LA CULPA DEL DESGOBIERNO DE LOS RIESGOS VOLCÁNICOS EN LA PALMA ES Y SERÁ SIEMPRE DEL CIUDADANO: LA IRRESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA FALTA DE ÉTICA CIENTÍFICA

LA CULPA DEL DESGOBIERNO DE LOS RIESGOS VOLCÁNICOS EN LA PALMA ES Y SERÁ SIEMPRE DEL CIUDADANO: LA IRRESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA FALTA DE ÉTICA CIENTÍFICA

 

La gestión de los riesgos volcánicos en La Palma ha puesto en evidencia deficiencias graves en la prevención, mitigación y sensibilización, que son esenciales para la autoprotección ciudadana. A pesar de su importancia, estas áreas están desatendidas en Canarias, donde las decisiones de las autoridades científicas y administrativas han mostrado una preocupante falta de coherencia y responsabilidad.

 

La reciente firma de un protocolo entre el Gobierno de Canarias y el CSIC, que promete "reducir el riesgo volcánico", ante la evidente “falta de concienciación pública sobre riesgos volcánicos” que sentencia López-Saavedra del CSIC, tras la erupción de La Palma.

 

Los ciudadanos necesitamos coherencia, empatía, ética, liderazgo y la voluntad de hacer lo correcto. La gestión de la catástrofe en La Palma es un claro ejemplo de cómo la administración ha fallado en estos valores fundamentales.

 

La "reconstrucción" tras el volcán de La Palma: un teatro de intereses y banalidades

La reconstrucción tras la erupción volcánica en La Palma es un caso de estudio sobre la lucha por el protagonismo entre la Administración y la ciencia que, en lugar de poner el foco en garantizar el bienestar de los ciudadanos, tiene como único objetivo el lucimiento personal de políticos y científicos. Hoy se preocupan solo de parecer importantes ellos, y no de hacer las cosas que son importantes para la seguridad del ciudadano y los afectados.

 

Todos ellos compiten tanto por el protagonismo científico, como por el reparto de fondos públicos destinados oficialmente a la reconstrucción que se detraen de las ayudas a los afectados. Estos fondos se destinan más al boato, congresos y artículos científicos que a soluciones concretas que pretenden mejorar la seguridad y la mitigación de los riesgos para la ciudadanía.

 

Para entender cómo de alejadas están estas instituciones de la vida del ciudadano basta con ver cómo se malgasta el dinero público en materia de Protección Civil. En el proyecto de SISTEMA EUROPEO DE ALERTA TEMPRANA DE VOLCANES (EVE) de la Unión Europea, que fue impulsado por los mismos promotores Joan Martí y el CSIC en 2018 y pretendía crear un sistema de alerta temprana capaz de predecir las erupciones: “EVE ofrecerá una manera fácil y rápida de pronosticar en tiempo real cómo, cuándo y dónde puede ocurrir una nueva erupción, permitiendo así predecir los escenarios de erupción más probables y sus impactos potenciales”. ¿Dónde estaba este sistema, que contó con una subvención europea de 718.300 euros, en la erupción de La Palma?.

 

La verdadera responsabilidad en la gestión de riesgos

El convenio del CSIC propone la gestión de riesgos volcánicos desde la perspectiva de la ciencia. Sin embargo, la gestión de riesgos no puede ser una materia de la ciencia tal y como hemos visto en La Palma, cuestión que desaconsejan los estándares internacionales. La gestión de riesgos tiene que estar gestionada por profesionales en riesgos volcánicos, y basarse en la ciencia claro está, que es la que permite con datos identificar escenarios de riesgo, pero sobre todo en la necesaria toma de decisiones desde la perspectiva de la gestión de los riesgos y su mitigación. Esto que es de manual, no se aplicó en La Palma.

 

Porque la gestión de riesgos depende únicamente de las decisiones que se adopten, y no de la ciencia que estudia los indicadores pre-eruptivos. Esto es de manual: la gestión debe centrarse siempre en la reducción prudente de estos riesgos, especialmente cuando están en juego vidas humanas. Pero esto no sucedió en 2021 cuando lo que falló en La Palma fue precisamente la miopía de los científicos, por un lado, y la falta de valor para tomar decisiones tanto por parte de los funcionarios como de los políticos, lo que sin duda agravó la catástrofe.

