DE PABLO GONZÁLEZ A PRESOS DE MADURO: DERECHOS A LA CARTA

DE PABLO GONZÁLEZ A PRESOS DE MADURO:

 DERECHOS A LA CARTA

ANA PARDO DE VERA

No estoy segura de que si los dos detenidos por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela fueran agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), o sea, espías españoles, nuestro Ejecutivo fuera a decírnoslo, sobre todo, si siguen vivos. Por lo tanto, la negativa sobre que Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, trabajan para el CNI nos sirve de poco con los escasos datos que conocemos de la detención: los dos hombres desaparecieron mientras hacían turismo, según su familia, aunque la zona donde los detuvieron, fronteriza con Colombia, dista mucho de ser turística, ya que, según la EiTB, la televisión pública vasca, los bilbainos Martínez y Basoa habrían sido capturados en el entorno de una zona militar restringida de Venezuela. Su familia también asegura que Andrés y José María no son espías ni nada parecido, aunque si lo fueran, su familia no lo sabría tampoco, porque entonces, a ver en qué manos están aquellos para los que espían.

Todo esto da lo mismo en este momento, y no seré yo quien dé la razón a Maduro sobre un plan para asesinarlo, aunque tampoco lo contrario: golpes de Estado contra el chavismo los conocemos desde 2002, por ejemplo, precisamente cuando aquí en España, el presidente José María Aznar se felicitó por el carmonazo y felicitó a su vez al cabecilla del golpe, Pedro Carmona, a quien la alegría presidencial le duró poco. Todo esto da lo mismo, digo, porque la obligación del Gobierno de estos dos ciudadanos detenidos, el de Pedro Sánchez, es la de proporcionar a Basoa y a Martínez todas las herramientas legales que les corresponden para salvaguardar, primero, sus derechos humanos en un país que, como Venezuela, se los está saltando a la torera y segundo, su derecho a la defensa (asistencia consular, conocimiento de las acusaciones, abogados, comunicación con familiares y/u organizaciones locales que trabajan por los extranjeros detenidos en coordinación con las embajadas y consulados, etc.)

¿No se ha cumplido también el derecho al asilo en España del candidato de la oposición venezolana Edmundo González, amenazado sin disimulo por el régimen de Maduro, pese a tratarse del presidenciable de una formación afín a Vox, que quiere cargarse al Gobierno de Sánchez antidemocráticamente, o al presidente argentino Javier Milei, como confirmó la participación de la líder fáctica de la oposición a Maduro María Corina Machado en el Foro Madrid de la ultraderecha? Por supuesto que se ha cumplido, solo faltaría en una democracia que se dice "avanzada"; de la misma forma que, salvando las largas distancias entre todos ellos, en su día se cumplieron los derechos humanos de etarras como Bolinaga o presuntos corruptos como Zaplana por sus graves enfermedades respectivas, que les sacaron de la cárcel. Hay ejemplos para aburrir, y podemos felicitarnos siempre cuando se cumplen los derechos humanos, incluso, para los seres más despreciables. Ese estricto cumplimiento es lo que nos diferencia de las dictaduras, autocracias y otros sistemas que incluyen a más seres despreciables.

Por eso, se me agarrotan los dedos en el teclado al tener que recordar el caso del periodista Pablo González, del que no se respetaron ni su presunción de inocencia durante su detención en la antidemocrática Polonia de 2022 ni ninguno de los derechos que confío en que no se le nieguen a Martínez y a Basoa, incluso, aunque se demostraran que tienen algo que ver con alguna de las acusaciones que hace Maduro contra ellos y otros detenidos. Para la EE.UU. y la UE, Maduro es un dictador sin matices -hoy día, las elecciones sirven de poco; como mucho, de coartada, pero de eso ya sabía Hitler, por ejemplo-, así que resulta muy sencillo y en absoluto cuestionable volcar todos los recursos institucionales con los dos bilbainos detenidos. Más incómodo resultaba, en cambio, cumplir lo inexcusable con un periodista español y ruso, detenido por una Polonia ultraderechista, pero intimidada por Rusia en su frontera con la Ucrania invadida por Putin. Dos años y medio encerrado, sin indicios conocidos que probaran las acusaciones, sin juicio -hasta que fue liberado y entonces, lo acusaron (¿?)- y con una asistencia deficiente o inexistente mientras Ucrania se defendía del ocupante con el apoyo incondicional de Bruselas y EE.UU. ... menuda faena para el Gobierno español; mejor callar y ni derechos ni nada, inocente o culpable, lo mismo da. Derechos humanos de quita y pon, Justicia a la carta, democracias según convenga.