EL NUEVO SANCHISMO

EL NUEVO SANCHISMO

ANTONIO ANTÓN

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, momentos antes de su intervención en la clausura del VI Congreso de las Empresas Familiares Europeas, en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

El presidente socialista Pedro Sánchez ha apostado por un gobierno progresista de coalición con Unidas Podemos y sus convergencias catalana y gallega. Este giro está derivado de la nueva relación de fuerzas parlamentarias surgidas de las elecciones generales del 10-N, con el freno a las derechas, aun con su recomposición interna. Particularmente, es debido al fracaso del plan inicial de Sánchez de ensanchar su base representativa para gobernar en solitario con un programa centrista, sacar mayor ventaja respecto de Unidas Podemos y debilitar a Ciudadanos, absorbiendo parte de su electorado.

Su apuesta, al menos desde mayo, por la convocatoria de nuevas elecciones supone el desprecio al equilibrio representativo (dos a uno en votos y tres a uno en escaños) con UP y sus aliados, e intenta modificar a su favor la mayoría progresista salida el 28 de abril que permitía ya un acuerdo gubernamental plural. Su expectativa era ensanchar y estabilizar su poder, achicar y dividir el espacio de las fuerzas del cambio de progreso para imponer mejor su voluntad, al mismo tiempo que tener más margen de maniobra para pactar con C’s, con la reedición del gran centro (u otra fórmula mixta), y frenar a las otras dos derechas del PP y Vox.

Por tanto, el giro del líder socialista es una respuesta realista (aunque no autocrítica) a la derrota de su anterior estrategia irreal, cuyo objetivo era el monopolio gubernamental con un continuismo centrista en lo socioeconómico e institucional y un enfoque uninacional en lo territorial. Estaba derivada de su inercia bipartidista y su hegemonismo. Por un lado, reforzando su papel propio y su centralidad junto con el emplazamiento a la colaboración del Partido Popular (que no está por la labor); por otro lado, su ventajismo sin aceptar la pluralidad existente a su izquierda y los nacionalismos periféricos, que conllevaba la prepotencia y el aislamiento hacia UP y sus aliados y la irresolución del conflicto catalán. Son aspectos, todos ellos, que ahora debe modificar y cuyo contenido prefigura un nuevo sanchismo adaptado a la nueva realidad, un cambio táctico aun con un mismo objetivo hegemonista más templado.

A ello se añade la frustración de la dirección socialista al no conseguir una reestructuración a su favor del conjunto de fuerzas progresistas, incluyendo su pérdida electoral (0,7 millones de electores y tres escaños). Así, los resultados electorales ofrecen algo menos de una proporción en votos de uno a dos entre Unidas Podemos–En Comú Podem-Galicia en Común y PSOE (6,7 millones frente a más de tres millones) y algo superior contando con 0,5 millones de Más País-Compromís-Equo.

Además, se suma, por un lado, el fiasco de la operación de Más País con el irrealismo de la hipótesis de Errejón (con solo tres escaños, dos de ellos para sus coaligados de Compromís y Equo), con la pretensión de recomponer el espacio del cambio con una representación institucional más amable y colaboradora con el gobierno socialista y que, comparativamente, queda muy lejos de UP; y, por otro lado, a la ‘resiliencia’ de Unidas Podemos y convergencias que, aunque disminuye un poco su representatividad, con sus treinta y cinco escaños mantiene una fuerza parlamentaria determinante y cuya alternativa de gobierno plural de progreso se confirma, con lo que se legitima su liderazgo.

Los cambios del escenario político

El escenario político se ha modificado por esa suma de reequilibrios representativos, legitimidad (o no) de estrategias y liderazgos y capacidad de influencia social y política de los cuatro actores principales: las derechas, con un PP algo en alza, el derrumbe de C’s y el incremento de la ultraderecha; el Partido Socialista, con un leve retroceso y una gran frustración; las fuerzas del cambio, estancadas pero con alivio al superar la hipótesis de su disgregación, y los nacionalismos periféricos, que se han reforzado.

Esa nueva relación de fuerzas y sus (pocas) posibilidades combinatorias para conformar un gobierno progresista es la que explica el giro del nuevo sanchismo y el carácter de la nueva y frágil etapa. Es el punto de partida de las fuerzas coaligadas que tienen que cooperar para concretar esta expectativa tras un proyecto transformador de país.

La mayoría medios de comunicación y analistas políticos, incluida la propia dirección socialista y sus barones, no se explican bien las razones y el alcance de su propuesta de gobierno de coalición progresista. Incluso algunos le achacan un coyunturalismo u oportunismo falto de una estrategia política coherente o una perspectiva a medio plazo, que debiera ser el pacto con las derechas y la normalización política y económica de un nuevo bipartidismo. Su política estaría compuesta de bandazos inexplicables hacia la derecha y hacia la izquierda en materia socioeconómica, o entre el nacionalismo españolista excluyente y a la sensibilidad plurinacional integradora, en el tema territorial y catalán, o entre el autoritarismo prepotente (aplaudido desde el poder establecido) o el talante democrático en los aspectos institucionales (incluida la actitud ante la corrupción y otras libertades y derechos civiles).

