ALEGACIONES A LAS 51 “MEDIDAS” PARA
LA
CANARIAS DEL FUTURO
ACAMPADA
REIVINDICATIVA LOLO DORTA
A continuación hacemos públicas nuestras
alegaciones a las 51 "medidas" que presentó hace un mes el Gobierno
de Canarias. Cincuenta y una medidas avaladas por un numeroso grupo de
"expertos", más de cien, 51 medidas que en su mayoría no pueden
considerarse medidas, son más bien brindis al sol, declaraciones de intención,
soluciones informáticas, indicadores, oficinas, recomendaciones o predicamentos
para alabar las maravillas y bondades del turismo en Canarias.
Nuestra posición desde la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta no puede ser más contraria a esta tomadura de pelo de medidas, en especial las del bloque de la vivienda, dictadas a la par entre Visocan y las patronales de la construcción. En nuestro documento de alegaciones van perfectamente razonadas las mismas, y como solemos hacer siempre no nos quedamos en la crítica y aportamos 16 medidas en favor del derecho a la vivienda, que seguramente en su mayoría no serán atendidas.
Dado lo mucho que nos jugamos en
Canarias y la hoja de ruta totalmente suicida que nos plantean desde el
Gobierno de Canarias, rogamos máxima difusión y hasta el día 15 de noviembre si
pueden también participación, enviando sus propias alegaciones o tomando las
nuestras y presentandolas a la dirección de correo info@retodemograficogobcan.org
12 de noviembre, en Santa Cruz de
Tenerife
ACAMPADA REIVINDICATIVA LOLO DORTA
ALEGACIONES A LAS 51 “MEDIDAS”
PARA LA CANARIAS DEL FUTURO
(Elaboradas por más de 100 expertos)
PRIMERO
Alegaciones de carácter general.
El Gobierno de
Canarias presentó a mediados de octubre el denominado Plan
para la Canarias del futuro, planteado como una hoja de ruta básica
para las administraciones canarias en los próximos años, y consensuado por más
de 100 expertos de los ámbitos públicos y privados para impulsar el desarrollo
sostenible en Canarias. Todo ello tras seis meses de trabajo de 5 mesas
organizadas por bloques temáticos con mucha gente muy experta trabajando en
cada mesa. Leído así suena a mucha solemnidad, la voz de los expertos,
comisiones de trabajo, organización, trabajo arduo, altura de miras,
sostenibilidad, futuro… Pero una vez que se repasan las 51 “medidas”
es fácil preguntarse dónde está el verdadero
trabajo o la verdadera planificación de
un modelo sostenible para el futuro
de Canarias.
La primera
falla o tomadura de pelo a la ciudadanía del documento es hablar de medidas
cuando la mayoría no son medidas propiamente dichas, son sobre todo brindis al
sol, declaraciones de intención, soluciones informáticas, indicadores,
oficinas, recomendaciones o predicamentos para alabar las maravillas y bondades
del turismo en Canarias.
La segunda
tomadura de pelo grosera que hay en el documento es hablar de sostenibilidad
y de hoja de ruta para el futuro de Canarias, cuando no se abordan para nada
muchos de los problemas más graves que soporta el Archipiélago con vistas a
plantear soluciones, como son las superpoblación de la mayoría de su
territorio, la brecha salarial y la generalización de la figura del trabajador
pobre, la recuperación de la isla de La Palma, el colapso de la sanidad
pública, la mala calidad de la educación
pública, así como la falta de
recursos energéticos o alimenticios, las dificultades extremas
que está soportando nuestro sector primario para siquiera subsistir (lo que nos
hace fatalmente dependientes del exterior), además de la inflación
galopante y los altos precios
de todo que deriva en
empobrecimiento
y expulsión de los canarios de nuestra propia tierra, por no mencionar el colapso de las carreteras y la movilidad
en las islas capitalinas o la contaminación creciente de nuestras costas y playas.
Así las cosas, plantear medidas a futuro en Canarias
sin tener en cuenta cuestiones como la densidad de población o la
capacidad de carga es un disparate y también un suicidio,
lo que se entenderá mejor si repasamos algunos datos.
Canarias presenta
una densidad de población de 302 habitantes por Km2, muy superior a la densidad de población de España o la
del resto de Comunidades Autónomas. Pero si tenemos en cuenta que la mayoría
de la población se concentra en las dos islas capitalinas y que en torno al 40% del territorio de Canarias son espacios protegidos, la resultante real de las dos
islas más pobladas en cuanto a densidad de población, restado el territorio
protegido, nos lleva a hablar de una densidad de en torno a 1.000 habitantes
por Km2, lo que sitúa a Tenerife o Gran Canaria
a la altura de países
como Bangladesh o Palestina en densidad de población.
Pero si no nos
queremos ir tan lejos a comparar podemos fijarnos en las islas y archipiélagos
que componen la Macaronesia, donde lo que tenemos son 14.617 Km2 de superficie
para toda la Macaronesia y una población total aproximada de 3.229.000
habitantes, de donde Canarias ocupa
más o menos la mitad del territorio (7.447 km²) pero acoge en torno al 75% de
la población total de la Macaronesia.
En vistas
a lo que hay, un análisis sensato
de las opciones de futuro
para Canarias pasaría ineludiblemente por la búsqueda de
una diversificación económica, en aras de implantar opciones laborales con un
mayor valor añadido y más sostenibles, o como mínimo buscar que el modelo
turístico reporte al pueblo canario más riqueza y menos depredación de la que
deriva actualmente. Y por supuesto no seguir inflando el modelo turístico con
más y más turistas al año, lo que obliga a aumentar
también la población
residente y los recursos
e infraestructuras necesarias, lo cual no hace más que acercarnos irremediablemente hacia
el colapso general.
