LA BURLA DEL RÉGIMEN
MONÁRQUICO Y COLONIAL ESPAÑOL
MOVIMIENTO UPC
La Sala de lo
contencioso-administrativo del mal denominado Tribunal Superior de Justicia de
Canarias ha desestimado lo que en la jerga jurisdiccional se conoce como
recurso de reposición interpuesto por los servicios jurídicos del Movimiento
por la Unidad del Pueblo Canario, al que, según la sentencia, procede imponer
el abono de las costas causadas, añadiendo que contra ella NO cabe interponer
recurso ordinario ni extraordinario alguna, salvo el de aclaración.
El recurso de
reposición se interpuso debido a que dicho tribunal concedió, arbitrariamente,
un plazo de cinco días naturales para proceder a subsanar un defecto de forma
del recuso contencioso-electoral presentando contra la proclamación de electos
al parlamento de Canarias, el falso parlamento, no el verdadero que aún está
por venir.
Mediante una diligencia de ordenación firmada el
jueves 11 de junio de 2015 solamente se concedió un plazo de cinco días
naturales para subsanar el defecto procesal jurisdiccional -que no
administrativo-, consistente en la designación de procurador y decimos
solamente porque sólo disponíamos de tres días, pues hay un fin de semana por
medio, para la designación de procurador, sin tiempo material para buscarlo y
que este acepte el encargo, así como realizar el apoderamiento.
El auto del
Tribunal de 17 de junio de 2015 dice textualmente en el párrafo segundo del
fundamento de derecho único: “2. En todo
lo no expresamente regulado por esta ley en materia contencioso-electoral será
de aplicación la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa”, acorde
con el artículo 116 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG),
añadiendo al final del párrafo tercero que “los
plazos se cuentan, por expresa disposición del art. 119 de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General, por días naturales”.
La Ley Orgánica
de Régimen Electoral General no contempla plazo para subsanar defectos en los
contencioso-electorales, por lo que, acorde con el artículo 116 de la LOREG “será de aplicación la Ley de la Jurisdicción
contencioso-administrativa” (LJCA), cuyo artículo 45 concede un plazo de 10
días hábiles (no naturales) para la subsanación de deficiencia. Por lo tanto,
en concordancia con la vigente legislación, lo que procede en derecho es
conceder un plazo de 10 días, como así lo establece el artículo 45.3 de la
LJCA, en relación con la figura jurisdiccional y no administrativa del artículo
23.3 del mismo texto legal.
La aplicación
de los plazos, teniendo en cuenta el artículo 23.2 debe ser al amparo de la
LJCA y no al amparo de la LOREG, por cuanto son hábiles y no naturales, dado
que, reiteramos, es una figura jurisdiccional y no administrativa. La LJCA
concede tal plazo hábil, ya que se debe tener tiempo material para buscar
procurador, que el mismo acepte el encargo y poder realizar el apoderamiento.
Conceder un plazo de 5 días naturales, con un fin de semana por medio como en
el presente caso, para conferir representación a procurador y realizar todas
las gestiones que ello conlleva conculca el artículo 24 CE, lo que en su
momento tuvo en cuenta el legislador, al conceder un plazo de 10 días hábiles
para subsanar este tipo de deficiencias que pueden llegar a ser muy complejas
al tratarse de trámites que dependen de terceros (procurador, notario, etc.).
De lo expuesto
en este apartado se deduce que la subsanación se realizó en tiempo y forma, lo
que fue puesto en conocimiento de la Sala mediante recurso de reposición, que
sin embargo desestimó el mismo en base a los argumentos incluidos en el párrafo
segundo del primero de sus fundamentos jurídicos, que literalmente
transcribimos: “Respecto al plazo de 5
días para subsanar los defectos, defectos que a la parte correspondía conocer
ya desde el momento en que presentó el recurso ante la Junta Electoral, las
limitaciones de plazos que establece la LOREG justificaban sobradamente la
limitación del plazo señalado que por lo demás era más que suficiente para
poder llevar a cabo la subsanación correspondiente, destacando que el plazo más
amplio contemplado en la LOREG es precisamente de 5 días”. Plazos cortos en
efecto pero generalmente alusivos a la campaña electoral, ya finalizada, pues
el contencioso-electoral se presenta ante la proclamación de electos.
