DE RODILLAS LA DEMOCRACIA NO MEJORA

 

DE RODILLAS LA DEMOCRACIA NO MEJORA

SALVADOR SOLER

La participación en actos públicos del ex ministro Rodolfo Martín Villa, la impunidad de muchos políticos y la pervivencia de leyes como la Ley Mordaza ponen en duda la plenitud de la democracia española, colocándola en el puesto 23 según Democracy Index

Se afirma que la democracia española es plena. Si es por valoración, según el índice de calidad democrática que anualmente emite Democracy Index, ocupamos el puesto 23. Eso quiere decir que hay cosas que pueden mejorarse. Son precisamente aquellas que exigen un nivel de valentía por requerir un cuestionamiento de los valores bipartidistas del régimen político de la transición que se sustentan en el olvido y la impunidad de aquellos que pasaron de ser barbacanas de la dictadura franquista a baluartes de la democracia española, de un día para otro.

 

La democracia, tal y como la entendemos en un Estado de Derecho, no es vengativa, pero debe proporcionar justicia, reparación y ruptura con un régimen fascista que asesinó y encarceló por el simple hecho de pensar distinto y defender un régimen de derechos y libertades. Esa impunidad la protege la Ley de Amnistía de 1978 que, no solo impide el desagravio a las víctimas del franquismo, también resguarda a los ejecutores de aquellas que son arropados políticamente. Un ejemplo es el acto organizado en la Universidad de Extremadura, donde Alfonso Guerra y Rodríguez Ibarra compartieron micrófono con Martín Villa, imputado por crímenes de lesa humanidad por la justicia argentina. Que la democracia española no haya roto con la dictadura hace que sea de menos calidad, postrándola de rodillas ante el estatus quo franquista que sigue bien instalado en instituciones como la justicia en la que deciden los límites de la soberanía popular que reside en el Congreso de los Diputados.

 

En la falta de renovación del CGPJ, de nuevo, el PSOE se arrodilla y suplica un acuerdo al PP a modo del que ya hicieron con la Ley del solo Sí es Sí, genuflexión, en ambos casos, que solo se explica desde el prisma del 78, del que se resisten a ser expulsados (de hecho, ya lo están). El Gobierno progresista, si quiere, puede cambiar la legislación y cumplir con el mandato constitucional, garantizando que el gobierno de los jueces se configure conforme al mismo. Para esto, es necesario, además de una mayoría parlamentaria, que la tiene, valentía y es aquí donde está la falla.

 

La extrema derecha española, porque derecha democrática no hay, si de algo es ejemplo es de corrupción, hasta la sede del PP ha sido reformada con dinero sucio y al que se atreve a denunciar prácticas corruptas tiene las horas contadas, como le pasó a Pablo Casado. Ahí está la trama de espionaje político organizada por el gobierno de M. Rajoy contra Podemos o Esquerra Republicana, pero también contra mandos policiales y fiscales catalanes y no digamos las mentiras de Feijóo, que ya son un cotidiano de su actuar político.

 

Por todo esto no se conoce ninguna dimisión, sin embargo, sin sonrojo la piden de sus contrincantes como es el caso ahora del diputado socialista Ávalos por una responsabilidad política in vigilando respecto de su «asesor» Koldo García que, presuntamente, se ha enriquecido con las mascarillas en tiempo de pandemia. Lo contrario que a la presidenta Díaz Ayuso o al alcalde Almeida; que no asumen responsabilidad política alguna. La primera es responsable del protocolo que dejó morir a más de 7000 abuelos y abuelas de la peor de las maneras por considerar que se iban a morir de todas formas y, el segundo está relacionado con el caso del hermano de aquella, Tomás, que pegó un pelotazo por intermediar en un negocio de venta de mascarillas con el Ayuntamiento madrileño. Aquí no hay ninguna responsabilidad política para el partido popular. La democracia así no mejora.

 

La ley mordaza es otra asignatura pendiente que socava la calidad de nuestra democracia que hace aguas en algo tan esencial como la libertad de expresión, reunión pacífica e información, sancionando, incluso penalmente, el ejercicio legítimo de protesta. De nuevo una nueva concesión cobarde que empaña el discurso oficial de la democracia plena.

 

Que el Estado de Derecho no reaccione ante la mentira, la negación, la falsedad y que según convenga se diga una cosa y la contraria como hace el partido popular habitualmente lanza un mensaje de impunidad desafiante, como hemos podido ver en directo en la actitud retadora del diputado popular Rafael Hernando en los trabajos de la comisión constitucional parlamentaria, que siendo amonestado tres veces se negó a abandonarla y el presidente de la comisión fue incapaz de hacer cumplir el reglamento. Ese acto de cobardía política tiene consecuencias. De rodillas la democracia no mejora.