PREVARICACIÓN EN EL GOBIERNO DE CANARIAS:

 

PREVARICACIÓN EN EL GOBIERNO DE CANARIAS: SE COMETE UN DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL CON LAS ACTAS DEL PEVOLCA QUE EVIDENCIA UNA CLASE POLÍTICA INÚTIL, INEFICIENTE Y FILIBUSTERA A LA QUE NO LE DUELEN PRENDAS MENTIR EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS

·  La Iniciativa Ciudadana denunciará ante el Ministerio de Interior, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias, y ante el Consejo Nacional de Protección Civil las graves irregularidades detectadas en la redacción de los planes de protección y los incumplimientos.

·  Vamos a impugnar el PEINPAL, el oculto PAIV de La Palma y el PEVOLCA por defectos de diseño, por ir en contra de la ley de accesibilidad, Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y ser nulos de pleno derecho por defectos de forma y de ausencia de la participación de la ciudadanía en la elaboración de las normas de protección civil.

·  La Iniciativa hace responsables a los políticos, los científicos y funcionarios que manifiestamente han actuado de forma indolente desde el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias y de España, y que se han mostrado carentes de toda empatía hacia los afectados, prevaricando en la aplicación de la normativa y las leyes durante la crisis y hasta nuestros días.

Todoque, 15 de junio de 2024. Sin duda, la catástrofe de La Palma está desvelando el nivel de bajeza moral, de ponzoña y de hedor de la clase política y de unos funcionarios corruptos carentes de ética y de moral. Unos personajes grises, chusqueros, propios de las repúblicas bananeras. Una tribu que se protege como la camorra, que oculta la información, que miente para evadir sus responsabilidades y que está utilizando la reconstrucción para su propio beneficio.

 

Hoy hemos conocido cómo en el Parlamento de Canarias, un miembro estacado del gobierno se escudaba en los funcionarios para nuevamente ocultar sus vergüenzas y sus responsabilidades negando no solo las actas, sino la propia existencia de estas. Eso sí, defendían cual quijotes la transparencia y el buen hacer de a democracia. Argumentos falaces en la sede de la democracia soberana de los canarios.

 

El documento del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA) establece una serie de procedimientos y obligaciones destinadas a garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante situaciones de riesgo volcánico. Una de las obligaciones más importantes en este plan es la de levantar actas en diversas situaciones y reuniones, asegurando la transparencia y la documentación adecuada de todas las acciones y decisiones tomadas durante una emergencia volcánica.

 

El Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos (CCES) tiene la obligación legal de levantar actas. Y si no lo ha hecho, como así lo declaran, estarían reconociendo un manifiesto delito de prevaricación que venimos arrastrando desde Morcuende y Zapata, del que ahora Coalición Canaria ha recogido el testigo con más fuerza.

 

Son todos ellos personajes zafios, con extensas redes clientelares que les blindan, y que da lo mismo que estén en el PSOE, el Partido Popular o en Coalición Canaria. Todos están unidos por los mismos intereses, unidos por su ansia de poder, por la erótica, y buscando prevalecer en la rotación del mismo. Los afectados, ya no podemos distinguir entre ellos, son los mismos perros con diferentes collares. Por eso, siempre se protegen, y nunca se hacen daño, y se olvidan enseguida de forma premeditada, de las promesas de auditoría, de los anuncios de levantar las alfombras, de la tan cacareada transparencia. Por eso nunca harán lo correcto porque para ello, es necesario tener unos principios de los cuales carecen.

 

Esto es exactamente lo que, tras 1.000 días del volcán, ahora mismo, ocurre con el secretario del PEINPAL, y como responsable el funcionario al mando del CECOPIN, y de su director, el Presidente del Cabildo. Prevarican al no levantar acta de un órgano colegiado, al negar la información a los afectados, al no tener criterio técnico experto en gestión de reconstrucción de territorios afectados por una emergencia volcánica.

 

Está en su carácter, en su adn, y en el de los funcionarios que se benefician bajo sus sombras y hacen posible sus desmanes. Y la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, es otro de los ejemplos más claros de esto, imponen un criterio respecto a los gases que es del todo arbitrario e ilegal con consecuencias en la libertad de movimiento de los ciudadanos de La Palma.