 

Es importante reseñar que, a pesar de las claras evidencias científicas de una inminente erupción, en La Palma no se actuó para mitigar el riesgo, poniendo en peligro a personas, animales y propiedades. Los científicos, por su parte, se enzarzaron en debates internos para consensuar una "realidad cómoda" para todas las instituciones y que no hiriese sensibilidades de unos y otros científicos como las ya vividas en El Hierro y que supusieron la modificación del PEVOLCA.

 

En vez de poner el foco en facilitar las decisiones que debían mitigar el riesgo y proceder a la evacuación, ignorando el peligro real al que se estaba sometiendo a la población. La rueda de prensa siempre fue más importante que la propia mitigación del riesgo pre-eruptivo como se evidenció.

 

La idea de que los científicos deben guiar la protección civil en situaciones de riesgo volcánico es una falacia muy peligrosa para la sociedad. Porque, si bien los científicos juegan un papel crucial en la interpretación de datos, en absoluto pueden predecir con certeza cuándo ocurrirá una erupción, ni dirigir por tanto los escenarios de seguridad y riesgos sobre los que se deberán adoptar las decisiones, ni cuando las decisiones de evacuar deben ser tomadas. Entonces, ¿si no se pueden predecir las erupciones, porque prometen la predicción de las erupciones?.

 

Pablo J. González del CSIC apuntaba en una conferencia “el principal problema es que las autoridades tienen que tomar decisiones en un plazo extremadamente corto y muy al principio, cuando empieza a haber señales como el incremento del número y la intensidad de los terremotos, la deformación del terreno, los gases, etc. Y es este el momento en el que las autoridades deben tomar una decisión, porque siempre hay que hacer algo, aunque se tengan muchas dudas… Porque esperar y ver no es una solución”.

 

Recordemos que los científicos fijan con sus análisis y opiniones el rango de actuación respecto al semáforo volcánico, pero luego es el político el que toma la decisión con los funcionarios. Y el propio Nemesio Pérez en una jornada pública en Tenerife cuestionó la parte de las evacuaciones respecto al semáforo. Al igual que lo hizo Miguel Ángel Morcuende en Las Palmas respecto a las cosas que deberían cambiar en el PEVOLCA cuestionando el propio semáforo de riesgo volcánico. 

 

Por tanto, prometer a la sociedad que el CSIC y Gobierno de Canarias firman un protocolo para reducir el riesgo volcánico resulta una falacia en sí misma, es irresponsable y contraproducente para la seguridad, y un engaño a la sociedad mientras no se resuelva el sistema de toma de decisiones orientadas a la mitigación del riesgo.

 

La "tormenta perfecta" de la erupción de La Palma

Como muestra del fallo de enfoque que propone el CSIC y el Gobierno de Canarias lo tenemos en la crisis en La Palma en 2021. Fue una "tormenta perfecta" resultado de la combinación de dos factores. Por un lado, obviaron las señales del fenómeno, presentaron escenarios mal informados o evaluados por científicos enfrentados entre sí desde hace años a lo que se unió a una cadena de graves fallos de toma de decisión y de falta de buen juicio por parte de políticos y funcionarios que carecían del conocimiento técnico necesario. El propio Joan Martí del CSIC declaró ante un medio que “una semana antes, la probabilidad de una erupción era del 80%”.

 

Falta de participación ciudadana en la gestión de emergencias

Además, desde la Iniciativa Ciudadana, cuestionamos cómo se puede garantizar una gestión eficaz de emergencias volcánicas sin involucrar a los ciudadanos en la definición de dicha gestión. La falta de transparencia y la exclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones han provocado una desconexión y falta de confianza total entre las autoridades y la población, lo que aumenta la desafección en las instituciones por lo que genera a su vez fragilidad en la gestión de la protección civil.

