LA HIPOCRESÍA DE LA
FIFA
El organismo rector del fútbol internacional califica con la nota más alta
de su historia a Arabia Saudí y le entrega la organización del Mundial de 2034
Gianni Infantino, presidente de la
FIFA, anuncia que el Mundial
2034 se celebrará en Arabia Saudí. /
FIFA
La FIFA ha vuelto a demostrar que sus programas de responsabilidad social son poco más que papel mojado cuando se trata de intereses económicos. Por si no fuera suficiente el descrédito que le supuso conceder el Mundial de hace dos años a un país señalado por sus carencias en materia de derechos humanos como Qatar, ahora acaba de adjudicar la organización del torneo de 2034 a Arabia Saudí, que tiene un largo historial de incumplimiento de libertades civiles. De nada han servido las advertencias de diferentes organizaciones humanitarias y asociaciones de aficionados sobre el coste humano que puede provocar esta decisión.
El
anuncio oficial se produjo durante el Congreso extraordinario de la FIFA,
celebrado el miércoles 11 de diciembre, en el que también se confirmó la
edición de 2030 para España, Portugal y Marruecos; pero la institución ya se
había encargado desde hace tiempo de mover sus hilos para asegurar que se
cumpliría con su deseo en el momento de la elección. Primero, facilitando que
la de Arabia Saudí fuera la única candidatura tras eliminar a posibles rivales,
al otorgar el Mundial en las dos últimas ediciones a países de hasta cuatro
continentes distintos, lo que por la política de rotaciones impedía que
aspiraran al de 2034. Y segundo, presentando en el congreso a las 211
federaciones nacionales una visión edulcorada de la situación real del país
saudí en relación con los derechos humanos, bajo la justificación de un informe
elaborado por el bufete de abogados Clifford Chance.
El
informe obvia de manera parcial o total situaciones que son habituales en el
país
En
esa supuesta valoración independiente, el bufete ofrece una perspectiva que
Julia Legner, directora ejecutiva de la organización de la diáspora saudí ALQST
for Human Rights, califica de “artificialmente limitada, engañosa y demasiado
positiva”. El informe obvia de manera parcial o total situaciones que, según la
ONG Amnistía Internacional (AI), son habituales en el país, como ejecuciones
masivas (en los diez primeros meses de 2024 el país ha ejecutado a 213 presos,
la cifra más alta de su historia), torturas, desapariciones forzadas de
opositores, restricciones de la libertad de expresión, discriminación contra
las mujeres, persecución al colectivo LGTBI, así como la explotación y el abuso
que se hace de los trabajadores migrantes. Con el respaldo de este informe, que
AI define como blanqueamiento del régimen saudí, la FIFA ha elaborado una
evaluación de la candidatura en la que califica como “medio” el riesgo en
materia de derechos humanos, y le otorga una nota final de 4,2 sobre 5, la más
alta en la historia de FIFA.
En
contraste con esto, el pasado mes de octubre la candidatura de Arabia Saudí
para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue rechazada por
segunda vez. El director de la ONG Human Rights Watch para las Naciones Unidas,
Louis Charbonneau, manifestó entonces que “los gobiernos que cometen crímenes
contra la humanidad o atrocidades similares y garantizan la impunidad de los
responsables no deberían ser recompensados con asientos en el máximo órgano de
derechos humanos de la ONU”.
Frente
a estas evidencias, la FIFA apuntaba en su informe sobre la candidatura que “existen
bastantes posibilidades de que el torneo sirva de catalizador para algunas
reformas actuales y futuras, además de contribuir y generar resultados
positivos en materia de derechos humanos”. En lugar de primero exigir y lograr
compromisos significativos y reales, les dan la concesión con la esperanza de
que en el futuro se produzcan unos cambios de los que no hay ninguna seguridad.
No parece que sea la forma más procedente de cumplir con el propósito que la
propia institución futbolística proclama en su página web: “Trabajar
activamente con gobiernos, agencias globales y regionales, grupos de derechos
humanos, ONGs, y exjugadores para mejorar la vida de las personas en todo el
mundo y promover una sociedad más justa e igualitaria a través del fútbol”. En
el artículo 3 de sus estatutos, se afirma: “La FIFA tiene el firme compromiso
de respetar los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional y
se esforzará por garantizar el respeto de estos derechos”. Dar su evento más
importante a un país que es la antítesis de ese propósito, y sin ningún aval de
modificaciones reales, es un gesto que se puede resumir en una palabra:
hipocresía.