Hay parte de verdad. Está el Sánchez de la operación gran centro (el pacto PSOE-C’s de 2016) con su prevalencia ante la paridad representativa con las fuerzas del cambio de progreso; del No es no al Gobierno de Rajoy y la normalización susanista favorecedora de la gobernabilidad del Partido Popular; de la moción de censura y el pacto político y presupuestario con Unidas Podemos; y de su prepotencia institucional, centrismo económico y nacionalismo españolista excluyente de la campaña electoral reciente. Ahora viene otro Sánchez.

El hilo conductor de Sánchez

Pero antes hay que explicar su hilo conductor, lo que tiene de cambio y de continuidad: la garantía del acceso y control estable del poder gubernamental, del que dependen para él las prioridades y los énfasis en proyectos, programas y alianzas. Algunos, atendiendo a una formulación psicológica, lo llama ambición de poder. Desde una óptica política o sociológica es la conquista de la supremacía de la gestión política e institucional, que se supone, desde Maquiavelo, que es la función principal de la clase política, adecuada a los distintos niveles y contextos de gobernanza. Por tanto, no deben sorprendernos los giros tácticos adaptativos a realidades cambiantes para porfiar en ese objetivo central.

En una democracia liberal se supone que la gestión de las élites políticas está regida por procedimientos democráticos y la pugna por la superioridad representativa y el control ejecutivo es legítima, aun contando con las restricciones institucionales (por ejemplo, la sesgada y conservadora ley electoral) y de los grupos de poder, no solo económicos y financieros. No obstante, la transparencia y calidad democrática de esa pugna política y su expresión mediática deja mucho que desear.

En particular, hay prácticas de las derechas y también la dirección socialista, más imbricados con los poderes establecidos, que conllevan riesgos de instrumentalización de las instituciones para fines no muy respetuosos con la democracia y, particularmente, de antipluralismo hacia su izquierda, más débil respecto de los apoyos de poder fáctico.

Pero, en el caso de Sánchez, que ha sido víctima y manipulador flexible, no cabe duda de que su plan supone ambición y firmeza en la expansión de su espacio representativo y de poder institucional ante las derechas y los otros dos actores competidores: las fuerzas del cambio de progreso y las formaciones nacionalistas periféricas.

Por tanto, no hay que infravalorar sus conflictos y su diferenciación simbólica y práctica con la representación política de las tres derechas (especialmente su versión de ultraderecha), no tanto sus apaños con los grupos de poder. Su apuesta estratégica y de pactos está subordinada al interés prioritario de defensa y estabilidad de esa supremacía representativa que le permite acceder a posiciones de poder institucional. Además, alimenta la dinámica corporativa de una élite gobernante duradera, en los distintos niveles de la gobernanza (municipal, autonómica, estatal, europea), incluido en ámbitos de la sociedad civil y las estructuras económicas. O sea, el quién gobierna, con la distribución del poder institucional, adquiere prioridad, frente al para qué (programa real) y con quién (alianzas). Paralelamente, se despliegan los discursos justificativos y los procesos de legitimación.

Un proyecto entre continuista y de progreso

Todo ello conforma el proyecto político socialista, sobre una base social moderada (y envejecida), con una orientación entre continuista y levemente progresista, cuya proporción está pendiente de negociar y concretar con Unidas Podemos y sus aliados para el próximo plan de gobierno compartido de progreso. La negociación integral afecta al conjunto del proyecto, a partir del preacuerdo genérico suscrito, en un contexto complicado.

Una vez aceptado el gobierno plural y compartido, y a la espera de la distribución de las competencias ministeriales, debiera tener tres ejes fundamentales a corto plazo: mejora sustantiva en la justicia social, los derechos sociolaborales y la igualdad efectiva (incluida la fiscal, laboral y de género, la garantía de las pensiones públicas, una política de inmigración inclusiva y respetuosa con los derechos humanos y el apoyo a las personas desfavorecidas); avances reales en el diálogo y la negociación política de la crisis en Cataluña (y respecto del Estado) y en general de la articulación territorial, desde una óptica plural, inclusiva y democrática; impulso democratizador y de participación cívica, con la regeneración de la vida pública y el refuerzo de las libertades civiles y políticas.

Supone, por una parte, un plan de choque contra la emergencia social, levantando una dinámica de cambios significativos en beneficio de la gente y, por otra parte, conformar un perfil claramente progresivo que acumule reformas inmediatas junto con una dinámica transformadora a medio plazo: modernización económica-productiva-ecológica, cambio constitucional, institucional y del Estado, reforma democrática y solidaria de la Unión Europea… Además de este cambio de ciclo político progresivo, debe abordar el cambio cultural y de mentalidades, enganchar con las nuevas generaciones jóvenes y generar expectativas sociopolíticas y adhesiones cívicas a un camino por recorrer y que va a estar minado por las derechas y los grupos de poder reaccionarios.