LA DERECHA Y SU DOBLE RASERO DEL INTERVENCIONISMO
DAVID BOLLERO
Un cartel
de alquiler de pisos en Madrid.-
Ayer fue un gran día para la justicia social: el anuncio de la Ley de la Vivienda es un paso inédito hacia la resolución del grave problema de acceso a un techo digno que históricamente no han atajado ni los gobiernos del PSOE ni del PP, ya sea en el ámbito nacional, autonómico o local. Y, como siempre que se produce una noticia beneficiosa para los que menos tienen, las élites tachan la medida de intervencionismo... como si el intervencionismo fuera malo.
A las pocas horas
de comenzar a hacerse públicas las medidas de la nueva Ley de la Vivienda y sin
ni siquiera conocerla en profundidad, la derecha se revolvía temerosa al ver
amenazada su capacidad para seguir enriqueciéndose a costa de los más pobres.
El Partido Popular (PP) hablaba de "ataque a la propiedad privada" y
de "intervencionismo". No proponía, sin embargo, medidas alternativas
para solucionar el grave problema habitacional en que está sumida España. De
hecho, ni durante sus periodos en La Moncloa ni en sus gobiernos autonómicos de
larga duración, como el de casi tres décadas de Madrid, la situación ha
mejorado; ha ido a peor, cada vez más dramática para millones de hogares.
Es evidente que
cuando la mayor parte de la riqueza está en manos de unos pocos, privando al
resto de un techo digno, el derecho a la propiedad privada falla, en primer
lugar, porque no todo el mundo lo puede disfrutar y, en segundo, porque daña a
otro derecho más fundamental como es el de acceso a una vivienda digna. No
parece, pues, que medidas que afectan a quienes tienen más de cuatro
propiedades sea un ataque a la propiedad privada.
En cuanto al
intervencionismo, la derecha, bien sea con el PP, la CEOE o el ruin presidente
de Iberdrola, han vuelto a jugar con el lenguaje a su antojo. Cuando el Estado
actúa para tratar de buscar un aumento de la justicia social que, por lo
general, perjudica sus intereses económicos pues éstos se amasan a base de
desigualdad, hablan de intervencionismo. Cuando el Estado tira de las arcas
públicas para subvencionar los ERTEs, disparar las líneas de crédito ICO o
cualquier otro tipo de ayuda empresarial, se arrima el hombro y, sencillamente,
son ayudas. Hipócritas.
La Ley de la Vivienda
crea el marco legal para que después Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
apliquen las medidas que favorezca el acceso a la vivienda. Parece más que
evidente, y así lo han avanzado ya varios dirigentes populares, que allí donde
gobierne el PP no se aplicarán estas medidas. Será entonces cuando la
ciudadanía castigue en las urnas, cuando esa mayoría empobrecida asuma su
responsabilidad política y social y, en lugar de actuar como una masa
aborregada más propia de una hinchada de fútbol, tomen las riendas de sus
propias vidas y exijan la justicia social de la que carecen. Ya no habrá más
excusas.
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