Frente a las
notables ausencias de las que hacen gala las 51 “medidas”, el documento pivota continuamente sobre dos ejes: 1) uno es la liberalización de la economía, con menos impuestos,
muchas facilidades a empresas y la eliminación de garantías y trámites
administrativos; 2) el otro es elevar a la categoría de dios supremo el modelo
económico insostenible actual canario
basado en el turismo masivo,
al servicio del que se pone todo el
sistema y en torno al cual se vinculan todas las opciones laborales posibles,
en lo que supone muy a las claras una claudicación total de la búsqueda de
otros sectores productivos para Canarias.
Mención
obligada aparte a las tres islas verdes que no sufren el turismo masivo y la
superpoblación. Por lo que se desprende de las 51 “medidas”, las
administraciones de las tres islas están empeñadas en llevar allí el modelo turístico extensivo
y depredador que ya
hay en el resto de islas, cuando el valor intrínseco real que tienen las islas
verdes reside precisamente en su sostenibilidad y la ausencia de ese modelo
económico que no genera más que sobrecarga y sobrexplotación. Un ejemplo de otras islas
muy turísticas que hay en el
mundo donde el modelo es otro, la isla de Hawái, un auténtico paraíso
americano donde solo van
turistas con alto poder adquisitivo, su densidad de población es de 45
habitantes por Km2, La densidad de población actual de La Gomera está en 58
habitantes por Km2, la de La Palma en 117 y la de El Hierro en 41. Luego, ¿por
qué no copiar este modelo mucho más sostenible y trabajar por un turismo
selecto y de calidad, de naturaleza, cosa que ya desgraciadamente no podemos
hacer en las otras cuatro islas?
SEGUNDO
Alegaciones a las “medidas” sobre vivienda.
Más allá de las alegaciones de carácter general del
apartado anterior, dada que nuestra especialidad y campo de trabajo fundamental
es el derecho a la vivienda, vamos a
centrar nuestras alegaciones en denunciar el despropósito de propuestas que se
presentan en relación al derecho a la vivienda en Canarias.
En el bloque de Gestión del suelo,
al que corresponden las “medidas” 7, 8, 9, 10 y 11.
Los “expertos”
empiezan mal con el análisis de situación, pues achacan a la excesiva
burocracia y a la lentitud en la tramitación de los expedientes la falta de
construcción de vivienda de promoción pública en Canarias. Convendría recordar
a los “expertos”que el Gobierno de Canarias apostó hace ya décadas por dejar de
promover vivienda pública, cuando no había prisa ni teníamos la falta de
vivienda actual, apostando por las viviendas de promoción privada que dejaban la construcción de las viviendas
a empresarios privados, preferentemente amigos
o afines, a los que se subvencionaba con dinero público.
Por esta vía las viviendas
nunca llegaron a ser públicas, solo un porcentaje menor debía mantener
alquileres asequibles durante unos años, con opción a compra en algunos
casos. En otros muchos casos el resultado fue aún peor, ya que muchas promotoras quebraron tras la crisis
de 2008 y pocas veces devolvieron la subvenciones. Con el tiempo todas esas
viviendas pasaron a los bancos, después a los fondos buitre (muchas de ellas
todavía vacías) y después a manos privadas fruto de la especulación.
Otro condicionante importante que impidió
la promoción de viviendas públicas
en Canarias en las últimas
décadas ha sido la nefasta gestión llevada a cabo por las dos
entidades del Gobierno de Canarias
encargadas de la promoción de viviendas de protección oficial,
como son el Instituto Canario de la Vivienda o la empresa
pública Visocan. Al ICAVI no se le dotó de capital y operatividad para la promoción de vivienda pública,
puesto que el interés estaba puesto en la promoción privada. Y
la empresa pública Visocan, históricamente, ha sido tomada por muchos años como
un echadero donde colocar a gente afín al gobierno con buenos sueldos o dietas,
dedicados a todo menos a la promoción de vivienda. Hasta tal punto fue así que
son de sobra conocidos los millones que Visocan perdió en la primera década del milenio invirtiendo en fondos swaps de alto riesgo. En lugar de cerrar la empresa
pública por quiebra como habría sido razonable, se la mantuvo derivándole
nuevas competencias e ingentes cantidades de capital público. Con todo, a día
de hoy todavía arrastra la empresa pública Visocan una deuda que ronda los 100
millones de euros en créditos pendientes, en torno a la mitad a entidades
privadas y la otra mitad al propio Gobierno de Canarias.
Con esta
auténtica parálisis en la promoción de viviendas públicas por varias décadas,
culpa de la nefasta gestión y de la corrupción de las personas encargadas de la
vivienda pública en Canarias, el porcentaje de viviendas públicas
en el archipiélago ronda hoy el 1%, cuando la media estatal está en torno
2,5% y la europea sube hasta el 11%.
El resto de
dificultades o condicionantes que limitan la promoción de vivienda pública en
Canarias lo ponen el encarecimiento de la energía, de los transportes y de los
materiales, lo que hace inviable para los empresarios privados el aventurarse con una licitación pública, pues no ganan lo que desearían, habiendo quedado
desiertas unas cuantas ofertas públicas en los últimos años.
Errado el
diagnóstico inicial de los “expertos”, fallan también en la propuesta o medida
de externalizar o privatizar las oficinas (medida 7)
encargadas del control y la
verificación del cumplimiento de la normativa urbanística municipal, dicen, a través de una ventanilla única (medida 8),
que en teoría dirigiría la supuesta empresa privada a la que se derivaría la gestión.
