FERROVIAL Y LA TERCERA FORTUNA DEL PAÍS SE DAN A LA FUGA

 

FERROVIAL Y LA TERCERA FORTUNA DEL

 PAÍS SE DAN A LA FUGA

El grupo que preside Rafael del Pino ha vivido en gran medida de la contratación pública y no siempre de forma lícita. La Agencia Tributaria certificó en 2010 que esta compañía pagó casi 5,9 millones de euros a Convergencia a cambio de obra pública

CONTEXTO Y ACCION

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.

Una de las grandes multinacionales españolas, Ferrovial, ha decidido abandonar nuestro país. O más exactamente trasladar su sede social a los Países Bajos. Allí no tiene negocio de construcción, de servicios, ni nada parecido. Por ello no se conoce con exactitud por qué se va. El grupo que preside Rafael del Pino ha sido muy poco claro al exponer las razones que le llevan a huir de España. Decir que allí tendrá más acceso para captar financiación suena a excusa. Ferrovial puede buscar recursos financieros en cualquier lugar de la Unión Europea, como hacen tantas compañías sin trasladar su sede social. Atribuye a los Países Bajos estabilidad y seguridad jurídica, justo cuando ese país tiene que acometer cambios tributarios importantes por indicación de la Unión Europea y por los acuerdos comprometidos con la OCDE. Con ellos, se reduciría o incluso se acabaría con esa especie de paraíso fiscal en el que se constituyó hace tiempo.

 

Ferrovial es una de las grandes empresas que creció al albur del dinero público. Comenzó montando traviesas y carriles para Renfe en la España todavía devastada de los años cincuenta. De ahí pasó a realizar obras públicas que pagaban el Estado, los municipios y más recientemente las comunidades autónomas, es decir, los españoles. Así se enriqueció Rafael del Pino padre. Su hijo y principal heredero, que es la tercera fortuna de España, y la compañía que preside, como otras muchas, se fue con lo ganado a montar negocios en otros lugares. Ferrovial ha vivido en gran medida de la contratación pública y no siempre de forma lícita.

 

Ferrovial tiene causas pendientes en nuestro país por amañar concursos públicos

 

La empresa tiene causas pendientes en nuestro país por amañar concursos públicos. La más importante, en compañía de otras cuatro grandes con las que se repartía el pastel de la contratación en infraestructuras. Llevaban 25 años haciéndolo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les sancionó por ello en julio del año pasado con la mayor multa impuesta en materia de competencia en España: 203 millones de euros, de los que a Ferrovial le correspondía pagar 34 millones. Pero lo más importante, se les prohibía contratar con las Administraciones Públicas. La sanción no ha sido ejecutada aún porque las empresas recurrieron ante la Audiencia Nacional, que la suspendió cautelarmente a la espera de que se pronuncie el tribunal.

 

No es la primera vez. Un año antes, la CNMC anunció que había descubierto y desmantelado un cártel que amañaba las licitaciones para la conservación de las carreteras del Estado. Allí estaba Ferrovial, y otras muchas compañías. La sanción implicaba también la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas. Su ejecución sigue pendiente.

 

Hay que recordar también que Ferrovial estuvo implicado en un caso de corrupción política, desde el lado del corruptor. La Agencia Tributaria certificó en 2010 que la compañía que preside Rafael del Pino pagó casi 5,9 millones de euros a Convergencia Democrática de Catalunya a cambio de obra pública. Fue el llamado caso Palau, a través del cual se canalizó el soborno.

 

Todo esto puede explicar la fuga de la constructora. También se le podría denominar evasión, si eso es lo que persigue Ferrovial al marcharse. Países Bajos es el primer receptor de beneficios empresariales de Europa para evadir impuestos. Según un informe publicado por La Izquierda del Parlamento Europeo, la cifra alcanza los 134.000 millones de euros, y Alemania es el país que más aporta. Pero esto parece que se va a acabar, por presión de los grandes Estados de la Unión Europea, ya que entre otras cosas supone un flagrante caso de competencia desleal. Así que no parece que este sea el móvil que mueve a Del Pino a darse a la fuga.

 

Quizá una razón sea que las conductas del cártel de la construcción pueden llevar aparejadas sanciones penales, porque el traslado a otro país no impediría ni la ejecución de las multas si se declaran firmes ni la aplicación de la ley concursal en España, si llegara el caso. De momento, las administraciones perjudicadas por los sobrecostes del cártel de las cinco grandes no han movido un dedo para defender los intereses de los contribuyentes. Otro factor posible es que los beneficios de Ferrovial bajaron el año pasado un 78 por ciento. Lo que no impidió que su presidente, que atesora según Forbes un patrimonio superior a los 4.000 millones de euros, se subiese el sueldo un 17 por ciento. Trasladar la sede a otro país es un ejercicio infrecuente, que parece contrario al sentimiento patriótico que las grandes familias españolas dicen tener y del que el PP y la extrema derecha tanto presumen en las pulseras. Si Isabel Díaz-Ayuso comparte y entiende que Ferrovial se fuga por los impuestos, la invitamos a hacer lo mismo que Del Pino. Así quizá Madrid dejaría también de ser alguna vez un paraíso fiscal para los más ricos.