DE TRANSICIÓN MODÉLICA A RESTAURACIÓN CORRUPTA

 

DE TRANSICIÓN MODÉLICA A RESTAURACIÓN CORRUPTA

Todo hace indicar que la denuncia por amenazas presentada contra Juan Carlos I por Corinna Larsen en el Reino Unido será la única forma de echar algo de luz sobre las sombras de este periodo histórico

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Merienda real.

Según la Fiscalía suiza, Juan Carlos de Borbón, rey de España durante 39 años, escondió en una cuenta secreta de la banca Mirabaud 100 millones de dólares que le donó el rey de Arabia Saudí, Abdulá bin Abdulaziz. Bin Abdulaziz era el monarca absoluto de uno de los países más tiránicos del mundo, un régimen wahabita, protector de yihadistas, en el que las mujeres carecen de los derechos más elementales. La donación se produjo en agosto de 2008: la economía global empezaba a hundirse, y España y Arabia estrecharon lazos con un acuerdo bilateral. Aquel año, Arabia Saudí ejecutó a 102 personas, según Amnistía Internacional, la mayoría por decapitación. Un año antes, en 2007, Juan Carlos I había contribuido a blanquear al régimen saudí al entregar al tirano Abdulá la mayor distinción que puede conceder el rey a título personal, el Toisón de Oro.

 

La trama destapada por la fiscalía helvética es de lo más vulgar: el dinero partió de una fundación saudí hacia una fundación vinculada al rey español, y con el tiempo transitó por testaferros y por un par de paraísos caribeños. Unos años más tarde, en 2012, Juan Carlos regaló buena parte de ese dinero, 65 millones, a su amante Corinna Larsen, que está siendo investigada por blanqueo de capitales.

 

El Congreso debe investigar a fondo el asunto. Y el Gobierno “progresista” tiene que facilitar ese camino en vez de torpedearlo. Los fiscales y los jueces deben actuar para proteger el Estado de Derecho y confirmar que la justicia es igual para todos

 

En aquel momento, millones de españoles sufrían los efectos de la Gran Recesión. En su mensaje de Nochebuena de 2008, el rey animó textualmente a la ciudadanía a “vencer problemas y dificultades, [actuando] con realismo, rigor, ética y mucho esfuerzo, anteponiendo siempre el interés general sobre el particular”. En 2011, cuando se conocieron las andanzas corruptas de su yerno, Iñaki Urdangarín, Juan Carlos enfatizó en su mensaje navideño: “Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.

 

En 2014, Juan Carlos I abdicó o fue obligado a hacerlo. Ahora se entiende mejor la espantada. Desde entonces, la justicia española ha rechazado investigar las opacas finanzas del monarca, pese a que una información de The New York Times calculó su fortuna en más de 2.000 millones de dólares, y pese a los indicios de delito contenidos en las supuestas revelaciones de Corinna al excomisario corrupto José Villarejo. Esto cambió hace seis meses, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió reabrir el caso. Hasta ahora, la mayoría del Congreso ha impedido investigar, argumentando que Juan Carlos era inviolable mientras ejerció su cargo. Aunque ya no se trata de indicios, sino de pruebas obtenidas por la justicia suiza, el PSOE insiste en rechazar una comisión de investigación aduciendo que un poder del Estado no puede investigar a otro. La excusa no vale, porque Juan Carlos no es ya un poder del Estado.

 

En todo caso, la inviolabilidad del Jefe del Estado no electo nunca puede aplicarse a actos ajenos al desempeño del cargo, como ha explicado en estas páginas el jurista y magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. La Constitución establece que los actos del rey deben ser refrendados por el Gobierno o los ministros, y es evidente que ningún ministro va a refrendar un posible cohecho ni la comisión de un delito contra la Hacienda Pública.

 

 

El proceso abierto por la justicia suiza pone a la monarquía española ante un enorme dilema político. Su magnitud y su repercusión pueden afectar a la institución misma. Cuando Juan Carlos cedió el trono a su hijo, Felipe VI, solo se hizo lo previsto: la jefatura del Estado pasa de unas manos a otras dentro de la misma familia. Este privilegio conlleva una obligación y una carga, pues el sucesor asume y representa el pasado. En su discurso de proclamación, Felipe VI lo explicó así: “Quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto hacia mi padre, el rey Juan Carlos I. Un reinado excepcional pasa hoy a formar parte de nuestra historia con un legado político”. En los últimos años, Juan Carlos de Borbón ha seguido siendo miembro de la Casa Real y como tal ha cobrado un sueldo (194.232 euros en 2018). Solo dejó de serlo a partir de junio del año pasado. Ahora se entiende mejor.

 

¿Cómo debe reaccionar una democracia moderna ante una situación tan delicada como esta, que parece confirmar que el virus de la corrupción, el engaño y la omertà, que aquejó durante décadas a élites, partidos, gobernantes, policías, empresarios, sindicatos, jueces y periodistas, surgía con toda naturalidad desde lo más alto del Estado?

 

Ya hemos visto que muchos de los que se denominan defensores de las instituciones democráticas prefieren correr un tupido velo y fingir que todo esto son rescoldos de un pasado ya superado en el que no merece la pena detenerse. Esta actitud, tan habitual en España, conlleva un peligro no sólo para la democracia sino para la propia monarquía, una institución que rechazan al menos la mitad de los españoles. Mirar hacia otro lado ante un asunto que ocupa las portadas de los periódicos de medio mundo puede convertirse en un bumerán para quienes traten de impedir que el caso se aclare y se depure.

 

El rey debería dar explicaciones urgentes a la ciudadanía. No es imaginable que desconociera los negocios privados de su padre, y sabe muy bien que llegó a la jefatura del Estado antes de lo previsto porque las amistades peligrosas de Juan Carlos eran cada vez menos secretas. En segundo lugar, si quiere mantener algo de credibilidad y la confianza de la sociedad, el rey debería convencer al emérito para que devuelva al erario público todo el dinero supuestamente sustraído al fisco.

 

Además, el Congreso debe investigar a fondo el asunto. Y el Gobierno “progresista” tiene que facilitar ese camino en vez de torpedearlo. Por fin, los fiscales y los jueces deben actuar para proteger el Estado de Derecho y confirmar, ahora sí, que la justicia es igual para todos.

 

Si nada de esto sucede, la vista de la denuncia por amenazas presentada contra Juan Carlos por Corinna Larsen en el Reino Unido [que ha publicado el 10 de septiembre de 2021 en exclusiva CTXT] será la única forma de echar algo de luz sobre las enormes sombras de este periodo histórico, que empezó siendo conocido como la Transición modélica y que tal vez acabe apareciendo en los libros de Historia como la Restauración corrupta. Combatir esta opacidad, esa impunidad, es la razón por la que nuestra revista, que no suele publicar exclusivas y siempre presume de llegar tarde a las últimas noticias, ha decidido traducir la demanda completa y dejar que el público lector se forme su propia idea sobre un asunto que confunde y cruza todo el tiempo los límites entre lo público y lo privado, en el que es difícil saber si hay inocentes, y que empezó llamándose Caso Corinna pero debería llamarse Caso Emérito.