Lo que desde el Gobierno de Canarias ven como burocracia innecesaria o cuellos
de botella que enlentecen o
dificultan la promoción de vivienda pública, nosotros en AR Lolo Dortalo vemos como garantías procesales y
administrativas para evitar la tan acostumbrada corrupción que rodea todo lo
relativo a la vivienda y a la gestión del suelo.
Y esto no solo
lo vemos nosotros, la conocida asociación
Transparencia Internacional refiere que el ámbito donde
la corrupción en España es más elevada
es el local, en especial en municipios situados en la
costa o en las inmediaciones de las grandes ciudades, centrando en la
calificación del suelo urbano el origen de muchos casos de corrupción.
En la misma línea, Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, en su artículo “La corrupción urbanística como atentado al principio de confianza
en los responsables públicos y a la proporcionada ordenación de suelo.”,
manifiesta lo siguiente:
“la propiedad privada,
(...), a través de una serie de hechos administrativos (planeamiento) persigue su reclasificación (de rústico a urbano), permitiendo a sus titulares
la obtención de rentas millonarias. Y es en este marco
en el que se fragua la llamada “corrupción urbanística”, que muestra, con
claridad meridiana, la subordinación de la política a los intereses de ciertos grupos
económicos (propietarios de suelo, constructores y promotores
inmobiliarios).” 1
En base a lo expuesto,
en la AR Loro Dorta creemos que
no es conveniente que se lleven a la práctica las medidas 7 y 8, por riesgo mas
que evidente de corrupción. En todo caso, si lo que se busca es agilizar los
expedientes, propongan contratar a más personal en las administraciones o la
implementación de fórmulas más eficientes que no redunden en pérdida de
garantías. Y ello por una razón fundamental, porque la corrupción urbanística implica
casi siempre la imposibilidad de recuperar los activos perdidos, pues incluso
en el caso de que se decreten
indemnizaciones, el daño a lo público ya está hecho y la reparación
total es imposible (véase el Hotel Oliva Beach en Fuerteventura o el hotel en
ruinas de la costa de Añaza en Santa Cruz de Tenerife).
Las otras tres
medidas de este bloque la 9, la 10 y la 11, no son en realidad medidas
propiamente dichas. La medida 11 es simplemente aplicar un mínimo
de transparencia en relación a la calificación del suelo y en la tramitación de los expedientes, lo
cual no nos parece mal. Y las medidas 9 y 10, como decimos,
tampoco son medidas,
son simplemente la expresión
de una voluntad, la de crear un catálogo de suelo disponible con más suelo
susceptible de ser urbanizado por empresas privadas.
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Frente a este
afán del sector privado y nuestro Gobierno de Canarias por que se habilite más
suelo para la construcción, que en absoluto compartimos, conviene recordar a
los “expertos” que lo que se plantea desde la empresa
privada, con el apoyo total del Gobierno de Canarias, no es la promoción
de viviendas sociales públicas, tan necesarias, es volver a repetir
el modelo que ya fracasó
hace décadas (es lo que pretende el Decreto-ley
1/2024, de 19 de febrero, de
medidas urgentes en materia de
vivienda), ese donde el
Gobierno de Canarias subvenciona a empresarios amigos para que construyan
vivienda de promoción privada, para gente de clase media alta, guardando solo
un porcentaje para viviendas llamadas “asequibles”, en alquiler a precios casi
de mercado. También es importante recordar la densidad de población que ya
soportamos en Canarias, además de la gran cantidad de ladrillo improductivo o
las muchas miles de viviendas vacías, una quinta parte del total, 211.000 según
el INE, de donde bien se podría negociar la adquisición ó cesión pública de una
parte de ellas, evitando así el impactar con mas cemento y depredación de suelo en Canarias.
En el bloque de medidas
fiscales para facilitar
el acceso a la vivienda, al que corresponden las “medidas” 12, 13 y 14.
Como medida 12, los “expertos” proponen
ampliar las deducciones autonómicas en el IRPF
para el alquiler de vivienda
habitual, tanto para el arrendatario como para el arrendador. En cualquier caso conviene aclarar
que para el arrendatario solo hay una medida, consistente en una pequeña deducción en la
Hacienda Autonómica por el pago del alquiler. Para el propietario o arrendador
en cambio hay unas cuantas medidas más, que pasan por instar al Estado a mejorar
la intensidad de la reducción
estatal de los rendimientos obtenidos
por el alquiler (instar a otro no es una medida en sí), actualizar la
deducción por la prima de seguro frente a impagos (será una pequeña deducción),
eliminar las restricciones a la materialización de la RIC en viviendas
protegidas en arrendamiento a través del Impuesto de Sociedades (en la práctica
es una evasión fiscal a los ricos), y aplicación de bonificaciones fiscales y
exenciones en el pago del IBI (otra pequeña cantidad).
Las propuestas
que recoge la medida número 12 nos parecen a todas luces inoperativas, y no van
a cumplir su objetivo de aportar más vivienda en alquiler al mercado, por
varias razones fundamentales:
1) El problema de la falta de vivienda en alquiler en Canarias estriba
en una alarmante falta de
oferta, frente a una demanda altísima. En este contexto, la competencia entre
los inquilinos posibles, cuando
una vivienda sale al mercado
de alquiler residencial es tan alta, que por regla general va a dejar
siempre fuera a las familias con
ingresos medios o bajos, accediendo al alquiler, entre tanta competencia como
si de un casting se tratara, los arrendatarios con rentas más altas y mejores
trabajos. Por tanto, pocas familias de clase media o baja se van a poder beneficiar de esta deducción
autonómica en el alquiler, puesto que el mercado del alquiler en Canarias no tiene apenas
ofertas a las que puedan acceder
familias de clase media o baja.