A
pesar de lo escandaloso de la situación, tan solo hay constancia de una
federación que haya mostrado públicamente su disconformidad con esta elección.
Es la de Noruega, cuya presidenta, Lise Klaveness, señaló en un comunicado que
“las propias directrices de la FIFA sobre derechos humanos y diligencia debida
tampoco han sido adecuadamente integradas en el proceso, lo cual eleva el
riesgo de violaciones de derechos humanos”.
La
FIFA ni siquiera ha tenido reparo en presentar la evaluación de la candidatura
la misma semana que ha hecho público un informe independiente que concluye que
el organismo tiene la responsabilidad, junto a otros actores, de indemnizar a
los miles de trabajadores que sufrieron explotación durante las obras del
Mundial de Qatar 2022. Justo lo que AI y otras organizaciones de derechos
humanos llevaban tiempo reclamando. El pasado 27 de noviembre, FIFA puso en
marcha su Fondo del Legado de la Copa Mundial de 2022, con 50 millones de
dólares (el Mundial de 2022 generó más de 7.000 millones de dólares). Aunque
hay una dotación para un programa de la Organización Mundial de la Salud
destinado a proteger a los trabajadores de los golpes de calor en el futuro, no
se incluye ninguna indemnización para la población trabajadora. Steve Cockburn,
director de Derechos Laborales y Deporte de Amnistía Internacional, explica que
“tal como está diseñado, el Fondo no hace absolutamente nada por las familias
que perdieron a seres queridos en Qatar y, a consecuencia de ello, se sumieron
en la pobreza”.
Durante
los próximos diez años, Arabia Saudí va a necesitar mucha mano de obra para
construir once estadios, reformar otros cuatro y levantar hoteles y diversas
infraestructuras. Hay que tener en cuenta que va a ser el primer Mundial con 48
selecciones que se dispute en un único país. El temor de las organizaciones
humanitarias es que los trabajadores sufran las mismas penurias que vivieron en
Qatar, donde muchos murieron por tener que trabajar en condiciones de calor
extremo y explotación. El país saudí cuenta ya con un historial de graves
problemas en este ámbito.
El
temor de las organizaciones humanitarias es que los trabajadores sufran las
mismas penurias que vivieron en Qatar
Actualmente
hay 13,4 millones de trabajadores inmigrantes en Arabia, la mayoría procedentes
de Bangladesh, India y Pakistán. En muchas ocasiones, llegan tras pagar una
alta cantidad de dinero a contratistas en su país de origen para lograr un
empleo, y se encuentran con unas condiciones inhumanas: altísimas temperaturas,
incumplimiento de los contratos, retrasos en los pagos o merma en la cantidad
acordada, número excesivo de horas, alojamientos precarios o amenazas de
despido si se quejan. Entre enero y julio de este mismo año han muerto en
territorio saudí 884 trabajadores procedentes de Bangladesh, según datos de ese
gobierno, de los que el 80% se justificaron como fallecimientos naturales sin hacer
mayor investigación, lo que deja a las familias sin posibilidad de recibir una
indemnización. La FIFA es conocedora de todos estos abusos laborales, pero no
ha exigido reformas en la legislación saudí para solucionarlos antes de la
adjudicación del Mundial.
Arabia
Saudí lleva varios años desarrollando su plan Visión 2030 para disminuir su
dependencia del petróleo y diversificar su economía. Y uno de los sectores
donde más está invirtiendo es el deporte, que además le sirve para blanquear (“sportswashing”)
la reputación de su régimen a nivel internacional. Ya ha logrado captar
competiciones de Fórmula 1, el circuito LIV de golf, combates de boxeo o
torneos de tenis, pero la gran guinda es el Mundial de fútbol. No solo por la
enorme expectación que conlleva, sino porque lo desean especialmente desde que
su vecino Qatar, con el que tienen una relación problemática, se les adelantó a
la hora de acoger este evento. Y en este empeño, han encontrado un entusiasta
aliado en la figura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que lleva años
fortaleciendo los lazos entre el organismo que preside y la nación saudita con
el interés de obtener un inversor económico muy potente para sus iniciativas.
Tan
seguro está el primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, de que
organismos deportivos como la FIFA anteponen el dinero al dilema moral de dar
concesiones a regímenes como el suyo, que cuando recientemente fue preguntado
en una entrevista sobre las acusaciones de lavado deportivo, contestó: “Si el sportswashing
aumenta nuestro producto interior bruto en un 1%, entonces seguiremos con el sportswashing”
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