LA BURBUJA INMOBILIARIA A PIE DE CALLE

 

LA BURBUJA INMOBILIARIA A PIE DE CALLE

DAVID BOLLERO

Un activista de STOP Desahucios acude a una protesta el desalojo de una familia de su vivienda, en Madrid. E.P./Gustavo Valiente

Recientemente hemos visto cómo la banca, como sucede con las empresas energéticas, está registrando beneficios récord. En lo que no se ha puesto tanto énfasis es en cómo sus memorias financieras reflejan que su exposición al ladrillo de riesgo supera los 26.500 millones de euros. La cifra impresiona casi tanto como los sueldos de sus directivos y directivas, pero también nos pone en guardia ante la amenaza de otra burbuja económica: la anterior, con Mariano Rajoy como presidente, nos costó 60.000 millones de dinero público que jamás han devuelto los bancos.

 

Entidades como Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja, Sabadell y Bankinter son conscientes del riesgo al que están expuestos y ya durante 2022 han ido soltando un lastre de casi 6.000 millones de euros, lo que supone reducir su exposición inmobiliaria en un 18%. Estas medidas no han de llamarnos a engaño: no se ha escarmentado respecto a la crisis de 2008, pues de haberlo hecho la especulación no camparía a sus anchas y la banca no habría vivido otra época hipotecaria desaforada. Según el INE, en 2022 se produjeron 649.494 transacciones, esto es, la mayor cifra desde las más de 775.000 registradas en 2007.

 

Además, la exposición tóxica al ladrillo no viene motivada únicamente por las hipotecas -incluidos los inmuebles adjudicados a una entidad tras el impago de una deuda-, también por toda la financiación que se ha concedido a los promotores inmobiliarios, que con la inflación han visto cómo sus proyectos se disparaban de costes y, en caso de concluirlos, no tienen ya la respuesta esperada en el mercado por la caída de la demanda.

 

 

Tras muchos años de tipos de interés por los suelos, la venta de casas y firma de hipotecas ha vivido un repunte entre quienes, al menos, podían pagar la entrada. La realidad es que ante la pasividad histórica de nuestros gobiernos -incluido el actual, que en esta materia arrastra los pies-, el mercado del alquiler ha encogido en cuanto a oferta por la avalancha de pisos turísticos y ha engordado sus precios, lo que ha propiciado que pese a la especulación resulta más sencillo afrontar el pago de una letra que de un alquiler.

 

El quid de la cuestión es disponer del dinero suficiente para afrontar la entrada. Quienes pudieron hacerlo, lo hicieron en un momento con tasas de interés cero, pero la situación ha cambiado con una escala incesante de los tipos de interés. Una subida, además, que no se va a relajar, tal y como advirtió la semana pasada la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) Christine Lagarde, que no supo vislumbrar dónde está el techo y, de hecho, este mismo mes alcanzaremos el 3%.

 

Así las cosas, la sombra de los retrasos e impagos comienza a alargarse. Sólo en los dos meses desde que entrara en vigor el Código de Buenas Prácticas, diseñado para ayudar a las personas cuya situación económica les supera y no alcanzan a pagar la hipoteca, las solicitudes han superado las 7.000, aunque las entidades no precisan cuántas de estas peticiones han sido satisfechas. Habrá más, muchas más que busquen el amparo de este código voluntario. Es lo que les queda, dada la sistemática violación del derecho constitucional a una vivienda digna y a que los poderes públicos pongan en marcha los mecanismos necesarios para evitar la especulación.

 

Lo vivido en la anterior crisis y el hecho de que las autoridades hayan exigido a la banca una mayor prudencia financiera -que ha propiciado que en casos como el Santander recurran a fondos buitres como Blackstone para liberarse de toxicidad- hace que el mensaje mayoritario sea positivo, de baja morosidad, espantando fantasmas de una nueva burbuja inmobiliaria. También en 2008, antes del rescate multimillonario, se hablaba de que la banca española estaba a prueba de bombas... pero no.

 

La burbuja ya se vive a pie de calle. La bonanza macroeconómica nos sobrevuela demasiado alto a quienes nos desenvolvemos en la micro y el Gobierno tiene las herramientas necesarias para asistirnos. No lo hace; la Ley de la Vivienda, la regulación del alquiler y el coto a los apartamentos turísticos siguen guardadas en un cajón. El hecho de que mientras se siguen construyendo viviendas a precio de oro, tan sólo un 18% de las operaciones firmadas en 2022 fueron de obra nueva, debería hacer pensar a nuestros gobernantes. Miro hoy a Francia, de nuevo paralizada por las pensiones y me pregunto en qué momento hemos perdido en España esa capacidad de reacción, en esta y otras cuestiones, cómo es posible que ante un problema tan crítico como es vivir bajo un techo digno no nos movilicemos. ¿Tan narcotizados estamos?