2)
Sobre las medidas que los “expertos” plantean para hacer que los
propietarios de viviendas vacías las pongan en alquiler, conviene destacar que
la primera medida no es una medida en sí, pues instar al Estado a hacer algo no
supone nada si el Estado no lo hace. Luego, las otras dos medidas
de bonificaciones en la prima del seguro y exenciones en el
pago del IBI, en realidad no suponen gran beneficio para el propietario,
resultando solo una pequeña cantidad anual, que teniendo
en cuenta cómo está el mercado, con la
especulación y los beneficios tan grandes que los propietarios adquieren por otro lado, nos lleva a pensar que no va a mover
apenas vivienda al mercado del alquiler. Dicho de otra manera, para que lo
entiendan mejor: un propietario, en muchos casos gran tenedor, que mantiene su
vivienda vacía durante años, es evidente que no tiene necesidad de una pequeña
propinilla, y la mantendrá igualmente vacía pese a esos incentivos mínimos. La
última propuesta relativa a la RIC la
trataremos en unión de la medida 14.
Con la medida 13 (reducciones en impuestos
a la compra de viviendas) nos encontramos ante el mismo problema, su incidencia
práctica va a ser mínima, dado que
son muy pocas las viviendas en venta que se ofrecen en Canarias susceptibles de
ser compradas por clases medias (no digamos ya por clases
bajas totalmente excluidas). Para empezar porque las clases medias ya casi han desaparecido, y además los bancos no dan créditos
como lo hacían antes. Para
acceder a un crédito hoy el comprador debe aportar un porcentaje importante de
capital en ahorro que no cubre la hipoteca, un ahorro que los canarios
habitualmente no tienen. Así las cosas, el canario medio necesitado de vivienda
queda generalmente excluido del mercado, y un porcentaje elevado de las viviendas
que hay son compradas por extranjeros o peninsulares con alto poder
adquisitivo, sin necesidad de recurrir a hipotecas.
Mención aparte
merecen las propuestas relativas a incentivos para la materialización de la RIC que recogen las medidas 12 y 14. Para empezar no son cuestiones que hayan salido de ese comité de “expertos”, pues ya
venían recogidas en el Decreto-ley
1/2024, de 19 de febrero, de medidas
urgentes en materia de vivienda que aprobó el Gobierno
de Canarias a principios de este año.
En realidad
estas medidas a modo de beneficio fiscales son imposiciones hechas al Gobierno
por los constructores de Canarias, que son los que en realidad mandan en la
política de vivienda en el Archipiélago en esta legislatura. Se
trata básicamente de que los constructores en Canarias
tengan todas las facilidades habidas
y por haber para maximizar sus beneficios, y no es más que una evasión fiscal en toda regla, que no está pensada para pequeños propietarios, no para ese matrimonio jubilado que tiene una vivienda
que quiere alquilar, puesto que no tiene empresa a la que aplicar la RIC.
Pero el engaño no se limita
a lo ya dicho, pues si nos fijamos en la medida 14, dice literalmente: Facilitar
el uso de la RIC en la construcción de viviendas protegidas y destinadas al
alquiler asequible, eliminando barreras fiscales que dificultan la inversión privada.
Traducida la medida a un lenguaje
más entendible, viene a decir que los favores fiscales
a los empresarios están pensados para viviendas de promoción privada,
preferentemente en zonas
donde el precio medio de la vivienda sea alto y les pueda rentar, no en barrios
populares. Promociones de viviendas que nunca serán viviendas sociales ni
viviendas públicas, bastando con que los promotores cumplan
con un porcentaje dedicado
a alquiler asequible, a precios
ligeramente menores a los del mercado libre, pensados para familias con rentas
medias y altas, como el propio Fernando Clavijo afirmó en declaraciones a la
Cadena Ser el pasado 6 de junio:2 En este sentido,
apuntó que uno de los principales retos de este grupo de gobierno es "hacer vivienda protegida (...) para los médicos
o profesores que se trasladen" .
Se entiende pues cuando Clavijo dice que las viviendas serán para
médicos y profesores que se trasladen, que se está refiriendo sobre todo a
médicos y profesores peninsulares que se trasladen a Canarias. Luego, no están
pensadas para los canarios. Y este es el partido que se preocupa de “nuestra
gente”. Igual habría que preguntarle a Clavijo cuáles son para ellos “su
gente”.
 |
2 - https://cadenaser.com/canarias/2024/06/06/fernando-clavijo-el-principal-reto-es-hacer-vivienda-protegida-publica-
de-alquiler-por-400-euros-ser-lanzarote/
En este apartado por tanto, muy errados
vienen también los “expertos”, que en todo caso son solo expertos del ámbito
más ultraliberal de la economía.
En el bloque
de Gestión del parque público
de vivienda, al que corresponden las “medidas” 15, 16 y 17.
Con este bloque nos encontramos ante algo parecido
a lo que nos ha pasado anteriormente con lo de la RIC, las propuestas no salen en absoluto de los “expertos”, vienen directamente
de la empresa pública Visocan, pues es Visocan la que gestiona buena parte del
parque público de viviendas de Canarias, y es la que repite continuamente los
argumentos criminalizantes que culpabilizan a los inquilinos de viviendas
sociales.
Que la empresa
pública Visocan diga esto de las familias que peor están, cuando arrastra una deuda millonaria que ronda los cien millones
de euros, funciona
como un fondo
buitre, lleva décadas sin cumplir con su objetivo
fundamental de promover
vivienda pública y aplica
una política de cobro a las familias totalmente abusiva, con cuotas que están
muy por encima de lo que las familias pueden pagar, con presión constante,
amenazas de desahucio, abandono de las obligaciones propias de mantenimiento e incumpliendo incluso la ley, cargándole a las familias
el IBI contra la propia LAU y una sentencia del Tribunal Supremo que lo prohíben, no es ya solo una tomadura de pelo a la ciudadanía, es una falta de
respeto a las propias familias afectadas y un ataque injustificado.
