menos, existe esta mañana a primera hora, cuando el CGPJ al parecer se sabe emisor de política, valores y agenda constitucionalistas –esto es, no necesariamente constitucionales–, y no quiere ser renovado. Tal vez, por tanto, todo empezó en 2001, cuando nadie –progresista o conservador– dimitió por un retraso en la renovación de tan solo cuatro meses. O todo empezó en 2008, cuando el PP parece que decidió retrasar la renovación del CGPJ, en caso de pérdida de elecciones generales, hasta haber perdido, o no, las elecciones una segunda vez. Y no hubo ninguna reacción ética en las alturas judiciales. Que es lo que está pasando ahora, exactamente.

 

 

 

9- O, tal vez, todo empezó con la dinámica experimentada en el CGPJ y en la cúpula judicial –politización, mediocrización– aplicada al TC. La mediocrización y, con ella, la politización, se consiguió paulatinamente, pero con un gran acelerón: el nombramiento como presidente del TC de Francisco Pérez de los Cobos. Todo empezó así en 2013, con el hijo de un militante de Fuerza Nueva que compaginó sus funciones de presi del TC con las de militante del PP –algo del todo ilegal; no dimitió cuando ello trascendió en 2016; ¿todo empezó en 2016?–. Su última aportación al mundo jurídico fue la de ser apartado de un cargo en la justicia europea, al que aspiraba, por falsificar su CV. Es posible, no obstante, que todo empezara antes, en 2010, con la sentencia del TC al Estatut, en la que se sesgaba y se privaba de sentido una ley votada en referéndum, pero también aprobada por tres cámaras –Parlament, Congreso y Senado–, lo que era, entre otras cosas, una intromisión del Judicial –esto es, del constitucionalismo– ante el Legislativo, y un serio aviso del carácter pobre y peligroso del TC. Esa intromisión, ese peligroso precedente, fue aceptada con alivio, por cierto, por el PSOE, y por el Gobierno ZP. Aunque, por eso mismo, todo empezó, quizás, en 2017, con la reforma de Rajoy del TC que, recordemos, reconvirtió un antaño prestigioso Tribunal, uno de los pocos objetos heredados de la CE32, en un tribunalejo político. Lo que puede hacer creer que todo empezó en 2017, en y por Catalunya.

 

10- El TC moduló en buena parte el recorrido del procés. Para el caso que nos ocupa, llegó a suspender una sesión del Parlament. Y, lo que es llamativo, diversos partidos que se autodeclaraban indepes obedecieron al TC como un solo hombre/a, y no llevaron a cabo esa sesión, en la que estaba previsto, según el guion, que se declarara algo parecido, si bien lo suficientemente alejado, a la indepe. Lo que a) tiene guasa, pero también habla de b) la escasa medida democrática del procesismo, un cacharro que aspira/ba a la polarización social para ganar elecciones, y de c), la escasa medida también democrática del TC, un tribunal meramente político, que emitía desde la épica del constitucionalismo y no desde la normalidad democrática. ¿Todo empezó con el procés?

 

La censura es lo suficientemente lista como para no acometer una obra maestra. Como los leones, solo ataca a presas fáciles

 

11- El procés era un producto defectuoso. Pero, ojo, la censura moderna solo existe contra libros, esculturas, pinturas, novelas, películas… de calidad escasa. La censura es lo suficientemente lista como para no acometer una obra maestra. Como los leones, solo ataca a presas fáciles, cachorros o seniles. Por lo que, sin duda, la censura antidemocrática y judicial tuvo que haberse ensayado a tope en 2017, con el procés, aquel objeto cutre. Y lo hizo –desde el TC hasta el TS– con una idea autónoma de legalidad, alejada de la cultura democrática. Como en la aplicación de un 155 que no existía, que se extrajo de una propuesta de Fraga, rechazada en la Comisión Constitucional, en 1978, y que fue declarada constitucional, con un par, por el TC. Se dice rápido. ¿Todo empezó en 1978?

 

12- Es importante el punto 11. “La censura es lo suficientemente lista para no acometer una obra maestra”. Esta semana las izquierdas y la mayoría gubernamental no han emitido obras maestras. En lo que ha sido una vorágine de emisión de enmiendas, se ha emitido productos democráticos de escasa elaboración. Una reforma de la sedición que establece, a pesar de los intentos para corregirlo, la semilla de futuros conflictos judiciales profundos con los movimientos sociales, más aún con los relacionados con la demanda de vivienda. Una reforma de la malversación, que reduce penas por malversación, así como suena. Lo acaecido es ya un divorcio formal entre el 15M y la política, que empezó a producirse en 2015, por todo lo alto, con, zas, varios millones de abstencionistas a la izquierda del PSOE. Que siguen –y, todo apunta a ello, seguirán– en la abstención. También han sucedido cosas asombrosas –casi procesistas, por su calidad chunga–, como la incorporación de una enmienda –que venía a establecer la no revisión de penas en la ley del solo sí es sí– en la exposición de motivos de la ley, el único punto de una norma carente de efecto normativo. Plas-plas-plas. Y todo ello parece haber provocado una respuesta furibunda  del Judicial –ese león con tics antidemocráticos, al punto que le ponen los cachorros y los viejos, los objetos que no están en forma, vamos– a través de otra reforma. La que establece el nombramiento de los magistrados del TC por el tercio del Gobierno y del CGPJ. ¿Todo empezó con esa reforma?