 

Hoy nos levantamos con la certeza política, consagrada en el Parlamento, de que no hay actas en las administraciones. Con las declaraciones en sede parlamentaria, de que los informes del comité técnico del PEVOLCA no son para que un ciudadano cualquiera, un español, tenga acceso a la más básica seguridad y protección de sus derechos. Estos personajes, caerán por su propio peso, es cuestión de tiempo y ese día está cada vez más cerca.

 

Ya está bien, ya basta. Los afectamos decimos que hasta aquí hemos llegado. A estos sinvergüenzas no les duelen prendas ver una nómina de miles de euros cada mes obtenido sin ninguna responsabilidad, sin ningún esfuerzo, mientras que los afectados sufrimos su indolencia, sus ocurrencias y sus ineptitudes.

 

Resulta un escándalo mayúsculo la irresponsabilidad absoluta de estos personajes que impulsan el feudalismo bastardo con el que han envenenado nuestra sociedad palmera. ¿Cómo se atreven ahora a asegurar de que no existen las actas?, ¿qué oculta el gobierno de Clavijo?, ¿qué le debe y a quién para negar la existencia?, ¿por qué desvían nuevamente la atención del afectado encargando un informe de urgencia para que un tercero les diga lo que desea comunicar el que paga?. Nuevamente se creen que los ciudadanos somos estúpidos y que no sabemos de esos juegos de trilerismo político.

 

No levantar actas es un delito contra la seguridad de los canarios

En el Anexo 18 del PEVOLCA, obra de Nieves Lady Barreto, se establecen las normas de funcionamiento del Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos (CCES). En el punto 11 de este anexo, se especifica la obligación de levantar actas de cada sesión que se celebre:

1.   Acta escrita: de cada sesión que se celebre del CCES, el representante de la Dirección General de Seguridad y Emergencias levantará acta escrita. Esta acta deberá remitirse a los diferentes miembros del CCES en el plazo máximo de una semana para su visto bueno o modificación, en su caso, por parte de aquellos que hayan participado en la sesión de trabajo.

2.   Grabación de sesiones: así mismo, las sesiones del Comité serán grabadas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, siendo dicha grabación parte del acta de la sesión.

3.   Gestión de la emergencia: durante la gestión de una emergencia, es necesario documentar todas las acciones y decisiones tomadas. Esto incluye la notificación, valoración y clasificación de la emergencia, así como la activación y desactivación del plan.

Surgen muchas dudas y ninguna es buena. ¿Han prevaricado los científicos, han prevaricado los funcionarios y los políticos?. ¿Han cometido un delito por no cumplir las leyes?. ¿Dónde está la fiscalía y por qué la sociedad civil y los medios de comunicación miran para otro lado y no se cuestionan el esperpento público que estamos viviendo los afectados en La Palma?.

 

La omisión deliberada de levantar actas, la manipulación de documentos oficiales, la destrucción intencionada de dichos documentos y la gestión irregular de fondos públicos, con el objetivo de alterar o impedir el control de la legalidad, ocultar la verdad o encubrir ilícitos, podrían considerarse delitos graves de prevaricación, falsedad documental, encubrimiento y malversación de fondos públicos, regulados en los artículos 404, 390 y siguientes, 451 y 413, y 432 del Código Penal español respectivamente.

 

Las administraciones y sus responsables políticos, los científicos y los funcionarios involucrados en la crisis, no han cumplido con las leyes y ni con el ordenamiento jurídico, ni con el procedimiento administrativo a los que están obligados los funcionarios, ni con la Ley de Protección Civil, ni siquiera con el plan específico de riesgo volcánico PEVOLCA que establece la obligación de levantar actas en diversas etapas y situaciones en las que es crucial la documentación detallada, ya que son cruciales por varias razones tipificadas en la Ley:

1.   Transparencia y rendición de cuentas: las actas de todas las sesiones y decisiones asegura que haya un registro claro y transparente de las acciones tomadas, ya que facilitan la rendición de cuentas ante la ciudadanía y las autoridades competentes. Cuando se ocultan las actas, se evidencia la sospecha de delitos graves por acción u omisión.

