INDECENTES Y MENTIROSOS

INDECENTES Y MENTIROSOS

JUAN CARLOS ESCUDIER

Cinco años y dos sobreseimientos después, un juzgado de Ceuta ha procesado por homicidio imprudente y denegación de auxilio a  16 guardias civiles que recibieron con pelotas de goma y botes de humo a un grupo de inmigrantes que intentaba llegar nado a una playa de Ceuta. Esta ‘valerosa’ defensa de la frontera costó la vida a 14 personas, a los que se culpó de su propia muerte por no saber nadar y por no calcular que ese día había pleamar, en el episodio más dramático y vergonzante que se recuerda protagonizado por el Gobierno de Rajoy.

Los cargos políticos, empezando por el ministro del Interior, Fernández Díaz, arrojaron sobre los hechos un formidable cúmulo de mentiras con las que intentaron ocultar su propia responsabilidad en la tragedia. Los mandos de la Comandancia de la Guardia Civil negaron primero que se hubiera usado material antidisturbios contra los inmigrantes que intentaban alcanzar la playa. El director general del Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa repitió esta versión y llegó a anunciar querellas contra los que, según dijo, habían injuriado a los agentes. Finalmente, se difundieron algunas imágenes de lo sucedido en las que pudo observarse cómo desde tierra se disparaban pelotas de goma contra los inmigrantes que se encontraban en el agua y botes de humo desde la cubierta de una patrullera de la Guardia Civil, lo que venía a desmentir a Fernández Mesa y a su mentiroso ministro. Se admitió entonces que se habían disparado al agua 145 pelotas de goma y unos cuantos botes de humo, pero para delimitar “la línea imaginaria” de la frontera, como quien traza los puntos suspensivos de un mapa a mano alzada.

En su intento por echar tierra sobre el asunto, el Ministerio se abstuvo de realizar ninguna investigación sobre lo ocurrido y tuvo que ser la ONG Caminando Fronteras la que reconstruyera los hechos tras entrevistar a casi una treintena de supervivientes, recabar los partes médicos de los heridos y visitar varios tanatorios en Marruecos. Se pudo acreditar así que heridos y víctimas presentaban hematomas atribuibles a balas y pelotas de goma. A los cuerpos hallados en territorio español se les dio sepultura a toda prisa un día después de ser localizados.

La guinda al comportamiento indecente del ministro y de sus colaboradores fue la visita que Fernández Díaz giró a los agentes implicados para mostrarles la solidaridad por lo ocurrido. Que se sepa, nadie en el Ministerio se interesó por las víctimas ni trató de ponerse en contacto con sus familias.

Los dos intentos de sobreseimiento de la causa apoyados por la Fiscalía fueron abortados por la Audiencia Provincial de Cádiz, que puso en solfa las deficientes instrucciones sumariales en las que ni siquiera se había tomado declaración a varios supervivientes con el argumento de que residían irregularmente en Alemania, y donde se concluía que los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en España sin que hubiera indicios de que los agentes hubieran empleado inadecuadamente el material antidisturbios. Ha tenido que ser una tercera jueza, María de la Luz Lozano, la que dicte el procesamiento de los guardias civiles y recuerde que las fronteras no son zonas de excepción en las que quepa rechazar de cualquier modo a las inmigrantes. Según destaca en su auto, era evidente que había en el mar personas en peligro de perder la vida y que los agentes se abstuvieron de intervenir en su auxilio.

Varias asociaciones de guardias civiles se han apresurado ahora a pedir que se investigue quién dio la orden de disparar y a exigir responsabilidades, si es que estas existen, a sus superiores jerárquicos y al propio Estado. Ninguna orden puede justificar la falta de humanidad de quienes dejan morir o provocan la muerte -involuntariamente en este caso- a personas indefensas que tratan de alcanzar una playa a nado. Y sí, será inevitable que personajes tan siniestros y tan cristianos como Fernández Díaz y su lugarteniente Fernández de Mesa se vayan de rositas. Va siendo hora de que la indecencia sea delito en el Código Penal.