EL JUEZ, EL
PERIÓDICO Y EL PARTIDO POLÍTICO
IÑIGO SÁENZ DE UGARTE
El Partido Popular lanza un vídeo de
propaganda que utiliza el mismo titular falso de El Mundo que Miguel Ángel
Rodríguez propició hace diez meses con la intención de defender la imagen del
novio de Díaz Ayuso investigado por delitos fiscales
El fiscal general niega ante el Supremo
haber filtrado el correo con la confesión de la pareja de Ayuso
Como parte de una cronología de los
hechos, el vídeo alega que el 13 de marzo de 2024 “se publica que es la
Fiscalía la que está ofreciendo un pacto al novio de Ayuso” mostrando en
pantalla el titular de El Mundo que dio esa noticia falsa. Estrictamente
hablando, la frase del vídeo del PP no es del todo incierta. Es cierto, se
publicó de esa manera gracias a la filtración realizada por Miguel Ángel
Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, con destino al autor del
artículo de El Mundo.
Por si algún lector acaba de regresar de un viaje al espacio exterior, fue el abogado del novio de Ayuso el que se ofreció a negociar un pacto con el fiscal reconociendo la culpabilidad de su cliente. Como ocurre con frecuencia en estos casos, el fiscal respondió que estaba dispuesto a escucharlo. Diez meses después, el PP continúa apostando por un relato falso de los hechos y lo hace confiando en que tiene la cobertura que le da un juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Puestos a tener un guardaespaldas jurídico, la verdad es que no está nada mal.
La manipulación de Rodríguez tenía un
objetivo obvio, tan obvio que él mismo se ocupó de revelarlo muy poco después
de la publicación de la noticia. Acusar al Gobierno de impedir que el fiscal y
el defensor llegaran a un pacto que cerrara el caso con la imposición de una
multa y una breve pena de prisión por el intento de Alberto González Amador de
engañar a la Agencia Tributaria en un fraude de 350.000 euros. “Órdenes de
arriba” lo habían impedido, dijo, sin tener ninguna prueba. No la tenía, porque
era falso.
Ese artículo y los mensajes de Rodríguez
desencadenaron la reacción del fiscal general, que pretendía desmentir el bulo
y que solicitó al fiscal que llevaba el caso de Amador los mensajes que se
había intercambiado con el letrado. Y de ahí salió un comunicado de la Fiscalía
General y el inicio de la polémica política y judicial.
“No se alcanza a entender la incidencia
que pueda tener ese correo”, dijo el juez Hurtado en un auto. En una causa
contra el fiscal general por el presunto delito de revelación de secretos, el
magistrado no comprende por qué se presta atención al correo que la defensa del
acusado puso en conocimiento de los medios de comunicación, como tampoco
encuentra interés en las declaraciones de los periodistas que habían informado
sobre la situación penal de Amador. No lo comprende, porque si lo hiciera, no
tendría caso. Esa es la razón por la que ha rechazado la mayoría de las
diligencias que ha solicitado la Abogacía del Estado.
En el auto en que llamaba a declarar
como imputado a García Ortiz, Hurtado hacía también algo que nadie le había
pedido: defender la reputación de una persona a la que la Agencia Tributaria le
había descubierto dos delitos fiscales. “Aparece en determinados medios y
ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso,
sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”, escribió el
juez.
Es una frase casi idéntica a las que ha
utilizado Díaz Ayuso en varias ocasiones para quejarse de las informaciones
sobre los negocios de su pareja.
La polémica sobre si el novio de Ayuso
es un “defraudador confeso” tiene algo de superfluo. El procedimiento judicial
contra él no ha terminado. Ni siquiera ha prestado declaración en un retraso algo
más que sospechoso. Dentro del sistema de justicia, él conserva la presunción
de inocencia, pero nadie puede negar –digamos que en el mundo real– los hechos
conocidos. Hacienda le cazó en una trama de facturas falsas con la que había
hurtado 350.000 euros en su declaración. Su abogado lo reconoció por iniciativa
propia. Ese es el daño reputacional que soporta y proviene de sus propios
actos, aunque Hurtado se haga el despistado y haga como si no supiera nada.
