PERIODISTAS EN VENTA

 

PERIODISTAS EN VENTA

DAVID BOLLERO

Pablo González e Ignacio Cembrero, abandonados por el Gobierno de España. - Cedida / Universidad de La Rioja

Cuando un país no protege a su prensa, la democracia se tambalea o, al menos, camina con pies de barro corriendo el riesgo de desmoronarse de un momento a otro. Nada bueno hay en amordazar, o dejar que otros lo hagan, a periodistas que revelan informaciones cumpliendo con su deber tácito con la sociedad. Sin embargo, eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno de España con profesionales como Pablo González o Ignacio Cembrero.

 

Si algo ha demostrado Pedro Sánchez en esta legislatura es que siempre está dispuesto a asumir daños colaterales si con ello obtiene una recompensa o, al menos, evita contrariar a algún socio. El caso más ilustrativo es el sacrificio de todo un pueblo, el saharaui, utilizado por el Gobierno de España como moneda de cambio con Marruecos. Otros ejemplos son los de Pablo González e Ignacio Cembrero.

 

El último es un periodista especializado en el Magreb y que en más de una ocasión ha sacado los colores a Mohamed VI destapando informaciones vergonzantes sobre su reinado. Dicho de otro modo, el sátrapa se la tiene jurada y, de hecho, Cembrero es una de las víctimas del caso de espionaje Pegasus del que varias investigaciones, como la llevada a cabo por el Parlamento Europeo, apuntan a Marruecos. No sorprenden estas conclusiones, toda vez que entre la lista de personas espiadas también se encontraba la activista saharaui Aminetu Haidar.

 

Precisamente por haberse hecho eco de estas informaciones, Marruecos está sometiendo a Cembrero un hostigamiento sin precedentes, llevándolo por cuarta vez a los tribunales sin que en las tres precedentes la Justicia haya dado la razón al reino alauita. Se trata de un caso de libro de lawfare, esto es, abrir una guerra judicial para presionar, extorsionar o amordazar, una práctica que lamentablemente se está generalizando contra la prensa.

 

Tanto la Asociación de la Prensa de Madrid como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) respaldan a Cembrero, solicitando al Gobierno de España que muestre su apoyo al periodista. Hace ya seis meses que la FAPE hizo algo parecido con Pablo González, preso en una cárcel polaca desde hace casi un año, sin pruebas que sustenten su detención y sin haber tenido juicio. Hace unos días conocíamos, además, el rechazo por parte de Polonia a revisar la tercera prórroga que retiene ilegalmente a González en sus cárceles. No gustaban las informaciones que destapaba el periodista sobre la guerra de Ucrania que, sin restar un ápice de culpa a Rusia, mostraban otra cara de Ucrania y Zelenski.

 

Tanto en el caso de Cembrero como el de González todos los caminos conducen a EEUU. La sumisión de España con Marruecos es histórica y notoria, y a Washington le interesa geoestratégicamente un Marruecos fuerte, capaz de seguir presionando a Europa con asuntos como la migración o el tráfico de drogas. Eso tiene un precio, EEUU invita a la ronda pero paga España y, en este caso específico, Cembrero. En cuanto a González, toda información que pueda restar apoyo a Ucrania y, con ello, debilitar la ofensiva contra Rusia, perjudica los intereses de la Casablanca, que desde que estalló la guerra ha visto cómo, por ejemplo, sus exportaciones energéticas se han disparado.

 

El Gobierno de España comete un error. Realizar este tipo de concesiones nos debilita como país, como democracia. A pesar de que se presuma de buenas relaciones tanto con EEUU como con Marruecos, lo cierto es que el peaje que se asume para ello es inmoral y profundamente antidemocrático, contrario al respeto por los derechos fundamentales más esenciales. Obviar estas circunstancias, como lamentablemente acaba de hacer el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, tras su visita a Marruecos, y como presumiblemente sucederá en la próxima reunión bilateral con España, empeora aún más la situación, retrasa el avance y fortalecimiento de la libertad. Mientras el Gobierno de España no asuma que mancharse las manos de sangre, real o figuradamente, es un mal camino para obtener réditos, España seguirá vasalla de terceros sin autoridad moral alguna.