Si nos vamos a
lo concreto, la medida 15 propone
programas de educación y concienciación para los inquilinos similar a lo que se
hace en el País Vasco, con vistas a que paguen puntuales y eviten la morosidad,
mantengan en buen estado la vivienda y convivan bien con otros vecinos.
Visocan intenta
aplicar aquí una medida que parte de una falacia,
la que supone comparar a
Canarias con el País Vasco, el día y la noche, la Comunidad más rica y donde
mejor funcionan las cosas, con las ayudas sociales y prestaciones más amplias y
donde hay menos pobreza de toda España, con la Comunidad canaria, la más pobre
y con la más nefasta empresa pública de vivienda, con todo lo que ya hemos
dicho.
Lo que pretende
el Gobierno de Canarias con esta medida, criminalizando a las familias que peor están y mandándolas
al colegio otra vez a educarse, tendría
algo de sentido si el Gobierno de Canarias y la empresa
Visocan cumplieran primero, con cobros adecuados a la renta de cada familia,
con trabajos dignos y ayudas sociales suficientes, o cumpliendo las
obligaciones de mantenimiento de las comunidades inherentes a Visocan. Como
nada de esto ocurre en Canarias, entendemos que esta medida tiene sólo un nombre, aporofobia, o criminalización y desprecio
al pobre, y es usada por Visocan
para preparar el terreno para cuando decaiga la moratoria
antidesahucios del gobierno de Sánchez y empiecen a presentar demandas
de desahucio, para echar a las familias
con menos recursos
a la calle y dar entrada a familias con mayor poder adquisitivo, en
el modelo tramposo de alquileres “asequibles” con los que Visocan pueda seguir
tapando su enorme deuda.
En la medida 16 insisten los “expertos”
en nombre de Visocan con la morosidad de las familias y con copiar el modelo
del País Vasco. Hablan de implementar planes de pago flexibles, asesoramiento
financiero, acuerdos adaptados, reestructuración de deudas y acompañamiento a
los inquilinos con problemas para ayudarlos a acceder a subsidios y otras
ayudas sociales.
El problema de
estos pagos aplazados flexibles y reestructuraciones de deudas, que Visocan ya
aplica desde hace tiempo, es que parten de una trampa que explicamos. Cuando
una familia de una vivienda social de Visocan acumula algún impago de la cuota
del alquiler, Visocan le quita
automáticamente la subvención y pasan a cobrarle un alquiler
de desorbitado
que puede rondar los 500 euros. Si la familia tarda un año o dos en firmar una
reestructuración de su deuda, acumulará como deuda atrasada todas esas
mensualidades de 500 euros, que pasan a ser una deuda ilegítima que les resulta
imposible de pagar, por mucha
reestructuración o pagos aplazados que
se firmen, pues son familias que
apenas cobran una mínima ayuda, y en algunos casos ninguna entrada económica.
El asesoramiento financiero a familias
que tienen tan bajísimos ingresos
no sirve para nada,
ninguna entidad les va a dar crédito alguno por muy asesorados que estén, y las
ayudas sociales y los subsidios en Canarias brillan por su ausencia, en nada se
parecen a los del País Vasco.
La medida 17, centrada en el
mantenimiento preventivo de las edificaciones y el fomento de la
corresponsabilidad es otra tomadura de pelo ofensiva, cuando hay edificios de
viviendas sociales de Visocan en La Laguna con ascensores rotos desde hace
tiempo y familias enfermas, con ancianos o discapacitados que viven en plantas
altas y tienen imposible salir de sus viviendas si no son transportados por
familia o vecinos solidarios, ante la desidia y el abandono de la empresa
pública Visocan. En otros casos Visocan no favorece la creación de comunidades
de vecinos y no cubren humedades sobrevenidas y otros daños estructurales de
los que ninguna culpa tienen los vecinos.
En el bloque de Incorporación de viviendas
vacías al mercado
de alquiler, al que corresponden las “medidas” 18, 19 y 20.
La medida 18 que plantean
aquí los “expertos” pasa por la creación de un fondo de garantía pública que asegure el pago de la
renta a los propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles.
Piensan ellos que este fondo de período limitado ofrecerá garantías suficientes a los propietarios y éstos convencidos acudirán en masa a
poner sus viviendas a disposición de las Administraciones a precios
asequibles.
Aquí de nuevo
los expertos toman a la gente por tonta, si no son ellos mismos los tontos, por
el desconocimiento tan grande que muestran del mercado inmobiliario. Para
empezar este tipo de garantías ya existen desde hace tiempo, ya hay empresas
aseguradoras que facilitan este tipo de pagos adicionales en caso de morosidad,
de modo que no están descubriendo la pólvora. Por otro lado, la oferta de vivienda en alquiler en Canarias es tan mínima y la demanda tan alta, que cualquier propietario con
una vivienda susceptible de ser puesta en alquiler residencial tendrá al segundo
siguiente de publicitarla una larga lista de
posibles inquilinos donde elegir, y en lo último que pensará el propietario es en entregar su vivienda a la administración
para un alquiler asequible a una familia con no tan altos ingresos, teniendo
en cuenta además lo poco serias que son las administraciones públicas en este tipo de gestiones.
La medida 19 es otra más que tampoco
sale de los “expertos”, es la repetición de una medida ya intentada por Visocan
en la anterior legislatura que acabó en un estrepitoso fracaso. En concreto
leemos en el documento que se trata de un programa para captar vivienda vacías
en el mercado, garantizándole al propietario una renta mensual por unos años, una renta que se ajustará
a las características del mercado
inmobiliario en cada zona, a precios casi de mercado
libre.
