EL DERECHO A MENTIR Y A DIFUNDIR EL ODIO

EL DERECHO A MENTIR Y A DIFUNDIR EL ODIO

MIQUEL RAMOS

Todos los que vimos nacer internet recordamos aquel correo electrónico masivo advirtiendo de que “si no reenvías este mensaje a 50 personas, Messenger será de pago”. Qué inocuas y anecdóticas cadenas de mensajes que te llegaban de distintas personas. Viéndolo en perspectiva con el fenómeno actual, nos parecerían un pasatiempo de algún internauta aburrido en su casa que tan solo quería observar hasta dónde llegaba su juego. Ni se lucraba ni causaba ningún tipo de daño. Tan solo hacía perder unos minutos a varios miles de personas que reenviaban el mensaje. Era un bulo, sí, pero inofensivo.

En plena crisis por el coronavirus, los bulos han cobrado un protagonismo inusual. Se han colado en los debates parlamentarios, en las ruedas de prensa del Gobierno y hasta en boca de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han advertido del daño que causan en una situación excepcional donde la incertidumbre y el miedo son terreno fértil para despertar todo tipo de emociones.

Varios medios de comunicación y más de un analista de redes sociales han realizado una gran labor identificando y desmontando no solo los bulos, sino a sus principales propagadores y las tramas de bots automatizados que ayudan a su expansión. Personajes que llevan años defecando en sus redes sociales, en sus medios y en sus atriles todo tipo de mentiras con el único objetivo de atizar el odio, el miedo y la ansiedad de la población. El fascismo siempre se nutrió de estos ingredientes. Y hoy, con internet y con medios de comunicación que han perdido no solo cualquier código deontológico sino ya toda la vergüenza, han encontrado un filón que estos días se está revelando todavía más preocupante. El pasado 11 de abril, el diario El Mundo eligió como frase del día en su portada una sentencia del expresidente norteamericano Harry Truman: “Si no puedes convencerlos, confúndelos”.

Ante las constantes advertencias de varios representantes del Gobierno y los numerosos artículos en los que se denuncia esta campaña de desinformación, la extrema derecha se sintió aludida y volvió a hacer gala de su cobardía, presentándose como víctima. Nada nuevo. También se consideraban víctimas los esclavistas que se oponían a la abolición, los reyes y zares destronados por revoluciones o cualquier colectivo privilegiado que ladra cada vez que se reclaman derechos. Hoy, en este contexto, la víctima es la verdad y los ciudadanos que tenemos derecho a recibir información veraz, no quienes han hecho de la mentira y el odio su pan de cada día.

La extrema derecha afirma que tiene derecho a mentir, a invertir millones en cuentas falsas en las redes sociales, a estigmatizar a determinados colectivos con su discurso de odio y a provocar el pánico

Las medidas planteadas por algunas compañías como Whatsapp, Google o Facebook para frenar la expansión de los bulos han sido presentadas por la extrema derecha como ataques a la libertad de expresión, como una nueva censura del gobierno que amenaza los derechos y las libertades públicas. Una particular idea de la libertad de expresión, del “free speech” que defiende la Alt Right, que utilizan para atacar a aquellos sitios web o redes sociales que intentan poner coto a sus mentiras. Porque, según ellos, tienen derecho a mentir, a invertir millones en cuentas falsas en las redes sociales, a estigmatizar a determinados colectivos con su discurso de odio y a provocar el pánico. Su relato se basa en que es el Gobierno el que está difundiendo bulos y ocultando información a la ciudadanía mientras promueve la censura. Su estrategia se desveló desde el primer momento, incapaces de aportar nada ante esta crisis, conscientes de su responsabilidad en la gestión pública que esquilmó los servicios públicos cuando gobernó o atacó la sanidad pública y universal cuando se le preguntó. Esta estrategia se basa en culpar al Gobierno de las muertes por el virus por su mala gestión. Y para esto, la necropolítica habitual de la extrema derecha ha puesto toda la carne en el asador.