Imagen del vídeo del PP del 29 de enero
que reproduce la información falsa de El Mundo.
El Colegio de Abogados de Madrid
reaccionó con rapidez ante el comunicado de la Fiscalía General por
considerarlo “una ruptura del secreto profesional que ampara las
comunicaciones de letrados”. Unos días después, presentó una denuncia ante el juzgado por esos hechos y
volvió a referirse al comunicado como origen de la violación de secretos. Todos
los medios de comunicación se refirieron a ese texto de la Fiscalía, que solo
podía haberse difundido con la autorización del fiscal general y del que el
propio García Ortiz se responsabilizó desde el primer momento.
Pues bien, el juez Hurtado no lo considera delictivo ni forma parte de su investigación. El
magistrado se centra en la filtración del correo, y deduce que se decidió en
Moncloa, pero imputa sólo a tres personas, incluido García Ortiz, a pesar de
que al menos unas veinte personas tuvieron acceso a su contenido a través del
buzón de la Fiscalía semanas antes de que llegase al fiscal general. El auto en
el que Hurtado le llamaba a declarar era tan contundente que a estas alturas no
es una deducción exagerada pensar que ya ha tomado la decisión de procesarle.
García Ortiz prestó declaración el
miércoles. Como se esperaba, negó ser el responsable de la filtración y afirmó que el
correo cuya difusión se investiga no contenía ningún secreto del proceso, algo
que también había afirmado en el mismo tribunal el fiscal que presentó la
denuncia. Dijo que no se enteró del caso hasta el 7 de marzo y que fue en ese
momento cuando supo que una investigación por delito fiscal afectaba a la pareja
de Ayuso. Para entonces, varios periodistas conocían el caso y habían hecho
preguntas a la Fiscalía.
El fiscal general declaró que había
cambiado varias veces de móvil para proteger el secreto de sus comunicaciones.
Haberlo hecho una vez que se inició la investigación contra él es un dato
sospechoso, pero no es él quien debe demostrar su inocencia, sino el juez el
que debe encontrar indicios serios de delito que justifiquen su procesamiento.
Hurtado da por hecho que la Fiscalía
envió el correo a Presidencia del Gobierno sin tener una prueba directa. Que
una alto cargo de Moncloa tenía el correo en su poder es un hecho. Nadie ha
podido demostrar que lo recibiera de la Fiscalía y no de un medio de
comunicación.
El auto de Hurtado presta un gran
servicio a El Mundo, o al menos así lo cree el periódico en un editorial del lunes. “La publicación en El Mundo
del contenido de ese mail propició la frenética reacción del fiscal general,
que lo tachó de 'bulo'. Pues bien, el instructor resume con naturalidad su
contenido tal y como lo expresó este periódico –el 'ofrecimiento del pacto por
parte de la Fiscalía'–, lo que respalda su indiscutible veracidad”.
El periódico insiste en la falsedad de
calificar de “indiscutible veracidad” una información que se sabe que no es
cierta desde hace diez meses aprovechando en su beneficio el escaso interés de
Hurtado por indagar sobre la conducta de Rodríguez. “No hay mayor peligro para
el ejercicio honesto del periodismo que arrogarse el patrimonio de la verdad”,
afirma El Mundo. “Más aún si, en los temas capitales para el poder, esa verdad
coincide punto por punto con la verdad que le interesa al poder mismo”.
Con respecto a lo que interesa al
Gobierno de Madrid y a Díaz Ayuso, que cuenta con mucho poder en varios medios
de comunicación de Madrid, la frase ha quedado confirmada por el propio Partido
Popular al utilizar el titular falso de marzo de 2024 en su vídeo de este
miércoles. La confluencia de intereses siempre existió en beneficio del
comisionista y –“ciertamente”, como decía su abogado– de sus dos delitos
fiscales.
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