El fracaso de
la anterior medida similar a esta lo denunció el Diputado del Común en un
informe del año 2023. En dicho informe
refería el Alto Comisionado que se habían dispuesto
cuatro millones de euros a Visocan para este programa de captación, y solo consiguieron
entregar una vivienda, en marzo de 2023, dos meses antes de las últimas
elecciones.
Lo único que
parece cambiar en este nuevo intento es que la administración va a pagar más al propietario de renta mensual,
solo mínimamente por debajo de los precios
de
mercado.
De nuevo
volvemos a insistir en el amplio
desconocimiento que los expertos y el Gobierno de Canarias tienen de la
realidad del mercado de la vivienda. Como ya hemos dicho, la demanda de
vivienda en alquiler es tan grande y la oferta tan reducida que, primero, cada
propietario que ponga
su vivienda en alquiler tendrá a su disposición a una inacabable lista de posibles inquilinos; segundo, los propietarios en su mayoría
saben de lo poco serios
que son en las administraciones y lo tarde y mal que pagan, y no se
fijan; y tercero, muchos propietarios temen que la administración coloque en su casa a una familia
de bajos ingresos que no va a cuidar su vivienda
como merece.
De igual modo,
si un propietario mantiene su vivienda vacía a pesar de las cantidades
elevadísimas que se pagan actualmente por una vivienda en alquiler, es porque
no tiene necesidad alguna de ponerla en alquiler, porque no necesita
el dinero o está esperando
una futura operación de venta con la que ganará muchísimo más.
Por último, la medida 20 no es más que un refuerzo
o garantía adicional con la que los “expertos” y el Gobierno de Canarias
esperan poner en marcha su fantástico plan de captación de vivienda vacía, en
la figura de un seguro para el mantenimiento de las viviendas. Y de nuevo estamos ante una medida
que no servirá y tampoco
es nueva, pues ya existen seguros que cubren estas
situaciones de desperfectos o daños a la vivienda, que cualquier propietario
puede contratar sin necesidad de recurrir a la administración pública.
Los “expertos” acaban su análisis
de las medidas relativas a vivienda en Canarias con unos
cuantos párrafos que nos vemos obligados a comentar, que serían un mal chiste,
sino se tratara de un drama tan doloroso para tantas familias en Canarias. Los
párrafos vienen a decir lo siguiente:
En definitiva, con estas medidas,
tanto en la gestión
del parque público de viviendas como en la
incorporación de viviendas vacías al mercado de alquiler, se ofrecen soluciones
realistas y viables para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias.
La
educación de los inquilinos y la implementación de garantías para los
propietarios son claves para asegurar la sostenibilidad y el éxito de estos
programas.
Pero vamos
a ver, ese nuevo enfoque
en la gestión del parque
público de viviendas, mandar a los inquilinos al colegio a educarse, prestarles
asesoramiento financiero o acompañamiento social, al margen de que pueda estar más o menos justificado -a nosotros
nos parece claramente ofensivo y aporofóbico- y de que arroje un mínimo resultado positivo, no va a traer ni una sola vivienda nueva al mercado
del alquiler en Canarias.
Por otro lado,
ya lo hemos dicho, todas esas fórmulas para rogar a los propietarios con
vivienda vacías o no, para que las pongan en alquiler gestionadas por las Administraciones Públicas, aparte de ser iniciativas la mayoría que ya se han intentado
y han fracasado, con más razón
fracasarán hoy y dentro de unos meses,
con los precios cada día más disparados e inaccesibles y un mercado
salvaje y sin control donde el propietario es el rey, y puede pedir lo que le
de la gana.
En resumen,
las medidas que plantean los “expertos” del Gobierno de Canarias relativas
al derecho a la vivienda, son un insulto a la inteligencia de cualquiera
de los que estamos vinculados al problema de la vivienda con un mínimo de
seriedad y rigor, y son también, como ya hemos apuntado, una auténtica tomadura
de pelo al pueblo de Canarias. En base
a ello, como en la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta no acostumbramos a quedarnos
solo en la crítica,
pasamos a continuación a desgranar otras medidas en favor del derecho
a la vivienda que creemos darían más y mejores resultados.
TERCERO
Las medidas
sobre vivienda
de la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta.
Una necesaria radiografía inicial.
Para poder plantear
medidas reales y efectivas
sobre el acceso a la vivienda en Canarias, lo primero que hay que tener es una
radiografía real de la situación de la vivienda en Canarias. Con esta idea, en
la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta observamos cinco realidades dominantes en el mercado de la vivienda en el
Archipiélago, y una sexta importante que casi nadie quiere ver.
-Hay un gran déficit
de viviendas sociales, sólo un 1% del total, cuando
la media estatal supera el 2% y la media europea está en torno al 11%. Este enorme
déficit, cuando un tercio
de la población canaria vive en la pobreza o
en riesgo de padecerla, con
los sueldos entre los más bajos
de todo el país, suponen
un gravísimo problema
para acceder a una vivienda que nos arroja realidades como la
que leíamos en la portada de un Diario de Avisos reciente: “Aumentan
los casos de personas sin hogar y con trabajo en Tenerife. Cáritas constata el preocupante crecimiento del número de mujeres y jóvenes viviendo
en vehículo, chabolas y
cuevas”.
-Hay muchísimas
vivienda vacías, según el Instituto Nacional de Estadística
podrían ser 211.000, nada menos
que una quinta parte de todas las viviendas que hay
en Canarias, el porcentaje
más alto de toda España, una auténtica barbaridad que nos lleva a pensar que
muchas de esas viviendas están vacías por pura especulación.