2.   Coordinación eficiente: la documentación precisa de la crisis permite una mejor coordinación entre los diferentes organismos y entidades involucradas en la gestión de la emergencia. Con su ocultación, se evidencia la sospecha de que se actuó con improvisación y falta de toma de decisión.

3.   Aprendizaje y mejora del plan: las lecciones aprendidas representa una de las razones de la existencia de las actas y está recogida en la Ley de Protección Civil. De no existir, se estaría prevaricando en uno de los puntos más importantes, la mejora de los planes que mitiguen los riesgos futuros y favorezcan la auto protección.

El PEVOLCA, de Nieves Lady, establece claramente la obligación de levantar actas en diversas situaciones y reuniones, particularmente dentro del Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos. Pero ahora es el gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular el que niega la existencia de las actas que el anterior gobierno, del PSOE, si reconocían su existencia, pero negaba la entrega de las mismas.

 

En 2022, en la comisión de investigación del volcán de La Palma del Parlamento de Canarias se evidenció la existencia de las actas del PEVOLCA. El Gobierno de Canarias, por escrito, evidenció entonces su existencia negando la entrega de estas. Tanto el consejero de seguridad, como el presidente de Canarias, y la ausente responsable de Protección Civil y hasta los científicos, defendieron no entregar las mismas a los ciudadanos acongojados, quizás, por las sentencias judiciales de la negligente gestión del terremoto de L’Aquila en 2009, por la que siete científicos y el responsable político de protección civil, recibieron una condena de cárcel.

 

Fue tras la condena cuando todos los científicos se unieron y comenzaron una campaña internacional para protegerse de forma coercitiva frente a las autoridades. Quizás sea por eso que, ante el miedo cogido en el volcán de El Hierro y ante los errores cometidos entonces, se justifique su actitud en la crisis de La Palma, Desde el primer momento, presuntamente, se conjuraron para presionar para no entregar las actas, Y unos políticos pusilánimes, y unos interesados funcionarios, hicieron el resto para no cumplir con la auditoria de su gestión en una crisis volcánica de más de 1.000 millones de euros en daños ha causado, y miles de animales muertos.

 

Se da la circunstancia que todos los alcaldes que estaban sentados en su día en el comité técnico de la emergencia reclamaron las actas. También lo hizo la actual comisionada de transparencia Noelia García, y hasta Nieves Lady y Sergio Rodriguez. Pero ayer, el señor Manuel Miranda, Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias en sede parlamentaria, negó la mera existencia de las actas.

 

Y dijo más el Sr. Miranda, que no se levantaban actas en la gestion de la crisis volcánica de La Palma ni en el Comité Científico ni en el Comité Técnico de un órgano que es el responsable de la gestion de todos los riesgos sismo-volcánicos de Canarias. Que eran simples “informes técnicos”, y que sus funcionarios, aquellos mismos que trabajaron ya con Morcuende y Zapata y con Ángel Victor Torres, los que no tomaron la decisión de evacuar en 2021, ahora le asesoran y comunican que “no se pueden hacer públicas a la población”, y quieren hacer inaccesible la información a todo el mundo. Cómo se puede ser tan naif.

 

Este es el paradigma de la reconstrucción, mentiras, ocultaciones, encubrimientos mientras La Palma se apaga con la misma rapidez e intensidad que lo hace la justicia, la verdad y la dignidad.

 

¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta ignominia?. Pongamos nombres y apellidos a los responsables, para que sea la sociedad y las urnas quienes los juzguen, ya que la justicia está ausente. Entreguen ya las actas, y reconstruyan con los afectados La Palma. Mientras no lo hagan, la Iniciativa Ciudadana seguirá denunciando la injusticia para que nuestros hijos puedan estar orgullosos de sus ancestros, y señalemos como sociedad a aquellos quienes traicionan a los palmeros cada día.

 

Pueden acceder a la intervención en el Parlamento de Canarias en este vídeo de la intervención.