LA GRAN CRISIS SOCIAL URBANA EN ESPAÑA

LA GRAN CRISIS SOCIAL

 URBANA EN ESPAÑA

VICENÇ NAVARRO

Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas

Públicas. Universitat Pompeu Fabra

La Barceloneta es un barrio portuario en Barcelona muy popular donde históricamente vivía y trabajaba la gente del mar (pescadores y trabajadores del puerto), el cual conserva todavía hoy un carácter marinero muy marcado, con una personalidad e identidad inconfundibles: es el barrio del mar y de la playa de la Barceloneta, la más concurrida de toda la costa catalana. Tiene una vida asociativa muy viva, con un orgullo de barrio muy marcado. Es el único barrio de Barcelona que tiene su propia bandera (azul y amarilla), la cual se encuentra ampliamente expuesta en los balcones del vecindario.

Hoy este vecindario de la Barceloneta está indignado y enfadado, y se ha movilizado contra lo que está pasando en su barrio. Y como parte de su movilización paralizaron el otro día el Cinturón del Litoral, que es una de las principales autopistas que rodean la ciudad. La causa de su enojo es el gran deterioro que están sufriendo en su calidad de vida y bienestar, resultado de una invasión masiva de turistas (vía pisos turísticos), de un comercio ilegal relacionado con el turismo y de una gran cantidad de poblaciones de paso que van y vienen de la playa. Y, como consecuencia, los hurtos y los robos callejeros, además de los residuos y el comportamiento incívico de los turistas y de la población flotante, han alcanzado unos niveles tales que explican que la población haya salido a la calle al grito de “¡Basta ya!”.

Mi experiencia en carne propia: sufrí robo y violencia

Hace unas semanas pude experimentar de primera mano la violencia y los hurtos comunes en este barrio. Mi esposa y yo vivimos en el Poblenou, otro barrio popular vecino de la Barceloneta. Estábamos los dos a las 11 de la mañana caminando por una de las calles de la Barceloneta para ir al centro de la ciudad, y de pronto sentí que una persona me cogía por la espalda y por el cuello, casi ahogándome, a la vez que me arrancaba el reloj, lo cual hizo con gran celeridad, huyendo después. El susto fue enorme. Fue en plena calle, con gente alrededor que vio el acto de violencia y hurto. Cuando los vecinos que vieron el robo vinieron a preguntarme si estaba herido, me dijeron que pasaba casi cada día y en la mayoría de las calles del barrio. Me dijeron que tenían miedo de salir a la calle, sobre todo los ancianos (como lo somos mi mujer y yo). Mi esposa y yo nos sentimos enormemente vulnerables. Estaba claro que los vecinos tenían esta sensación constante, que reflejaba una cultura de inseguridad. Se sentían desprotegidos.

Me aconsejaron que fuera a la policía, que tiene una oficina en el mismo barrio, cosa que hice. Y fue una gran sorpresa cuando la policía catalana (los Mossos) me dijeron que no era en la comisaría de este barrio, sino de otro barrio (al final de las Ramblas), donde debía notificar el robo, pues ellos (los de la Barceloneta) solo se encargaban de ciertos tipos de robos, entre los cuales no encajaba el que yo había sufrido. Para declarar el robo violento tenía que ir a una comisaría en otra parte de la ciudad. Cansado y frustrado (y en un día que había huelga de taxis) abandoné el intento de hacer una denuncia en otra parte de la ciudad, sabiendo, además, que jamás encontrarían el reloj robado. Y los vecinos me comunicaron que ellos también estaban frustrados con la falta de policía en el barrio. Y han comenzado ya a movilizarse, de manera que hace unas semanas espontáneamente más de seiscientos vecinos salieron a la calle y cortaron a propósito el Cinturón del Litoral (una de las autopistas de circunvalación de Barcelona) como protesta. Su situación es intolerable. Mientras tanto, el gran tema en el establishment mediático de la ciudad es el de los lazos amarillos en la playa y otros espacios públicos. Una vez más el tema nacional oculta el gran drama social.

El problema tiene solución pero las autoridades locales no tienen los instrumentos más importantes para resolverlo

No hay duda de que las causas del deterioro muy marcado que sufren estos barrios populares son varias y múltiples: desde el empeoramiento del mercado de trabajo (resultado de las reformas laborales neoliberales) y los recortes del gasto público, hasta el problema escandaloso de los “pisos turísticos” y de alquiler por periodos cortos, ámbitos en los que, por desgracia, las autoridades locales tienen escaso poder de incidencia. En realidad, el ayuntamiento de Barcelona es el consistorio con más sensibilidad social en España. Y, en cambio, no tiene el poder para poder resolver este drama. Un ejemplo de ello es el problema de la vivienda, concretamente un fenómeno que está afectando a toda la población, y muy en particular a las clases populares: el precio del alquiler. Y es poco lo que el ayuntamiento puede hacer. Pero el problema tiene solución: los alquileres pueden regularse y así evitar los cambios bruscos (solo en Catalunya los alquileres han subido casi un 50% en cuatro años).

