Podemos advierte que Intervención atribuye al
grupo de gobierno del Cabildo un gasto con reparo de legalidad de 120 millones de
euros en tres años
·
Incluyendo los swaps, las discrepancias económicas de Intervención suman
600 millones de euros entre 2015 y 2017.
El grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife
ha gastado entre 2015 y 2018 un total de 120.694.584 euros del presupuesto
insular con reparos de legalidad de Intervención General, lo que, como resalta
el portavoz del grupo insular de Podemos, Fernando Sabaté, “representa que el ejecutivo de Carlos Alonso ha gastado en
contra del criterio de legalidad de Intervención una media de 110.223 euros al
día, incluyendo sábados y domingos. Esto es un escándalo se mire como se mire,
sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando solo de las advertencias de
gasto irregular en el Cabildo, sin contar las referidas a los organismos
autónomos, sociedades y fundaciones de esta institución”.
Sabaté añade que sumando las discrepancias de
Intervención con las operaciones financieras de alto riesgo del tipo swap
contratadas en 2011 en este Cabildo, el cómputo total de gasto reparado por el
área de fiscalización económica del Cabildo entre 2015 y 2017 asciende a
599.960.639 euros. “La cifra da hasta mareo, si bien es cierto que, por asuntos
contables, la misma incluye tres veces la cuantía total de los swap
contratados, pues el informe de reparos de Intervención recoge el importe total
de esas operaciones financieras cada año”.
En cuanto a la evolución de gasto anual
realizado en este Cabildo con advertencia de ilegalidad por parte de
Intervención, Sabaté detalla que ascendió a 31,9 millones de euros en 2015, a 30,6 millones en
2016 y a 58 millones de euros en 2017. “Esto según el cómputo validado por el
propio presidente insular, Carlos Alonso, en un informe que rebate los reparos
y las advertencias realizadas por Intervención”. Añadiendo cada año el importe
total de los swap contratados, tal y como hace el área de fiscalización
económica insular en el informe anual que remite al Tribunal de Cuentas, la cuantía
de gasto reparado sumó 203,7 millones de euros en 2015, 215,2 millones en 2016
y 180,9 millones en 2017.
El portavoz de Podemos subraya que, aunque el
gobierno insular incide en que todos estos reparos “han sido resueltos
favorablemente apoyándose en informes del secretario general del pleno y
titular de la asesoría jurídica en sentido contrario a lo manifestado por la
Intervención General”, lo cierto es que “resulta preocupante que el grupo de
gobierno gasten tantísimo dinero con cuantiosas discrepancias legales del área
de fiscalización económica. Por mucho que este grupo de gobierno trate de
minimizar la importancia y gravedad de esas discrepancias de legalidad en su
forma de gastar el presupuesto del Cabildo –añade–, a nadie se le escapa que
Intervención se limita a hacer advertencias en función de lo que marca la
legalidad vigente, no en base a caprichos o criterios subjetivos”.
Concluye Sabaté planteando una pregunta, que él
mismo responde: “¿Qué sería lo correcto? Pues lo suyo sería que el Ejecutivo de
Carlos Alonso asumiera que es fundamental adaptar el gasto presupuestario del
Cabildo a los criterios de legalidad de Intervención, máxime si se tiene en
cuenta que sus reparos aluden a anomalías en procesos de contratación y
adjudicación de personal, obras y servicios o, entre otras cuestiones inquietantes,
al alarmante exceso de subvenciones a dedo que lleva a cabo este gobierno”.
Saludos,
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