Criticar la gestión del gobierno no puede ser nunca censurable. De hecho, nadie plantea que se censure ninguna crítica. Es más, también la izquierda está siendo muy crítica con algunas decisiones del Ejecutivo, sin la necesidad de hacer uso de fake news. Todo lo contrario, está proponiendo ideas, medidas para evitar la expansión de la epidemia, para proteger a la clase trabajadora y a los colectivos más vulnerables con un plan de choque social.

Pero recordemos que, antes de esta crisis, los bulos y la desinformación ya existían. En las propias elecciones europeas, la Comisión Europea denunció una red en Twitter con bots y cuentas falsas con el objetivo de impulsar hashtags anti-islam, discursos del odio y a favor de Vox. Podemos decir que nos habíamos malacostumbrado a aceptarlos. Sobre todo porque en numerosas ocasiones, las víctimas de estos artefactos de odio eran sobretodo migrantes, musulmanes, judíos, gitanos, menores no acompañados o cualquier otro colectivo habitualmente estigmatizado. Se crearon varias iniciativas de verificación que trataban de demostrar las falsedades de las redes sociales ultras, pero muy a menudo tan solo servían para amplificar los mismos bulos. Y al coprófago, a aquel que está siempre dispuesto a ingerir cualquier excremento que nutra su marco y sus prejuicios, le importa bien poco que sea cierto o no. Incluso siendo desmentido con todas las pruebas posibles seguirá difundiéndolo y negando que sea mentira. Porque el desmentido no es más que una herramienta de control del Gobierno o de esa conspiración contra él y los suyos.

Todavía hoy existen en las principales webs de desinformación bulos como que se prohibirán las fiestas de Moros y Cristianos ‘para no ofender a los musulmanes’, o que una familia magrebí cobra miles de euros en ayudas simplemente por ser migrante. Nadie les hizo rectificar ni les sancionó por publicar estas mentiras compartidas por decenas de miles de personas. Estas webs, además, ganan miles de euros gracias a la publicidad.

Plantear cierta regulación para frenar este odio impune provoca grandes debates. Gran parte de la sociedad tiene miedo a que se judicialicen determinados asuntos que consideran podrían afectar a las libertades públicas y acabar siendo un arma de doble filo. Ya pasó con los delitos de odio, y no falta razón viendo el uso perverso que hace España de una herramienta pensada para proteger a los colectivos vulnerabilizados para proteger a neonazis o perseguir a quienes combaten el odio.

En muchas de las páginas más importantes de desinformación, especialistas además en promover el odio hacia determinados colectivos, vemos anuncios de grandes marcas, generados a menudo por empresas de publicidad que ofrecen paquetes de anunciantes a diversas páginas web. El gran problema es que el odio y la mentira son un lucrativo negocio. No estaría de más que las empresas que se anuncian en estas páginas fueran conscientes de lo que están financiando. Podría ser el momento de empezar a penalizar a ciertas marcas o empresas que con su publicidad patrocinan paginas de odio o desinformación.

Por otra parte, existen en otros países numerosas iniciativas ciudadanas lideradas por ONGs que realizan exitosas campañas contra el odio en la red, y que se dedican única y exclusivamente a monitorear y denunciar estos espacios de odio impune. Esta labor de higiene democrática debería implantarse en todas y cada una de nuestras ciudades, con la ayuda de aquellos organismos que predican la defensa de los derechos humanos y que podrían destinar parte de su presupuesto a combatir esta infección. Llevando a las aulas talleres y cursos que puedan aportar herramientas a la ciudadanía para combatir la desinformación y los mensajes de odio en las redes, especialmente entre los más jóvenes.

Ideas e iniciativas no faltan. Quizás sea falta de interés o de conciencia de quien podría y debería hacerlo, pero no acaba de dar el paso. Mientras, el veneno sigue expandiéndose. Queda muy bien decir que las mentiras se combaten con la verdad, pero cuando quien miente invierte millones de euros en la promoción de sus mentiras, cuenta con altavoces en todos los medios y redes, la verdad ya no tiene ningún valor.