EL GOLPE DE ESTADO DE HACE 42 AÑOS

 

EL GOLPE DE ESTADO DE HACE 42 AÑOS

VÍCTOR ARROGANTE

Esta semana se cumplen cuarenta y dos años del 23-F, un golpe de Estado contra la democracia, que dieron los facciosos, sobre el que hay más sombras que luces y más responsables de los que se juzgaron y fueron condenados.

El golpe de Estado se dio en nombre del rey y a sus órdenes (lo argumento en el artículo El rey fue uno de los responsables y en una serie de artículos sobre el trágico y bochornoso acontecimiento). Para Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el Rey, en opinión de Pilar Urbano. El rey insistió «¡A mi dádmelo hecho!» (El Rey y su secreto, Jesús Palacios). Armada fue autorizado por Juan Carlos I para proponerse como presidente del Gobierno ante los diputados. Estaba previsto que a la llegada de Armada, varios diputados lo avalaran, entre ellos Fraga, Sánchez Terán, Herrero de Miñón, Enrique Múgica, Peces Barba y José Luis Álvarez. En la historia de España, la monarquía siempre se ha restaurado o instaurado mediante golpe de Estado. Se consiguió lo que pretendían: el rey consolidado, la monarquía fortalecida, el desarrollo del estado autonómico paralizado; y la política de Suárez reconducida.

 

Hasta siete secretos del 23-F y la Transición podrían quedar a la luz si se modificara la Ley de Secretos Oficiales: ¿Adolfo Suárez propuso al rey Juan Carlos revocar su dimisión un día después del 23-F? ¿Nos salvó el rey de un golpe que el mismo había puesto en marcha? ¿Felipe González estaba al tanto de la Operación Armada y aceptó ser vicepresidente de un general? ¿Qué nombres, acciones, relaciones y documentación recabaron los servicios secretos españoles en su investigación? ¿Hasta dónde había implicados mandos y cargos de la época, incluidos los del CESID?

 

El golpe de Estado de 1981, es un acto de la historia de España, que aun abierto en canal, no ha descubierto todavía el veneno de sus vísceras ni a todos los instigadores. Fue un acontecimiento, de una violencia política extrema para cuantos lo vivimos en la inocencia de la democracia. No se conocen las interioridades de la acción, pero si algunas de las consecuencias políticas e institucionales que todavía perviven. Algunos protagonistas todavía viven de sus réditos.

 

Es cierto que todo lo relatado ocurrió hace cuarenta y dos años, pero también lo es que el período de Transición a la democracia quedó tocado. Mi convicción pasa porque el 23-F fue un golpe de Estado en toda regla. Perpetrado por mandos militares, guardias civiles y una trama ideológica de la derecha reaccionaria sin identificar. Fue un golpe de Estado promovido desde las instancias del poder, para reconducir la situación política a la deriva. Muchos clamaban por un gobierno de coalición. Había que rediseñar el proceso de la Transición, con un nuevo pacto. Varios golpes y conspiraciones coincidieron en el tiempo, reconducidos por el CESID, induciendo determinadas acciones, para llevar al general Armada a la presidencia del Gobierno.

 

El desaparecido Diario16, dejó hasta 23 preguntas escritas, que siguen teniendo plena vigencia y en si mismas encierran respuestas sobre lo que ocurrió. Estas son algunas de ellas: ¿Qué quiso decir Suárez en su despedida televisiva, con: No quiero que la democracia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España? Nadie investigó al diario ultraderechista El Alcázar, cuando el día antes publicaba «Todo dispuesto para la sesión del lunes». ¿Por qué el capitán Sánchez Valiente, el hombre del maletín, se marchó al extranjero tras fracasar el 23-F? A ninguno de los militares a los que se les dijo que el Rey respaldaba el golpe se le ocurrió comprobarlo llamando a la Casa Real. ¿Por qué el Gobierno de la UCD giró radicalmente a la derecha tras el fracaso del golpe? El golpe aceleró la integración de España en la OTAN.

 

Algunas otras cuestiones sin respuesta: Durante el juicio a Armada se le impidió revelar el contenido de su audiencia con el Rey (que duró hora y media) en la Zarzuela, diez días antes del 23-F. No se investigó quién era la autoridad, «militar por supuesto», que anunció el capitán Muñecas desde la tribuna del Congreso y que iba a llegar en breve para hacerse cargo de la situación. El Gobierno español no protestó ante el de EEUU por la frase despectiva de su secretario de Estado, Alexander Haig, al conocer la invasión del Congreso (Es un asunto interno de los españoles), cuando lo normal hubiese sido solidarizarse con el mantenimiento de la democracia en España y el rechazo al militarismo golpista.

 

El día 18 de Febrero de 1982 comenzaba el Consejo de Guerra contra algunos de quienes consumaron el golpe. Se celebró en la Casa de Campo de Madrid y duró más de 3 meses y las sentencias fueron revisadas por el Tribunal Supremo. Un año antes, fuerzas antidemocráticas, mandos militares, guardias civiles y una trama ideológica de la derecha reaccionaria sin identificar en su totalidad, perpetraron el «último golpe de estado en España». También fue un golpe de Estado promovido desde las instancias del poder para reconducir la situación política a la deriva, según ellos. La mayoría de cuantos participaron no han pagado su culpa. Sigue habiendo tapados con responsabilidad penales, contra quienes la justicia no ha actuado.