El contencioso-electoral viene
regulado en la sección XVI de la LOREG y efectivamente uno de los plazos que
concede es de cinco días pero no para subsanar defectos del contencioso
electoral sino para que tenga lugar el desarrollo de la fase probatoria una vez
finalizado el periodo de alegaciones (artículo 112.5: “La fase probatoria se desarrollará con arreglo a las normas
establecidas para el proceso contencioso-administrativo, si bien el plazo no
podrá exceder de cinco días”), no pudiéndose justificar una decisión de
la gravedad que supone archivar un contencioso-electoral argumentando que a la
parte correspondía conocer ya desde el momento en que presentó el recurso los
defectos a subsanar, independientemente de que los conociera o no, recurriendo
incluso a argumentos como las limitaciones de plazos que establece la LOREG
dado que ninguno de los plazos establecidos en la mismo se refieren a la
subsanación de defectos en la presentación de un contencioso-electoral, que lo
resuelve, como se ha documentado ut supra, la LJCA a la que, como se dijo
previamente, remite la LOREG en su artículo 116 2: “En todo lo no expresamente regulado por esta ley en materia
contencioso-electoral será de aplicación la Ley de la Jurisdicción
contencioso-administrativa”, remitiéndose la sala al mismo argumento cuando
se le solicitó aclaración sobre el mismo en el recurso de aclaración, valga la
redundancia y que se sustentó, entre otros, en los siguientes
MOTIVOS:
Respecto al
plazo de 5 días para subsanar los defectos, se dice en el auto recurrido que
“las limitaciones de plazos que establece la LOREG justificaban sobradamente la
limitación del plazo señalado que por lo demás era más que suficiente para
poder llevar a cabo la subsanación correspondiente, destacando que el plazo más
amplio contemplado en la LOREG es precisamente de 5 días”. La LOREG señala
literalmente en su
Artículo 112
1. El
recurso contencioso electoral se interpone ante la Junta Electoral correspondiente
dentro de los tres días siguientes
al acto de proclamación de electos y se formaliza en el mismo escrito, en el
que se consignan los hechos, los fundamentos de Derecho y la petición que se
deduzca.
2. El
Tribunal competente para la resolución de los recursos contencioso-electorales
que se refieren a elecciones generales o al Parlamento Europeo es la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En el supuesto de elecciones
autonómicas o locales el Tribunal competente es la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la respectiva Comunidad Autónoma.
Número
2 del artículo 112 redactado por L.O. 8/1991, 13 marzo de modificación de la
Ley Orgánica 5/1985, 19 junio, del Régimen Electoral General («B.O.E.» 14 marzo).
3. Al
día siguiente de su presentación, el Presidente de la Junta ha de remitir a la
Sala competente el escrito de interposición, el expediente electoral y un
informe de la Junta en el que se consigne cuanto se estime procedente como
fundamento del acuerdo impugnado. La resolución que ordena la remisión se
notificará, inmediatamente después de su cumplimiento, a los representantes de
las candidaturas concurrentes en la circunscripción, emplazándoles para que
puedan comparecer ante la Sala dentro de los dos días siguientes.
Número
3 del artículo 112 redactado por L.O. 8/1991, 13 marzo de modificación de la
Ley Orgánica 5/1985, 19 junio, del Régimen Electoral General («B.O.E.» 14
marzo).
4. La
Sala, al día siguiente de la finalización del término para la comparecencia de
los interesados, dará traslado del escrito de interposición y de los documentos
que lo acompañen al Ministerio Fiscal y a las partes que se hubieran personado
en el proceso, poniéndoles de manifiesto el expediente electoral y el informe
de la Junta Electoral, para que en el plazo común e improrrogable de cuatro
días puedan formular las alegaciones que estimen convenientes. A los escritos
de alegaciones se pueden acompañar los documentos que, a su juicio, puedan
servir para apoyar o desvirtuar los fundamentos de la impugnación. Asimismo, se
puede solicitar el recibimiento a prueba y proponer aquellas que se consideren
oportunas.