-Hay una grandísima demanda con una oferta
casi inexistente. El boom del turismo masivo y su crecimiento
descontrolado implica más y más población residente para cubrir los puestos de
trabajo que se demandan. Si a esto le sumamos las bondades de nuestro clima,
los pocos impuestos que se pagan y lo fácil que es hacer negocios legales o no
en Canarias, la resultante es que tenemos
a medio mundo queriendo venirse
a vivir y a hacer negocio a Canarias, y una demanda altísima
de vivienda que no hay forma
de cubrirla con la escasísima oferta actual, alcanzando precios imposibles.
-El alquiler vacacional es masivo y sin control.
Canarias es con diferencia la Comunidad
Autónoma con el mayor porcentaje de viviendas vacacionales. Suponen nada menos
que el 5,59% de todas las viviendas que hay en Canarias, y el 17,5% del total
de viviendas vacacionales que hay en España. Contribuyen a estas cifras
escandalosas la nefastas normativas actuales, empezando por la Ley de Vivienda
estatal y terminando con el anteproyecto del Gobierno de Canarias que pretende
regular el modelo vacacional, que está suponiendo un auténtico efecto llamada y
no va a solucionar nada, más bien empeorará.
-El
propietario de vivienda es el rey. Esta última realidad se desprende lógicamente de las cuatro
anteriores. Así, a cualquier persona,
particular o empresa,
que tenga en Canarias
alguna vivienda
en disposición de hacer negocio
con ella, se le abren
infinidad de opciones a cuál más rentable. Esta
realidad debería llevarnos a descartar medidas y soluciones tendentes a rogarle
al propietario, del estilo de las que estamos viendo en las 51 medidas del
Gobierno. Es sencillo: los beneficios y la
especulación son tan grandes que por mucho que les
roguemos, los bonifiquemos o les presentemos garantías, los propietarios no
necesitan de nada de eso.
-La
vivienda no es un lujo ni un negocio, es un derecho. Esta realidad que casi nadie
quiere ver está sobre la mesa porque así lo dice la Carta Magna, no un panfleto del Partido
Comunista o la Constitución de Venezuela, es
la Constitución Española de la que emanan todas las demás normativas,
como leemos en su artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con
el interés general para impedir la especulación.
Vistas estas
seis realidades del mercado de la vivienda en Canarias es más fácil avanzar
soluciones realistas y efectivas, algunas de las cuales pasamos a presentar.
MEDIDA UNO:
Apostar
decididamente por aumentar el parque público de viviendas sociales en Canarias. Con solo un ridículo 1% de viviendas
sociales el modelo debe ser este, no el de quitar impuestos, regalar terrenos y
otro montón de facilidades más a los promotores privados, para que construyan viviendas privadas con ayudas públicas
con la excusa de un
porcentaje de viviendas en alquiler “asequible” a precios casi de mercado.
MEDIDA DOS:
Aprobar la Ley de Tanteo y Retracto en
viviendas privadas. Esta
ley ya aprobada en otras comunidades permitiría a la Administración Pública el acceso preferente a viviendas a muy
bajo coste de entre las muchas que hoy se venden, se trafican y se subastan entre
bancos, fondos buitres y otros especuladores.
MEDIDA TRES:
Captar viviendas entre las 211.000 vacías que
hay en Canarias. A través
de la Ley de Tanteo y Retracto o con negociaciones directas con los
propietarios de promociones inacabadas, y también con sanciones y fuertes
recargos a los propietarios que dejen las viviendas vacías sin justificación, llegando a expropiarlas temporalmente en base a una Ley
que habría que aprobar, para dedicarlas a alquileres sociales cuando excedan de
un determinado tiempo (más de un año)
sin justificación, mediando pago justo a los propietarios: Esto último ya se ha intentado en Baleares y la Comunidad Valenciana con
anteriores gobiernos, y se aplica
en otros países
de Europa como Holanda o Bélgica, países perfectamente capitalistas.
MEDIDA CUATRO:
Hacer públicas todas las viviendas de la
SAREB. Promesa largamente anunciada por Pedro Sánchez pero nunca
cumplida, algo perfectamente factible cuando el Estado es el accionista
mayoritario de la empresa. Muchas de las viviendas de la SAREB que hay en
Canarias están siendo o han sido compradas por fondos buitres y empresarios con
vistas a la especulación pura y dura.
En la Comunidad Valenciana se van a destinar viviendas de la SAREB a las familias
afectadas por la Dana; la crisis habitacional de Canarias tiene visos
de catástrofe humanitaria, luego, no entendemos por qué no se hace también
aquí.
MEDIDA CINCO:
Moratoria
indefinida a la concesión de nuevas licencias para el alquiler vacacional. El volumen de vivienda
vacacionales que hay en Canarias supone ya en torno al 40% de las camas
alojativas turísticas totales, más que suficiente como para poner el freno y no
conceder más licencias.
MEDIDA SEIS:
Una regulación efectiva del alquiler vacacional
para limitar su número. El 17,5% de las viviendas vacacionales que
hay en toda España están en Canarias, un porcentaje excesivo, sobre todo si
tenemos en cuenta que muchas de ellas son ilegales. Es urgente por tanto
aprobar un reglamento para Canarias que regule y limite esta actividad, un
reglamento que no pasa por el nefasto anteproyecto de ley que pretende aprobar
el Gobierno de Canarias. En este caso sí consideramos importante fijarse en reglamentos que llevan años vigentes y funcionando sin ningún problema,
como el del País Vasco, que se centra en parámetros de calidad y de seguridad y fiscalizan convenientemente en unión con los ayuntamientos, no como lo que se
plantea aquí.
