EL COLONIALISMO VUELVE A ACOSAR A LAS MUJERES CANARIAS

EL COLONIALISMO VUELVE A 

ACOSAR A

 LAS MUJERES CANARIAS

Movimiento por la Unidad

 del Pueblo Canario

(Movimiento UPC)

El procesamiento de cinco mujeres, militantes de Intersindical Canaria, a instancia de la titular del Juzgado número 8 de Las Palmas, Victoria Rosell, viceportavoz nacional de la asociación de Jueces para la Democracia y vallisoletana de origen, es un trascendental suceso que avanza en el alarmante cerco para cercenar un derecho fundamental como son las libertades políticas y sindicales, más grave si cabe al tratarse de una organización que lucha por la liberación nacional de un pueblo sometido por las armas como es el pueblo canario.

La juez no sólo formaliza una causa penal contra las activistas sindicales –a las que acusa como supuestas autoras de un delito de allanamiento de morada, otro contra la intimidad y la propia imagen y una falta de lesiones– por haber desplegado una pancarta con la leyenda “Mujeres canarias contra la reforma laboral” en la sede pública de la Confederación Canarias de Empresarios (CEE) el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo de 2012), sino que igualmente formaliza cargos contra el periodista que acudió a la convocatoria de las sindicalistas, filmó su entrada en la sede de la CCE y divulgó la noticia en un periódico digital, en un ataque sin precedentes a un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

  

Se trata de un acto intimidatorio más contra el acosado pueblo canario del entramado colonial falsamente denominado Estado de derecho, constituido por un gobierno cuyo presidente ha tenido la desfachatez, el cinismo y la osadía de reconocer ante sus electores en particular y la opinión pública en general que su gobierno incumple el programa electoral con el que ha ganado las elecciones por mayoría absoluta “para cumplir con mi deber”, razón más que suficiente para dimitir y convocar nuevas elecciones, pues el deber inexcusable de un presidente de un gobierno no es otro que cumplir el programa con el que ha ganado las elecciones, si se tratara de un proceso electoral democrático. Claro que no es el caso, como lo avala el hecho de que el propio tesorero del partido que sustenta al gobierno se encuentra en prisión sin fianza por defalco de nadie sabe cuantos millones de euros.

Otra parte del entramado colonial mal denominado Estado de derecho lo constituye la judicatura, que no tiene reparo en apoyar el bipartidismo del PPSOE, autodenominándose progresistas o conservadores, según quien los haya puesto en el cargo, cuyo ejemplo más bochornoso lo constituye la propia Rosell, no sabemos qué de jueces para la democracia.

No menos vergonzosa es la otra pata del entramado colonial, el poder legislativo, pues antes de las últimas elecciones a las Cortes sus señorías se pusieron de acuerdo, sin que nadie se opusiera, ni siquiera Ezquerra Republicana, Izquierda Unida o “Colisión” Canaria, para modificar la ley electoral en el sentido de que aquellas organizaciones sin representación parlamentaria que pretendieran presentarse deberían ser avaladas por ciudadanos con derecho a voto, en un acto discriminatorio sin precedentes, pero con la salvedad de que cada elector sólo podía avalar una candidatura, o lo que es igual, el entramado colonial etc., pretendía listas de electores por ideologías, vaya usted a saber con qué fines, lo que dio lugar a que El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario no presentara tales avales al negarse a entregar un listado de nuestros apoyos electorales, pidiendo por tal motivo el voto nulo, obteniendo más de 16.000 votos en Canarias, con las papeletas editadas por el Movimiento UPC pidiendo el voto en dicho sentido, para quebradero de cabeza del colonialismo, lo que por cierto nos aupó al segundo puesto de las organizaciones netamente canarias, si este término pudiese ser aplicado a la “Colisión”.

La petición de un año de prisión con suspensión del derecho a votar para Luci Rodríguez (Coordinadora nacional de Intersindical Canaria), Asunción García, Guacimara Vera, Pino Monzón y Aisha Hernández, constituye un acto más del colonialismo español en su estrategia global de, amilanando a los ciudadanos, intentar acabar con la rebeldía de los canarios y canarias contra este trasnochado sistema monárquico medieval que nos sigue oprimiendo.

El Movimiento UPC se solidariza con la luchadoras represaliadas y, de no ser favorable las sentencias de los tribunales españoles, como es previsible, al ser tribunales al servicio del colonialismo, recurrir, una vez agotadas las vías internas, a los tribunales internacionales, concretamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (Movimiento UPC)