Número 4 del artículo 112 renumerado por L.O. 8/1991, 13 marzo
de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, 19 junio, del Régimen Electoral
General («B.O.E.» 14 marzo). Su contenido literal se corresponde con el
anterior número 3 del mismo artículo.
5. Transcurrido
el período de alegaciones, La Sala, dentro del día siguiente, podrá acordar de
oficio o a instancia de parte el recibimiento a prueba y la práctica de las que
declara pertinentes. La fase probatoria se desarrollará con arreglo a las
normas establecidas para el proceso contencioso-administrativo, si bien el
plazo no podrá exceder de cinco días.
Número
5 del artículo 112 renumerado por L.O. 8/1991, 13 marzo de modificación de la
Ley Orgánica 5/1985, 19 junio, del Régimen Electoral General («B.O.E.» 14
marzo). Su contenido literal se corresponde con el anterior número 4 del mismo
artículo.
El artículo 116
de la LOREG especifica claramente, concretamente en su apartado número 2, que
en lo no regulado específicamente por esta ley en materia contencioso-electoral
será de aplicación la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa, cuyo
artículo 45 concede un plazo de 10 días hábiles para subsanación. Lo que
constituye el segundo motivo de aclaración.
Artículo 116
1. Los
recursos contencioso-electorales tienen carácter de urgentes y gozan de
preferencia absoluta en su sustanciación y fallo ante las Salas de lo
contencioso-administrativo competentes.
2. En
todo lo no expresamente regulado por esta Ley en materia contencioso-electoral
será de aplicación la Ley de la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
Dice la
sentencia ahora recurrida que en cuanto a los requisitos legales indicados,
caber señalar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de
fecha 28 de noviembre de 1989, que se remite al contenido del Auto del Tribunal
Supremo de fecha 26 de abril de 1989, sin especificar referencia alguna de las
citadas sentencias, constituyendo el tercer motivo de aclaración.
Según el auto
“Procede imponer a la parte recurrente el abono de las costas causadas”. Sin
embargo dice la LOREG en su artículo 117:
Artículo 117
Los recursos judiciales previstos en esta Ley son gratuitos. No
obstante procederá la condena en costas a la parte o partes que hayan mantenido
posiciones infundadas, salvo que circunstancias excepcionales, valoradas en la
resolución que se dicte, motiven su no imposición.
Toda vez que entiende esta parte que en ningún
momento ha mantenido posiciones infundadas entiende igualmente que no procede
la imposición de costa alguna.
Estos fueron los principales puntos de
aclaración que se le pidieron al Tribunal con respecto a las sentencias
emitidas hasta ese momento y presentadas ante las graves infracciones cometidas
durante la campaña electoral que dio lugar a que el Movimiento por la Unidad del
Pueblo Canario presentara un contencioso-electoral, que es el fondo del asunto y en el que el Tribunal se niega a entrar, que sin embargo
tiene que hacerlo por dos motivos tan sencillos como fáciles de entender:
porque es su trabajo y porque les llegó el recurso.
El Tribunal dice “no haber lugar a la aclaración”
empezando sus fundamentos jurídicos con una lapidaria sentencia: 1. Los tribunales no
podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí
aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que
adolezcan.
Respecto
a la cita de la Sentencia que se menciona en el Auto dictado y al Auto del TS
que se indica, claramente la parte, que tiene Abogado, debe saber localizar una
resolución por la fecha con los medios técnicos que existen hoy en día.
Finalmente,
tampoco hay nada que aclarar en cuanto a las costas que, por lo demás, no hay
(aunque si había previamente).
Otro estamento del colonialismo, en
este caso el militar, sostiene en el artículo uno de sus estatutos que “el
mando nunca se equivoca”, rematado por el artículo dos al añadir: “cuando el
mando se equivoca se aplica el artículo uno”.
Movimiento por la Unidad
del Pueblo Canario (Movimiento UPC)
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