ASALTO AL CONSISTORIO
Minimizar
el asalto al Ayuntamiento de Lorca, y reducirlo a una simple alteración del
orden público, sería una frivolidad o una irresponsabilidad política
JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN
Los ganaderos irrumpen en el Ayuntamiento de Lorca.
Lo sucedido en el Ayuntamiento de Lorca cuando se debatía una propuesta de modificación del Plan General de Urbanismo para alejar la instalación de macrogranjas de ganado porcino de los centros urbanos más sensibles (núcleos habitados, centros educativos, centros sanitarios, manantiales y ramblas), siguiendo las normas impuestas por la Unión Europea y la normativa española, me parece una alarmante señal de lo que se avecina en un futuro inmediato en la política española si no alcanzamos a corregir el rumbo marcado por la extrema derecha y la derecha extrema del Partido Popular encarnada en sus actuales dirigentes.
Como era de esperar
nos hemos incorporado a las corrientes negacionistas del cambio climático y a
las teorías políticas supremacistas, en este caso ideológicas, que cuestionan
el sistema democrático, despreciando sus señas de identidad y sus valores
esenciales. Cuando las decisiones adoptadas conforme a los procedimientos
establecidos no son acordes con las propuestas, impecablemente democráticas y
racionales, que se someten a votación, en lugar de utilizar los cauces de la
protesta por medio de reuniones o manifestaciones, acuden a la violencia
invadiendo agresivamente las sedes de las instituciones que encarnan la
representación de la soberanía popular.
No sé si los
asaltantes del Consistorio de Lorca actuaron impulsados por las ideas que
proclaman los líderes de la extrema derecha mundial, cada vez más representadas
en todos los sistemas democráticos. La primera potencia mundial y cuna de la
democracia acaba de aparcar momentáneamente el mandato presidencial de un
personaje histriónico como Donald Trump que ha predicado la insumisión
democrática, incitando a sus seguidores a rebelarse contra el inapelable
mandato de las urnas que habían dictado su veredicto con una abrumadora mayoría de votos populares, si bien no se
puede desconocer que se trata del perdedor que más votos ha tenido en la
historia de la democracia norteamericana. El asalto al Capitolio y la denuncia
de fraudes electorales han abierto un camino que sin duda va a seguir
reproduciéndose, de una u otra manera, en los países en los que la extrema
derecha y la derecha extrema tengan opciones para llegar al poder.
Ante el gravísimo
atentado contra la democracia y la legalidad me preocupa que, hasta el momento,
no se haya producido una respuesta rotunda por parte de todos los partidos
políticos
El sector ganadero
necesita el apoyo de los poderes públicos para poder rentabilizar sus
explotaciones sin incurrir en vulneraciones intolerables de la ley y de la
convivencia democrática.
Ante el gravísimo
atentado contra la democracia y la legalidad me preocupa que, hasta el momento,
no se haya producido una respuesta rotunda por parte de todos los partidos
políticos que, según nuestro texto constitucional, expresan el pluralismo
político como valor fundamental y esencial de la democracia. Concurren a la
formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos
fundamentales para la participación política.
Minimizar el
asunto, y reducirlo a una simple alteración del orden público en el contexto de
las dinámicas políticas que estamos viviendo en nuestro país y en otros
circundantes, sería una frivolidad o una irresponsabilidad política.
Permanezcamos atentos a las declaraciones de apoyo o justificación que se
produzcan, incluidas redes sociales, por parte de políticos y medios de
comunicación.
Por otro lado,
también observo con preocupación, y en este aspecto seguramente seré yo el
desorientado, que la práctica totalidad de las cabeceras de los diarios
generalistas de difusión nacional no han dado la menor importancia o relieve al
tema si bien lo abordan en las páginas interiores como si se tratase de un
incidente municipal que afecta a unos pocos ciudadanos que no merece más relieve
que un capítulo de sucesos.
A pesar de mi
formación jurídica, siempre he sostenido que limitarse ante un suceso de esta
naturaleza a la aplicación del Código Penal sería absolutamente inoperante. Con
toda seguridad no se podía proceder contra todos los alborotadores y me temo
que las actuaciones judiciales podrían transcurrir por derroteros imprevistos.
No hay duda de que se trata de un delito previsto en el artículo 505 de nuestro
Código Penal, que a pesar de considerarlo como un delito contra las instituciones
el Estado, castiga con una pena de seis meses a un año a los que, sin ser
miembros de una Corporación local, perturben de forma grave el orden de sus
plenos o el desarrollo del orden del día previsto para la adopción de acuerdos.
Resultaría terapéutico
y tranquilizador que por lo menos la Asamblea Legislativa de la Comunidad
murciana convoque una sesión de reprobación de estas actuaciones, una condena a
sus autores y un apoyo a una corporación municipal que estaba procediendo con
arreglo a la más estricta legalidad europea y española que concede absoluta
prioridad a la conservación del medio ambiente y de la salud pública. No se
pueden tolerar imposiciones por parte de quienes quieren instalar macrogranjas
siendo conscientes del daño irreversible que se produce para la tierra, para el
bienestar de los animales y para el entorno. Sin duda se trata de industrias
molestas, peligrosas e insalubres que terminan perjudicando a todo el sector
ganadero.
Soy un ferviente
seguidor del consejo de San Ignacio de Loyola que advertía a sus hermanos en la
Compañía de Jesús que “en tiempos de tribulación (elecciones) no conviene hacer
mudanza”. Pero no estaría de más un pronunciamiento del Gobierno teniendo en cuenta
que se trata de una cuestión que está siendo objeto de un debate, absolutamente
tergiversado, en medio de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Sería
un pronunciamiento ético necesario, que estoy seguro que no influiría en la
conciencia de muchos votantes que saben distinguir perfectamente lo racional de
las falacias oportunistas. El debate, además, se ha planteado en unos términos
esperpénticos dignos de alguna corriente literaria muy arraigada en nuestro
país.
El eslogan
“ganadería o comunismo” es digno de una antología de los espacios que la
revista satírica La Codorniz denominaba La cárcel de papel. Los mentecatos que
han elaborado esta estrafalaria disyuntiva merecen permanecer estabulados
durante un tiempo, en una granja masificada y racionados de paja y heno.
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