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sábado, 17 de septiembre de 2022

LOS PROBLEMAS SOCIALES DEL CAPITALISMO NO SE SOLUCIONAN CON PROPAGANDA

 

LOS PROBLEMAS SOCIALES DEL CAPITALISMO NO SE SOLUCIONAN CON PROPAGANDA

POR JUAN VIERA BENÍTEZ

El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés. Ya realizó una subida de 0,50 puntos en el pasado mes de julio pero ahora los sube 0,75 puntos, alcanzando el 1,25%, niveles que se llevan sin alcanzar desde noviembre de 2011.

Según la presidenta del BCE el objetivo de esta subida es para combatir los actuales niveles de inflación. No hay que olvidar que el Banco Central Europeo es uno de los defensores de los intereses de las burguesías europeas. Son los capitalistas parasitarios y los monopolios con poder suficiente para imponer precios de los alimentos y combustibles los únicos que se benefician de este saqueo y empobrecimiento popular.

 

La inflación es un mecanismo por el que se transfieren rentas desde la clase obrera a la burguesía. Una crisis que comenzó con la ruptura de las cadenas de suministro que se puso de manifiesto en el año pasado, comenzando a ser visible en 2021, agravada por las políticas de la UE contra Rusia en la guerra en Ucrania, con escasez de alimentos, fertilizantes, semillas, componentes de automóviles, semiconductores, capacidad de transporte, y que manifiesta con más intensidad la imposibilidad del modo de producción capitalista para reproducirse indefinidamente.

 

Esta subida de tipos supone un encarecimiento de la vida cotidiana castigando a aquellos que sólo disponen de un salario (si lo tienen) y una pensión para vivir y en el lado contrario, un mecanismo que aumenta la tasa de ganancia de las clases poseedoras de propiedades inmuebles, de rentas, accionistas empresariales o bancarios, etc.

 

La clase obrera y pensionistas que tienen préstamos hipotecarios van a ser empobrecidos por que la subida de los tipos de interés conducirá a que los bancos revisen al alza las cuotas mensuales de hipoteca a tipo variable o de préstamos para el consumo provocando una brutal pérdida de poder adquisitivo de las familias.

 

Además, los Estados recortarán los servicios públicos tales como la sanidad, educación, pensiones, dependencia, el agua… con consecuencias desastrosas en regiones como la extremeña, debido a la disminución de las cantidades presupuestarias para gastos sociales por el desvío para pagar los incrementos de los intereses de sus deudas.

 

La inflación en Extremadura en el mes de agosto respecto al año anterior es de 11,5 % lo que exige un incremento de salarios y pensiones que compense estos niveles de subida de precios que se traducen en pérdida de la capacidad adquisitiva, y en otros casos, por desgracia muy frecuentes, en pobreza y exclusión social.

 

En este sentido, es de prever que la inflación afecte de manera muy agresiva a una población con casi el 40 % de sus componentes que vive con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, y unas 150.000 personas con ingresos inferiores a los 400 euros. Además, la subida de los precios reducirá la capacidad de los presupuestos regionales para atender las necesidades administrativas y económicas a las que debe hacer frente el aparato regional. Por lo que es muy probable que sigan acumulándose las carencias que sufrimos en los servicios públicos sanitarios, educativos, de asistencia a mayores, en viviendas sociales, infraestructuras ferroviarias, etc.

 

En materia de viviendas seguimos con la pasividad de la Consejería y el crecimiento de las penurias de las familias. La Junta de Extremadura no cesa en su política ineficiente y sobre todo propagandística para ocultar sus déficits sociales, ahora anunciando que recibirá un montón de millones de euros para la rehabilitación y construcción de viviendas en alquiler social, reclamo político que no pasaría de ser una inocentada sino fuera tan doloroso el sufrimiento de muchas familias con grandes necesidades habitacionales, cuyo número crece a la par que se incrementen los desahucios y el número de familias que no alcanzan a pagar sus alquileres;

 

La administración pública regional no se preocupa de solucionar estos problemas que sufren los sectores sociales más desfavorecidos y en cambio desarrolla a diario películas propagandísticas en los medios de comunicación con el argumento de que recibiremos millones de euros para rehabilitación y futura construcción de viviendas en alquiler social, etc.

 

En materia agrícola, el disco se repite y ahora es el presidente de la Junta que pide sentimientos de gozo y emociones positivas a los agricultores al anunciarles que recibirán más dinero de la PAC, gracias a la capacidad negociadora de la Junta y del gobierno español con Bruselas mejorarán sus ingresos por lo que deben estar contentos. Sin embargo, los problemas estructurales del campo no tienen solución en el capitalismo y los precios de los productos agrícolas seguirán estando tirados por el suelo y acelerando la ruina a muchos pequeños agricultores.

 

Es ya muy corriente entre la “izquierda progresista e institucional”, sindicatos oficiales CCOO y UGT y el propio gobierno regional señalar en sus vacías declaraciones la importancia de que vengan industrias a Extremadura por lo que aportan en “empleo y salarios dignos”. El hecho de que se pretenda que vengan industrias en abstracto queda muy bien, pero habría que especificar qué “tipo de industrias” son las que tienen efectivamente una trascendencia vital y de respeto a personas y naturaleza, adecuadas para el desarrollo económico de la región y el bienestar de su población, y no son industrias que vienen a exprimir a nuestra fuerza de trabajo y nuestros recursos naturales.

 

Sin embargo, resulta chocante por su posición institucional o sindical en el interior de las grandes empresas extremeñas que quienes tanto proclaman “empleo y salarios dignos” no muevan un dedo para interesarse y conocer cuáles son las condiciones laborales de la población trabajadora extremeña en algunas grandes industrias. La realidad es que un número importante de la fuerza de trabajo empleada en instalaciones industriales y en centros laborales de la región de otras características sufre una fuerte explotación salarial. Así, no resulta extraño recibir quejas de trabajadores que manifiestan que no se cumplen los convenios colectivos o se realizan las tareas laborales en unas condiciones de trabajo y ambientales con rasgos opresivos que están fuera de toda normalidad laboral.

 

Los sindicatos y el gobierno de la Junta suelen hablar de salud laboral, pero parece que debieran conocer mucho mejor todo lo relacionado con la salud laboral en los centros de trabajo y sobre todo controlar el cumplimiento de la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales que dejan mucho que desear en algunos centros de trabajo de grandes empresas en las que sus dueños y directivos reciben premios y honores de los organismos públicos, y probablemente subvenciones, por su gran contribución al empleo y a la generación de riqueza.

 

Desde UED y el PSLF entendemos que la explotación laboral junto a la subida de los tipos de interés, y en general, la inflación, son diferentes formas que sigue el capital para lograr un mismo objetivo que no es otro que incrementar los beneficios y mantener el poder político y económico. Todo esto pone de manifiesto que el problema fundamental es el capitalismo. Y ante esto, lo único que cabe es la organización de las clases trabajadoras para superar una dictadura de la burguesía que se desenvuelve perfectamente en el interior de un sistema caduco encabezado por una Unión Europea en fase crítica. La economía debe estar al servicio de la mayoría, para lo que es necesario un poder popular y una economía planificada que sirva para satisfacer las necesidades de las clases trabajadoras.

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