PROMESAS DE ALQUILER, VENTA DE PROMESAS
DAVID BOLLERO
La vivienda va camino de convertirse en uno de los ejes centrales de la campaña electoral en Madrid... para la izquierda. Las políticas de la derecha, con su gusto por los fondos buitres, han agravado una problemática que se extiende por toda España y no es esta una cuestión en la que vaya a incidir especialmente Isabel Díaz Ayuso (PP), cuyo granero de votos compra a ciegas los bulos de la okupación y criminaliza a quienes viven en la exclusión.
Un informe demoledor del Defensor del Pueblo de 2019 sacaba los colores a nuestros gobernantes, asegurando que "el mercado de alquiler camina a través de una dinámica de la que difícilmente saldrá, está pasando a ser, progresivamente una actividad más profesional". El documento señalaba que "el alquiler ha dejado de ser el gran olvidado", pero no tanto porque se hubiera desterrado aquella mentalidad ignorante que se resumía en que alquilar es tirar el dinero, sino porque "muchos fondos e inversores extranjeros han visto en él una oportunidad para posicionarse en este sector".
A pesar de que
incluso el Defensor del Pueblo advertía este fenómeno, los gobernantes nos
tiraron a los pies de los caballos: la derecha favoreciendo la
profesionalización del alquiler que definía el Defensor del Pueblo, y la
izquierda adoptando una actitud pasiva. El hecho esperpéntico de que la
prohibición de venta de vivienda pública a fondos buitres por parte de la
Administración sea una promesa electoral lo dice todo. A nivel nacional y de
vuelta al informe del Defensor del Pueblo, vemos cómo "hace 15 años se
construían 10 veces más VPO (Vivienda de Protección Oficial) que hoy".
Así se explica que
España esté a la cola de Europa en lo que a vivienda social se refiere, con
menos de una vivienda (0,9) por cada 100 habitantes. Mientras la media europea
de gasto público en vivienda social es de 148 euros por persona, en nuestro
país apenas es de 35 euros.
Ahora llega la
campaña electoral de Madrid, región con uno de los precios de la vivienda más
privativos de España, y coincide con el agrio debate interno en el gobierno por
la regulación del precio de los alquileres. Este debate lastra la credibilidad
o, al menos, limita las promesas electorales del candidato socialista, Ángel
Gabilondo, que consciente de ello se limita a parchear el problema.
Su promesa reciente
de construir 15.000 viviendas en régimen de alquiler social en dos años, además
de insuficiente, promueve los guetos, porque esas viviendas no se construirán
en los centros urbanos, será en las periferias. De nuevo, el urbanismo definido
por el capitalismo. Tienen razón partidos como Más Madrid o Unidas Podemos
cuando reclaman intervenir el precio de los alquileres, limitándolos, como ya
hacen grandes ciudades de Alemania, Francia, Austria o Suecia. No es la única
solución, pero sí un ingrediente indispensable de la receta.
Sin embargo, para
el ministro Ábalos eso se traduce en palos y él quiere zanahorias. El problema
es que sus zanahorias son nuestros palos. En lugar de recuperar las
desgravaciones por alquiler que el gobierno de Mariano Rajoy eliminó en 2014,
Ábalos quiere trasladarlas a los caseros, premiándoles. Un despropósito que,
como decía mi querida Cristina Fallarás, da una idea de qué sabe Ábalos de un
techo.
Así las cosas, poco
más va a poder prometer Gabilondo en esta materia mientras su partido, por boca
de Ábalos y Calviño, boicotean la justicia social de una ley de la vivienda. Ni
siquiera hace falta mirar a este agrio debate: si se baja la mirada a
Andalucía, feudo del PSOE durante cuatro décadas, se aprecia el poco interés
socialista en vivienda social.
Las promesas acerca
del alquiler se han convertido en una venta de promesas para un electorado que
hace tiempo que agotó sus ahorros de buena fe y exige más acción y menos
palabrería. Jugar la carta de la vivienda en campaña va a tener el mismo efecto
para el PSOE que para el PP: quienes no tienen techo bajo el que vivir no
encontrarán amparo real en ninguno de estos dos partidos.
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