 

Lo acaecido es un divorcio entre el 15M y la política, que empezó a producirse en 2015, con varios millones de abstencionistas a la izquierda del PSOE

 

13- La reforma, anunciada la semana pasada, consiste en no tocar lo apuntado en la CE78. La elección de magistrados del TC sigue siendo por tercios. Un tercio lo vota el Congreso, otro el Senado, y otro se lo reparten el CGPJ y el Gobierno, con dos magistrados cada uno. Como hasta ahora y como siempre. La novedad es que ahora, si algún tercio se encasquilla, otro puede seguir adelante con la renovación. Se establece un nuevo sistema de votación para que el CGPJ elija a sus dos magistrados en el TC. Sí o sí, y sin capacidad para dilatar la cosa. Por último –y esto lo “encabrona todo”, como me dice un señor que sabe y que me lo explica– se le retira al TC la capacidad –jamás utilizada para denegar un nombramiento en el pasado– de aprobar los nombramientos que han hecho los tres tercios. Esto es, se le retira una capacidad a una institución, que es lo último que se puede hacer con una institución que, como es el caso, es una institución gagá. Esto es, con problemas de capacidad. ¿Todo empezó con la eliminación de una capacidad, ese conflicto democrático, que es más conflictivo con instituciones escasamente democráticas?

 

14- En todo caso, a) el PP recurrió al TC por el hecho de que la reforma del sistema de votación de candidatos al TC estaba incluida en otro proyecto legislativo. Algo usual hasta el aburrimiento. A su vez, b) el TC admitió a trámite su valoración a una ley aún no legislada. Lo que es una novedad absoluta. Y lo que puede haber precisado de colaboración: el PP no es tan listo, por lo que ese itinerario para abortar un pleno parlamentario puede no haber sido idea suya, me dicen, sino de alguien con estudios. En su pleno del viernes 16D, el TC estuvo lo suficientemente dividido como para aplazarse a sí mismo hasta el lunes 19D. El martes, el CGPJ tiene también pleno, para mirar sus dos candidatos al TC –conservadores–. Y el jueves 22D hay pleno del Senado, en el que se votaría la reforma gubernamental si PP y el TC no lo impiden, lo que parece ser su decisión común. ¿Todo empezó cuando el PP y el Judicial empezaron a emitir cierta coordinación, a finales del XX?

 

15- El ambiente se ha caldeado. Sánchez ha emitido declaraciones –el grado 0 de la política; el más alto grado de la política y el periodismo local– en las que dibuja lo sucedido como algo inconstitucional, una intervención próxima al golpismo, con otros palabros. Eso es importante. En 2019 la presi del Congreso rechazó luchar contra las intervenciones del Judicial sobre parlamentarios presos procesistas. En 2021, lo mismo para con el diputado canario Alberto Rodríguez, desprovisto de su escaño por el Judicial, alegremente y sin combate legal alguno. ¿Todo empezó cuando el PSOE decidió ver el constitucionalismo como un animal de compañía, varias décadas antes?

 

16- El País ha filtrado un informe de un letrado del TC, con más de 30 años de permanencia en el cargo. El informe es desfavorable a la intervención cautelar que reclama el PP y parte del TC. No es así la opinión del ponente de TC para el caso, Enrique Arnaldo, magistrado cercano al PP y con 13 meses en el cargo. El conflicto está creado. Se creó cuando el TC admitió a trámite algo que no podía admitir a trámite. Cuando decidió mirar ese papel más tiempo de lo que requería. ¿Qué miró? ¿Qué vio, que ve durante tanto rato, en una petición que no se ajusta a la legalidad? Su conclusión será importante, pero no categórica. Será una casilla más en una partida que se juega en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia, en el Este de Europa  y, ahora, gracias a PP y Vox, en Europa Occidental. Una partida que terminará con un tribunal no reconociendo unos resultados electorales, una convocatoria de elecciones, o un programa electoral. Cuando suceda, nos preguntaremos cómo empezó todo.

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