 

Sin embargo, este problema no es nuevo. Ya se ha debatido ampliamente en foros internacionales como el IAVCEI y el USGS sobre la importancia de incluir a la comunidad en la gestión de riesgos, así como del papel que debe tener la ciencia en la asistencia técnica al político de turno, que cuestiona hasta qué punto debe llegar la involucración del científico sin ser responsable de sus decisiones. 

 

Sin embargo, nuestras autoridades parecen ignorar estas recomendaciones, prefiriendo mantener un enfoque centralizado en los funcionarios, tecnocrático y de carácter excluyente que ha demostrado ser totalmente ineficaz en La Palma.

 

Problemas técnicos y jurídicos en los planes de gestión

Ya ahora el CSIC esgrime nuevamente crear mapas de peligrosidad. Al parecer, los mapas de peligrosidad elaborados hasta la fecha por la Universidad de La Laguna y de su incorporación opaca del PAIV de La Palma en la actualización del PEINPAL de mayo de 2023 no son suficientes. 

 

Resulta reseñable que tanto el PEINPAL, como el PAIV de La Palma y el PEVOLCA, cuentan con graves errores técnicos y jurídicos que ponen en peligro tanto a personas como a animales. A pesar de que Sergio Rodríguez ha estado al tanto de estos problemas desde febrero, no ha tomado medidas para corregirlos ni va a hacer públicos los documentos del PAIV, lo que pone en riesgo a la población que vive bajo la dorsal de Cumbre Vieja.

 

Además, el PEVOLCA, aprobado en 2018, sigue presentando graves incongruencias en sus mapas de riesgos y el semáforo de alertas, y esto a pesar de la obligación de incorporar las lecciones aprendidas durante la crisis de La Palma. 

 

Tanto Miguel Ángel Morcuende como Nemesio Pérez han criticado la parte de las evacuaciones y el semáforo, pero no se han realizado las correcciones necesarias. Esta falta de acción por parte de las autoridades es inaceptable y demuestra una vez más la falta de compromiso con la protección de la ciudadanía al afectar dichas modificaciones a los tres pilares básicos de la protección civil volcánica: PAIV, PEINPAL y PEVOLCA.

 

La necesidad de un cambio de enfoque inmediato

La gestión de los riesgos volcánicos en La Palma y, por extensión, en Canarias, requiere un cambio radical en su enfoque. No basta con firmar nuevos convenios o elaborar más protocolos, tampoco la publicación de artículos científicos y congresos. Hace falta acción por lo que resulta necesario adoptar una estrategia proactiva y coherente que priorice la seguridad de los ciudadanos y que esta se base en la ética, el liderazgo y la responsabilidad.

 

La administración debe aprender de los errores del pasado y trabajar de manera transparente, involucrando a la comunidad en la toma de decisiones y garantizando que la gestión de emergencias sea eficaz y esté alineada con las necesidades reales de la población. Incluso integrándola en el Comité Científico como se hace en USA.

 

Por último, en la nota de prensa del Gobierno de Canarias y el CSIC se argumenta, sin ningún pudor cómo en la erupción de La Palma en 2021 se evidenció “la falta de concienciación pública sobre los riesgos volcánicos (…)” y nosotros nos preguntamos la razón del porqué la población tiene “esa falta de concienciación”. 

 

¿No será acaso debido a que la ciencia y las administraciones están muy alejadas de la realidad del ciudadano y ocultan de forma deliberada planes, mapas de riesgo e información como es el caso del PAIV de La Palma?, ¿Por qué el Gobierno de Canarias permite que el PAIV de La Palma esté oculto a la ciudadanía mientras el de Tenerife es público y está colgado en la web del Cabildo?. ¿Dónde están los programas de concienciación, difusión y formación a los que hace referencia la Ley y ninguna administración ejecuta?.

 

El ciudadano de La Palma demanda seguridad, autoprotección, seriedad, profesionalidad y rigor a los científicos, pero también y especialmente a la Administración y sus funcionarios que con su improvisación y falta de rigor están causando graves perjuicios a la seguridad personal. Pedimos por tanto que abandonen su empeño de protagonismo, de notas de prensa y de micrófonos, y que se centren de una vez por todas en responder a las demandas reales de las personas afectadas y de la ciudadanía.