SÍ SE PUEDE ADVIRTIÓ A BERMÚDEZ SOBRE LAS
IRREGULARIDADES COMETIDAS EN EMMASA
Arcila recuerda que Sacyr debe también al pueblo de Santa Cruz
45 millones de euros por inversiones no ejecutadas, 10 millones por
reparaciones no realizadas y 17 por subcontrataciones no autorizadas
A esta estafa se suma un presunto delito medioambiental por
vertidos al mar de más de 20 mil metros cúbicos diarios de aguas residuales por
el que están procesados Dámaso Arteaga y responsables de la multinacional
Sí se puede advirtió al alcalde de
Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), y los equipos que
constituyeron sus dos gobiernos –con pactos con PSOE y PP–, sobre las
irregularidades cometidas en Emmasa, por la empresa adjudicataria del servicio
público para la gestión del ciclo integral del agua, Sacyr-Vallehermoso.
“Desde que entramos en el
Ayuntamiento, en 2011, hemos informado al gobierno municipal de los desmanes e
irregularidades cometidos por la multinacional desde la privatización de la
gestión del servicio público del agua; nadie que haya estado gobernando Santa
Cruz entre 2011 y 2019 puede desconocer lo que ocurría allí; hemos llevado el
asunto en múltiples ocasiones al salón de plenos, a la Comisión de Control, a
los medios de comunicación; y a los tribunales, nadie puede darse por no
enterado”, asegura Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se puede en la
capital tinerfeña y del grupo municipal ecosocialista en la corporación en los
mandatos de 2011-2015 y 2015-2019.
A los millones de euros devueltos
ilegalmente a la matriz de la multinacional por la aportación que Sacyr debía
hacer al Ayuntamiento en concepto de canon –que han sido cuantificados
recientemente por la Interventora municipal–, Sí se puede añade otros 45
millones de euros que se deben por inversiones no ejecutadas, 10 millones por
reparaciones no realizadas y 17 por subcontrataciones ilegales, según pudo
contabilizar Sí se puede durante su investigación de la gestión de Sacyr en
Emmasa; para contabilizar el total de lo debido, es necesario que sean los
servicios técnicos municipales los que emitan informes tras una auditoría
completa de la gestión.
A esta estafa al pueblo de Santa
Cruz, hay que sumar el presunto delito medioambiental por los vertidos al mar de
en torno a 20 mil metros cúbicos diarios de aguas residuales sin depurar
durante al menos ocho años en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de Buenos Aires, por el que están procesados el entonces concejal de Servicios
Públicos, Dámaso Arteaga, y responsables de las filiales de la multinacional
que se encargaban de la gestión de la EDAR.
La inhibición del Ayuntamiento en esta
causa, iniciada por denuncias de Sí se puede a raíz del descubrimiento de estos
hechos, al rechazar personarse como parte afectada, tal como propuso el grupo
municipal ecosocialista, ha significado también para el pueblo de Santa Cruz la
pérdida de millones de euros en concepto de indemnización por lo que constituye
el mayor atentado ambiental de Canarias.
Pérdidas cuantiosas
Arcila recuerda que Sí se puede
exigió a los gobiernos dirigidos por Bermúdez la recuperación de 45 millones de
euros por aportaciones debidas por la multinacional en concepto de inversiones
a fondo perdido, así como 10 millones de euros del fondo de grandes
reparaciones que no fueron ejecutados, obligaciones establecidas en el pliego para
la adjudicación del servicio.
A estas cantidades hay que sumar las
pérdidas provocadas por la subcontratación de servicios a empresas del mismo
grupo empresarial de Sacyr, que ha causado entre 2006 hasta 2015 daños
patrimoniales al Ayuntamiento por valor de 5 millones de euros tras contratar
presuntamente de forma irregular servicios por casi 17 millones de euros, según
revela un peritaje judicial encargado por el tribunal que estudia la denuncia
interpuesta por Sí se puede por este motivo.
El grupo ecosocialista en el
Ayuntamiento advirtió a Bermúdez en numerosas ocasiones que las irregularidades
cometidas por Sacyr en la gestión de Emmasa consistían en distintas acciones
pendientes de cuantificar en su totalidad. Se trata, en primer lugar, de la
contratación –en contra de lo establecido en el contrato de adjudicación del
servicio– de empresas del grupo Sacyr-Vallehermoso para la realización del servicio
de desalación de aguas y de servicios de mantenimiento y conservación de la red
de alcantarillado de aguas residuales y pluviales, depósitos de agua e
imbornales.
A ello se suma el incumplimiento del
Plan de Inversiones; la realización de subcontrataciones no autorizadas para la
ejecución de labores previstas en el convenio como responsabilidad de la
multinacional, que han supuesto un enorme sobrecoste; la deriva de fondos para
pagos de altos directivos de Sacyr; la no aportación de documentación
solicitada por el Ayuntamiento y el presunto incumplimiento del artículo 18 del
pliego referido al Fondo de Reversión. Por todos estos incumplimientos, Sí se
puede ha propuesto en distintas ocasiones resolver el contrato para
remunicipalizar el servicio, con el fin de garantizar una mejor atención a la
ciudadanía y una gestión honesta y eficaz de los fondos municipales, que aporta
la ciudadanía con el pago de las tarifas.
Saludos. Comunicación Sí se puede Santa Cruz.
Para más información: 656 385 471.
Gabinete de prensa. Verónica Alemán.
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