UN GOBIERNO QUE PERMITE LOS DELITOS DE ODIO

UN GOBIERNO QUE PERMITE LOS 

DELITOS DE ODIO

Si en épocas anteriores algunos han tenido que pasearse por los juzgados por un puñado de chistes sobre Carrero Blanco, ¿qué impide que otros lo hagan ahora por incitar al odio con motivación racista?

GERARDO TECÉ

Odio. / Malagón

Imaginen que existiese un grupo de señores obsesionados con que las mujeres no deberían poder conducir. Imaginen que, aunque las estadísticas negasen la existencia de un problema de seguridad vial relacionado con el género, estos señores se pusiesen manos a la obra para convencer a la población de que sí, de que estamos ante un problema social de primer orden. Imaginen que, cada día, compartiesen en redes imágenes de todos y cada uno de los incidentes de tráfico protagonizados por alguna mujer. Al tiempo, los incidentes protagonizados –en mayor número– por hombres, por supuesto, serían ignorados. Son imágenes reales, dirían, la conductora se llama Mari Carmen y mirad cómo ha dejado esa farola. No estarían mintiendo. El accidente, la farola y Mari Carmen serían tan reales como lo será el accidente que mañana protagonizará Rocío al saltarse un ceda el paso mientras la sensación de peligro va en aumento. Accidente que, de nuevo, nos narrarán con todo lujo de detalles los diarios digitales que han encontrado un nicho de mercado entre los misóginos con tiempo libre.

Imaginen que, cuando un fatal accidente que acaba con la vida de varias personas ocupa un lugar destacado entre los asuntos del día, estos señores que odian a las mujeres al volante se lanzasen rápidamente y de manera coordinada a asegurar, sin prueba alguna, que quien provocó el siniestro era una mujer. Imaginen que, a falta de datos oficiales, la acusación infundada y ampliamente compartida en redes fuese replicada por los principales medios de comunicación del país. “Según las primeras hipótesis, una conductora sería la culpable del terrible accidente”. Imaginen que, días después y con todo el mundo convencido ya de la versión misógina de la noticia, la Guardia Civil hiciese público, sin demasiado impacto mediático, que en realidad se trataba de un señor de Burgos. Imaginen que, para evitar este tipo de desinformaciones, en el próximo siniestro la Guardia Civil se apresurase a desvelar que el responsable fue un hombre. E imaginen a miles de personas acusando a los responsables de tráfico de estar mintiendo a la opinión pública para proteger a las peligrosas mujeres conductoras. Este cateto y patético capítulo de Black Mirrores real y está sucediendo en la España de hoy gracias a la inacción de una Fiscalía dependiente de un Gobierno de izquierdas.

Las redes sociales entendidas como un peligro público vivieron su época dorada entre los años 2016 y 2018. Entonces, bajo el Gobierno del PP, decenas de personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial por enaltecimiento del terrorismo. Entre ellas, Cassandra Vera, autora de un puñado de tuits sobre Carrero Blanco. Hoy, con miles de personas difundiendo mensajes de odio contra las personas migrantes, la Fiscalía y el actual Gobierno se cruzan de brazos y silban simulando no conocer de nada el artículo 510 del Código Penal que habla de delitos de odio. Se cruzan de brazos ante las continuas campañas de desinformación que acusan a inmigrantes de haber cometido delitos que en realidad han sido cometido por ciudadanos españoles y se cruzan de brazos cuando, en diversos foros públicos de Internet, directamente se amenaza a personas por su color de piel. Hace años entendimos a la perfección que el bullying ya no era solo la agresión o los insultos que sucedían en el patio del colegio, sino también, y especialmente, el acoso en redes sociales cuando los alumnos se iban a casa. Seguimos sin entender, sin embargo, que los delitos de odio no sólo son una paliza de madrugada a un tipo por el hecho de ser negro, sino también, y especialmente, la criminalización diaria de la que participan miles de racistas que incumplen la ley. “Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas (…)”.

Si en épocas anteriores algunos han tenido que pasearse por los juzgados por un puñado de chistes sobre Carrero Blanco, ¿qué impide que algunos tengan que pasearse ahora por los juzgados por incitar al odio con motivación racista? Conocemos a la perfección cuáles son las estrategias de la ultraderecha –Mari Carmen ha provocado un accidente– para generar miedo en un país cuya tasa de criminalidad se mantiene estable en las últimas décadas, sin verse afectada por el aumento de la inmigración. Sin embargo, no tenemos ni idea de cuáles son las estrategias del Gobierno más progresista de la historia para hacer cumplir la ley, para hacer desfilar por los juzgados a los miles de racistas criminales que cada día incumplen el artículo 510 del Código Penal difundiendo odio y desinformación con el fin de generar odio. Sin consecuencias. ¿No es delito de odio señalar a diario a un colectivo y acusarlo mediante bulos? ¿La lucha contra la desinformación prometida por Pedro Sánchez contemplará, alguna vez, hacer que se cumpla la ley persiguiendo a quienes fomentan el odio contra los inmigrantes o sólo aplica para los casos en los que la desinformación afecte a su familia? Estaría bien saber todo esto y, sobre todo, saber en qué año del pasado siglo vive aún la Fiscalía.