MEDIDA SIETE:
Disolución de Visocan. La deuda
millonaria que arrastra Visocan por su mala gestión mantenida durante
muchos años, la mala praxis habitual que practican con las familias
que peor están, sus maneras de fondo buitre,
las amenazas de desahucio, los cobros indebidos, las deudas ilegítimas o el
cobro del IBI en viviendas sociales contra la propia ley y una sentencia del Tribunal Supremo,
son argumentos tan graves y tan contundentes que no hay forma de arreglarlos cambiando
algunos directivos. Es urgente por tanto disolver
la empresa y crear otra nueva
con otra filosofía, otras formas y otros responsables.
MEDIDA OCHO:
Mejorar la gestión
de las viviendas públicas. Antes de mandar a la gente a la escuela a educarse así como otras tantas de las
medidas que plantea el Gobierno de Canarias culpabilizando a los inquilinos de
las viviendas públicas, habría que empezar por poner orden en el parque
público, coordinarse mejor entre instituciones y empresas públicas, saber quién
vive en cada vivienda y si tiene o no derecho, saber cuántas están ocupadas
ilegalmente, reparar los daños y desperfectos que no son achacables a los
inquilinos, favorecer la creación de comunidades y mejorar el trato a las
familias, entre otras soluciones.
MEDIDA NUEVE:
Frenar la actividad especulativa de los fondos
buitre. Es necesario implementar en Canarias medidas que promuevan
una fiscalidad ascendente para todas las empresas y fondos de inversión que
especulan con la vivienda, retirando beneficios fiscales como los que se
conceden a las SOCIMIs y otras empresas que materializan la RIC en vivienda,
gravando convenientemente las ventas entre agentes especulativos, o haciendo
seguimiento y denuncia de las actuaciones en paraísos fiscales de estas grandes
empresas.
MEDIDA DIEZ:
Housing first para personas sin hogar. El fenómeno del sinhogarismo va en aumento
en Canarias empujado por la realidad
imposible de la vivienda, y es urgente
por tanto trabajar en recursos habitacionales, pisos
tutelados y viviendas
compartidas donde las personas sin hogar, muchas veces arrastrando
patologías y dificultades añadidas, puedan vivir dignamente y tener una mínima
oportunidad de reincorporarse a la sociedad y salir de la marginalidad.
MEDIDA ONCE:
Trabajar en el modelo de viviendas colaborativas y compartidas. En Canarias también va
en aumento el modelo de familia
monoparental o de personas que viven solas, a veces jóvenes
y en muchas ocasiones personas ya de avanzada edad, con el agravante de soledad
y de dependencia que este último hecho supone. Por eso creemos que es
importante fomentar modelos habitacionales que favorezcan fórmulas tipo
coliving y cohousing basados en viviendas colaborativas, compartidas y
cooperativas.
MEDIDA DOCE:
Limitar la venta de vivienda a extranjeros. En
esta medida parece que ya trabaja el Gobierno de Canarias planeando alguna
consulta a la Unión Europea. Dadas las dificultades jurídicas para llevarla a
la práctica, valorando también su excepcional importancia para frenar el acaparamiento continuo
de vivienda por parte de extranjeros con alto poder adquisitivo, consideramos
fundamental contar con un amplio consenso social y político en torno a esta
propuesta.
MEDIDA TRECE:
Moratoria turística. Si continuamos
con el actual modelo turístico expansivo sin límite previsible en la llegada de
turistas y construcción de nuevos complejos turísticos, además del impacto
negativo en sostenibilidad y consumo de recursos también vamos a continuar
demandando más población residente para que ocupe los puestos de trabajo que se
generan con el aumento de los turistas y plazas hoteleras, aumentando así
también la demanda de vivienda.
MEDIDA CATORCE:
Trabajar en la concienciación social
de la emergencia habitacional. En España
entera pero especialmente en Canarias, es importantísimo hacer ver a la
población que la actual crisis habitacional que sufre Canarias tiene tintes de
emergencia humanitaria, y con la misma urgencia y excepcionalidad con que se
abordan las emergencias humanitarias, así hay
que abordar el problema de la vivienda
en Canarias. De igual modo es importante que se deje de criminalizar
a las personas que tienen problemas de vivienda, entendiendo que son
simplemente víctimas de un sistema donde prima la desigualdad.
MEDIDA QUINCE:
Penalizar a las empresas de desocupación que
se valgan de las coacciones y otros delitos. La crisis habitacional
extendida en toda España ha hecho proliferar supuestas empresas de mediación
que son contratadas por los
propietarios para echar a la gente
de sus viviendas. Estas empresas en muchas ocasiones se valen de la
intimidación física y otros tipos de coacciones que vulneran claramente la
legalidad. Es importante que estas conductas sean perseguidas e ilegalizadas.
MEDIDA DIECISÉIS:
Creación de juzgados especializados en materia
de vivienda. Al objeto de agilizar los trámites de desahucio y favorecer la recuperación de la vivienda
a los propietarios, se hace necesaria la creación de juzgados especializados en esta materia,
como de hecho ya están pidiendo algunas asociaciones y
colegios inmobiliarios en otras Comunidades.
Y hasta aquí
nuestras aportaciones o alegaciones a las 51 medidas que presenta el Gobierno
de Canarias, convencidos de que a pesar de lo mucho que las razonamos y
argumentamos y lo convenientes y necesarias que son, la mayoría no serán atendidas,
dado que el plan de este Gobierno de Canarias parece
claro en materia
de vivienda, lo dictan entre Visocan y las patronales de la construcción.
Hecho en Santa Cruz de Tenerife Noviembre de 2024
ACAMPADA REIVINDICATIVA LOLO DORTA
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