Estoy escribiendo estas notas desde Nueva York, donde vive y trabaja mi hijo. Más del 50% de los alquileres en esta ciudad están regulados, es decir, son definidos por el ayuntamiento. Tal política fue implementada durante la II Guerra Mundial por parte del presidente Roosevelt, una medida altamente popular que consistía en el control de los precios de los productos y servicios básicos para mantener el bienestar de la población, lo que incluía la vivienda. Después de la guerra, tal control de los precios de la vivienda (incluyendo los del alquiler) pasó a ser competencia de los Estados y de las grandes ciudades. En Nueva York siguió vigente, aunque hubo un intento por parte del gobierno del Estado de Nueva York para anular la medida. Las leyes electorales de tal Estado (como las de Catalunya) están sesgadas a favor de las zonas rurales y conservadoras del Estado, de ahí que, como en Catalunya, el parlamento del Estado sea controlado con gran frecuencia por las fuerzas neoliberales conservadoras, favorables a los propietarios y a la gente más pudiente (como, de nuevo, ocurre en Catalunya). Ahora bien, cuando el parlamento del Estado intentó hace años derogar la ley que permitía a los ayuntamientos regular el precio de la vivienda, hubo grandes manifestaciones en la ciudad, con protestas en contra de las autoridades del Estado. Y una asociación que se sumó a estas manifestaciones fue la Asociación de la Policía de Nueva York, que se opuso a que, entre sus funciones, estuviera el tener que desalojar a familias de sus casas por no poder pagar el alquiler. El Estado tuvo que mantener la ley tal como estaba (ver el libro The tenant movement in New York City, 1904-1984, de Ronald Lawson).

Qué pasa en Catalunya y en España

Catalunya ha sido gobernada durante la mayor parte del periodo democrático por las derechas dirigidas por un partido (Convergència) de sensibilidad liberal perteneciente a la familia liberal europea, que constantemente se han opuesto al control de los alquileres, apoyando sistemáticamente a los propietarios (que en su mayoría son bancos – incluida La Caixa – o empresas inmobiliarias) sobre los inquilinos. El último caso de una larga historia se dio en el año 2016, cuando Convergència i el PP se opusieron a regular el precio del alquiler, propuesta realizada por Catalunya Sí Que es Pot. Y el Estado central español ha favorecido siempre a estos sectores. Esta es una de las razones.

El ayuntamiento de Barcelona está gobernado por una fuerza política resultado de la rebelión de los barrios contra esta situación intolerable. Y es mucho lo que se está haciendo. Pero tiene poco poder. El porcentaje de la población con el alquiler regulado es menos del 3%. Sin un cambio muy notable del gobierno de la Generalitat y del comportamiento del gobierno central no habrá solución para el problema de las Barcelonetas de este país. Hoy la Generalitat de Catalunya ha centrado todos sus esfuerzos en conseguir los fines políticos de sus partidos gobernantes, de manera tal que el tema más sensible en el discurso mediático y político sobre la seguridad del país parece ser el de mantener los lazos amarillos por todas partes. Hay que tener partidos que gobiernen en Catalunya y en el resto de España que favorezcan el control del alquiler y que den prioridad a que las policías que dirigen (los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil) se centren en la seguridad de los barrios populares, además de revertir las reformas laborales que han tenido un impacto muy negativo en el nivel de vida de la clase trabajadora que trabaja en la Barceloneta. Y de especial importancia es que, además, desde el Estado y los gobiernos autonómicos se acepte la necesidad de reconocer que tiene que traspasar poderes, excesivamente centralizados, a los distintos gobiernos en el territorio español, y sobre todo a los municipios, permitiendo un control del precio de los alquileres, un cambio en la política de seguridad y una reversión de los recortes del gasto público, dando prioridad a los servicios vecinales.

Las consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos neoliberales, tanto español como catalán, en las Barcelonetas del país

Las reformas laborales y los recortes del gasto público han tenido un enorme impacto negativo en la calidad de vida y bienestar de la mayoría de la ciudadanía de las clases populares, como queda claro en los barrios como la Barceloneta. Pero deben incluirse también en estas medidas neoliberales las políticas de privatización de los espacios públicos, como ha ocurrido también en aquel barrio. El mejor ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en el espacio del puerto que hay enfrente de la Barceloneta, llamado la Marina del Port Vell. Tal privatización de esta área del puerto fue impulsada por CiU y el PP (y seguro que si hubiera sido hoy, este proyecto hubiera sido apoyado también por Ciudadanos). La gran firma financiera del emirato de Qatar (emirato que financió al Barça durante muchos años), entre otras empresas internacionales, tiene un papel fundamental en este proyecto que tiene como objetivo incrementar los beneficios de tales negocios privados a través de favorecer servicios portuarios a los yates de los súper-ricos del mundo, la élite internacional, que ha vallado todo el muelle, excluyendo a la ciudadanía barcelonesa del acceso a este espacio, que había sido central en la vida económica de la Barceloneta y de la ciudad. Esta es la idea del desarrollo económico que tiene el pensamiento neoliberal dominante en Catalunya y en España: privatizar espacios públicos para uso y disfrute de las élites económicas y financieras del mundo, a pocos metros de un barrio popular al que están ignorando y/o destruyendo. Y así está garantizado hasta el año en el que termine la concesión, en 2036. Debería ser obvio que se requiere un cambio profundo a nivel del gobierno de la Generalitat y del Estado español para poder mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas en este país.