 

No fue un juicio, fue un consejo de guerra. Los golpistas fueron juzgados por sus compañeros militares, tal y como marca la Constitución. No existen ni imagen ni sonido de las declaraciones porque prohibieron la entrada de cámaras y magnetófonos. Las crónicas se ilustraban con dibujos. Acreditaron a 66 periodistas, 46 españoles y 20 extranjeros, que cuentan que el ambiente se podía cortar con cuchillos.

 

Los golpistas no se comportaron como acusados, sino como una especie de tribunal que juzgaba a la democracia, a sus instituciones y sus representantes. Algunos, como el general Milans del Bosch, quien, a diferencia del general Armada, no intentó desmentir su implicación en el golpe, adoptaron actitudes claramente provocadoras que incluyeron desobediencias abiertas al tribunal.

 

¿Se hizo todo en nombre del rey? ¿Es cierta la frase conocida, y que el rey repetía: «a mi dármelo hecho»? ¿Participaron destacados miembros de los partidos en la oposición y en el gobierno? ¿Cuál fue el papel que jugaron los servicios de información e inteligencia? El 23-F ha generado infinidad de libros y publicaciones, que han clarificado muchos extremos; pero siguen habiendo un cúmulo de interrogantes que sólo el tiempo desvelará. Fue un episodio que se quiso cerrar con demasiadas prisas y se hizo en falso. Quienes participaron, trataron de ocultar y desvirtuar la realidad; quienes algo conocían, por su interés lo taparon, y otros silencios por corporativismo y lealtades mal entendidas; demasiadas instituciones y gente importante estaban implicados.

 

La instrucción de la causa fue irregular y el Juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar una componenda. No estaban sentados en el banquillo todos los implicados, aunque algunos de ellos fueron juzgados. La Casa de Campo, fue un desfile de carnaval. Todos eran compañeros: de uniforme, de cuerpo o de arma. Los que juzgaban, podrían haber sido inculpados, lo defensores acusadores y los procesados juzgadores. Se pretendió una férrea censura durante el juicio para acallar a la prensa. La causa 2/81 nunca desentrañó la trama CESID, por lo que quedó sin conocerse la procedencia de las órdenes, si existieron, de acciones encubiertas o de inducción, y el papel que jugaron los agentes implicados.

 

Todos los procesados declararon su inocencia, salvo Pardo Zancada que creía que la operación contaba con el apoyo real. No solamente invocaron al rey para su defensa, sino que alegaron obediencia debida y estado de necesidad, como eximentes. Todo fue un cúmulo de contradicciones. No se conoció si Armada formaba parte del golpe principal o si por el contrario lo fue del alternativo, o si participó para reconducir la situación; declaró que antes, durante y después, actuó a las órdenes del rey. Milans se escudó tras las reuniones que dijo haber tenido con Armada, donde se le aseguró que el rey estaba de acuerdo. Tampoco el juicio conoció la autoría intelectual; si fue Milans, junto con los otros generales y militares de alta graduación procesados, o quien fue el tapado «elefante blanco».

 

En el juicio quedó probado que había habido una rebelión militar. También quedó probado, por grabado, el asalto de la guardia civil al Congreso. De no haber habido esas imágenes, posiblemente nos habrían ocultado hasta la propia acción. Fueron juzgados catorce militares, dieciocho guardias civiles y un ex dirigente del sindicato vertical franquista; pese a que muchos más participaron, por acción u omisión, conocimiento o inducción. El Supremo, tras revisar la causa, condenó al general Armada, Milans y el teniente coronel Tejero a 30 años de prisión, por un delito probado de rebelión militar. El resto de procesados fueron condenados a diferentes penas, entre los doce años a uno de prisión, o a la pérdida de empleo temporal, y tres absoluciones.

 

La Zarzuela afirmó que la participación y actuación del rey en defensa de la democracia y la Constitución aquel 23-F, estaba fuera de toda duda para los españoles y la comunidad internacional, pero nada está claro. Franco en su testamento político, dejaba todo atado y bien atado en manos del rey, la banca, la alta burguesía, los altos mandos de la administración, el ejército y la Iglesia. Seis años después de su desaparición, su espíritu seguía vivo y el aparato intacto. No podían consentir que se otorgase la soberanía al pueblo, se legalizaran los partidos, especialmente el PCE, se desmontara el estado totalitario y se reconociese el derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones.

 

Los golpistas estaban en el juego visionario, violento, peligroso y sucio para la joven democracia y la ciudadanía de españoles y españolas. Sin triunfar, algo consiguieron: la figura del rey se consolidó ante la ciudadanía y las fuerzas políticas (renta de la que todavía sobreviven); la democracia se consolidó (a costa de quedar sometida al miedo a la involución); el desarrollo del estado autonómico (que supuestamente hacía peligrar la unidad de España), se paralizó temporalmente, y la situación política e institucional (creada por los gobiernos de Suárez ya dimitido) se recondujo.

 

El golpe del 23-F, sigue siendo secreto; quedan preguntas sin respuestas, que no se permite conocer por la Ley de Secretos Oficiales en vigor.